‘Por una justicia a la altura de la infancia’, Informe Save the Children

Los abusos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes 

son uno de esos delitos que causan estupor cada vez que salen a la luz. 

Para contribuir a su erradicación, el informe 

‘Por una justicia a la altura de la infancia’, publicado por Save the Children, 

trata de exponer las carencias del sistema judicial 

a la hora de enfrentarse a casos de este tipo.

La cantidad de casos que exceden el “tiempo deseable” antes de tener una sentencia se duplicó entre 2020 y 2022. Además, algunas víctimas se ven obligadas a declarar hasta en tres ocasiones antes del juicio.

/ Pixabay/ ctxt

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Aquello de que la justicia en España va despacio queda preocupantemente retratado cuando se trata de juzgar delitos contra la libertad sexual de personas menores de edad. Sobre todo al observar cómo está empeorando la situación en los últimos años. Si bien los procesos judiciales ya fueron largos en el periodo 2019-2020, hasta un 67,3% de ellos llegaron a resolverse antes de los dos años, lapso temporal que el informe define como “tiempo deseable”. Sin embargo, los datos pertenecientes al bienio 2021-2022 reducen mucho esa cifra, ya que solo el 23,5% de los casos fueron resueltos dentro de ese tiempo deseable. Es decir, casi ocho de cada diez abusos sexuales a niños, niñas o adolescentes no fueron resueltos en los dos primeros años tras iniciar los procesos judiciales.

Por si esto fuera poco, entre las páginas de la publicación se alerta sobre la existencia de casos en los que la víctima se ve obligada a declarar hasta en tres ocasiones antes de que se produzca el juicio, ello a pesar de que la normativa internacional sobre protección de los derechos de los niños y niñas recomienda reducir al máximo el número de veces que se entrevista a este tipo de víctimas menores de edad. Así, el sistema fuerza a estas personas a entrar en una dinámica de revictimización o victimización secundaria en la que, una y otra vez, se ven obligadas a revivir un hecho traumático desde su posición de víctima.

En 2021-2022, el 82,9% de las agresiones fueron cometidas por personas del entorno conocido de las víctimas

Resulta interesante también el estudio realizado en el informe sobre el perfil de las víctimas y los agresores, ya que permite hacerse una idea bastante definida acerca del panorama actual de los delitos contra la libertad sexual infantil.

En 2021-2022, el 82,9% de las agresiones fueron cometidas por personas del entorno conocido de las víctimas. Dentro de esta categoría, se percibe un cambio sustancial en cuanto al porcentaje de agresores pertenecientes a la familia de la persona agredida; mientras que en los años 2019-2020 esta fue, con diferencia, la procedencia más común de este tipo de delitos (49,5% frente al 34,5% de personas conocidas, pero no de la familia), en 2021-2022 hubo una reducción significativa de agresores familiares, que representaron el 40,6% de los casos, por debajo del 42,3% conformado por los agresores procedentes de entornos conocidos no familiares.

Con respecto a las víctimas, los datos publicados por el Ministerio del Interior en 2021 demuestran que en este caso también existe una desigualdad que perjudica enormemente a las mujeres. De todas las denuncias presentadas durante ese año por delitos contra la libertad sexual que tuvieron como víctima a niños, niñas o adolescentes, en el 82,7% de las ocasiones se trataba de agresiones cometidas contra el género femenino.

Y la realidad es que no se trata de un delito excepcional, sino todo lo contrario: 

casi la mitad (48,8%) del total de delitos contra la libertad sexual tienen como víctima a niños, niñas o adolescentes