Madrid, 28 de octubre de 2022. El Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo dependiente del Consejo de Europa, ha pedido a España que adopte medidas inmediatas que garanticen el acceso adecuado a la electricidad en la Cañada Real de Madrid, aceptando la solicitud formulada por cinco organizaciones nacionales e internacionales.
La Plataforma Cívica Luz para la Cañada Real, las entidades Defensa de los Niños Internacional (DCI), la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, organizaciones firmantes de la solicitud, y Gentium, que asumió la coordinación jurídica de la reclamación, se felicitan de la decisión adoptada por el Comité Europeo de Derechos Sociales y refuerzan su compromiso para seguir exigiendo al Estado que garantice el respeto de los derechos recogidos en la Carta Social Europea.
Las entidades y vecinos de La Cañada Real presentaron el pasado 2 de marzo una reclamación colectiva para denunciar el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por España ante el Consejo de Europa, recogidas en la Carta Social Europea, al no asegurar la calefacción y el suministro eléctrico de unas 4.500 personas que viven en los sectores 5 y 6 de Cañada Real, de las cuales al menos 1.800 son menores. El suministro eléctrico se interrumpió en octubre de 2020 y se prolonga hasta hoy. Además, solicitaban la adopción de medidas cautelares urgentes.
En una decisión sin precedentes, adoptada por unanimidad el pasado 19 de octubre, el Comité
exige al Estado que adopte “todas las medidas posibles” con el fin de evitar “daños graves e irreparables a la integridad de las personas” que viven en la Cañada Real y “no tienen acceso adecuado a la electricidad, exponiéndose a riesgos para la vida y la integridad física y moral”.
España deberá informar de las medidas adoptadas antes del 15 de diciembre.
El Comité subraya que la falta de energía eléctrica prolongada y recurrente ha tenido un “efecto negativo muy grave en las condiciones de vida de la población afectada, especialmente en lo que respecta a la vivienda, la calefacción y la salud”. Considera que los vecinos de la Cañada privados total o parcialmente de electricidad corren el riesgo de sufrir un daño grave e irreparable, especialmente ante la próxima llegada del invierno.
El Comité también ha admitido a trámite la reclamación colectiva, la primera de este tipo registrada contra España, que tiene hasta el 15 de diciembre para presentar alegaciones.
Impacto de la falta de suministro eléctrico
en los derechos reconocidos por la Carta Social Europea
La falta de suministro eléctrico tiene un grave impacto en la vida de las personas afectadas, que no pueden conservar alimentos frescos o ducharse con agua caliente. Provoca afecciones médicas y el empeoramiento de problemas de salud preexistentes. También dificulta el uso de dispositivos médicos esenciales o el mantenimiento seguro de medicamentos.
Como consecuencia del corte continuo de energía eléctrica y de la falta de actuaciones para restablecerlo, el Estado vulnera, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada; el derecho de los niños a la asistencia, a la protección contra la negligencia y la violencia, y a la educación; el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social; el derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud o el derecho a la integración social y a participación en la vida de la comunidad, todos ellos recogidos por la Carta Social Europea.
Ante estos hechos, el Estado no ha adoptado hasta ahora ninguna medida para restablecer el
suministro o facilitar una alternativa a las personas afectadas.
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