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| La vuelta al cole en el CEIP Padre Poveda en Madrid. |
Esa normalidad no debería ser tal. Que una familia se tenga que endeudar para que sus hijos puedan acceder al ejercicio de un derecho fundamental, el de la educación (así reflejado en la Constitución Española y en la Convención sobre los Derechos del Niño), es cuando menos discutible desde una perspectiva de derechos humanos y de equidad.
El desembolso de estos costes llamados “indirectos” (pero muchos de ellos en realidad imprescindibles para la escolarización) se produce este año en un contexto de muy alta inflación que está golpeando a toda la ciudadanía, pero de forma especial a las familias con niños y a los hogares con menos ingresos.
A los hogares con bajos ingresos porque el actual aumento de precios se está cebando particularmente en productos básicos de consumo: alimentos, energía y suministros básicos de la vivienda que tienen un peso muy importante en la cesta de la compra de las familias. Además, con los altos incrementos de precios de muchos de ellos, muy por encima del índice general, se dificultan las posibles estrategias de ahorro, ya que no hay productos sustitutivos más baratos a los que acudir —como la pasta, la harina o el pollo— porque precisamente son estos lo que más están subiendo.
Y a las familias con niños y niñas a cargo porque su gasto medio es mayor y porque esa diferencia de gasto respecto a los hogares sin hijos se da de forma también especial en ámbitos muy castigados por la subida de precios como la alimentación y el transporte. Por ejemplo, una pareja con dos hijos gasta de media 1.500 euros más al año en alimentación que una sin ellos. Los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares en estos apartados vienen a desmentir el aforismo: donde comen dos no comen tres.
Este diferencial de gasto entre hogares con hijos o sin ellos es obvio también en el gasto educativo. El actual panorama económico, además del obstáculo general que estos desembolsos suponen al ejercicio del derecho a la educación, nos sitúa en un escenario aún más preocupante por su incremento. Algunos ejemplos: el coste de los productos en papel (incluidos los cuadernos escolares) ha subido un 23% anual, lo que hace previsible un incremento significativo del precio de los libros de texto (como ya están avanzando algunas encuestas privadas) o de los servicios de comedor, impulsados por el incremento de los productos de alimentación y la energía.
¿Qué hacer para afrontar esta situación tan complicada para muchas familias? Para Unicef España resulta desesperante ver cómo en las sucesivas crisis de los últimos años los niños, niñas y adolescentes (y también los jóvenes) han pagado un precio desproporcionado en términos de incremento de la pobreza o exclusión social. No es accesorio recordar que muchos adolescentes de este país están afrontando con sus familias la tercera crisis de sus vidas.
Es justo reconocer que en los últimos años se han realizado avances importantes en la protección social de la infancia, a través de una mayor inversión y sensibilización sobre los efectos tremendamente negativos que la pobreza tiene en los niños y niñas (y en el país), pero tenemos como asignatura pendiente una prestación universal de apoyo a la crianza. Una prestación que actúe de forma preventiva, pero también reparativa, frente a las crisis y su impacto en las familias. Los países de nuestro entorno que cuentan con esta medida, la gran mayoría, son mucho más efectivos reduciendo la pobreza infantil que el nuestro, a la cola de Europa junto con Malta en este aspecto. Reconocer la importancia de la crianza, también económicamente, es además un paso adelante para afrontar el inquietante panorama demográfico que se nos dibuja a medio plazo.
Junto con esta medida de carácter general, puede haber otras más centradas en los costes educativos. Unicef España respalda la petición que el Comité de los Derechos del Niño hizo a España en 2018 para que “garantice el acceso a la enseñanza obligatoria de buena calidad para todos los niños, lo que incluye sufragar los costes indirectos conexos”. Acciones de urgencia recientes como la reducción de precios del transporte y el incremento de becas de bachillerato, y otras con más recorrido, como el préstamo de libros de texto, contribuyen a reducir estos costes, pero el escenario de estas medidas es todavía muy desigual en los distintos territorios y no siempre garantizan que las familias que más lo necesitan accedan a ellas.
Algunas de la metas y objetivos del recién aprobado Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea enlazan directamente con esta necesidad de eliminar las barreras económicas para el acceso a la educación, pero el horizonte del Plan (2030) se antoja demasiado lejano cuando estas políticas ya eran necesarias desde hace tiempo, y este año aún más.
El camino hacia una deseable gratuidad universal de estos materiales y servicios podría empezar por lograr que todas las becas y ayudas educativas (de libros, de comedor, de transporte) sean consideradas un derecho subjetivo del niño, es decir, que no dependan de la generosidad (o no) de los presupuestos de cada año de la administración responsable, sino que todos los niños y familias que se encuentren en situación de riesgo de pobreza tengan el derecho de recibirlas en un importe suficiente para compensar los gastos, o puedan acceder a estos servicios de forma gratuita.
Un paso necesario para que no haya por qué endeudarse para ejercer derechos fundamentales.
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