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No obstante, el reto de acoger y alojar a esos niños y niñas va mucho más allá de asegurar sus derechos fundamentales y necesidades más básicas, como la alimentación, la vivienda, la atención sanitaria, la educación, la asistencia jurídica, etc. El verdadero desafío al que deberán enfrentarse las autoridades europeas y nacionales durante los próximos años es su integración y participación en las comunidades de acogida, su transición a la edad adulta o su futuro acceso al empleo.
Este estudio, presentado en la Conferencia Mundial del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) celebrado mayo 2021, selecciona y recopila una serie de prácticas prometedoras en el ámbito de la protección a niñas y niños extranjeros no acompañados.
Para realizar el estudio, el Ararteko hizo un exhaustivo trabajo de síntesis de los estándares internacionales fijados por las instituciones y organismos internacionales más relevantes en la materia (Comité de Derechos del Niño, agencias de las Naciones Unidas, Consejo de Europa o agencias de la Unión Europea), con el fin de poder determinar qué prácticas se ajustaban a estos estándares.
Posteriormente, se colaboró con defensorías del pueblo de toda Europa integradas en el IOI y en la Red Europea de Defensorías de Infancia (ENOC) para obtener información sobre la práctica de los distintos Estados y regiones con respecto a las actuaciones dirigidas a la protección de niñas y niños extranjeros no acompañados.
El estudio se centra en cuestiones transversales (el derecho de las niñas y niños a ser escuchados, o la formación del personal implicado), en las primeras fases de la acogida (llegada a la frontera, determinación de la edad) y en posteriores etapas de esta (acceso a servicios como educación o sanidad).
El estudio permite obtener una lista de estándares sobre protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados, elaborados a partir de las directrices internacionales existentes en la materia. Ofrece, además, un amplio abanico de prácticas, tanto de administraciones como de defensorías del pueblo, que se pueden considerar como positivas.
Entre sus principales conclusiones, destaca la constatación de que, en aquellos Estados y regiones, como en Euskadi, en los que prima la condición de niño, niña o adolescente sobre su situación administrativa en relación con la migración, los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados reciben una mejor atención que en los lugares en los que ésta se supedita a la regularización administrativa.
Además, es necesario realizar mayores esfuerzos para garantizar el derecho de los niños y niñas no acompañados a ser escuchados en todos los aspectos.
Los Estados deben esforzarse más por garantizar que todas las personas profesionales que trabajan con niños y niñas no acompañados en el contexto de la acogida, tanto directa como indirectamente, reciban una formación necesaria y adecuada.
El proceso de compartir y trasladar información entre los actores relevantes, tanto en el ámbito nacional como internacional, sigue generando dificultades prácticas considerables y, por tanto, continúa siendo un desafío importante. La necesidad de intervención de las instituciones de defensoría del pueblo y de defensa de los derechos de la infancia corrobora la existencia de una deficiencia que hay que corregir, y subraya la necesidad de que los Estados encuentren maneras de intercambiar de forma rápida y efectiva información confidencial y colaborar.
Es preciso un mayor esfuerzo para asegurar la rápida asignación de una tutela y/o representación legal en el momento de llegada al país de acogida, y para dar prioridad a los procedimientos que afecten a niños y niñas no acompañados.
Los Estados deben incidir más en garantizar el acceso a servicios de salud mental y de rehabilitación para los niños y niñas no acompañados que sufren dificultades psicológicas y/o han sido víctimas de la violencia, el abuso, etc.
Es necesario crear estructuras de apoyo para las personas tutoras con el fin de proporcionarles asistencia, asesoramiento, conocimientos y competencias cuando se necesite
La regularización de la situación administrativa de los niños y niñas no acompañados mientras son menores de edad (y están siendo atendidos), así como al alcanzar la mayoría de edad, debe convertirse en un objetivo primordial de la política de los Estados
Por último, debería valorarse que, cuando los niños y niñas no acompañados alcanzan la mayoría de edad, sigan teniendo acceso a las políticas sociales (educación, atención sanitaria, servicios económicos y sociales, etc.), así como a medidas de apoyo individual y de seguimiento, hasta su autonomía personal.
El informe se complementa con los informes realizados por las Defensorías del Pueblo de los Países Bajos y Grecia, dedicados a la integración de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, a los procedimientos en frontera y a la devolución de personas extranjeras. Las tres defensorías colaboraron en el marco de la sección europea del Instituto Internacional del Ombudsman para sacar adelante este trabajo.
* El informe base fue redactado por la Sra. Ana Aguirre y revisado por la Oficina de Infancia y Adolescencia y por la Oficina de Asuntos Europeos e Internacionales del Ararteko.
GSIA es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter independiente, que fue creada hace 10 años por un pequeño pero apasionado grupo de profesionales de diferentes especialidades.
Su finalidad principal es la de contribuir al reconocimiento de los derechos humanos en la infancia y la adolescencia, a través del estudio, la formación, la sensibilización y la difusión de los mismos.
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