El Ejecutivo endureció hace tres semanas las condiciones para dar la residencia a miles de jóvenes.
El día en que los menores extranjeros tutelados cumplen 18 años no tienen nada que celebrar.
 |
Al
tiempo que facilita el acceso al mercado laboral de los menores
inmigrantes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha complicado la situación
legal de miles de jóvenes migrantes que fueron tutelados por las
Administraciones cuando eran menores y que, al dejar de serlo, quedan
desamparados. Con una instrucción dictada hace tres semanas, el Ejecutivo ha endurecido los requisitos para que esos jóvenes renueven sus
permisos de residencia. A partir de ahora deberán acreditar que ganan
537 euros al mes —si tienen 18 años y solicitan por primera vez como
adultos permanecer en España— o 2.151 euros al mes —si después de un año
quieren renovar su residencia—. El Gobierno alega que esta nueva
exigencia responde a la necesidad de adaptarse a dos sentencias del
Tribunal Supremo, y busca ahora la fórmula para evitar que miles de
jóvenes queden en una situación de estancia irregular.
“¿Dónde
voy a encontrar yo 2.000 euros al mes si estoy haciendo unas prácticas?
Hace un año estaba durmiendo en la calle y en el albergue de Jerez, y
hoy aprendo sobre mantenimiento en un camping”, dice Rachid El
Massuodi, de 21 años, que vive en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Su
solicitud está pendiente de aprobación en la Subdelegación del Gobierno
en Cádiz, que le reclama que acredite un sueldo mensual de 2.151 euros
pese a que tiene 150 euros en el banco como todo capital.
Las
comunidades autónomas acogen hoy a 12.417 niños y adolescentes; cuando
se hacen adultos, estas Administraciones o las ONG se hacen cargo de su
manutención mientras se siguen formando o hacen prácticas en empresas.
Hasta ahora las ONG podían amparar y responsabilizarse de sus gastos
corrientes ante las autoridades, que renovaban sus permisos de
residencia. Hace tres semanas el Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones cambió de criterio y remitió una instrucción para
exigir a estos jóvenes —en su mayoría marroquíes— que acrediten
“recursos económicos o los medios de vida propios suficientes”, según
expone el Gobierno en las peticiones tramitadas.
Sentencias “ineludibles”
El
cambio administrativo llega tras dos sentencias del Tribunal Supremo de
2018 y 2019 que establecieron que, según el Real Decreto 557/2011,
vigente desde hace ocho años, y la Ley de Extranjería, los jóvenes
migrantes deben contar con recursos propios y no procedentes de
terceros. Desde 2011, los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP han hecho la
vista gorda y asumido la posibilidad de que las ONG avalaran a los
jóvenes migrantes, sin exigirles directamente a ellos el dinero; pero el
Supremo dice ahora que esa interpretación de la norma es incorrecta.
“Debido
a las numerosas consultas recibidas desde las Oficinas de Extranjería,
aunque el criterio mantenido por esta Secretaría de Estado era de
flexibilidad para evitar la irregularidad sobrevenida, el cumplimiento de las sentencias es ineludible porque
crea jurisprudencia”, alega la instrucción de la Secretaría de Estado
de Migraciones. Fuentes de dicho Departamento avanzan: “Estamos
estudiando cómo aclarar el concepto de asistencia social [incluido en la
sentencia], vamos a intentar resolverlo con la mayor celeridad, es una
prioridad cómo flexibilizar los requisitos”. Mientras, las peticiones de
residencia pendientes de resolver se acumulan en las 68 Oficinas de
Extranjería.
Ante el giro, una plataforma formada por 250
ONG ha reclamado al Gobierno cambios legales de fondo que corrijan la
exigencia de tener ingresos propios a los jóvenes. Juan Molina dirige la
ONG gaditana Familias Solidarias para el Desarrollo y es portavoz de la
plataforma: “Es un paso atrás, una regresión. Es incomprensible que
este Gobierno haya dejado que esta situación se traslade porque la
sentencia es clara, son los fundamentos de Derecho y está en manos de
los legisladores cambiarlos. No pedimos la flexibilización de
condiciones, sino cambios legales de fondo para no estar en manos de la
buena voluntad del Gobierno de turno”, afirma. Esta ONG acoge en
Chiclana de la Frontera a 18 chicos y cuatro chicas, nueve de ellos con
contratos temporales en hostelería, peluquería, mecánica y carpintería.
La
sentencia del Supremo de 2019 abordaba el caso de un joven marroquí en
Barakaldo que en 2015 pidió renovar su permiso de residencia temporal
“de carácter no lucrativo”, avalado por la Comisión de Ayuda al
Refugiado en Euskadi y con ingresos de 559 euros mensuales. El
subdelegado del Gobierno en Vizcaya denegó la solicitud en virtud del
Real Decreto 557/2011”. Tras dos fallos judiciales favorables, el
Supremo también le dio la razón al Gobierno. Ahora, el Gobierno ha
endurecido los requisitos.
----
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Danos tu opinión, Escribe tu comentario, AQUÍ