miércoles, marzo 11, 2020

El limbo legal de los menores inmigrantes que se hacen adultos

El Ejecutivo endureció hace tres semanas las condiciones para dar la residencia a miles de jóvenes.
El día en que los menores extranjeros tutelados cumplen 18 años no tienen nada que celebrar.
Javier Martín-Arroyo,
El Pais. Sevilla.
“¿Dónde voy a encontrar yo 2.000 euros al mes si estoy haciendo unas prácticas? Hace un año estaba durmiendo en la calle y en el albergue de Jerez, y hoy aprendo sobre mantenimiento en un camping”, dice Rachid El Massuodi, de 21 años, que vive en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Su solicitud está pendiente de aprobación en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que le reclama que acredite un sueldo mensual de 2.151 euros pese a que tiene 150 euros en el banco como todo capital.
Las comunidades autónomas acogen hoy a 12.417 niños y adolescentes; cuando se hacen adultos, estas Administraciones o las ONG se hacen cargo de su manutención mientras se siguen formando o hacen prácticas en empresas. Hasta ahora las ONG podían amparar y responsabilizarse de sus gastos corrientes ante las autoridades, que renovaban sus permisos de residencia. Hace tres semanas el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cambió de criterio y remitió una instrucción para exigir a estos jóvenes —en su mayoría marroquíes— que acrediten “recursos económicos o los medios de vida propios suficientes”, según expone el Gobierno en las peticiones tramitadas.


Sentencias “ineludibles”

El cambio administrativo llega tras dos sentencias del Tribunal Supremo de 2018 y 2019 que establecieron que, según el Real Decreto 557/2011, vigente desde hace ocho años, y la Ley de Extranjería, los jóvenes migrantes deben contar con recursos propios y no procedentes de terceros. Desde 2011, los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP han hecho la vista gorda y asumido la posibilidad de que las ONG avalaran a los jóvenes migrantes, sin exigirles directamente a ellos el dinero; pero el Supremo dice ahora que esa interpretación de la norma es incorrecta.
“Debido a las numerosas consultas recibidas desde las Oficinas de Extranjería, aunque el criterio mantenido por esta Secretaría de Estado era de flexibilidad para evitar la irregularidad sobrevenida, el cumplimiento de las sentencias es ineludible porque crea jurisprudencia”, alega la instrucción de la Secretaría de Estado de Migraciones. Fuentes de dicho Departamento avanzan: “Estamos estudiando cómo aclarar el concepto de asistencia social [incluido en la sentencia], vamos a intentar resolverlo con la mayor celeridad, es una prioridad cómo flexibilizar los requisitos”. Mientras, las peticiones de residencia pendientes de resolver se acumulan en las 68 Oficinas de Extranjería.
Ante el giro, una plataforma formada por 250 ONG ha reclamado al Gobierno cambios legales de fondo que corrijan la exigencia de tener ingresos propios a los jóvenes. Juan Molina dirige la ONG gaditana Familias Solidarias para el Desarrollo y es portavoz de la plataforma: “Es un paso atrás, una regresión. Es incomprensible que este Gobierno haya dejado que esta situación se traslade porque la sentencia es clara, son los fundamentos de Derecho y está en manos de los legisladores cambiarlos. No pedimos la flexibilización de condiciones, sino cambios legales de fondo para no estar en manos de la buena voluntad del Gobierno de turno”, afirma. Esta ONG acoge en Chiclana de la Frontera a 18 chicos y cuatro chicas, nueve de ellos con contratos temporales en hostelería, peluquería, mecánica y carpintería.
La sentencia del Supremo de 2019 abordaba el caso de un joven marroquí en Barakaldo que en 2015 pidió renovar su permiso de residencia temporal “de carácter no lucrativo”, avalado por la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi y con ingresos de 559 euros mensuales. El subdelegado del Gobierno en Vizcaya denegó la solicitud en virtud del Real Decreto 557/2011”. Tras dos fallos judiciales favorables, el Supremo también le dio la razón al Gobierno. Ahora, el Gobierno ha endurecido los requisitos.
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La odisea de hacerse mayor en España

El día en que los menores extranjeros tutelados cumplen 18 años no tienen nada que celebrar. Acaban de comunicarles que deben abandonar el centro donde viven, así que recogen sus cuatro bártulos y se marchan para siempre. Ya ni siquiera formarán parte de la estadística. En el mejor de los casos alguna ONG les ayuda a instalarse en un piso y les acompaña en los primeros meses de su vida adulta. En el peor de los escenarios, el que enfrentan la mayoría de los extutelados, se encuentran en la calle. Sin autorización de residencia, sin permiso de trabajo y casi sin formación. El número de extutelados que tramita y consigue una autorización de residencia y trabajo en España es insignificante. En 2018 solo 65 jóvenes lo intentaron y apenas 54 lo consiguieron, según datos obtenidos a través de la Ley de Transparencia. Son las cifras más bajas –aunque similares– de los últimos cinco años. Los números ilustran la dificultad de este colectivo para regularizarse cuando dejan de estar tutelados por las comunidades autónomas. Los requisitos burocráticos y económicos para poder trabajar son exigentes y apenas los que cuentan con el apoyo de entidades sociales y un empleador dispuesto a ofrecer un contrato de un año, enfrentar el papeleo y el pago de las tasas consiguen cumplirlos. Las sentencias del Supremo y la instrucción del Gobierno complican un poco más los trámites de los que quieren renovar un permiso de residencia que no les permite trabajar. El requisito de contar con recursos propios para su manutención son los mismos que se les exigen por ejemplo a los extranjeros que llegan a España a vivir su jubilación y que necesitan un permiso de residencia pero no de trabajo. Las circunstancias de ambos colectivos, sin embargo, son radicalmente distintas. Los papeles son un problema incluso cuando son menores y la Administración está obligada a facilitárselos: a 30 de junio del año pasado solo un 21% de los cerca de 12.300 menores extranjeros registrados tenía un permiso de residencia en vigor. La transición de los menores extranjeros a la vida adulta es una de las tareas que la Secretaría de Migraciones ha metido en su agenda. El departamento estudia ahora cómo flexibilizar la aplicación de la norma a través de una modificación del reglamento. Es decir, facilitar la transición a la vida adulta de estos jóvenes, sin necesidad de cambiar la ley. / MARÍA MARTÍN

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