Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de Chile
Fundación Bernard van Leer

  
Chile tiene una tradición de protección a la niñez en la que desde mediados del siglo XX comenzó a profundizarse e intensificarse, paralelamente al surgimiento de una preocupación y una conciencia mundiales sobre el tema. Esa protección se centró, sin embargo, en intentar paliar las carencias mayores, aquellas relacionadas con la nutrición y atención de la salud mediante la alimentación complementaria, las vacunas y los cuidados médicos básicos.
Photo:Courtesy Consejo Nacional de Infancia, Chile
Han pasado 58 años desde la adopción por parte de Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos del Niño, y 28 años de la aprobación, por parte de la misma organización, de la Convención sobre los Derechos del Niño, texto que Chile ratificó en 1990. Es decir que hace 27 años –pocos meses después de la reinstauración de la democracia– nuestro país asumió un compromiso claro y decidido con la infancia, como una política integral y transversal, recogiendo los cuatro principios fundamentales de aquella convención: la no discriminación; el interés superior del niño; su derecho a la supervivencia, el desarrollo y la protección, y la participación en las decisiones que le afecten.
Hemos dados pasos importantes para cumplir ese compromiso. Entre los hitos más relevantes se cuentan la Ley de Filiación (1998), que puso término a la infame distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, así como el surgimiento de una nueva justicia de familia en 2004, junto con una legislación en materia de adopción que resguarda el interés por que el niño o la niña de vivir en un hogar donde se sienta amado/a y protegido/a.

Pero, sin duda, uno de los hitos más significativos para asegurar que todos los niños y las niñas alcancen su máximo potencial de desarrollo ocurrió hace una década, con el surgimiento del Sistema Chile Crece Contigo. Con él se configuró la primera política sistémica transversal y articulada de protección de los derechos de la infancia, dentro de un un marco inicial de los 0 a 4 años y el control prenatal de la madre, un margen que recientemente hemos extendido hasta los 9 años de edad.
El objetivo del sistema es asegurar que todos los niños y las niñas alcancen su máximo potencial de desarrollo, tal como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño. Ello implica que los estados puedan proteger y promover todos sus derechos, acompañándolos a lo largo de su desarrollo y entrando en acción con medidas específicas de protección o refuerzo cuando se requiera. Una tarea de esa naturaleza requiere una respuesta multidimensional que pueda articular y potenciar los esfuerzos sectoriales y que, a la vez, trascienda a los períodos presidenciales, estableciéndose como una garantía del Estado, no de un gobierno, para los niños y las niñas.
En otras palabras, lo que hicimos fue cambiar la mirada a la hora de trabajar con la primera infancia.


Así, en vez de que cada sector hiciera las cosas por su cuenta, se integraron los esfuerzos, se crearon nuevos programas y beneficios, se implementaron las redes municipales y se empezó a trabajar de manera diferente con los niños y las niñas: desde los controles de embarazo de las madres y los de niño sano, dando apoyo a su desarrollo integral, hasta la puesta en marcha de intervenciones específicas, principalmente en materia de salud, educación y justicia.
Y este cambio de paradigma, visto originalmente con sospecha, hoy es comprendido como esencial, pues actualmente nadie duda de la importancia de la estimulación durante los primeros años de vida de cualquier persona. En este momento todos estamos de acuerdo en que es esencial detectar rezagos para poder actuar a tiempo. Tampoco nadie se sorprende hoy al saber que la mejor inversión que podemos hacer los países es en la primera infancia, para derribar de raíz la desigualdad y las odiosas diferencias que nos separan desde la cuna.

Resultados y expansión
Hemos visto resultados concretos. En estos diez años, casi dos millones de madres gestantes fueron parte del control parental; hemos logrado que en seis de cada diez partos esté presente la pareja de la madre u otro familiar; han nacido más de 1.600.000 niños y niñas protegidos por el sistema, y se han entregado más de un millón de ajuares a los niños y las niñas que nacieron bajo la sanidad pública.
Los contactos piel con piel de media hora o más después del parto van en aumento. En 2016 alcanzaron un 76,3%. Y la lactancia materna exclusiva al sexto mes también se ha visto incrementada, hasta llegar, en el mismo año al

56,1%.

Pero, evidentemente, se trata de ir más allá del nacimiento. Gracias a los controles del niño sano y el seguimiento de su trayectoria, se detecta cualquier retraso y se deriva a los niños a modalidades específicas de estimulación. De este modo, 42% de los niños y las niñas que presentan algún rezago se recupera.

Respecto a las oportunidades de desarrollo medidas por medio de la tasa neta de asistencia a la educación parvularia, los datos indican que entre los 4 y 5 años de edad asiste un 90%. El avance más significativo, entre 2006 y 2015, se observa desde los 0 a 3 años. En 2006, la tasa neta de asistencia en ese tramo de edad llegaba al 16,4%, mientras que en 2015 se aproxima ya al 30% (Ministerio de Desarrollo Social, 2016).

Sin duda, son buenas noticias, especialmente hoy, ya que estamos ampliando la cobertura del sistema para los niños entre 5 y 9 años. Esta ampliación se materializa actualmente en dos nuevas líneas. En primer lugar, mediante el programa de apoyo a la salud mental, que dará tratamiento a niños y niñas de esa edad. Iniciaremos la ejecución en 23 municipios, para ir creciendo gradualmente; de este modo, entre 2016 y 2017, 18.600 niños y niñas se beneficiarán de esta iniciativa. En segundo lugar contamos con el denominado programa de apoyo al aprendizaje integral, con herramientas de estímulo y creatividad, como el “Rincón de juegos”, que estamos entregando a todos los niños y las niñas de prekinder, en establecimientos educacionales públicos.
Paralelamente, iremos reforzando los actuales programas y sumando nuevas intervenciones, hasta cubrir a todos los niños y niñas de entre 5 y 9 años que asisten a la educación pública en nuestro país o que se atienden en el sistema público de salud.
No obstante, existen todavía factores estructurales ligados a la desigualdad, pobreza y violencia que generan situaciones de estrés muy difícil de sobrellevar por parte de las madres, padres o cuidadores y que repercuten negativamente en el desarrollo de los niños y las niñas. Entre estos, el de la pobreza muestra una disminución sostenida en el país, pero en las familias con hijos sigue siendo más alta que en la población general.
El peso de estos factores estructurales en la vida de los niños y las niñas hacen necesario romper el aislamiento tradicional de las políticas de niñez. Así, nuestro desafío actual es vincular las políticas de infancia con las políticas más generales de desarrollo del país.
Asimismo, el desarrollo del sistema y su continua mejora requieren interventores con altos grados de conocimientos específicos. La apropiación de los avances en conocimiento y las estrategias respecto a la infancia implican procesos de formación continua de calidad, así como competencias específicas que no suelen estar en las formaciones de pregrado y que requieren un acompañamiento de las redes de trabajo intersectorial y asistencia técnica permanente y especializada.
Sabemos, asimismo, que toda política social está en constante objeto de perfeccionamiento, para que su gestión gane en eficiencia y efectividad, centrándose en los usuarios, simplificando procesos, instrumentos y accesos de la ciudadanía, velando por la transparencia en el uso y asignación de los recursos, y favoreciendo procesos participativos.
En este sentido, una herramienta importante como es el Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM) de Chile Crece Contigo debe aumentar su capacidad de gestión de la información, incorporando el uso de modelos predictivos o de segmentación de beneficiarios que anticipen la aparición de riesgos, desde la perspectiva de curso de vida y hacer efectivo el levantamiento de alertas y provisión de servicios oportunos y pertinentes.

El sistema de garantías de derechos de la niñez

Chile Crece Contigo constituirá la base operativa del futuro Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, con el que esperamos cubrir a toda la población menor de 18 años.
Esto supone, además del fortalecimiento de lo que está en marcha, la instalación de nuevos subsistemas para otros tramos del ciclo vital. Para la articulación eficaz y resultados efectivos será bueno tener una perspectiva modular. Como dice Mary Beloff, los sistemas de protección integral de los derechos de la niñez son “un modelo para armar”, en el cual las piezas de un todo van encajando paulatinamente en un gran sistema (Beloff, 1999). De acuerdo a la experiencia de Chile Crece Contigo esto implica tiempo y soportes institucionales específicos.
A finales de este periodo administrativo (marzo de 2018) habremos dejado instalado en el Ministerio de Desarrollo Social el Comité interministerial de Desarrollo Social e Infancia, así como la Subsecretaría de la Infancia, desde la que se continuará la gestión de Chile Crece Contigo. Junto a ello, los niños y las niñas contarán con el Defensor del Niño, un órgano autónomo que velará por que los derechos de los niños y las niñas sean respetados, promovidos y protegidos por el Estado.
Toda esta magna institucionalidad operará en un nuevo marco normativo que resguarde efectivamente el reconocimiento de los niños y las niñas como
sujetos de derechos, así como el ejercicio de estos sin discriminación alguna. De este modo, en un ciclo de 10 años habremos puesto las bases necesarias para proteger el desarrollo de nuestros niños y niñas desde la primera infancia y abierto un mundo de oportunidades para que unos y otras desplieguen todo su potencial. De este modo podremos decirles –con consistencia y coherencia–

¡Chile Crece Contigo!


Se pueden consultar referencias en la versión en PDF del artículo.