Fuente OIJJ
La Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo Relativa a las Garantías
Procesales de los Menores Sospechosos o Acusados en los Procesos Penales
fue oficialmente adoptada por el Consejo Europeo el 21 de abril de
2016, después de la aprobación del Parlamento Europeo en diciembre de
2015. El documento contribuye a la implementación, en los Estados
miembros de la UE, de un gran número de garantías procesales para niños
(entendido como menores de 18 años) que son sospechosos o acusados de un
hecho delictivo. 
La directiva es un paso más tomado por la UE
para establecer un catálogo de normas procesales para las personas
sospechosas o acusadas en procesos penales. Sin embargo, el documento en
cuestión incluye garantías adicionales específicamente relacionadas con
niños implicados en procesos penales.
El propósito subyacente de este acto legislativo
es garantizar que los niños en conflicto con la ley estén propiamente
protegidos, que sean capaces de comprender y seguir los procesos y de
ejercer su derecho a un juicio justo. En términos generales, se busca
prevenir que los niños reincidan y promover su integración social.
Además, esta directiva pretende consolidar la confianza de los Estados
miembros en los sistemas de justicia penal de los otros miembros, y así
mejorar el reconocimiento mutuo de decisiones en materia penal.
La principal novedad de esta directiva es el rol
que desempeñan los abogados en relación con niños sospechosos o acusados
de un hecho delictivo. Los Estados miembros deberán garantizar que los
niños sean asistidos por un abogado cuando sea necesario, a menos de que
la asistencia no sea requerida debido a las circunstancias del caso.
Otras condiciones importantes señaladas en la directiva comprenden la
provisión de información sobre derechos, el derecho a una evaluación
individualizada, a un examen médico, y a una grabación audio-visual del
interrogatorio. También incluye garantías especiales para los niños en
situación de privación de libertad, en particular durante el
internamiento previo y posterior al juicio.
Los Estados miembros cuentan ahora con tres años
para garantizar que la directiva sea incorporada en sus respectivas
legislaciones nacionales. Dinamarca, Reino Unido e Irlanda han optado
por no adoptar la directiva.
Investigaciones de la UE muestran que,
actualmente, los derechos del niño no están suficientemente protegidos
en las distintas etapas de los procesos penales en la UE; el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha dictado numerosos juicios en contra de
los Estados miembros a este respecto.
Sin embargo, a pesar del gran número de
instrumentos jurídicos internacionales en esta área, no existe una
definición concertada de lo que constituye un “juicio justo” para niños,
y los tribunales no tienen más opción que dictar juicios basándose en
un cuerpo legal incompleto y fragmentado. Esta directiva constituye así
una mejora notable hacia un sistema de justicia adaptado a los niños en
todos los Estados miembros, y hacia un mayor respeto de los derechos de
los niños en los procesos penales.
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
acoge con mucho agrado la adopción de la directiva. Entre la primera
propuesta de la Comisión en 2013 y la adopción del texto final, las
organizaciones de la sociedad civil han estado muy activas para llevar
el texto preliminar al nivel de los estándares más exigentes con
respecto a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil.
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil ha redactado dos documentos de posicionamiento sobre este tema, con Eurochild en el primero, y con Fair Trials International y Open Society Foundation
en el segundo, participando así en la mejora del texto de propuesta
inicial, especialmente en lo relativo al Artículo 16 sobre el Derecho de
los niños de personarse y participar en su juicio.
La directiva fue también un tema central en la VI Conferencia Internacional del OIJJ
en Bruselas en 2014, titulada "La privación de libertad de los niños
como último recurso: Hacia políticas de alternativas basadas en
evidencia".
Además, la conferencia final del proyecto J.O.D.A - Juvenile Offenders Detention Alternatives in Europe,
organizada por el OIJJ en el Parlamento Europeo el pasado enero de
2016, se centró en los artículos 10 y 11 de la nueva directiva, donde se
llevó a cabo una discusión interesante entre expertos en el tema,
incluyendo a Caterina Chinnici, miembro del Parlamento Europeo y
relatora especial sobre la directiva.
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