Los niños y los conflictos armados: El reclutamiento de niños atravesó fronteras en 2018.

ONU/Marie Frechon. Un niño soldado 
en la República Centroafricana. UNICEF/ Pierre Holtz
El reclutamiento y la utilización de niños no se han limitado a las regiones asoladas por los conflictos. 
Un número cada vez mayor de niños cruzan las fronteras, ya sea solos o con sus familias, hacia zonas controladas por grupos que utilizan la violencia extrema. 
Esos grupos también secuestraron a niños y los obligaron a viajar mientras estuvieron vinculados a ellos.

La creciente dimensión transfronteriza de los conflictos se ha convertido en una amenaza adicional para la protección de niñas y niños y requiere de esfuerzos concertados, asegura un nuevo informe de la representante especial del Secretario General sobre estas cuestiones.

Virginia Gamba afirma que el reclutamiento y el uso de los pequeños por parte de grupos armados no estatales que utilizan tácticas extremistas violentas plantea nuevos desafíos desde una perspectiva de protección infantil.

"La situación se ve agravada por la naturaleza global del extremismo violento que ha favorecido el surgimiento del reclutamiento transnacional y la participación de los niños en el fenómeno de convertirse en “combatientes extranjeros”", dice Gamba.

Se estima que desde 2011, entre 30.000 y 42.000 combatientes extranjeros de unos 120 países han viajado al Iraq y a la República Árabe Siria para unirse a grupos afiliados al ISIS o a Al-Qaeda. Se cree que, para noviembre de 2017, casi 7000 combatientes extranjeros habían muerto en el campo de batalla y al menos 14.910 habían abandonado las zonas de conflicto, mientras que unos 6800 habían regresado a sus países de origen.

Esas cifras incluyen una proporción significativa de niños. Dados el alcance y la propaganda cada vez mayores de esos grupos, el reclutamiento y la utilización de niños no se han limitado a las regiones asoladas por los conflictos. Un número cada vez mayor de niños cruzan las fronteras, ya sea solos o con sus familias, hacia zonas controladas por grupos que utilizan la violencia extrema. Esos grupos también secuestraron a niños y los obligaron a cruzar las fronteras mientras estuvieron vinculados a ellos.

Estos niños  son considerados a menudo como amenazas de seguridad, arrestados y detenidos, lo que los expone a nuevas violaciones, como su reclutamiento o uso como informantes, la tortura, la violencia sexual y el tráfico o la ejecución bajo sospecha de asociación.

    A los niños y niñas afectados por el conflicto se les debe permitir no solo vivir en paz sin temor ni amenazas, sino también soñar con un futuro lleno de oportunidades. 

¨Los hijos de combatientes extranjeros o los niños reclutados como combatientes extranjeros no solo son víctimas de utilización, asesinato, mutilación, esclavitud, explotación sexual, miedo constante, adoctrinamiento y presión psicológica, sino que también son testigos o presuntos autores de vulneraciones¨, asegura Gamba, quien resalta que la violencia tiene graves repercusiones para el bienestar físico y mental de esos niños y no se limita a los que se encuentran en las zonas de conflicto, sino que también se aplica a los que regresan de esas zonas, tanto si viajaron solos como si los llevaron allí los adultos, ya fuera voluntariamente o no.

Niños soldado de las Fuerzas Democráticas
de Liberación de Rwanda. 
El informe hace un llamado a los Estados para que recuerden que todos los niños asociados con partes del conflicto deben considerarse principalmente como víctimas y su rehabilitación y reintegración deben ser la respuesta primaria.

Además, si son acusados ​​de un delito durante su asociación con grupos armados, los niños deben ser procesados ​​por el sistema de justicia juvenil. La detención siempre debe ser un último recurso, durante el menor tiempo posible y guiada por los mejores intereses del niño.
[Niños soldado de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda. ]
Niños soldado de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda.

Ataques a escuelas y secuestros en aumento

El informe, que abarca el periodo entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, también alerta sobre un aumento significativo de ataques contra escuelas y su uso militar.

Cada vez más niños son privados de la educación porque las escuelas son atacadas, destruidas, dañadas u ocupadas o porque los niños y sus familias tienen miedo de asistir a clases por los riesgos a los que pueden estar expuestos en la carretera o en la propia escuela, como el secuestro, el reclutamiento o la violencia sexual por las partes en conflicto

En 2018 también se observó un aumento de los secuestros de niños afectados por conflictos armados, incluso a través de las fronteras. El secuestro es una de las seis violaciones graves contra los niños y con frecuencia está vinculado a una o más de las otras violaciones graves, como el reclutamiento.

La representante especial expresa en su informe su voluntad de proporcionar claridad conceptual sobre el secuestro a los profesionales de la protección infantil en el campo y de proporcionar a las autoridades, los actores humanitarios y las comunidades, medidas que puedan ayudar a mitigar o reducir la vulnerabilidad de los niños ante esta grave violación.

Progreso a través del compromiso con las partes en conflicto

Pero no todas son malas noticias, Gamba asegura que un compromiso mejorado y sostenible con las partes de conflicto trajo progresos significativos en 2018, a pesar de que la violencia haya seguido afectando de manera desproporcionada a los niños de todo el mundo.

Por ejemplo, en Afganistán, entraron en vigor las enmiendas al código penal que castigan el reclutamiento y uso de niños por parte de las fuerzas armadas; en Nigeria, 833 niños han sido liberados de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF), en cumplimiento del Plan de Acción firmado con las Naciones Unidas y este actor no estatal; en Colombia, tras la transformación de las FARC-EP en partido político, el grupo puso fin a todo reclutamiento de niños, liberó a 135; en Sudán del Sur, un Plan de Acción revisado que cubre las seis violaciones graves a los derechos de los niños se desarrolla actualmente con el Gobierno; además, hay discusiones para la adopción de nuevas iniciativas con otras partes en conflicto en África, Oriente Medio y Asia.

El informe aboga además por un renovado impulso para liberar a los niños de las filas, y un mayor apoyo disponible para ellos y para abordar su vulnerabilidad al reclutamiento.

Gamba pide programas de reintegración sostenibles y financiados de manera segura para los niños que anteriormente estaban asociados con fuerzas y grupos armados, y resalta la creación de una Coalición Mundial para la Reintegración, copresidida por UNICEF, que se lanzó en septiembre de 2018.

La Coalición explorará el alcance, los parámetros y la estructura de un mecanismo integral y sostenible para apoyar a todos los niños que salen de los grupos y fuerzas armadas y cómo las agendas de construcción de paz y desarrollo se pueden aprovechar mejor para ese fin.

Para la representante, un enfoque colaborativo y complementario que incluya a los Estados Miembros, las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y subregionales pertinentes, así como la sociedad civil, es esencial para garantizar recursos suficientes y sostenibles para la protección y reintegración de los niños que sufren los efectos de la guerra, y también para prevenir violaciones graves contra ellos.

“A los niños y niñas afectados por el conflicto se les debe permitir no solo vivir en paz sin temor ni amenazas, sino también soñar con un futuro lleno de oportunidades. Asegurar su protección es esencial para romper los ciclos de violencia y prevenir futuros conflictos ", expresa.

Gamba también insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y a que promulguen leyes y políticas nacionales para tipificar como delito el reclutamiento y la utilización de niños por fuerzas y grupos armados.

Acoso en el Ciberespacio, Jornada.


“El tratamiento jurídico del acoso, el abuso y la intimidación: 
la respuesta de la ley ante la figura del bullying”.

Día 14-02-2019, 
Hora 09:30.
c/de Alberto Aguilera, 23, 28015, 
Madrid, España.




Jornada vinculada al Proyecto de Investigación de Aristos Campus Mundus 2018.

“El tratamiento jurídico del acoso, el abuso y la intimidación: la respuesta de la ley ante la figura del bullying”.

AVISO: Esta actividad forma parte de la oferta de los Seminarios de Actualidad Jurídica (SAJ) para el presente curso 2018-2019. 
Para más información, pulse aquí.
Los alumnos que deseen que esta actividad les compute a tal efecto, deberán cumplimentar la "Inscripción para alumnos de la Facultad de Derecho (Seminarios de Actualidad Jurídica)".
Horas reconocidas por asistencia a este SAJ:
- Si el alumno asiste a la sesión que se celebra de 9.30 a 11.15, le serán reconocidas 2 horas de asistencia.
- Si el alumno asiste a la sesión que se celebra de 11.45 a 14.00, le serán reconocidas 2 horas de asistencia.

Este niño lleva un reloj espía en clase.




La monitorización de los menores mediante llamadas secretas por el reloj es una violación de su intimidad, defiende Kepa Paul Larrañaga, presidente del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA). “Parece que en ningún momento se está hablando de un acuerdo entre las madres y los padres y sus hijos”, observa. 
En el dilema entre la protección y la autonomía de los menores, dice, “la carga de la prueba” está sobre la necesidad de autonomía de los niños. 
El sociólogo lamenta que mientras esa necesidad siempre parece requerir justificación, la protección —o la sobreprotección— parental es la norma.

El veto en un colegio asturiano de los ‘smartwatches’ que graban y sacan fotos abre el debate sobre control parental e intimidad.

Muestrario de smartwatches infantiles.
Muestrario de smartwatches infantiles. GETTY







Bruno Martín.
La vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad ha traído una sorpresa al colegio concertado Montedeva, en Gijón. Tres alumnos de 5º de primaria (11 años) llevaban a clase juguetes nuevos y problemáticos: relojes capaces de hacer llamadas de emergencia, sacar fotos, grabar vídeo y que además permiten a los padres localizar e incluso espiar las conversaciones de sus hijos, gracias a una aplicación del móvil que sigue el GPS y controla el micrófono de forma remota. “En el claustro no teníamos conocimiento de que esta tecnología existía”, dice el director del centro, Miguel Marcos, que ha optado por prohibir los dispositivos para proteger la privacidad de alumnos y profesores.
El de Gijón puede ser el primer centro de España que censura los smartwatchesinfantiles, un aparato novedoso que no está regulado por el gobierno ni la Administración regional. Pero la decisión de este colegio ya ha puesto en alerta a otros profesores. “No somos conscientes de que haya habido otros casos, pero basta con saber de uno para que nos planteemos el debate. No vamos a esperar a que haya un problema grande”, comenta Emma Rodríguez, portavoz del sindicato asturiano de profesores Suatea y tutora de primaria en un colegio público de la localidad de Bimenes.
En Alemania, donde no se permite grabar conversaciones sin consentimiento, el gobierno prohibió la venta de estos dispositivos a finales de 2017 y pidió a las familias deshacerse de ellos. El precio de cada reloj ronda los 50 euros. Son atractivos para los padres porque les permiten saber en todo momento dónde están sus hijos, sobre todo los más pequeños que en muchos casos no tienen teléfono móvil. Desde el mapa de la aplicación, los adultos pueden delimitar un área de seguridad, de tal manera que si el reloj sale de esa zona, reciben una notificación con su ubicación en tiempo real.
Como los aparatos incluyen tarjeta SIM, los menores también pueden efectuar llamadas a un número reducido de contactos y, en muchos casos, los padres pueden iniciar una llamada silenciosa desde su propio móvil. Esta función es controvertida porque les permite escuchar lo que ocurre alrededor del niño. Por lo tanto, puede violar la intimidad del menor y de personas en su entorno, quienes no tendrán conocimiento de la llamada. Según Kepa Paul Larrañaga, sociólogo y presidente del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia, el mérito de esta tecnología se evalúa demasiadas veces “atendiendo a la perspectiva e intereses de las personas adultas”, y en un entorno que ignora la importancia de cultivar interacciones honestas entre los niños y quienes los cuidan.
“Lo más preocupante es que se vulnere la intimidad de los menores. Pero diciendo esto, también creo que empeorarían las clases si los profesores tienen que estar pensando que pueden ser grabados en todo momento”, opina Carlos Fernández, presidente de la Asociación de Profesores de Madrid. Desde la asociación denuncian que se valora poco la pericia de los docentes, quienes conocen mejor que nadie cada curso y su alumnado y deberían tener “la última palabra” sobre la utilización de los dispositivos electrónicos en el aula.
Los profesores no tienen constancia de que se los haya espiado en clase, pero consideran peligroso el uso que puedan hacer los menores de estos relojes. “Una niña de 10 años estaba haciendo fotos en el patio con su nuevo juguete, sin ninguna intencionalidad”, relata Marcos sobre el incidente de su colegio. “En principio no pasa nada, pero hay que tener cuidado por dónde pueden acabar esas fotos, cuando constatamos que hay niños de 10 y 11 años que ya están en redes sociales”, explica.
La preocupación no es solo porque los niños o los padres puedan hacer un mal uso de los relojes. Rodríguez también señala que son “fácilmente hackeables”. En octubre de 2017, la agencia de protección del consumidor en Noruega ya alertó de que muchos relojes infantiles transmitían y almacenaban datos sin encriptar. Esto podría permitir fácilmente el robo de información personal o la suplantación de la señal GPS para aparentar que el reloj está en una ubicación falsa. Además, Larrañaga apunta que se desconocen los intereses comerciales de empresas que también puedan tener acceso a los datos del reloj.
En el colegio Montedeva, que permite utilizar el móvil como instrumento pedagógico en los cursos de secundaria y bachiller, sostienen que la prohibición de los smartwatches en primaria no ha sido una medida reaccionaria. “Entendemos que no sirve de momento como herramienta educativa”, explica el director. “La tecnología va a un ritmo que a veces nos desborda a los propios docentes. Pero a las familias les pasa como a nosotros, igual no son conscientes de todas las posibilidades que tienen estos relojes”, concluye.
VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD: La monitorización de los menores mediante llamadas secretas por el reloj es una violación de su intimidad, defiende Kepa Paul Larrañaga, presidente del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA). “Parece que en ningún momento se está hablando de un acuerdo entre las madres y los padres y sus hijos”, observa. En el dilema entre la protección y la autonomía de los menores, dice, “la carga de la prueba” está sobre la necesidad de autonomía de los niños. El sociólogo lamenta que mientras esa necesidad siempre parece requerir justificación, la protección —o la sobreprotección— parental es la norma.



Experiencias mundiales de ciudadanía de la infancia y adolescencia, Publicación.


Maria de Fatima Pereira Alberto,
Antonia Picornell Lucas*,
Organizadoras.


João Pessoa 2018.
Copyright (c) 2018 Editora UFPB 

Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-85-237-1332-4






Prefacio: 
SER Y ACTUAR COMO CIUDADANO O CIUDADANA EN LA INFANCIA
Lourdes Gaitán Muñoz*

La ciudadanía representa la colección de derechos y obligaciones 
que definen a los miembros de una comunidad.
Estos derechos y obligaciones abarcan el empoderamiento legal y la justicia, 
la participación política y la toma de decisiones, el compromiso social, 
los derechos económicos y el acceso a los recursos. 
La ciudadanía tiene dos aspectos complementarios: 
los derechos de ciudadanía y la práctica de la ciudadanía (IAWGCP, 2008: 3)

La elección del texto que encabeza este preámbulo se debe a varios motivos: 
el  primero, que fue elaborada por un grupo de representantes de organizaciones de infancia que trabajaban por la participación de niños y niñas en la región de Asia y Pacífico, 
el segundo, que  representa una combinación muy aproximada de los conceptos más clásicos de ciudadanía (Marshall y Bottomore, 1992) con los más actuales, representados, en este caso por Lister (2003).
El tercer motivo enlaza con la intención y el contenido de esta obra, esto es, mostrar cómo pese a un reconocimiento formal incompleto de los niños y niñas como titulares de derechos de ciudadanía, ellos y ellas actúan, en la práctica, como ciudadanos y ciudadanas activos.

Para comenzar es preciso hacer presente la idea de que el concepto de ciudadanía ha variado con el tiempo, acomodándose a los cambios que históricamente han acontecido en las sociedades humanas. Sin necesidad de remontarnos al periodo clásico de la antigua Grecia, podemos limitarnos a observar la evolución de este concepto a partir de mediados del siglo XX. La desgraciada experiencia  de haber sufrido los efectos de dos conflagraciones mundiales en el breve espacio de algo más de 30 años, propició el consenso que dio lugar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas, en 1948. Solo un año más tarde, en su famosa conferencia sobre Ciudadanía y Clase Social, T.H.Marshall propuso un esquema para distinguir los elementos que componen la ciudadanía (el civil, el político y el social) que ha venido a conformarse como equivalente a un modelo clásico, contrastado (y contestado) en casi cualquier debate sobre ciudadanía.

De la propuesta de Marshall se ha criticado que no pensaba en las mujeres, ni en otros grupos de población diferentes al de los hombres, trabajadores y blancos (Fraser y Gordon, 1992). También se ha dicho que la periodización que este autor señala en la aparición histórica de los tres tipos de derechos (primero los civiles, después los políticos y por último los sociales) se produce en orden inverso en el caso de los niños. Así, los derechos sociales (relativos a la educación, trabajo y protección) les fueron reconocidos primero, mientras que los civiles y los políticos aparecieron mucho más tarde, y como derechos a garantizar por los Estados. Más aún, cuando se refiere al  derecho a la educación, Marshall pone de manifiesto una visión de  la infancia como el estado de “aun-no-ser” adulto, y así lo concibe: …no como el derecho del niño a ir a la escuela, sino como el derecho del ciudadano adulto a haber sido educado (porque) la educación es un prerrequisito de la libertad civil (1992: 16).

Sin embargo, como venimos argumentando (Gaitán, 2018), ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos excluye a los niños y niñas, sino que se refiere en su articulado a “toda persona” (condición que no se les puede negar a ellos) ni la Convención sobre los Derechos del Niño de las mismas Naciones Unidas se refiere a otra cosa que a las obligaciones de los Estados para garantizar tales derechos. Si bien hay que decir que la Convención se quedó corta a la hora de asegurar también su ejercicio por parte de los niños, cargando las tintas, de nuevo, en las acciones protectoras, debido a lo cual niños y niñas tienen reconocidos unos derechos que no ejercen por sí mismos, sino que son ejercidos por otros, resultando ser así “derechos de beneficencia” y no “derechos de acción” (Gaitán y Liebel, 2011). A la vez, los derechos de los niños no están ligados a obligaciones por su parte, sea hacia los más próximos o hacia la comunidad. Esta asimetría en los términos de ese tipo de intercambio, el que opera normalmente en la vida social, trae como consecuencia que los derechos que se van “otorgando” a niñas y niños les aten con nuevos lazos de dependencia a sus benefactores, sean su familia o el Estado, quedando al margen la posibilidad de contar ellos por derecho propio, de entrar en un juego mutuo de valores y contravalores, intercambio solidario o cualquier otro que tenga que ver con justicia y equidad (Gaitán, 2006).

A partir de la propuesta de Marshall, la noción de ciudadanía se ha ido transformando, influida por los cambios sociales, pero también por las corrientes políticas dominantes a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Así se ha podido distinguir entre dos conceptos de ciudadanía fundamentalmente distintos: el concepto liberal por un lado y, por otro, el concepto republicano (o social) por otro.

El concepto liberal pone énfasis en la libertad individual del ciudadano, mientras que el Estado tendría como función la de garantizar la propiedad privada y los espacios de actuación del individuo, a través de constituciones y leyes, siendo mínimo su nivel de intervención en las cuestiones sociales. La participación de la ciudadanía en el espacio público es de tipo representativo, esto es, se limita a la emisión de su voto en elecciones periódicas, considerándose mucho más importante su papel en la esfera privada, ya sea en asuntos económicos o familiares.

Por el contrario, en el concepto republicano de ciudadanía cobra importancia la vinculación de la persona con la comunidad, y la libertad del ciudadano incluye la posibilidad de influir lo más ampliamente posible en todo lo que se refiere a asuntos públicos, en el marco de una democracia deliberativa y participativa. Del Estado se espera que intervenga en la sociedad con el objetivo de conseguir una igualación profunda, que permita disminuir las desigualdades fundadas en posiciones de poder social y económico, a través de medidas redistributivas, destinadas a conseguir una mayor justicia social.

Pero la evolución del concepto de ciudadanía no se detiene aquí, sino que se siguen incorporando al debate cuestiones derivadas del creciente pluralismo social y cultural que caracteriza a las sociedades contemporáneas, haciendo necesario, asimismo, sustituir la aceptación pasiva de los derechos con el ejercicio activo de las responsabilidades y virtudes ciudadanas (Kymlicka y Norman, 1997). Surgen así ideas como las de una ciudadanía activa o de una ciudadanía diferenciada.

Se habla también de la emergencia de nuevos tipos de actores, que plantean nuevas demandas y se implican en lo público de manera diferente, lo que también exige un replanteamiento de los modelos de participación política (Benedicto y Morán, 2002).

La cuestión que aquí nos interesa es saber si las niñas y los niños, cuya posición social no encuentra buen acomodo en una concepción de ciudadanía asociada a la condición de adulto jurídicamente capacitado, podrían tener reconocido su lugar como ciudadanas y ciudadanos de facto, participando activamente en la vida social
Cabe decir que cualquiera de los textos actuales que reflexionan sobre el significado de la condición de ciudadanía contemporánea podría leerse en clave de infancia. Sin embargo, el debate sobre la ciudadanía de las personas menores de edad está prácticamente ausente del debate general. Ello no es extraño porque, como ya afirmaba Chris Jenks hace años (1992) las asunciones ontológicas implícitas en los discursos de los científicos reflejan los valores que éstos comparten con sus coetáneos en lo que se refiere al estatus social y a la capacidad de los niños. Dicho de otra forma, los y las pensadores, investigadores, profesionales y científicos sociales son personas adultas que comparten con la mayoría de adultos de su época eseconcepto abstracto de “niño” universal, que se sigue viendo como un  ser humano en proceso, como alguien que “ya será” pero “aún no es”, como una persona en formación, dependiente, e incapaz de observar la realidad, formarse un juicio propio y actuar en consecuencia.

Es por ello que los investigadores y estudiosos de la infancia y la adolescencia tienen una cierta responsabilidad a la hora de poner de relieve el papel que desempeñan realmente los niños, niñas y adolescentes en la vida social, y asimismo conectar su agencia con las formas de ejercicio de la ciudadanía contemporánea que se debaten en el nivel teórico. Los artículos que se ofrecen en este libro constituyen una buena muestra de ese ejercicio de  responsabilidad de sus autoras y autores, como adultos tanto como científicos sociales.


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*Antonia Picornell Lucas y Lourdes Gaítán Muñoz 
son socias de la Asociación GSIA.

Revista GSIA, Enero 2019.

Hablando de Infancia y Adolescencia.


La Asociación GSIA edita una publicación periódica  y  digital
que analiza la actualidad recogida por los medios 
en relación a la infancia y la adolescencia, 
aportando nuestro propio enfoque 
con distintos secciones, artículos y columnas de opinión.



 Los deberes menoscaban los derechos de la infancia.

El derecho de participación es un derecho humano básico y uno de los cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Alcanzar su pleno disfrute es una tarea pendiente de nuestra sociedad. La nueva ley valenciana es un avance importante en esta dirección, al reconocer el efecto perjudicial que puede tener el exceso de deberes escolares en la participación activa de niñas y niños en la vida social y familiar. 

Acceso números anteriores de la Revista "Hablando de Infancia y Adolescencia".

También en la web puedes encontrar Documentación relativa a la infancia y la adolescenciaartículos, documentación, investigaciones, estudios,  legislación, etc.

“Infancia, migración y género. Cavilaciones sobre Chile”

Conferencia 
“Infancia, migración y género.
Cavilaciones sobre Chile” 

A càrrec de la Dra. Iskra Pavez Soto* 
19/02/2019,
     11:00h. 
 Sala de Juntes, 
Facultat de CC.PP i Sociologia, 
Dpt. Sociología, UAB.

CICLE SEMINARIS GEDIME 2019.

Centro de Investigación en Educación (CIE),
Universidad Bernardo O’Higgins (Chile),
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - FONDECYT 

*Iskra Pavez Soto. Doctora en Sociología (Universitat Autónoma de Barcelona), Experta en Políticas Sociales de Infancia (Universidad Complutense de Madrid), Diplomada en Estudios de Género (Universidad de Chile) y Trabajadora Social (Universidad Tecnológica Metropolitana).  
Es integrante del GSIA: Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia de España (http://www.grupodeinfancia.org), del Research Committee Nº 25 “Language and Society” y Nº 53 “Sociology of Childhood” de la International Sociological Association (ISA) y del Grupo de Trabajo “Migración sur-sur: corredores, flujos y dinámicas” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Sus principales líneas de investigación son los estudios de infancias, procesos sociales y educación, estudios de género y generacionales, el feminismo, el poder y el cuerpo, violencia sexual, movilidades humanas y migraciones transnacionales, intervención social y políticas públicas.
http://www.ubo.cl/cie/proyectos-y-publicaciones/iskra-pavez-soto/ 


La revuelta escolar calienta el debate ambiental en Bélgica.


Las huelgas de estudiantes en Bélgica 
en defensa de sus derechos de futuro:
 Los derechos de las Generaciones Futuras.
Ha habido marchas similares en Alemania, Australia, Canadá o Suiza.

Álvaro Sánchez
Anuna de Wever, con el móvil en la mano, se fotografía con manifestantes durante la marcha contra el cambio climático del jueves pasado.
Anuna de Wever, con el móvil en la mano, se fotografía con manifestantes
durante la marcha contra el cambio climático del jueves pasado.  REUTERS
Bélgica está sorprendida. Sus adolescentes se han lanzado a la huelga en los institutos y en esta ocasión no piden tasas educativas más bajas ni oportunidades de empleo al salir de las aulas. Desde hace tres semanas, miles de estudiantes de secundaria y bachillerato han dejado de asistir a clase los jueves y desfilan por las calles de Bruselas escoltados por la policía con un objetivo altruista: reclamar medidas efectivas contra el cambio climático. El crecimiento de la protesta es exponencial. El 10 de enero fueron 3.000 manifestantes, luego 12.500 y la pasada semana 35.000.

En la mañana de este jueves alumnos de todo el país han vuelto a reunirse para una nueva demostración de fuerza que ha congregado a 12.500 de ellos en Bruselas y 10.000 en Lieja. La cuestión climática ha aglutinado en Bélgica un descontento generacional tan poderoso como inesperado. Su potencia en la calle se ha vuelto imposible de ignorar. Y ha llevado la ecología a la agenda del primer ministro, Charles Michel, obligado a explicar en qué ha contribuido su Gobierno a frenar el deterioro del planeta. “Hemos hecho mucho, pero quizá no lo hemos sabido explicar demasiado bien”, justificó en el diario Le Soir.

Como en tantos otros movimientos, las redes sociales han sido claves en la organización de las marchas. ¿Por qué ahora? Una joven sueca tiene parte de culpa. A sus 16 años, Greta Thunberg inició en su país una protesta para apelar a los políticos a actuar contra los efectos del cambio climático. Decidió dejar de ir a clase los viernes y dedicar ese tiempo a sentarse ante el Parlamento con un cartel que rezaba “huelga escolar por el clima”. Su gesto no pasó inadvertido. Fue invitada a intervenir en la cumbre del clima de Katowice, y luego en el Foro Económico de Davos. Una frase demoledora lanzada a la cara de los líderes mundiales en la ciudad polaca terminó por convertirla en un icono para los defensores del planeta: “Estáis robando el futuro a vuestros hijos”.

Esa lúgubre advertencia impregna el movimiento en Bélgica. La flamenca Anuna de Wever, de 17 años, vio a Thunberg abochornar a los mayores y se propuso imitarla. Grabó un vídeo llamando a la huelga escolar por el clima y pronto se hizo viral en Facebook. Tras su llamamiento en redes sociales, su vida ha adquirido un ritmo frenético.
El domingo intervino al término de una marcha contra el cambio climático en Bruselas en la que participaron 70.000 personas. Se ha reunido con ministros. Aparece en televisión. Está escribiendo un libro. Y ayer viajaba en tren a Bruselas desde su Flandes natal para acudir a una reunión en el Parlamento belga. Desde su asiento en el vagón, explicaba por teléfono el sentir de su generación sobre el deterioro del planeta. “Los jóvenes están muy asustados. Por eso, cuando conocí el movimiento de Greta Thunberg, me inspiró y me dije que tenía que hacer lo mismo en Bélgica. Pensé que podía ser una revolución que nuestra generación luchara en cada país”. ¿Cuándo pararán las huelgas? “Cuando el Gobierno consensúe un plan de acción contra el cambio climático con expertos”, contesta De Wever.

Para el sociólogo Johan Tirtiaux, de la Universidad de Namur, si el Ejecutivo quiere contentar a los escolares debe evitar la autocomplacencia y dar una respuesta ambiciosa y concreta, perceptible en el día a día. “El sentimiento general es que se hace poco”, alerta. Tirtiaux dirigió en 2016 un macroestudio sobre las inquietudes de los jóvenes de entre 18 y 34 años basado en 30.000 entrevistas. El medio ambiente apareció como la primera preocupación por delante del acceso al empleo y la calidad del sistema educativo. Un síntoma del malestar que hoy empuja a las calles a los hijos, sobrinos o hermanos pequeños de los que respondieron.

Descolocados ante la corta edad de los manifestantes, hay quien ve en el movimiento una mera excusa para perder clase. "No creo en la caricatura de que sean vagos que no quieren ir al colegio", rebate Tirtiaux. El sociólogo ve muy ambicioso que puedan mantener el poder de convocatoria actual cada jueves, aunque una protesta muy diferente, la de los chalecos amarillos, suma 11 sábados seguidos en las calles de París. Aún así, Tirtiaux cree que no hay que subestimar el aviso de los adolescentes. "Hay que tomar en serio ese sentimiento de declive. Esta generación ha crecido en medio de un discurso de crisis muy fuerte. Un relato de que todo se deteriora e incluso será peor para sus hijos y nietos".

Habitualmente desconectados del debate político, la fuerza con que el mensaje de la joven Greta ha conectado con adolescentes de todo el mundo tiene pocos precedentes. Sin llegar a las altas cifras de asistentes de Bélgica, ha habido marchas similares en Alemania, Australia, Canadá o Suiza. De Wever confía en que el fenómeno se vuelva global: “Quiero animar a todos los estudiantes a sumarse. Es importante que hagamos esto juntos”.

Tres mujeres al frente del movimiento


El despertar contra el cambio climático en los institutos está liderado en Bélgica por tres mujeres. En Flandes, Anuna de Wever (17) y Kyra Gantois (19). En Valonia, Adélaïde Charlier (18). Ellas coordinan la estrategia en redes sociales, negocian el recorrido con la policía, preparan la logística y lanzan los discursos. “Hay una enorme brecha entre lo que debemos hacer contra el cambio climático y lo que se hace”, lamenta Charlier, quien cree que las movilizaciones no son una moda pasajera. “Los jóvenes están muy sensibilizados con la causa del clima”.

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