Adopciones truncadas

Adopciones truncadas 

 
* La relación se complica cuando los niños entran en la adolescencia
* Tras el ‘boom’ de llegada de menores en 2005, está ocurriendo ahora en
* España Las ayudas por nacimientos o adopción de hijos llegarán en 2011 a 31,39 millones
* España es el segundo país del mundo con más adopciones internacionales



Un 1,5% de las adopciones internacionales se rompen en los primeros años, según un estudio de Ana Berástegui, doctora en Psicología e investigadora en el Instituto de la Familia de la Universidad de Comillas. Lo hizo en 2003, pero entonces ya avisaba de que la experiencia de países con mayor tradición en adopciones, como Holanda, constataba que pasados de cinco a ocho años de convivencia, cuando el menor entraba en la adolescencia, las rupturas aumentaban. Ese plazo ya ha pasado en España desde el boom de adopciones entre 2004 y 2006 (un 273% más que en 1998), y ya han saltado las primeras alarmas de este problema. Hace unos días, Cataluña alertó de que 72 menores habían sido abandonados por sus padres adoptivos en la última década. Más de la mitad provenían de adopciones internacionales y tenían más de 10 años. La Consejería de Bienestar Social catalana anunció que revisará sus criterios de selección de las familias, pero los expertos consideran que, además, es necesaria una mayor información, formación y seguimiento de los padres para evitar el fracaso de los proyectos adoptivos.

Las dificultades de la paternidad no son exclusivas de los adoptantes, pero sí existen peculiaridades. “Tienen que admitir que la Administración fisgará en su vida, que los hijos pueden ejercer su derecho a buscar a sus padres biológicos, o que pueden sufrir problemas por sus orígenes”, dice Berástegui. Lila Parrondo, psicóloga especializada en adopciones, añade la cuestión afectiva: “Normalmente los menores adoptados conflictivos muestran una conducta desafiante. Intentan constatar una y otra vez que no les van a abandonar a pesar de lo que hagan”. En sus 22 años de experiencia ha observado que incluso algunos niños se oponen a aceptar a sus nuevos padres. La mayoría de las familias acaban superando estos problemas, pero las que no suelen posponer el momento de pedir ayuda porque les cuesta reconocer que han fracasado. “Sufren mucho”, comenta Eva Gispert, directora del Instituto Familia y Adopción, entidad sin ánimo de lucro. Los casos de padres adoptivos que renunciaron a la tutela de sus hijos que ha conocido este periódico no quieren recordar el calvario por el que pasaron: las discusiones, la terapia, la impotencia e, incluso, el divorcio. “Se sienten estigmatizados y fracasados”, comenta Gispert.
  
La cuestión es si aquellas familias eran realmente idóneas para la adopción, si tuvieron la información y formación necesarias y si contaron con apoyo tras la llegada del menor. Javier Álvarez-Ossorio, representante de la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA) cree que no. “Nos lanzamos a la adopción internacional sin tener los recursos necesarios”. No fue hasta la Ley de Adopción Internacional de 2007 cuando se estableció la obligatoriedad de una “formación previa de las familias que permitiera comprender y afrontar las implicaciones de la adopción internacional, preparándolas para el adecuado ejercicio de sus funciones parentales una vez constituida aquella”.

 Pero cuando empezaron a funcionar esos cursos ya se había producido un boom de adopciones. Se pasó de poco más de 3.500 en 2002 a 5.500 en 2004 y 2005. A pesar del descenso de los años siguientes, España es el segundo país del mundo con más adopciones internacionales después de Estados Unidos, según un informe del Parlamento Europeo. Para Ana Berástegui, en la última década se ha dado “una visión demasiado positiva y naif de las adopciones, y la crianza de un hijo adoptivo es más difícil porque viene con una historia de riesgo detrás”. Aquellos niños que vinieron hace 10 años hoy son adolescentes, con la rebeldía propia de la edad y los problemas añadidos de su condición.

Uno de los principales retos de las familias adoptivas es crear vínculos afectivos y, por muy deseados que sean los hijos, no siempre llegan a establecerse. “Es un problema de expectativas que a veces no se cumplen”, apunta Berástegui. Isabel Machado, responsable del servicio posadopción de Andalucía, pone un caso reciente: “La familia planteó que no había creado ningún lazo afectivo con su hija, que ya llevaba tres años con ellos. Normalmente, cuando hay problemas no es que los padres no los quieran abordar, es que no pueden”.

Pero aunque no se creen vínculos familiares, una adopción es “irrenunciable”, según el Código Civil. “Hay cierta fantasía entre algunos padres adoptivos cuando las cosas no van bien. Piensan que como la Administración concedió al niño, se tiene que hacer cargo de ellos si fracasan”, apunta la psicóloga Lila Parrondo.

El proceso legal para renunciar a la tutela, incluso la custodia, es el mismo para hijos biológicos y adoptados, pero en términos emocionales es diferente. “Cuando se dan rupturas pierde todo el mundo, aunque los niños son los que más sufren porque para ellos es un segundo fracaso. Es un trabajo fundamental que entiendan que no es su culpa”, asegura Isabel Machado.


En febrero de 2011 había 25 niños adoptados en los centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid, según datos de Berástegui. La mitad de ellos habían sido adoptados cuando tenían menos de 6 años. El 68,2% estaba allí porque a partir de los 11 años tuvo problemas de conducta con sus familias. Entre los niños del centro hijos de padres biológicos, solo un 20,7% estaba allí por el mismo motivo. A tenor de los resultados, la investigadora cree que “algunas rupturas tienen que ver con la ligereza de los criterios en el pasado”. Con el tiempo, los requisitos para la idoneidad se han endurecido, pero todavía “tienen que revisarse porque ha cambiado el perfil de los niños adoptables, que ahora son más mayores”, apunta.

Salomé Adroher, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, considera que la Administración “no es la única culpable de las adopciones truncadas”, pero reconoce que “hay que analizar si los procesos han sido los adecuados. Es el momento de abrir el debate”. “Como jurista, veo que no es concebible que ninguna comunidad contemple como causa de no idoneidad el haber abandonado a un hijo antes”. El ministerio ha elaborado un manual para las evaluaciones técnicas en las adopciones internacionales, porque “convendría procurar una homogeneidad”, según Adroher, pero no deja de ser competencia de las comunidades.

El proceso de idoneidad se ha mejorado desde 2005, tras el pico de adopciones. “Empezamos a buscar en la experiencia unos criterios en la selección de familias”, explica Berástegui. Pero además de ese camino largo y difícil que tienen que superar los adoptantes para lograr la idoneidad, los expertos coinciden en que para evitar las adopciones truncadas es necesaria una buena formación previa. “No se trata de asustarles, pero tienen que conocer los riesgos”, dice Parrondo. En el caso de la vía internacional los cursos preadoptivos son obligatorios, pero “insuficientes”, según Álvarez-Ossorio, de CORA. En la mayoría de comunidades se imparte un curso de 10 horas en una o varias sesiones, pero cree que tendrían que ser al menos 15 horas y una formación más específica. “Si les damos las herramientas y el tiempo para reflexionar la mitad de las familias se autodescartarían”, apunta.

Cataluña es la primera que ha anunciado que aumentará el tiempo de formación de 12 a 16 horas repartidas en cuatro semanas, y no un día y medio como hasta ahora. Sin embargo, las asociaciones de padres adoptivos demandan un paso más: que la formación no la impartan las mismas instituciones que evaluarán su idoneidad. Eva Gispert asegura que las familias tienen reticencias a mostrar sus dudas en los cursos de preparación, porque piensan que les perjudicará.


La otra carencia del sistema, según el representante de CORA, es la falta de apoyo mientras el hijo es menor de edad. En las adopciones nacionales se realizan evaluaciones periódicas, pero no ocurre lo mismo con las internacionales. Son los países de origen los que fijan el seguimiento que debe hacerse. Como ejemplo, Rusia pide cuatro informes en los tres primeros años, China solicita tres en el primer año y Colombia, dos. Otros países, como Mozambique, no requieren ninguno. Pero, además, queda a elección de las comunidades hacerlo o no. Aunque la mayoría cuenta con servicios de apoyo posadoptivo, algunos casos de adopciones truncadas no se detectan. “Los pocos datos que tenemos”, asegura Berástegui, “son solo la punta del iceberg, porque sabemos de padres que mandan a sus hijos a internados y eso son, en realidad, adopciones no constituidas, que no han creado lazos, y al llegar a la mayoría de edad se rompen”. En esos casos, dice Parrondo, “los padres se gastan un dineral y así nadie ve que hay una ruptura, pero solo están cubriendo las necesidades educativas del menor”.

Informe Internacional Anual 2012 sobre la Infancia afectada por la Guerra

Informe Internacional Anual 2012 sobre la Infancia afectada por la Guerra
‘Los dos Congos de la Guerra’

El Informe Internacional Anual 2012 “Los dos Congos de la Guerra” señala  las graves violaciones de derechos cometidas contra los niños, en particular el reclutamiento y la utilización de niños, el asesinato y la mutilación de niños, las violaciones y otros actos de violencia sexual contra niños, los raptos de niños, los ataques contra escuelas y hospitales y la denegación del acceso de ayuda humanitaria a los niños por las partes en los conflictos armados en contravención del derecho internacional aplicable.

LOS MENORES DE EDAD MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y SUS EXIGENCIAS JURÍDICAS: UN DIÁLOGO ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO, Libro

LOS MENORES DE EDAD MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 
Y SUS EXIGENCIAS JURÍDICAS: 
UN DIÁLOGO ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO

Gabriele Vestri y Nuria González Martín
Universidad Pablo de Olavide 
Diputación de Sevilla


Menores Migrantes no acompañados...
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La inmigración es y será el fenómeno más importante del siglo XXI que se convierte en una cuestión controversia que en la actualidad nos afecta a todos. Hay que tener claro que el principal factor que impulsa las emigraciones de un país a otro son las diferencias económicas que existen entre el uno y el otro. España está situada en el límite de la frontera mediterránea que es la que más diferencias económicas presenta con respecto a las demás realidades. Por otro lado, si España se ha transformado de país exportador de inmigración a país receptor de inmigración, México se coloca al centro del debate vista la cercanía geográfica con Estados Unidos. “Los menores de edad migrantes no acompañados y sus exigencia jurídicas. Un diálogo entre ESPAÑA Y MÉXICO”, es una obra que además de tratar un fenómeno especifico como lo de los menores de edad migrantes, representa el punto de coyuntura entre dos realidades que, aparentemente diferentes, comparten elementos que vale la pena debatir.
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La "Voz de los Niños", informe Fundación Alia2 , colabora Tuenti

Presentación del informe
"La Voz de los Niños"

de la Fundación Alia2 

colabora la red social TUENTI


En el IBM Forum Madrid
29 de Febrero 2012, 10.30 hrs
c/ Corazón de María 44, Madrid 

En la Mesa está nuestra compañera de GSIA

Justina de Pablos,
especialisa en Infancia  y TIC




Sobre Tuenti
Tuenti es una compañía tecnológica española cuyo sitio web lidera el tráfico de internet en nuestro país: el 15% del tráfico web de España pasa por Tuenti con 40.000 millones de páginas vistas al mes. Tiene en la actualidad 12 millones de usuarios registrados que pasan al día de media más de 100 minutos conectados. Tuenti es una de las primeras redes sociales por invitación del mundo y uno de los principales actores tecnológicos europeos en internet. Cuenta con 250 empleados y tres oficinas en Madrid y Barcelona. Tuenti acaba de entrar en el sector de las telecomunicaciones con Tu, operador social de telefonía móvil.

Sobre Fundación Alia2
Fundación Alia2 es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es salvaguardar la integridad y el desarrollo emocional e intelectual del menor de edad. Para ello, fomenta un uso responsable de Internet y las redes sociales, a la vez que desarrolla herramientas tecnológicas para frenar el flujo de contenidos ilegales en la Red.

Niños y Niñas en el mundo urbano, Informe Mundial UNICEF 2012, avance

UNICEF publica hoy su informe anual sobre el Estado Mundial de la Infancia (EMI 2012). El informe correspondiente a este año está centrado en la vida de los 1.000 millones de niñas y niños que habitan en entornos urbanos. UNICEF insta a los Gobiernos a otorgar a la infancia un lugar central en los procesos de planificación urbana y a ampliar y mejorar los servicios para todos. Ése es precisamente el objetivo del Programa Ciudades Amigas de la Infancia.

 Es el documento más importante que anualmente publica UNICEF. El informe correspondiente a 2012 se hace público hoy a nivel mundial y está centrado en la vida de las niñas y niños en un mundo urbano, porque, como destaca el propio informe, "la experiencia de la infancia es cada vez más urbana". Actualmente, más de la mitad de la población mundial, entre esa población 1.000 millones de niños y niñas, viven en ciudades. Y muchos de esos niños y niñas no tienen acceso a recursos esenciales como el agua potable, la electricidad y la atención de la salud, incluso a pesar de que viven cerca de estos servicios.
El informe también pone de manifiesto que "a muchos niños se les obliga a realizar un trabajo peligroso y explotador, en lugar de fomentar su asistencia a la escuela. Y muchos de ellos hacen frente también a una amenaza constante de desalojo, a pesar de que ya viven en unas condiciones muy difíciles, en viviendas destartaladas y atestadas, ubicados en asentamientos que son altamente vulnerables a las enfermedades y los desastres".







El Estado Español firma el 3º Protocolo Facultativo de la CDN

ULTIMA hORA
RECONOCE EL DERECHO DEL MENOR A DEFENDERSE

España firma hoy, 28/02/2012

3º Protocolo facultativo 

de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a un procedimiento de comunicaciones



MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo De Benito, suscribirá mañana en Ginebra el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño que reconoce la competencia del menor para defender, "según sus aptitudes", sus propios derechos ante una instancia internacional.

   Este protocolo, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 2011, ofrece la posibilidad de presentar ante el Comité de Derechos del Niño comunicaciones o quejas individuales referidas a países que lo hayan firmado, siempre y cuando el Estado denunciado haya reconocido la competencia del Comité para examinar estas denuncias.

   Para ello, contempla la regulación del Comité de Derechos del Niño, junto a un procedimiento de comunicaciones y otro de investigación para casos de violaciones graves o sistemáticas de los derechos del niño.

   "Se trata de un instrumento procedimental que no implica para los Estados parte la asunción de nuevas obligaciones sustantivas, así como tampoco obligaciones financieras para la Hacienda pública, dado que la labor del Comité se financia con fondos de Naciones Unidas y no de los Estados firmantes del Protocolo", explicó el Gobierno el pasado viernes, cuando el Consejo de Ministros aprobó la firma del protocolo.

   Para el Ejecutivo español, es "especialmente relevante" la firma de este protocolo porque coincide con la negociación de las nuevas directrices de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia, "en las que está participando muy activamente la sociedad civil".

   En este sentido, Save The Children ha difundido un comunicado este lunes para celebrar este "primer gesto simbólico muy importante" con el que, a su juicio, "España reafirma su compromiso con los derechos de la infancia".

   No obstante, la ONG explica que este gesto "tiene que completarse con la ratificación en el Parlamento y además, España debe animar a otros Estados a que firmen y ratifiquen también" ya que sólo entrará en vigor una vez lo hayan suscrito diez Estados.

   "Pedimos al Gobierno que incluya este tema en la agenda de política exterior, tanto en los foros multilaterales como en el marco de las relaciones bilaterales. Es fundamental conseguir que el Protocolo entre en vigor cuanto antes", ha apuntado la responsable de Incidencia Política de Save The Children, Yolanda Román.

   Para la ONG, el protocolo supone que los Estados que no protejan sus derechos o no respondan adecuadamente ante los abusos podrán ser examinados internacionalmente, ya que esta instancia internacional supone una última garantía cuando el Estado no dé una respuesta eficaz a la hora de proteger a los niños y garantizar sus derechos.

   Save The Children destaca que el nuevo mecanismo refuerza la protección internacional de los derechos humanos y es una garantía más, pero las organizaciones de defensa de la infancia tendrán "un papel fundamental para conseguir que el nuevo mecanismo sea útil en la práctica". "Que sea un éxito dependerá en buena medida de lo innovadores y valientes que seamos las organizaciones presentando casos y quejas ante el mecanismo", ha apuntado Román.




MADRID, 24 Febrero
(EUROPA PRESS)

   El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la firma del protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño que reconoce la competencia del menor para defender, "según sus aptitudes", sus propios derechos ante una instancia internacional. La firma tendrá lugar el próximo martes, días 28, cuando el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, suscribirá el documento en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
   Según ha informado el Ejecutivo, el protocolo, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 2011, "va a constituir un avance histórico" en la promoción de los derechos de la infancia, ya que introduce "por primera vez" mecanismos de protección de derechos contemplados en otros instrumentos internacionales en los que España ya es parte.
   En concreto, ofrece la posibilidad de presentar ante el Comité de Derechos del Niño comunicaciones o quejas individuales referidas a países que hayan firmado el Protocolo, siempre y cuando el Estado denunciado haya reconocido la competencia del Comité para examinar estas denuncias.
   Para ello, contempla la regulación del Comité de Derechos del Niño, junto a un procedimiento de comunicaciones y un procedimiento de investigación para casos de violaciones graves o sistemáticas de los derechos del niño.
   "Se trata de un instrumento procedimental que no implica para los Estados parte la asunción de nuevas obligaciones sustantivas, así como tampoco obligaciones financieras para la Hacienda pública, dado que la labor del Comité se financia con fondos de Naciones Unidas y no de los Estados firmantes del Protocolo", acota el Ejecutivo.
   Para el Gobierno, es "especialmente relevante" la firma de este protocolo porque coincide con la negociación de las nuevas directrices de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia, "en las que está participando muy activamente la sociedad civil".

Exclusión y Desarrollo Social. Informe de FOESSA 2012

Análisis y Perspectivas 2012

Cáritas
Coordinaciôn: Comité Técnico de la Fundación FOESSA
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© Cáritus Española,  c/ Embajadores, 162
28045 Madrid
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En el manifiesto La pobreza y la exclusión en la crisis, un reto estructural, firmado por el Patronato de la Fundación FOESSA en 2011, se ponían sobre la mesa algunos aspectos fundamentales del momento actual y de los retos de futuro. En especial destacaban varios elementos:
1.    El V I Informe FOESSA (2008) constató que el intenso crecimiento acaecido en España entre 1995 y 2007 no se había traducido en una distribución más equitativa de la renta, ni en una disminución de la pobreza.
2.    Es decir, el crecimiento de esa etapa no estuvo acompañado de distribución, ni de una protección social más intensa, ni de soluciones a los graves problemas de integración social.
3.  El diagnóstico realizado por FOESSA destacaba, especialmente, la relación de la pobreza y la exclusión tanto con la precariedad en el empleo, como con la fragilidad de los sistemas de protección de los derechos sociales.
4.   Esto significa que las preguntas sobre la crisis ya estaban hechas «antes de la crisis», pues la pobreza se ha revelado como una realidad persistente «a pesar del crecimiento».
5.  Cuando los mecanismos de contención se vinieron abajo, emergió la crisis «social» que ya existía.
6.    Para un sector muy importante de la población, esta crisis no era un fenómeno nuevo, ya que su acceso a derechos como un salario digno, una vivienda, un empleo, educación o salud esta- ban hipotecados.
7.  La pérdida del empleo y los efectos derivados de la crisis no sólo produjeron un aumento notable del número de personas afectadas, sino que se extendieron a ciudadanos cuya situación en el anterior contexto del crecimiento no hacía previsible que necesitaran recurrir a los ser vicios de ayuda.
8.   Estas situaciones y su fuerte impacto social tienen características de permanencia, por lo que, su gravedad, se seguirá sintien- do durante un período de tiempo nada desdeñable y se hará aún más visible a lo largo de la década actual.
9.   Además, la recuperación económica no generará efectos automáticos en la superación de este tipo de situaciones, lo que pone en cuestión tanto la inter vención puramente paliativa como la pretensión de confiar su solución efectiva al albur de la recu- peración del crecimiento económico. Es necesario afrontar la lucha contra la pobreza y la exclusión como un reto estruc- tural, algo que ya venía siendo exigido por la «crisis social anterior a la crisis económica».

Las dos herramientas clave en las que hasta ahora se ha apoyado la Fundación FOESSA para cumplir su objetivo de innovar en el conocimiento y la investigación social han sido los sucesivos Informes sobre el Desarrollo Social en España (1967, 1970, 1975, 1980-83, 1994 y
2008) y la rica serie de trabajos publicados dentro de la colección Es- tudios.

Sin embargo, debido a la velocidad con la que se están produciendo cambios cruciales en nuestra sociedad, la Fundación tiene la necesidad, y la voluntad, de incorporar objetivos de trabajo enmarcados también en el corto y medio plazo.

La  evolución  de la  realidad  social  que  venimos  detectando  cada año nos plantea preguntas que van más allá de su propia fenomenología y de su vigencia temporal. A nte esta dinámica de cambio constante y de consolidación velada de determinadas estructuras, en la Fundación somos conscientes de la necesidad de analizar, de forma continuada, los diversos aspectos, problemas y situaciones que se están planteando.

Con este objetivo se pone en marcha el nuevo proyecto de elaborar anualmente un Informe de Análisis y Perspectivas sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.

Esta iniciativa nace con la vocación de convertirse en una herra- mienta clave de la Fundación a la hora de dimensionar su actividad y avanzar en su misión de analizar algunos elementos de la estruc- tura social y su dinámica, y de profundizar en aquellos aspectos especialmente significativos, que permitan interpretar tanto la co- y untura puntual como la propia situación social.

El informe se estructura en tres bloques —Analizamos…, Profundizamos…, Debatimos…—, cada uno de los cuales recoge el análisis y la aportación de expertos.

En el primero de ellos se analizan una serie de indicadores sociales que pretenden ser un ref lejo de lo que está sucediendo en la realidad social. Su lectura se realiza en clave dinámica, de forma que permitan obser var su evolución y tendencia.

El segundo bloque aborda tres o cuatro situaciones de estructura y dinámica social —unas de las cuales, al menos, versará sobre asuntos de carácter internacional—, sobre las que se presentan, desde un pun- to de vista institucional, una ref lex ión de fondo acerca de las mismas. En este apartado se busca, además, señalar una serie de «alertas» a medio plazo que susciten la ref lex ión sobre la dirección de los cam- bios sociales.

En el último bloque se ofrece un espacio para plantear interrogan- tes,  tendencias,  retos y  propuestas sobre situaciones candentes del contexto social actual. Para ello se incluyen breves análisis de agentes relevantes sobre la temática tratada, recogidas bien en forma de cues- tionario breve, bien en formato de seminario de debate, o bien con un esquema dual en los contenidos.

Esperamos que esta nueva serie de trabajos de la Fundación FOESSA contribuyan a enriquecer el necesario debate social, sobre todo en un momento en el que es necesario que el pensamiento crítico nos ay ude a discernir sobre las claves auténticas del ser de nuestra sociedad. Queremos contribuir a analizar, profundizar, debatir y, especialmente, tomar la iniciativa en una lucha contra la pobreza y la exclusión social que deje de ser, definitivamente, un objetivo «marginal» que «ya cumpliremos cuando podamos». Nada más urge hoy que la dignidad, la igualdad, la libertad de las personas, y también de la solidaridad, se conviertan en los auténticos evaluadores, e incluso en los jueces, de las decisiones y de los compromisos que hagan real la cohesión y la justicia social.

Rafael del R ío Sendino
Presidente
Fundación FOESSA


Índice
Editorial
.La pobreza y la exclusión en la crisis, un reto estructural
Analizamos
.Los indicadores sociales  

Profundizamos 
.La cooperación al desarrollo en el marco de la crisis económica internacional 
.Europa 2020: una estrategia contra la pobreza en vía muerta
.Vivienda: ¿derecho o regalo? 

Destacamos
.Sociedad civil  y participación
.¿Juventud líquida? 
Retos y problemáticas asociadas a las personas jóvenes en la sociedad española contemporánea (pag. 51)
.- Juventud como problema
.- El mercado de trabajo como factor de exclusión de personas jóvenes
.- Los cauces de la participación política como forma de participacion en las decisiones colectivas
.- La vivienda como cuestión política
.- Sociedades líquidas, juventudes fragmentadas

.La bancarización de las cajas de ahorros
.La crisis y los retos de futuro para   las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social

LA INFANCIA VOTA Temas para debatir en el Parlamento Infantil Online de UNICEF


El Parlamento Infantil Online se pone de nuevo en marcha, y convoca para 2012 cuatro encuentros estatales distribuidos uno por trimestre, según la agenda que os adjuntamos en la página siguiente.
Hemos introducido algunos cambios, sugeridos por las niñas, niños y adolescentes participantes, para que esta experiencia sea aún más participativa. 
¡A ver qué opináis!
En 2012 tenemos previsto realizar 4 sesiones virtuales para que se tengan en cuenta tus propuestas, y las de otros chicos y chicas como tú, de modo que las ciudades mejoren con vuestra participación.
Por eso necesitamos que rellenes esta encuesta.
Así, entre tod@s, daremos con los temas y derechos que más os preocupan o interesan durante este año.

Este es el encuentro/parlamento del 1º Trimestre,
Pulsa en este ENLACE y Participa on line en este Parlamento








MANIFIESTO EN DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PUBLICOS

MANIFIESTO 
EN DEFENSA 
EL ESTADO  DEL BIENESTAR  Y 
LOS SERVICIOS PUBLICOS

GSIA recoge y se suma a este Manifiesto 
porque considera de más de 25% de la humanidad, 
que representan las personas menores, niños y adolescentes, 
se ven muy y gravemente afectados por la destrucción del Estado de Bienestar,
también en España.

Las decisiones que están  adoptando  la mayoría de los gobiernos de recortar  el  gasto social, a través del deterioro de las condiciones de trabajo y de la destrucción de empleo público, ponen  en riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de  todos.  Es deber  de  la ciudadanía defenderlo  y propugnar  unos servicios públicos de calidad, universales, accesibles, que respondan  con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad.

Tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere una  reducción del gasto  social, una  minoración de  los sistemas  fiscales y, en definitiva, una  menor presencia de la actuación de los poderes  públicos en la vida económica y social. Quienes suscribimos este Manifiesto no compartimos esa visión y la realidad está confirmando que estas políticas no solo no han contribuido a ir superando  la crisis, sino que la están  manteniendo y agudizando; además de aumentar   las  desigualdades  entre   poblaciones  y  países,  conduciendo   al  fracaso  los  Objetivos  de Desarrollo del Milenio y la lucha contra el hambre y la pobreza, compromisos contraídos por España y exigencia ética de toda la sociedad.

La crisis ha incrementado  las desigualdades sociales. En España, a la desigual distribución de la renta  se ha  unido  un  injusto  sistema  tributario,  carac terizado  por  su  regresividad,  la  descontrolada carrera por la bajada de impuestos y las políticas de ajuste para la reducción del gasto público, y en particular, del gasto social, que es el que está llamado a asegurar la protección y la cohesión social y cuya reducción supone además un injustificado derroche de recursos de la sociedad.

La crisis económica no ha afectado  a todos por igual, ni a todas  las fuentes  de renta  con la misma intensidad,  ni toda  la ciudadanía,  ni todas  las empresas  contribuyen  al sos tenimiento  de  los gastos públicos con arreglo a su capacidad económica. Sin recursos suficientes, los poderes  públicos no pueden desarrollar una  asignación equitativa de los recursos  públicos que  redunde  en el progreso  social y económico y que garantice la asistencia y las prestaciones sociales para las situaciones de necesidad.

La protección  integral y la universalización de la cobertura,  parte  indispensable del Estado Social, han tenido su reflejo en las constituciones democráticas como la española, lo que supone un mandato  a los poderes públicos para que desarrollen una política redistributiva activa que garanticen de forma real y efectiva los principios de  igualdad, libertad y participación. Por ello nos preocupa  que  la  crisis sirva también de  excusa para  un retroceso  en  los derechos  civiles ya alcanzados o en el avance  en  los derechos  constitucionales  que  todavía no han sido aplicados a todos  los colectivos de los empleados públicos por igual. También queremos  destacar  los riesgos de  aumento  de  la discriminación  de  las mujeres o las consecuencias de la reducción de los servicios de prevención y atención en violencia de género.

La convergencia de las políticas de bienestar soci al y las propuestas  relacionadas con los servicios públicos han sido elementos esenciales en el proceso de construcción europea que, ahora, está siendo un  escenario  de  confrontación ideológica  entre  quienes  defendemos   la importancia del papel del Estado como regulador, supervisor, agente económico y proveedor de servicios sociales y de protección social, y quienes reducen  su papel a la mínima expresión y reclaman más mercado. La ausencia, relajación e irresponsabilidad   de   los   instrumentos  de   control   público   de   los  mercados   y  de   las   propias administraciones han contribuido a la gravedad de la crisis.

La  nueva  estrategia  europea   se  orienta  hacia  el  saneamiento   de  las  variables  macroeconómicas y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en detrimento  de los derechos sociales y los servicios públicos. Las propuestas  de carácter neoliberal están sirviendo a los poderes  públicos como pretexto  para renunciar a ejercer sus potestades de provisión, financiación, gestión, organización, planificación y regulación, en aras de garantizar la cobertura  de necesidades y tutelar los derechos sociales fundamentales.

Nosotros  no  compartimos esas  propuestas.  Consideramos que  los servicios de  interés general  son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Por ello exigimos a los Gobier nos   que   recti fi que n   en   la   or ientació n   de   las   pol ític as   so ciale s,   recuperando    el mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar como uno de los ejes  fundamentales  de nuestro modelo social.

Defendemos la gestión pública directa, como mejor fórmula de procurar el acceso universal a los servicios públicos,  de  favorecer  la  equidad  y calidad  de  los  mismos,  incluyendo  su  acceso  en  las  mismas condiciones  en  el  ámbito  rural,  de  garantizar  y  tutelar  el  ejercicio  efectivo  de  los  derechos subjetivos a la salud, la educación y la atención social y de evitar desviaciones en la gestión mediante la adecuada acción inspectora.

Exigimos la reorientación de la política económica, retomando  el objetivo de su reconversión hacia criterios  de sostenibilidad  y equidad  como eje de la recuperación,  y no basada  exclusivamente en la reducción del déficit público a través del recorte del gasto, pues así no se asegura el desarrollo con criterios de justicia social, ni la creación de empleo.

Apostamos por otra salida de la crisis: solidaria, redistributiva, que en ningún caso puede suponer la vuelta a modelos económicos que se han mostrado injustos e ineficaces, que mantenga las políticas sociales públicas, sustentada en unos sistemas fiscales progresivos y suficientes y en el reforzamiento de  la democracia a través de la negociación, la concertación y la participación social.

El   mantenimiento   de  las  políticas  sociales  y  de   igual dad   es  un  principio  y  un  derecho irrenunciable. La evolución de los estados  democráticos en Europa ha estado  vinculada al desarrollo del Estado de Bienestar Social, conocido como el Modelo Social Europeo. Un modelo basado  en  la redistribución de la riqueza como elemento  corrector de las insuficiencias de la economía de mercado y de solidaridad entre la ciudadanía, llevado a cabo a través de sistemas fiscales progresivos y justos y del gasto  social equitativo  y eficaz, contrapuesto a los modelos  liberales que  afrontan  las necesidades sociales con acciones de beneficencia, sin reconocimiento  de derechos subjetivos y apelando al individualismo y al mercado.

El gasto del Estado se ha venido financiando en proporción creciente con deuda, que hay que devolver con sus correspondientes intereses, en lugar de recurrir a la fiscalidad.  En los años de la crisis, las cuentas públicas de España han sufrido un grave deterioro,  pero el diferencial más relevante,  tanto  cualitativo como  cuantitativo,  de  la  economía  española  con  los  países  de  su  entorno   está  en  los  ingresos tributarios. Mientras que en la media de la UE los ingresos tributarios solo bajan 0,9 puntos de PIB, en España se desploman en 6,5 puntos debido a las rebajas  fiscales, el hundimiento  de las operaciones inmobiliarias, junto al alto volumen de economía sumergida y del fraude fiscal.

Es imprescindible impulsar de forma inmediata una lucha decidida contra el fraude fiscal y acometer una reforma fiscal integral, con consenso social, que afecte al conjunto de impuestos y que sirva para devolverle a nuestro sistema tributario las características de suficiencia y equidad propias de los países más avanzados de Europa.

Es  necesario  ampliar  el  plazo  del  cumplimiento  de  los  objetivos  de  déficit.  La  reciente  y precipitada reforma constitucional, a la que nos opusimos activamente  por la forma y el fondo de  la misma, introduce un límite adicional a las posibilidades de desarrollo del modelo social, proyectando un cambio de paradigma, subordinando los objetivos sociales y el papel del sector público a los objetivos económicos y los intereses de mercado.  En este  sentido, la reciente reforma  laboral introduce  nuevos mecanismos  que  facilitan el  despido  en  el  sector  público, lo cual supone  una  amenaza  para  todos  los trabajadores  y trabajadoras del sector, así como un riesgo para la calidad, la suficiencia y la continuidad de los servicios.

Defendemos unos servicios públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por  desempleo, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad  pública, la promoción  de  la cultura,  la cooperación  para  el desarrollo,  y los servicios de agua, gas y energía, como fundamento  de una sociedad más democrática, más igualitaria y más  libre, en  pueblos y ciudades, basada  en  la justicia distributiva y la universalidad,  en  la  que  las empleadas y empleados públicos resultan imprescindibles. En España la población empleada en el sector público es inferior al 10%, mientras que la media en la UE-15 alcanza el 16%. Las medidas de ajuste,  contención del gasto  público y tasas  de  reposición muy restrictivas están  provocando  un mayor deterioro y destrucción del empleo público. Por ello, rechazamos cualquier medida encaminada a reducir la presencia y protagonismo de los servicios públicos en nuestra sociedad.

El gasto social destinado a mantener  y mejorar la red pública educativa , sanitaria y de servicios sociales, es la contribución directa que las administraciones deben  hacer para favorecer la salida de la crisis.

La  evolución  de  nuestro   gasto  social,  históricamente   deficitario,  no  se  ha  correspondido   con  el crecimiento  económico  experimentado  hasta   2007  y  su  reciente  incremento  se  ha  debido básicamente al aumento  del gasto en desempleo y a la aplicación de la ley de dependencia;  seguimos presentando un importante  déficit con respecto  a la media europea  de 4’4 puntos del PIB (6’5 puntos si excluimos  el gasto en desempleo). El Estado español debe  reducir esta  diferencia por lo que no puede  permitirse una pérdida de gasto social sin poner en riesgo la calidad, la universalidad y la equidad alcanzada en los distintos sistemas de protección social.

Las políticas de ajuste  en los servicios públicos no resuelven  los problemas  de nuestro  país sino que provocan un agravamiento  de la situación actual, por lo que la solución pasa por invertir la ecuación y centrarse   en  crear  medidas  que  impulsen  la  recuperación  económica  para  la  generación  de empleo.

Las  organizaciones  y  entidades  firmantes  de   este   Manifiesto,  en   base   a  los  principios  y contenidos del mismo, se constituyen en Plataforma Social para la Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos con el objetivo de trasladar a la sociedad el modelo social basado en la justicia, los valores democráticos y los derechos sociales y laborales de toda la población.

Madrid, 20 de febrero de 2012

Organizaciones  y  entidades  firmantes
Amigos de la Tierra - ARI-PERU - Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) - Asociación de Directoras  y Gerentes de centros de servicios sociales - Asociación Española de Técnicos de Radiología - Asociación de Mujeres OPAÑEL - Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) - Asociación Unificada de militares Españoles - Centro de asistencias a  víctimas de  agresiones  sexuales (CAVAS)  - Colectivo Lorenzo Luzuriaga - Confederación de  Movimientos de Renovación Pedagógica - Confederación Española de  Asociaciones de  Padres  y Madres  de  Alumnos (CEAPA)  - Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales.(CEAV) - Comisiones Obreras (CCOO) - Consejo de la Juventud de España - Coordinadora  de  Ong para  el Desarrollo-España - Coordinadora  de  Organizaciones de  Agricultores y Ganaderos (COAG) - Economistas frente a la crisis – FACUA - Federación de Artistas del Estado Español - Federación de Asociaciones de Estudiantes  Progresistas  - Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS)  - Federación de  Asociaciones en  defensa  de  la Sanidad Publica - Federación de  Mujeres Progresistas - Federación  de  Mujeres  Rurales (FADEMUR)  - Federación  de  Mujeres  separadas  y Divorciadas - Federación de Asociaciones de Mujeres de la economía social  (ESFERA)  - Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales  y bisexuales (FELGTB)  - Fundación Mujeres  - Fundación Paz y Solidaridad - Instituto  Sindical de  Cooperación al Desarrollo (ISCOD) - Movimiento laico y progresista - Plataforma 2015 y MAS - Plataforma estatal en defensa de la aplicación de la Ley de Dependencia - Plataforma “NO GRACIAS”  - Sindicato Unificado de Policía (SUP) - Unión Federal de Policía - Unión General de Trabajadores (UGT) - Unión de Guardias Civiles (UGC) - Unión de Pequeños Agricultores (UPA).