Aragón impulsa una ronda de contactos para crear Consejos de Infancia y Adolescencia en todo el territorio antes de 2027

La DG de Familia, Infancia y Natalidad se está reuniendo con ayuntamientos y comarcas dispuestos a impulsar la participación de niños y adolescentes en las tres provincias



Aragón_hoy

20/10/2024



En Aragón ya operan una veintena de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia
y se quiere extender a todas las comarcas
Gobierno de Aragón

Las políticas públicas necesitan incorporar la voz y las demandas de niños y adolescentes, especialmente en el medio rural: con ese objetivo la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad del Gobierno de Aragón ha reunido a técnicos comarcales de Infancia y de Juventud de las tres provincias y representantes de los servicios sociales de varios municipios para exponerles cómo funcionan los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLÍAs).


“Queremos impulsar la creación de CLÍAs en todo Aragón, sobre todo en aquellas comarcas que no cuentan con ningún municipio que tenga uno”, ha asegurado la responsable de esta Dirección General, adscrita al Departamento de Bienestar Social y Familia, Eva Fortea, tras una de estas reuniones de trabajo.


En esta sesión se presentaron las líneas de trabajo de la DG de Familia, Infancia y Natalidad; las actuaciones y proyectos que impulsan y, en especial, todo lo relacionado con la creación y funcionamiento de los mencionados Consejos, cuya expansión al mayor número de localidades posible es “fundamental”, ha resaltado, para que los más jóvenes se impliquen en la decisión y la participación pública “con voz propia”.


“Hemos iniciado el proceso de creación del organismo a nivel autonómico”, recordó Fortea, un foro que agrupará todas las acciones de participación en cuestiones de infancia y adolescencia y que se dirigirá a una horquilla de edad que llegue hasta los 17 años. “Crear órganos estables de participación infantil y adolescente es una de las prioridades del Departamento”, ha remarcado.


Ese futuro espacio autonómico debe estar formado por representantes de los diferentes CLÍAs y se constituirá como un canal de comunicación entre las autoridades y los niños, niñas y adolescentes para garantizar su derecho expresar su opinión libremente en todos los asuntos les que afecten y a ser escuchados, tal y como recoge el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño.


Objetivo: extender la participación infantil y adolescente en todo Aragón


En la actualidad hay 19 Consejos Locales de Infancia y Adolescencia activos en todo Aragón, recogidos en este mapa: La Puebla de Alfindén, Cariñena, Utebo, Huesca, Zaragoza, Barbastro, Pedrola, Jaca, Monzón, Calatayud, Aínsa, Épila, Morata de Jalón, Comarca de la Jacetania, Sabiñánigo, Comarca de Daroca, Ejea de los Caballeros, Alpartir y Teruel. El objetivo es que se constituyan nuevos Consejos hasta que llegue al menos a haber uno de ellos en cada comarca de aquí a los próximos tres años.


Los Consejos se reúnen en varias ocasiones a lo largo del año y participan en al menos un pleno en el que trasladan al Ayuntamiento de su ciudad lo trabajado en sus reuniones y plantea sus preguntas y demandas al gobierno municipal. Las propuestas suelen versar en cuestiones relacionadas con la accesibilidad, el ocio, la cultura, la sostenibilidad o la inclusión, entre otras.


No obstante, cada CLÍA se adapta al municipio o la comarca a la que pertenece y por lo tanto funciona de forma diferente en función de las características de cada localidad o territorio, una realidad que quedó patente en el reciente encuentro autonómico que acogió Teruel y que se celebra cada dos años.


“La intención es realizar reuniones periódicas con los técnicos para consolidar los CLÍAs ya existentes”, explica Fortea. De esa veintena de Consejos que ya están en funcionamiento se espera que ejerzan “una labor de acompañamiento” a los que se vayan creando nuevos, concluye. 

Menores que migran solos: un enfoque desde los derechos humanos con perspectiva de infancia

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría transformar la gestión de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las islas: alcanzar un acuerdo con Marruecos para que estos niños, niñas y adolescentes (NNA) sean atendidos en su país de origen. 



elDiario.es

Iratxe Serrano

20 de octubre de 2024




Esta iniciativa, presentada tras su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, ha suscitado un debate en torno a la viabilidad y las implicaciones de confiar a Rabat la atención de los NNA marroquíes bajo tutela canaria. Pero, ¿es esta la solución adecuada? Analicemos el contexto, las implicaciones legales y, sobre todo, el impacto desde una perspectiva de derechos humanos.


Contexto: La responsabilidad de la acogida y la Ley de Extranjería


El fenómeno migratorio hacia Canarias ha alcanzado cifras alarmantes en los últimos años, y la infancia que migra forma parte de esta realidad. Según el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de establecer acuerdos con los países de origen para procurar la integración social de los NNA en su entorno. Sin embargo, esta opción ha sido rara vez explorada, probablemente por las dificultades y riesgos asociados a garantizar las condiciones adecuadas para su protección en el extranjero.  Ya hubo un intento en 2008 siendo presidente Paulino Rivero. No obstante, se quedó en eso, en un intento porque el procedimiento, además de ser altamente engorroso, caducó.


Clavijo ha enfatizado que no se trata de trasladar a los NNA a un tercer país, como ha hecho Italia con Albania, sino de devolverlos a su entorno de procedencia, asegurando las garantías previstas por la ley. Sin embargo, el reto es asegurar que los derechos de la infancia migrante se protejan de manera efectiva, sin importar dónde se encuentren.


Garantías insuficientes: la protección del interés superior del menor 


Aunque la propuesta de Clavijo parece estar respaldada por la Ley de Extranjería, la legislación nacional e internacional establece claramente que el interés superior del menor debe prevalecer en todas las decisiones que les afecten. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada tanto por España como por Marruecos, obliga a los Estados a tomar medidas que garanticen el bienestar y desarrollo integral de los NNA, asegurando su protección contra cualquier forma de abuso o explotación.


En este sentido, la propuesta de confiar a Marruecos la atención de estos menores despierta ciertas dudas. ¿Qué mecanismos se implementarán para supervisar y garantizar que los NNA reciban la protección y los cuidados adecuados? ¿Cómo se asegurará Canarias de que estos acuerdos se respeten en la práctica y no se conviertan en una herramienta para gestionar el problema migratorio sin abordar sus raíces ni asegurar el bienestar de los niños y niñas que migran solos?


Perspectiva internacional y relaciones diplomáticas


La relación entre España y Marruecos ha sido siempre compleja, influenciada por intereses económicos, políticos y geoestratégicos. El presidente Clavijo ha mencionado en distintas ocasiones la importancia de mantener buenas relaciones con Marruecos, un socio estratégico en cuestiones migratorias. No obstante, los acuerdos diplomáticos no deberían comprometer la seguridad y el bienestar de los NNA. En este sentido, es fundamental que las decisiones no estén motivadas únicamente por intereses políticos o económicos, sino que estén guiadas por el compromiso de proteger a las personas menores de edad que migran solas y que son vulnerables.


La historia nos ha mostrado que confiar la atención de los niños, niñas y adolescentes a terceros países o incluso a sus propios países de origen no siempre ha dado los resultados esperados. Se requiere de un seguimiento constante y mecanismos de transparencia que aseguren que los derechos de los NNA se respetan. En este caso, la tutela compartida que menciona Clavijo no es suficiente si no se define claramente cómo se garantizará la seguridad, educación y bienestar de estos NNA  en Marruecos.


Reforma de la Ley de Extranjería: una solución necesaria


El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido la reforma de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas compartan obligatoriamente la responsabilidad de la acogida de la infancia que migra sola. Esta propuesta busca evitar que la atención de los menores recaiga únicamente en las regiones más expuestas a la migración, como es el caso de Canarias. Es un enfoque más equitativo y sostenible, que permitiría una distribución justa de la carga y garantizaría que los NNA recibieran el apoyo necesario sin importar dónde se encuentren.


La reforma de la Ley de Extranjería puede ser un camino más seguro y justo para afrontar este reto, compartiendo la responsabilidad entre todas las comunidades autónomas y asegurando que los menores reciban el apoyo adecuado dondequiera que estén. La gestión de la infancia migrante requiere empatía, responsabilidad y, sobre todo, un compromiso firme con los derechos humanos.


Sin embargo, la propuesta del presidente Clavijo demuestra una interpretación errónea de las competencias establecidas en la ley actual. Lo que se plantea en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite acuerdos con los países de origen para procurar la integración social de los menores, no es equivalente a las repatriaciones reguladas en el artículo 35.5. Estas últimas fueron exploradas años atrás, pero resultaron complicadas debido a procedimientos burocráticos complejos y plazos muy limitados que provocan que los expedientes caducaran con frecuencia. Además, la Comunidad Autónoma no tiene competencia alguna en la decisión final de una repatriación. Una vez que se ejecuta, el menor queda bajo la tutela de su familia o de los servicios sociales del país de origen, sin posibilidad de una tutela compartida con Canarias.


En cuanto al artículo 35.2, la propuesta de Clavijo presenta varios problemas legales. En primer lugar, aunque este artículo menciona la posibilidad de acuerdos con países de origen, la Constitución Española establece que la competencia para firmar tratados internacionales corresponde exclusivamente al Estado. Las comunidades autónomas podrían suscribir acuerdos internacionales administrativos, pero solo si existe un tratado internacional previo que lo permita. De momento, no parece haber indicios de que el Estado firme un convenio de este tipo que habilite a Canarias para avanzar en esta dirección.


Por otro lado, la ley también permite a las comunidades autónomas establecer acuerdos internacionales no normativos, pero estos carecen de fuerza vinculante y no crean obligaciones legales a nivel internacional, lo que los convierte en papel mojado. Así que, en la práctica, el margen de maniobra para el Gobierno de Canarias se limita a la repatriación de menores, un ámbito en el que tampoco tiene competencia directa. La interpretación del presidente Clavijo sobre el artículo 35.2 no refleja una comprensión precisa de las limitaciones legales y competenciales que impone la legislación vigente.


Enfoque de infancia y derechos humanos: la clave del debate


Cualquier decisión sobre el destino de las personas menores de edad migrantes no acompañadas debe ser analizada caso por caso y siempre con el interés superior del menor como eje central. Esto significa evaluar si su entorno de origen es seguro, si existen oportunidades reales de integración y desarrollo, y si hay garantías de protección frente a posibles abusos. Las experiencias previas de repatriación o traslado a terceros países han demostrado que, sin un seguimiento adecuado, los NNA corren el riesgo de caer en situaciones de desprotección o, en el peor de los casos, de explotación.


Si Canarias decide avanzar en la propuesta de acuerdos con Marruecos, será fundamental que la comunidad internacional supervise y asegure el cumplimiento de las normas de derechos humanos. No se trata solo de gestionar cifras migratorias, sino de proteger vidas humanas. La infancia migrante es una de las más vulnerables, y su bienestar debe ser la prioridad absoluta de cualquier acuerdo.


Una responsabilidad que va más allá de las fronteras


La propuesta de Canarias abre un debate necesario sobre cómo gestionar la acogida de la infancia en movimiento en un contexto de crisis migratoria. No obstante, debe quedar claro que la protección de los derechos de los NNA no puede ser sacrificada por conveniencia política o diplomática. Cualquier acuerdo debe estar respaldado por garantías reales y mecanismos de supervisión eficaces que aseguren la protección y el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes.


La reforma de la Ley de Extranjería puede ser un camino más seguro y justo para afrontar este reto, compartiendo la responsabilidad entre todas las comunidades autónomas y asegurando que los menores reciban el apoyo adecuado dondequiera que estén. La gestión de la infancia migrante requiere empatía, responsabilidad y, sobre todo, un compromiso firme con los derechos humanos.


En este contexto, no podemos ignorar el precedente de las tesis defendidas por líderes europeos como Giorgia Meloni en Italia, que promueven acuerdos de externalización de la gestión migratoria, trasladando a migrantes a terceros países en lugar de garantizar su protección en territorio europeo. Este enfoque plantea serias preocupaciones desde una perspectiva de derechos humanos, ya que prioriza la reducción de las cifras migratorias a costa de la seguridad y el bienestar de las personas, incluidas las personas menores de edad. Canarias debe evitar caer en la trampa de convertir un asunto humanitario en una cuestión de simple logística migratoria. En lugar de externalizar responsabilidades, la prioridad debe ser reforzar las estructuras de acogida y protección, asegurando que ningún NNA quede en una situación de desamparo, independientemente de las fronteras.


Iratxe Serrano

Ex directora general de Protección a la Infancia y las Familias. 

El Gobierno anuncia una estrategia contra la pobreza mientras Unicef advierte sobre el escaso 1,2% del PIB que España dedica a protección de la familia y la infancia

Aunque los detalles se conocerán más adelante, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha adelantado que la iniciativa estará lista antes de finales de año y en ella figurará la necesidad de una prestación universal por crianza



Infobae

María García Arenales

17 Oct, 2024



El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. (Europa Press)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que, antes de que acabe este año 2024, el Gobierno aprobará una nueva estrategia de lucha contra la pobreza, en la que figurará la necesidad de una prestación universal por crianza, y que se marcará como objetivo la “erradicación completa” de la pobreza en España.


Así lo ha avanzado el ministro este jueves en declaraciones a los medios antes del Acto institucional por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra cada 17 de octubre. El evento, organizado junto a la Red de lucha contra la pobreza EAPN, ha tenido lugar en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “Hoy quiero anunciarles que antes de que acabe el año, el Gobierno lanzará su nueva estrategia de lucha contra la pobreza. La explicaremos debidamente, pero les puedo avanzar que incidirá especialmente en la problemática de la pobreza infantil, que es algo inaceptable e inasumible en una democracia”, ha subrayado Bustinduy, según informa Europa Press.


Entre los asuntos que figurarán en esta estrategia, el ministro ha destacado la necesidad de que España adopte una prestación universal por crianza, y la necesidad de mejorar los esquemas de garantía de ingresos y de los ingresos mínimos, que, según el ministro, requiere de “una mejor coordinación con las comunidades autónomas”.


Además, ha señalado que se incluirá en ella “la problemática de la vivienda” al tratarse de “uno de los principales factores de exclusión social y riesgo de pobreza”. Según ha recordado Bustinduy, en España hay 12 millones de personas en una situación de riesgo de exclusión social o de pobreza, y 3 millones son niños, niñas y adolescentes (uno de cada tres).


El riesgo de pobreza aumenta


Este anuncio se ha producido en el mismo día en que la ONG Unicef ha alertado de que España solo invierte un 1,5% del PIB en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4% de la media europea (354 euros de gasto por habitante cuando en la UE son 678), por lo que insta a los gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico y local, a que prioricen la atención a la infancia en sus presupuestos.


“Si bien nuestro país se encuentra en una coyuntura macroeconómica favorable, las cifras de pobreza infantil indican que se está dejando atrás a los niños y niñas”, ha señalado José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. La ONG recuerda que el riesgo de pobreza de la población menor de 18 años “ha aumentado del 28% al 29% respecto al año anterior, mientras que para el resto de población se mantiene estable o disminuye”, por lo que resulta “urgente y necesario invertir más en protección social de la infancia y las familias”.


Unicef asegura que España es el país que tiene menos capacidad para reducir la pobreza infantil mediante transferencias de toda la Unión Europea: solo el 17%, frente a la media del 41% o más del 50 % en Alemania, Finlandia, Irlanda o Polonia.


La organización también considera fundamental la creación de una prestación universal para la crianza en forma de deducción fiscal reembolsable en los próximos Presupuestos Generales del Estado y un Pacto de Estado por la Infancia con medidas y presupuestos que la hagan eficaz.


“Las prestaciones por hijo a cargo son eficaces no solo para reducir la pobreza, sino para mejorar los resultados educativos y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes”, añade Vera. Según los análisis de Unicef y otras organizaciones sociales, la implementación de una deducción fiscal reembolsable de al menos 1.440 euros anuales por niño reduciría la pobreza infantil en 5,4 puntos porcentuales.

 

Pobreza infantil y adolescente en México-2022 Análisis de la pobreza multidimensional y de las carencias sociales

Este documento, elaborado por UNICEF México y el CONEVAL, ofrece un análisis detallado sobre la pobreza infantil y adolescente en México en 2022. Examina la pobreza multidimensional y las carencias sociales que afectan a niñas, niños y adolescentes, destacando los grupos más vulnerables, como la población indígena y la primera infancia. 


unicef México

Octubre de 2024




También se analizan las disparidades regionales y el impacto de los programas federales de protección social en la reducción de la pobreza. Este informe proporciona información clave para tomadores de decisiones, con el objetivo de orientar políticas públicas que promuevan el bienestar y los derechos de la infancia y adolescencia en México.



Asimismo, estudia cómo afecta la pobreza multidimensional a determinados grupos específicos de la infancia y adolescencia, su incidencia en el territorio nacional y el impacto potencial de los programas federales de protección social en su reducción. Este documento tiene como objetivo brindar información a tomadores de decisiones que les permita orientar las acciones públicas para avanzar en la reducción de la pobreza infantil y adolescente, asegurando su bienestar y la garantía integral de sus derechos.



Entre los principales hallazgos se destaca que:


  • De 2020 a 2022 hubieron avances importantes en la disminución de la pobreza para toda la población, sin embargo, los NNA siguen siendo el grupo de la población con los niveles más altos de pobreza.
  • La situación de pobreza para la niñez y adolescencia indígena es particularmente grave, la mitad de ellos viven en condiciones de pobreza extrema (50.2%), y casi su totalidad no tiene acceso a la seguridad social (93.9%).
  • De todos los grupos etarios, los niños y niñas en la primera infancia son quienes viven en condiciones de mayor pobreza (48.1%) y los que menos acceso tienen a la seguridad social (59.3%).
  • Existen grandes disparidades en la pobreza infantil y adolescente en el territorio mexicano. La niñez y la adolescencia en la región sureste tienen un porcentaje de pobreza de 62.5%, comparado con las NNA en la región noroeste (24.0%).
  • Los programas de protección social ayudaron a reducir la incidencia de pobreza infantil y adolescente a través de las mejoras en los niveles de ingreso de los hogares. Para continuar avanzando con la reducción de la pobreza infantil y adolescente., se recomienda que estos programas sean universales y se complementen con acceso a servicios de calidad como salud y nutrición.

Contenido del documento


Lista de acrónimos 7 

Resumen ejecutivo 9 

Introducción 13


1. Pobreza infantil y adolescente en México 15 

2. Perfil de la población infantil y adolescente en situación de pobreza
        2.1.Pobreza infantil y adolescente por grupos etarios 23
        2.2. Pobreza infantil y adolescente por sexo 25 
        2.3. Pobreza infantil y adolescente por condición de habla de lengua indígena 27 
        2.4. Pobreza infantil y adolescente por características de los hogares 29 
                2.4.1.  Pobreza infantil y adolescente por tipo y tamaño del hogar 29 
                2.4.2.  Pobreza infantil y adolescente por presencia de personas
                            con discapacidad en el hogar 31 
                2.4.3.  Pobreza infantil y adolescente por razón de dependencia
                            y ocupación en el hogar 32 
                2.4.4.  Pobreza infantil y adolescente por características
                            de la jefatura del hogar 33 
3. Contexto territorial de la pobreza infantil y adolescente 37 
4. Programas federales de protección social y su impacto potencial en la pobreza infantil y adolescente 47 
4.1.  Programas federales de protección en la pobreza infantil y adolescente 
4.2.  Programas federales de protección en la pobreza infantil y adolescente 
4.3.  Programas federales de protección en la pobreza infantil y adolescente 
4.4.  Programas federales de protección en la pobreza en la primera infancia 
5. Consideraciones finales 
6. Referencias bibliográficas

Webinar Together: Participación infantil y juvenil y su influencia en la toma de decisiones públicas.

En Aldeas Infantiles SOS estamos comprometidos con la creación de espacios que promuevan y faciliten la participación activa y significativa de los niños, niñas y personas jóvenes en la toma de decisiones que les afectan.


Aldeas Infantiles SOS



Es por ello que deseamos invitarte a este Webinar donde compartiremos con colegas de Latinoamérica y España distintas experiencias de participación infantil y juvenil para la incidencia política.


En este Webinar participarán:

 

Aldeas Infantiles SOS España

Aldeas Infantiles SOS Uruguay

Aldeas Infantiles SOS Chile

Plataforma de Infancia (España)

Red Egresa (jóvenes) Chile

Plataforma de Infancias y Adolescencias (Uruguay)


Martes, 22 de octubre 16:00 h. Madrid CET


Para asistir, puedes registrarte aquí