Publicado en BOIB de 13 de Abril de 2023, BOIB, butlletí oficial.
Vigencia desde 14 de Abril de 2023
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Una norma que llega a la Cámara desde la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el movimiento ecologista liderado por el GOB, la asociación ecologista de referencia en las Islas que este año cumple medio siglo.
En estos últimos años, y a raíz de las declaraciones institucionales de emergencia climática en 2019 y luego el devenir de la pandemia, los movimientos sociales y concretamente el ecologismo han sentido la necesidad de replantear y revisar sus propuestas y acciones. La declaración de emergencia climática dejaba en evidencia la distancia entre discursos y declaraciones institucionales y las políticas efectivas que, a pesar del reconocimiento explícito de la urgencia de actuar frente al cambio climático, seguían, mayoritariamente, su camino sin más, sin cambio alguno. Llevados por la inercia institucional y una verdadera falta de voluntad de revisar estos instrumentos para adaptarlos a los diversos y preocupantes retos que presenta la crisis climàtica y ecológica global, las políticas de infraestructuras, agrícolas, urbanísticas y de ordenación del territorio, por poner algunos ejemplos, seguían sin cuestionarse y seguían, por tanto, ejecutándose, a pesar de contravenir claramente la urgente necesidad de un cambio radical de planteamiento por responsabilidad y pensando en las generaciones futuras. La pandemia fue, sin duda, otro aviso. Los desequilibrios ecológicos, más allá del climático o la dramática pérdida de biodiversidad, generan otras situaciones hasta ahora desconocidas. Una pandemia global paró el mundo y sus cadenas globales de producción, y todo ello requería un ejercicio de responsabilidad para hacernos cargo no solamente del hecho de ser parte del problema, sino, sobre todo, de hasta qué punto estamos preparados como sociedades para afrontar situaciones desconocidas y tanta incertidumbre.
Vienen tiempos en los que estar cómodos en la incomodidad será necesario, generar ciertas seguridades en las incertidumbres también, y garantizar el futuro desde un presente que a veces se nos antoja tan amargo, un deber.
El objetivo era generar un nuevo marco jurídico que garantizase el derecho fundamental a la vida
Así, después de dos años de trabajo de un grupo de personas para elaborar el texto, inspirados en la mencionada Ley de Gales y dispuestos a aterrizar su filosofía, principios y objetivos a nuestro marco normativo e institucional, en junio de 2021 presentamos el texto de la Propuesta de Ley de Bienestar para las Generaciones Presentes y Futuras de las Islas Baleares, junto con un documento de justificación y la constitución de la Comisión Promotora. Contamos para su redacción con profesionales en derecho ambiental europeo, en derecho internacional y litigios climáticos, en filosofía del derecho y en derecho público que trabajaron voluntariamente con nosotros en la propuesta. Contamos con la Clínica Jurídica de la URV (Universitat Rovira i Virgili), que aportó asesoramiento jurídico en relación a posibles problemas competenciales de la Ley propuesta y su conexión con otra normativa aplicable; experiencias con instituciones en otros países para las futuras generaciones y su posible encaje en Baleares, y la identificación de los indicadores de bienestar que pudieran ser de mayor utilidad para su inclusión a la ley.
El objetivo de la ley era claro: llevar al Parlamento de las Illes Balears el debate de una norma que generase un nuevo marco jurídico que garantizase que cualquier acción política presente tenga en cuenta el cumplimiento de los objetivos de bienestar de las generaciones presentes y futuras, asegurando así el derecho fundamental a la vida; es decir, por responsabilidad y desde la conciencia colectiva del reto mayúsculo que afrontamos como humanidad, garantizar que las instituciones actúen para la salvaguarda de los intereses de las generaciones futuras, atenuando así los problemas vinculados al cortoplacismo político. Y, a la vez, teníamos otro objetivo en el marco de la legislatura 2019-2023: marcar la agenda política, social y mediática, meses antes de las elecciones, previstas para mayo de 2023, para que este tema entrara en la agenda política.
En noviembre de 2021, la propuesta fue admitida a trámite y se iniciaron los cuatro meses de campaña en la calle, en todo el territorio del archipiélago, con una campaña de comunicación muy pensada para generar optimismo, que instara a la acción y a formar parte, a la responsabilidad y al activismo: la campaña “Avui per Demà”, elaborada en coordinación con La Pera Coop y Ágora Social. Cuatro meses en los que se generaron debates, material gráfico y canales de difusión, reuniones políticas, ruedas de prensa, artículos de opinión y presencia en los medios, dinamización de redes sociales, actos informativos, alianzas con entidades y actores multiplicadores (colectivos y movimientos sociales y culturales, entidades vecinales, asociaciones de jóvenes, de gente mayor, universidad, sectores profesionales específicos, entidades de ámbito estatal, etc), manifiestos, talleres, etc. hasta culminar con un gran mosaico humano con el lema de la campaña el 28 de marzo de 2022 en la Plaza Mayor de Palma. Todo ello para inducir y estimular la acción y el debate social y político en torno a los motivos y la pertinencia de la propuesta, y de esta nueva mirada y herramienta de control de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, que introduce los conceptos de justicia intergeneracional y de responsabilidad en relación al bienestar de las generaciones futuras. Así conseguimos una respuesta social colectiva que dio apoyo a la iniciativa, de tal modo que se recogieron hasta casi 12.000 firmas que permitieron que el Parlamento realizara el posterior debate y votación para la toma en consideración, que fue aprobada por mayoría absoluta el mes de noviembre de 2022.
Superada esta fase, conseguimos reforzar el compromiso social con el ecologismo como agente de movilización e incidencia social y política. Quedaba ya tan solo la tramitación parlamentaria: la presentación de enmiendas por parte de los partidos políticos con representación parlamentaria, y los trabajos de debate y votaciones de la ponencia, comisión y pleno del Parlamento. Un trabajo dentro y fuera del Parlamento, con los diputados de los partidos en el Govern – PSIB-PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca–, miembros de la Comisión Promotora que habíamos trabajado en la redacción del texto, y en el que se involucró además, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la Consejería de Presidencia, dando mayor relieve y encaje a la propuesta, poniendo en valor el trabajo hecho desde la sociedad civil y enriqueciendo y apuntalando jurídicamente la propuesta.
* Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras de Gales. En el año 2015 fue aprobada en Gales la Ley para el Bienestar de las Generaciones Futuras. Esta norma, en vigor desde el año 2016, cuyo objeto es garantizar el bienestar de las generaciones futuras, instituyó el Comisionado para las Generaciones Futuras de Gales como órgano encargado de supervisar y auditar que las políticas llevadas a cabo por las administraciones públicas se orientaran hacia unos objetivos de bienestar previamente acordados y fundamentados en el principio de desarrollo sostenible. En el cuarto año de su instauración, el Comisionado ha publicado su primer informe de evaluación (2020) sobre el cumplimiento de los objetivos de bienestar de las generaciones futuras. Este trabajo pretende analizar la ley galesa para el bienestar de las generaciones futuras, el Comisionado, y las posibilidades que abre este tipo de instituciones para la salvaguarda de los intereses de las generaciones futuras y atenuar los problemas vinculados con el cortoplacismo político.
