El Comité de la ONU insta a garantizar el derecho de expresión de NNA
ya investigar los actos de violencia que han provocado
la muerte de niños durante las protestas.
GINEBRA, 16 de Diciembre.
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HDIA, Hablando de Infancia y Adolescencia: Blog GSIA con información y reflexión sobre la realidad que viven millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo.
El Comité de la ONU insta a garantizar el derecho de expresión de niños, niñas y adolescentes, y su vida en Perú.
Guía para el buen trato a menores migrantes: niños y niñas refugiados no acompañados y separados.
Guía para profesionales que trabajan con niños y niñas refugiados
no acompañados o separados llegados a España,
elaborada por ACNUR y la Universidad Pontificia Comillas.
Esta guía se refiere a cualquier persona menor de 18 años en el sentido que confiere a este término la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989.
Con el propósito de facilitar su lectura, en general se hace referencia a niños/as no acompañados/as o separados/as. Si en algún momento se utiliza el término niño o menor se debe entender que incluye a todos los niños/as menores de 18 años.
Esta guía, presentada a principios de diciembre, está dirigida a todos/as los profesionales que desempeñan un rol en la asistencia y protección de los niños/as refugiados/as que llegan a este país y tiene como objetivo ser un herramienta práctica que contribuya a superar algunos de los retos existentes en la actualidad
Entre los actores principales a los que se dirige se encuentran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las autoridades autonómicas del sistema de protección de menores y las autoridades de los distintos Ministerios con competencia en la materia, incluyendo a la Oficina de Asilo y Refugio, así como las ONG y entidades que trabajan en este ámbito.
Autores:
Lázaro González, Isabel Eugenia ; Claro Quintáns, Irene ; Diez Velasco, Isabel ; Torres López, Paloma ; Martínez Castrejón, Elena ; Muller, Sophie ; García Cienfuegos, Marta ; Menendez Sebastián, Eva ; Rasilla del Moral, Margarita de la ; Bernad Olai
Universidad Pontificia Comillas ; ACNUR España
Resumen:
Esta guía es una herramienta práctica dirigida a los actores con responsabilidades en temas de protección internacional, sobre cómo intervenir y brindar una respuesta adecuada a los niños/as extranjeros/as no acompañados/as y separados en necesidad de protección internacional. Entre los actores relevantes estarían: los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las autoridades autonómicas del sistema de protección de menores y las autoridades de los distintos Ministerios con competencia en la materia, incluyendo a la Oficina de Asilo y Refugio, así como las ONG y entidades que trabajan en este ámbito.
También es una herramienta útil para que las personas que trabajan o están en contacto con menores puedan detectar aquellos perfiles con posibles necesidades de protección internacional, por ejemplo, en el contexto de una entrada irregular o en centros de menores.
Esta guía se fundamenta en el derecho internacional, nacional y europeo y en un estudio realizado por un equipo de investigadoras de la Universidad Pontificia Comillas a petición de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España. Dicho estudio tenía como finalidad:
- Realizar un diagnóstico para evaluar el proceso de identificación, derivación y tratamiento de los niños/as extranjeros/as no acompañados/ as y separados/as en necesidad de protección internacional.
- Identificar los principales desafíos, necesidades y riesgos a los que se enfrentan.
- Valorar los estándares de protección y las buenas prácticas detectadas.
El objetivo de la guía es ayudar a todos los actores con competencia en la materia a hacer su trabajo de la mejor manera posible desde un enfoque de diligencia debida orientado a garantizar que el interés superior del niño/a en necesidad de protección internacional sea la consideración primordial cuando se tome cualquier decisión que les afecte, así como el respeto y acceso efectivo a sus derechos.
A lo largo de la guía podrán encontrarse llamadas de atención para alertar a estos actores de las actuaciones que les competen y se facilitará la referencia a herramientas prácticas que podrán ser de utilidad en el desempeño de las mismas.
El 40% de los 100 millones de desplazados forzosos en el mundo son niños y niñas. Con eso en mente, la Universidad Pontificia Comillas y ACNUR han presentado una Guía para profesionales que trabajan con niños y niñas refugiados no acompañados. "Estos niños llevan su espalda una carga, una mochila que supone un sufrimiento y tienen derecho a que esta sociedad los proteja y acompañe para que se conviertan en adultos completos y felices, no condenados a que esa mochila termine aplastándolos", subraya Isabel Lázaro, profesora de Derecho e investigadora de la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas.
La guía pretende ser una "herramienta práctica" para que distintos profesionales, desde la Policía que recibe a los menores al llegar a España, hasta los responsables de colegios, servicios de protección a menores, trabajadores de la oficina de asilo, intérpretes, abogados, jueces, fiscales, embajadas y ONG, sepan cómo actuar en cada momento y "proteger a los menores necesitados de protección internacional". Además, incluye un capítulo sobre niños víctimas de trata, “un escándalo para la sociedad”, según denuncia Lázaro, que insiste en la necesidad de que el procedimiento se ajuste al niño y no al contrario.
El documento presentado tiene un enfoque jurídico, de derechos humanos desde la perspectiva de infancia, de género, de protección integral y permite articular un proceso formal de determinación del interés superior del niño en diversas etapas, promocionando la solidaridad en las responsabilidades de todos los actores y la necesidad de coordinación entre ellos.
Durante la presentación se hizo hincapié en tres ideas: la necesidad de formación en materia de asilo para profesionales que trabajan con niños no acompañados; mejorar la ausencia de protocolos específicos para el acompañamiento, y la falta de información clara adaptada para niños en materia de protección internacional.
'Un curso en familia'.
Barrios de Madrid se organizan para acoger niños tutelados durante el curso escolar.
'Un curso en familia' es un programa pionero que
nació de la pandemia y que se está difundiendo a través de las redes de
barrio en zonas como Chamberí o Malasaña.
Cecilia y su familia han sumado un plato más a la mesa en cada cena. Solo hace unos días que llegó a casa un chico de catorce años tutelado por la Comunidad de Madrid. Que estudia en un instituto del mismo barrio, pero vivía hasta ahora en una residencia junto con otros menores tutelados. Se trata de un acogimiento durante el curso escolar dentro del programa 'Un curso en familia', organizado por las asociaciones Aseaf, Adamcam, Familias Para La Acogida y la Fundación Soñar Despierto, a través de un convenio con la Comunidad de Madrid.
En Chamberí hay tres residencias de carácter público (la residencia de Chamberí, la de Vallehermoso y El Valle), lo que convierte al distrito en el que más niños tutelados tiene. Menores de hasta 16 años cuyos padres han perdido la patria potestad por razones diversas, que van a los colegios de la zona donde son conocidos por sus compañeros como 'los niños de la resi'.
A pesar de ser unos vecinos más de Chamberí, su realidad y el día a día de los pequeños no siempre es bien conocida por quienes convivimos con ellos por las especiales medidas que precisa el cuidado de su intimidad (que hacen que los protagonistas de este reportaje estén presentes sin sus nombres propios), o las limitaciones para salir del centro fuera del horario escolar.
El primer topetazo de Cecilia con la realidad de los niños tutelados, de hecho, tuvo que ver con estas limitaciones:
“Como yo soy aficionada a la fotografía, durante varios cursos me ofrecí a hacer la foto clásica en las escaleras de entrada con cada grupo de curso. Todos colocados, y el primer comentario de la maestras: ”esta niña tiene que salir de la fotografía, es de residencia y no puede aparecer“. El mundo entero se me derrumbó. No puede ser, esto no me está pasando, creo que hoy no se me ha quitado aquel mal trago. La niña obedeció y tuvo que presenciar cómo el resto de sus compañeros se hacían la fotografía”.
'Un curso en familia' se presenta como un proyecto que ayuda a integrar mejor sus vidas en el entorno del barrio y que, a la vez, está nutriéndose de las redes de proximidad para ser posible. ¿Cómo conoció Cecilia el programa? No fue a través de información institucional sino de un mensaje en el grupo de Whatsapp de Meta-Ampa, la plataforma de coordinación de las Ampas de Chamberí (el relato completo de la incipiente experiencia de Cecilia se puede conocer en esta carta que nos ha enviado).
Hablamos con Adriana de la Osa, de ASEAF (Asociación Estatal de Acogimiento Familiar), que se acercó a la realidad de la custodia institucional como voluntaria en una residencia en Chamberí y se lanzó, luego, al impulso del acogimiento en familia y el desarrollo del programa de acogimiento escolar del que hablamos. Después de un tiempo sacando a los chavales semanalmente y dándoles apoyo escolar, reparó en que la Ley de la Infancia de 2015 dicta que hay que priorizar el acogimiento familiar sobre el residencial, lo que en la práctica no se hace:
“Hay estudios científicos que avalan que, desde luego, los niños hasta los tres años no deben estar en centros –esto lo recoge la Ley– por las consecuencias para su desarrollo neurológico o emocional (como el trastorno del apego y otros que pueden ser de por vida). Es una etapa fundamental para el desarrollo. De tres a seis años, la Ley afirma que los niños no pueden estar más de tres meses en los centros y, en general para todos, que se debe priorizar el acogimiento familiar”.
Sin embargo, en España hay ahora mismo más de 16.000 menores creciendo en centros. De estos, 1.307 tienen menos de seis años. “En Madrid hablamos de 1.500 niños, de los cuales 140 son menores de seis”, concreta Adriana.
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| Inés, que hoy tiene ya 21 años, fue acogida por una pareja a los 18 años. En la imagen, haciéndole un reportaje |
Es en este momento cuando desde el asociacionismo se dio un paso adelante para intentar mejorar la situación de los menores en las residencias. Plantearon a la Comunidad de Madrid hacer un llamamiento a las familias que ya contaban con el proceso de idoneidad para que se hicieran cargo de ellos durante el curso. La Directora General de Infancia de la Comunidad de Madrid, en este momento Ana Sastre, que venía de Save the Children, dio el visto bueno al programa, que comenzó en septiembre de 2020 con el nombre SOS Covid.
En este primer piloto salieron 12 niños, la mayoría mayores de diez años. Posteriormente, cuatro de ellos repetirían un año más (alguna familia incluso tramitó el acogimiento permanente). Los números de la experiencia son significativos porque en la Comunidad de Madrid más del 90% de los niños mayores de 7 años ni siquiera llegan a estar propuestos por la Administración para poder ser acogidos. La experiencia demostraba que dos mantras del sector eran falsos: sí hay familias dispuestas a acoger y los niños mayores también pueden ser acogidos.
Lo cierto es que el número de menores propuestos es pequeño, en opinión de las asociaciones por el acogimiento. Los profesionales de la administración deben valorar que están preparados para ello y, además, los propios menores deben querer. “Cuando los niños llevan mucho tiempo 'institucionalizados' a veces no quieren salir en acogimiento familiar porque tienen su colegio y no ven tan lejos el momento de volver con su familia, aunque lo cierto es que solo el 11% lo harán al cumplir los 18 años”, explica Adriana.
'Un curso en familia' –así se rebautizó la experiencia piloto SOS Covid– ayuda a que los menores tutelados más mayores se atrevan a dar ese paso. Al tratarse de familias del barrio –o del pueblo, pues el ámbito es la Comunidad de Madrid– se consigue que todo el mundo alrededor de la familia acogedora rompa la imagen estigmatizada que tienen los niños que viven en residencias, sobre todo los más mayores, y se acerquen a sus realidades. No se corta el cordón con su mundo en la residencia porque las visitas familiares se siguen produciendo allí, donde siguen también en contacto con sus educadores, y los menores saben que, si algo no funciona, siguen conservando la plaza en la residencia, que también es su casa.
En palabras de Adriana, “al fin tienen la experiencia de hacer lo que hacen sus compañeros, bajarse al parque a pasar la tarde, invitar a alguien a su casa, quedar con los compañeros, entender las relaciones entre los distintos miembros de las familias… Eso se lo van a llevar, aunque luego tengan que volver a la residencia”.
Cecilia, con quien empezábamos el artículo, está afrontando el descubrimiento de la experiencia. José María, en cambio, es el segundo año que participa en el proyecto y la presencia de un chico más en su casa es ya parte de su cotidianidad familiar. Vive solo con sus dos hijos y, según nos cuenta, está siendo una experiencia muy enriquecedora para todos por el desarrollo de un vínculo afectivo y la oportunidad de conocer otras realidades vitales. “Saber que no todos vivimos en una realidad de privilegio, y conocer la de niños que, desgraciadamente, están viviendo en los últimos años niveles muy altos de estigmatización, especialmente en el caso de los menores migrantes”. Vive la experiencia junto a sus hijos y asegura que “si podemos ayudar a mejorar la igualdad de oportunidades de los niños me doy por satisfecho”.
Del campo de fútbol al acogimiento durante el curso escolar
Hablamos con José Ignacio Arrufat, entrenador e impulsor de una auténtica obra social dentro del club. José lleva entrenando al Malasaña desde hace cinco años. El segundo año, su hijo, que jugaba en el equipo, le habló de un compañero de clase que quería apuntarse. “Dame el teléfono de sus padres”, le contestó, y al saber que el pequeño vivía en una residencia quedó descolocado: no era una realidad con la que estuviera familiarizado. Fue a la residencia, conoció lo que eran los menores tutelados y se ofreció a sacarle los martes y los jueves para entrenar, y los fines de semana para los partidos.
Después de este chico, llegaron otros menores tutelados al equipo. José fue conociendo la realidad de los menores tutelados y los límites de su vida en las residencias. “En los 20 minutos de ida caminando, y los veinte de vuelta, hablábamos mucho”.
Este año se “ha venido arriba”, dice, y ha ideado un proyecto con el equipo para que ningún niño, tutelado o con pocos recursos, se quede sin jugar por no poder pagar la cuota. Para ello, han puesto en marcha una campaña de socios, simpatizantes y espónsores. Los vecinos que quieran pueden pagar la ficha de uno de los chavales.
“El equipo en sí es ya una familia y como los padres y madres de los jugadores ya los conocen desde hace años, les hacen llegar grandes dosis de afecto. Muchas familias se han interesado y un par de familias se han involucrado con el acogimiento en el entorno del equipo”.
Aunque el curso ya ha empezado, aún hay algo de margen para acoger a niños propuestos en las residencias de la Comunidad de Madrid. El barrio se está moviendo –por eso decidieron también llamar a las puertas de la prensa del distrito– y tiene una deuda con ellos. Como dice Adriana:
“Los niños que viven en los centros no han hecho nada para estar allí, su situación es consecuencia de unas circunstancias de las que ellos no son responsables; la vida se lo ha puesto difícil desde muy temprano y es nuestra responsabilidad ayudarles. Son niños que están en nuestros coles, son del barrio. Aunque sean de sus padres y estén tutelados por la Comunidad de Madrid la responsabilidad es de todos”.
Cómo es posible que uno de cada cinco jóvenes españoles tenga un problema de salud mental!
Las cifras muestran que los diagnósticos se han disparado en el último lustro.
Aunque la situación ha hecho mucho,
también es posible que hayamos caído en un círculo vicioso.
“...la psicopatologización y psiquiatrización de la vida cotidiana es algo que viene de lejos”. El autor de Los peligros de la moralidad achaca a “la disolución de estructuras que antes nos ayudaban a manejar problemas de la vida diaria (la familia extendida, el sacerdote o la religión en general, los vínculos con la comunidad)”, esta mirada hacia la psicología como tabla de salvación en la ausencia de otras soluciones.
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| Foto: Istock/EC Diseño. |
A finales de los años ochenta, la Asociación Americana de Psiquiatría dio un paso que cambiaría para siempre la historia de la salud mental. Aunque se había hablado de los problemas de concentración de los niños desde principios de siglo, fue entonces cuando se les dio el nombre “trastorno de déficit de atención con hiperactividad”, que puso sobre la mesa que si un niño se distraía demasiado, quizá no es que simplemente fuese un niño despistado, sino que sufría una enfermedad que podía (y debía) ser diagnosticada. En muy poco tiempo, el número de diagnósticos se disparó y cientos de miles de niños empezaron a ser tratados farmacológicamente.
Durante los últimos años, cada vez más evidencia científica apunta a la posibilidad de que, aunque el aumento de casos fuese razonable, se estuvieron diagnosticando casos que en otras circunstancias no habrían sido calificados de TDAH por distintos motivos.
Por ejemplo, el pasado año, 30 años después, una metainvestigación (Sobrediagnóstico del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en Niños y Adolescentes: Una Revisión Sistemática de Alcance ) señalaba que probablemente se había producido un sobrediagnóstico (y sobretratamiento) de los casos más leves: se consideraba enfermedad las que eran rasgos de personalidad, como impulsividad o falta de atención.
Saltemos a 2022. Hoy, alrededor de uno de cada siete adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo ha sido diagnosticado con algún problema de salud mental, como alertaba Unicef en su informe sobre el estado mundial de la infancia. En España, el país europeo con una cifra más alta de adolescentes diagnosticados, el porcentaje es aún más alto: el 20,8% (21,4% de las niñas y 20,4% de los niños), más de la quinta parte. Según la estadística y la forma de cuantificarlo, el número puede ser aún mayor. Hace menos de un mes, una encuesta realizada en EEUU mostraba que el 42% de la generación Z (los nacidos entre 1995 y 2010) está diagnosticado con un problema de salud mental. Ansiedad, depresión, TDAH (Trastorno de Déficit de Atención) y TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) son los más frecuentes.
Hoy, un 15,9% afirma padecer un problema de salud mental continuo; en 2017, era el 6,2%
La pregunta del millón es, por lo tanto, cómo hemos llegado hasta aquí. No solo es que hace unas décadas estos niveles fuesen impensables, es que hace apenas un lustro la percepción que teníamos sobre salud mental era muy diferente. El barómetro sobre salud y bienestar juveniles realizado por la FAD y el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud muestra cómo entre 2017 y 2021, los años en que la salud mental dejó de estar estigmatizada, la percepción ha cambiado por completo. Hoy, un 15,9% de jóvenes señala que ha padecido algún problema de salud mental continuamente o con frecuencia, cuando hace menos de un lustro era apenas un 6,2%.
¿Aumentan los casos o aumentan los diagnósticos, tienen los
jóvenes cada vez más problemas o están sobrerrepresentados? El caso del
TDAH da alguna pista. Si bien es cierto que los problemas de déficit de
atención habían aumentado en las décadas anteriores por distintas
razones, también era posible que se hubiese producido un diagnóstico
equivocado al atribuir explicaciones patológicas a comportamientos en
principio naturales. Pablo Malo, psiquiatra en el Servicio Vasco
de Salud y divulgador psicológico, recomienda cierto escepticismo,
especialmente con las cifras estadounidenses: “Algunas provienen de
encuestas y por tanto son autorreferidos y algo menos fiables”.
Malo habla del “contagio social” como algo plausible. “Una influencia de los medios de comunicación en sentido amplio (incluidas las redes sociales) y una magnificación del problema que permite que los malestares y las crisis vitales se conviertan en trastorno, que lo que ha sido siempre psicología sea ahora psicopatología”, valora. Además, la sobrecarga de la atención primaria en España puede haber influido en este boom. “Los médicos de atención primaria tratan ellos mismos estas patologías menores y es posible que ahora se vean desbordados para hacerlo y nos deriven más”, razona.
"Cuando estás en una consulta ves rápidamente si, por ejemplo, se ha publicado que un ibuprofeno ha salido caducado: lo que adquiere relevancia en la sociedad tiene un reflejo claro", explica Juan Antonio López Rodríguez, médico de familia del Centro de Salud General Ricardos y miembro del grupo de Salud Mental de SEMFYC. "Uno de los principios básicos es que parece que cada vez que vas a una consulta tienes que salir con un diagnóstico y un tratamiento". Sin embargo, en muchos casos se trata de malestares que no tienen por qué convertirse en enfermedades, explica.
López publicó un paper sobre sobrediagnóstico en salud mental que señalaba a los sospechosos habituales: el ya citado TDAH, ansiedad o depresión. "A medida que pasa el tiempo, se diagnostican más cosas, pero no solo en salud mental, sino también en otros campos; sin embargo, algunas no van a producir una enfermedad grave". Hay razones para este aumento de los diagnósticos. Generan más tranquilidad al paciente, pero también permiten gestionar bajas o proporcionar medicamentos. "Eso se deriva en que hay etiquetas que aparecen porque tienes que poner una etiqueta", añade. "Me pasó hace poco en una charla sobre el cáncer: es difícil decirle a alguien que tiene cáncer de tiroides que está mal diagnosticado, porque en realidad no iba a repercutir en su vida, que iba a morir con ese cáncer sin que le afectase. Las etiquetas no son todo, y en salud mental menos".
"En algún momento, parece que no eres nadie si no tienes tu diagnóstico"
Esto se acentúa aún más en el caso de los niños y adolescentes, que como señalan padres y profesores, han encontrado su identidad colectiva en el reconocimiento de determinados diagnósticos. “Todas las personas tenemos necesidad de ponerle nombre a las cosas que nos ocurren, porque si no, nos movemos en una experiencia emocional sin nombre”, valora Roger Ballescà, psicólogo del Hospital Sagrat Cor de Hermanas Hospitalarias. “Lo que es cierto es que se han popularizado determinados diagnósticos, en algún momento parece que no eres nadie si no tienes tu diagnóstico”.
El caso de los trastornos adaptativos
Si revisamos las pirámides de impacto de enfermedades mentales
entre la población española, en casi todos los casos (de ansiedad a
depresión) estas tienden a aumentar con la edad, tocando techo entre los
cuarenta y los sesenta. Con una ilustrativa salvedad, la de los trastornos de personalidad,
donde son mucho más elevados entre los cinco y los 25 años. Son los
trastornos límites (esquizoide o histriónico), los relacionados con los
impulsos (como la adicción al juego) o los trastornos de conducta.
Ocurre algo semejante con los trastornos adaptativos mixtos, ya que, como señala Malo, es “relativamente sencillo diagnosticar a alguien de un trastorno adaptativo con síntomas mixtos de ansiedad y depresión, que ya es un diagnóstico psiquiátrico”. Por eso los diagnósticos más comunes están relacionados con la ansiedad, la depresión y el TDAH, señala el autor de Psiquiatría evolucionista: una introducción. “Cualquier problema personal o estrés de la vida diaria, sea a nivel laboral o interpersonal, da lugar a una serie de síntomas como insomnio, ansiedad, bajo ánimo, preocupaciones obsesivas, etc., y ello ya cualifica para esta etiqueta diagnóstica”.
La tribu ha desaparecido
Los niños y adolescentes viven en una sociedad en la que la ansiedad al futuro es cada vez más fuerte. Pandemia, crisis económica, guerra y crisis energética, magnificadas por los medios de comunicación, generan el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de problemas mentales. “En general, no tenemos una sociedad demasiado amiga de la infancia ni de la adolescencia, sino que crea muchas presiones de todo tipo sobre niños y adolescentes”, explica Ballescà. “Somos una sociedad que tolera muy poco las frustraciones, les pedimos mucho pero acompañamos poco a nuestros hijos e hijas”.
"Tendemos a colocar el diagnóstico en los chicos, pero el diagnóstico es social"
Ballescà matiza que él no considera que haya un sobrediagnóstico como tal, sino “un desplazamiento del diagnóstico” que tiende a situar el foco en el individuo, en este caso, entre los jóvenes. No se trata de que haya un exceso de diagnóstico, porque como explica, “probablemente un chico que amerita un trastorno de ansiedad, lo tiene”, sino que el diagnóstico más preciso atendería también a lo social. “Tenemos tendencia a colocar el diagnóstico en los chicos y chicas, entre los que aumentan la depresión, la ansiedad y la hiperactividad, pero muchos de estos trastornos son adaptativos. Lo que hay que preguntarse es qué hace que esos chicos tengan tantas dificultades”.
A ello hay que añadir el elemento agravante de la pandemia y sus consecuencias. Como asegura Cristina Larroy, directora de la Clínica Universitaria de la Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, todos los estudios señalan en la misma dirección. No es casualidad, especialmente en lo que concierne a la ansiedad y los trastornos de los estados de ánimo, ni considera que haya un sobrediagnóstico. La investigadora apunta a la pandemia, con el vuelco de estilos de vida que ha provocado, como el gran catalizador. “En la adolescencia los jóvenes empiezan a tener otro rol distinto al que tenían en la niñez, y al que van a tener en las edades adultas”, explica. “Eso genera, como toda época de transición, incertidumbres y vulnerabilidad”.
La referencia ya no es tanto la familia como los amigos, y sin embargo, durante meses (o años) la socialización de estos con los adolescentes se ha reducido a lo mínimo. “La adolescencia y principio de la juventud es una época en la que puede haber muchos roces familiares, porque las personas están intentando encontrar su hueco y para eso tienen que enfrentarse a lo que hay”, prosigue Larroy. “Por tanto, imagínate que estás durante un mes y medio rodeado de tu familia y sin el apoyo de tus amigos. Esto ha hecho que los problemas emocionales y de estado de ánimo de los jóvenes, que ya están en una situación de vulnerabilidad, se hayan disparado”.
Entre los diagnósticos más comunes que se han encontrado están los de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, que son los que, como explica la psicóloga, “aparecen después de una situación como la que hemos vivido”. Ya ocurrió después de las cuarentenas mucho más limitadas de SARS en Canadá y Hong Kong, añade, así que los efectos tras una pandemia que ha provocado el cambio en los estilos de vida de millones de personas es aún más agudo. “Entre las mujeres, lo que también han aumentado han sido los trastornos de conducta alimentaria”, explica.
La psicopatologización de la vida cotidiana
Una observación frecuente es que se han patologizado muchos problemas que simplemente formaban parte de la experiencia humana. Donde antes había una dificultad, ahora hay una enfermedad. “Otra de las problemáticas es el etiquetaje o la psicopatologización, que supone atribuir una casualidad patológica a algo que en realidad corresponde a un malestar asociado al hecho de vivir”, coincide Ballescà. “El problema no es el nombre que le ponemos a la cosa, sino el malestar que existe: ese malestar tiene que ser atendido, seguramente no necesita un diagnóstico clínico pero sí una atención, y no vivimos en un entorno social demasiado adecuado para hacerse cargo de esos malestares que forman parte de la experiencia de vivir”.
"Los psiquiatras cumplimos el papel que antes cumplían otras instituciones sociales"
Para Malo, “esta psicopatologización y psiquiatrización de la vida cotidiana es algo que viene de lejos”. El autor de Los peligros de la moralidad achaca a “la disolución de estructuras que antes nos ayudaban a manejar problemas de la vida diaria (la familia extendida, el sacerdote o la religión en general, los vínculos con la comunidad)”, esta mirada hacia la psicología como tabla de salvación en la ausencia de otras soluciones.
“Hoy en día, los psiquiatras cumplimos ese rol que antes jugaban otras instituciones sociales y, por otro lado, animamos continuamente a la gente a recurrir a psiquiatras y psicólogos, así que tampoco es sorprendente que la gente lo haga”, añade con autocrítica.
El círculo se cierra: cuando se abren las puertas a hablar de salud mental, es normal que muchas más personas acudan a consulta, lo que provocará que aumenten los diagnósticos.
Pero también a que esta se convierta, en algunos casos, en una panacea que nos haga olvidar que nuestro problema no es solo nuestro, sino de todos; que el cambio no afecta únicamente al individuo, sino a una sociedad enferma.
"Derechos humanos, infancia y vivienda: una aproximación jurídica", Informe Provivienda 2022.
‘‘Derechos humanos, infancia y vivienda: una aproximación jurídica’’,
Informe.
Programa de Promoción de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes
en riesgo de pérdida de vivienda habitual.
Informe.
Programa de Promoción de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes
en riesgo de pérdida de vivienda habitual.
María Teresa García del Vello Moreno,
Miguel Ruiz Díaz-Reixa,
Raquel Libertad Jiménez Moreno,
Coordina: Natalia Palomar González.
#infanciayvivienda.
La investigación repasa el Derecho Internacional en relación a los derechos humanos y la infancia, y su vinculación con el derecho a la vivienda, así como el marco jurídico español y los instrumentos que velan por la protección de los y las menores, con el objetivo de examinar los principales supuestos donde existe vulneración en el ámbito de la vivienda.
Para la consecución del informe se han realizado más de una treintena de entrevistas a padres y madres y niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad residencial, y un grupo de discusión con menores que también han atravesado esta situación. Por su parte, se han realizado peticiones de información pública a distintas Administraciones como el Consejo General del Poder Judicial, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de dicha Comunidad, o el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid.
“Perder la casa es peor que una peli de miedo”, Ranjit.
Según las principales conclusiones extraídas, pese a la existencia de un marco normativo internacional, éste no se aplica de manera íntegra en nuestro ordenamiento jurídico debido a que:
- En ocasiones, las Administraciones públicas no pueden asegurar una alternativa habitacional que cumpla con los criterios recomendados por el Comité DESC.
- Niños, niñas y adolescentes sufren discriminación residencial.
- A pesar del creciente peso en la formación de la judicatura, no se aplica de forma habitual el contenido de los tratados en los procedimientos ordinarios.
- Ni la vivienda ni los principios sobre niños, niñas y adolescentes tienen categoría de derecho fundamental.
- El análisis de proporcionalidad no suele ser la práctica habitual en los procedimientos de pérdida de vivienda habitual.
- No existe una definición consolidada y unitaria sobre qué es la vulnerabilidad, ni a nivel general ni en los procesos de pérdida de vivienda habitual.
- El control ex ante de la alternativa habitacional no aparece recogido en la normativa nacional aunque el Tribunal Supremo considera que tiene que valorarse.
Por todo ello, se estarían contraviniendo las directrices marcadas por los diferentes tratados y mecanismos internacionales de protección de la infancia, ya que España no los está aplicando correctamente.
“La vivienda no es un derecho fundamental porque es algo que tienes que adquirir, no naces con él”, Soraia.
‘’Derechos humanos, infancia y vivienda: una aproximación jurídica’’ también incluye una serie de recomendaciones dirigidas a dotar de una protección específica a las niñas, niños y adolescentes afectadas en procedimientos judiciales con posible pérdida de su vivienda habitual:
- Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( Ley 1/200, de 7 de enero) para que se instaure un auténtico mecanismo de coordinación entre todas las competencias en materia de vivienda y vulnerabilidad socioeconómica.
- Unificación e incorporación a la legislación española de una definición del concepto de vulnerabilidad socioeconómica e incremento de las cuantías adicionales por cada niño, niña y adolescente que integre la unidad familiar.
- Protección y prioridad de niños, niñas y adolescentes en los procesos de adjudicación de vivienda pública eliminando las causas de discriminación, directas o indirectas.
- Cumplimiento de la normativa internacional sobre los requisitos de los recursos temporales de alojamiento y las alternativas habitacionales ofrecidas por las Administraciones públicas competentes.
- Incorporación de medidas orientadas a dotar de la oportuna protección de niños, niñas y adolescentes en la futura Ley por el Derecho a la Vivienda.
El ‘’Programa de Promoción de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de pérdida de vivienda habitual’’ en el que se enmarca este informe, ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Europa obliga a España a restablecer la luz en la Cañada Real. Quedan 4 días.
Si el Estado no actúa antes del día 15 para devolver la luz a los habitantes del barrio,
estará incumpliendo sus obligaciones como miembro de la Carta Social Europea.
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| Protesta de vecinos de la Cañada Real para que se restablezca el suministro eléctrico. LUIS DE VEGA |
El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificó en referéndum nuestra Constitución. Su núcleo de justicia, recogido esencialmente en el artículo 10, se basa en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de todos, porque todos tenemos una igual dignidad intrínseca. Y, como los derechos evolucionan en su interpretación, el mismo artículo prevé que la interpretación de los derechos y libertades fundamentales se hará conforme a los tratados internacionales a los que voluntariamente aceptemos someternos. Este es el pacto social que nos hemos dado todos los españoles. Pacto social que será quebrado si el Estado español no garantiza el suministro eléctrico en la Cañada Real el próximo día 15.
A lo largo de estos 44 años de vigencia de la Constitución, en España se han producido muchas violaciones de derechos humanos, pero la violación que se está produciendo en la Cañada Real Galiana de Madrid desde el 2 de octubre de 2020, podemos calificarla como una de las más graves.
Lo inaudito de esta situación tiene diferentes causas, como son la identificación clara del inicio de la misma (el corte de suministro eléctrico el 2 de octubre de 2020), su extensión (manteniéndose de forma ininterrumpida hasta hoy, más de dos años y dos meses después) y la gravedad de sus consecuencias, tanto por el elevado número de derechos humanos que se vulneran (como son los derechos a la salud, la educación, la protección social o a una vivienda adecuada) como por la afectación a personas que viven en situación de especial vulnerabilidad (como son los niños y niñas, las personas con discapacidad, las personas con problemas de salud, las personas de origen extranjero, las personas mayores, las personas de etnia gitana y las personas en situación de pobreza). En los sectores 5 y 6 de la Cañada Real viven sin luz eléctrica más de 4.000 personas, de las que más de 1.800 son niños y niñas. La gravedad de su situación fue reconocida incluso por el propio Gobierno en el preámbulo del Real Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre: “[…] La salud de niños y niñas ya está sufriendo las consecuencias de la falta de electricidad en sus casas, lo que, además de vulnerar el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, acarrea un impacto fuertemente negativo en sus derechos a la alimentación, a la educación y, en definitiva, al disfrute de una vida en condiciones de dignidad”.
La Cañada Real Galiana es un barrio con viviendas que se encuentran fuera de ordenación urbanística, como ha señalado el Defensor del Pueblo, por lo que, aunque también hay problemas de infravivienda, no es un campamento transitorio ni chabolista. Y, en todo caso, esa situación implica otros problemas y soluciones diferentes de los que ahora exigen una respuesta inmediata, que son debidos única y exclusivamente a la privación a la que están sometidos de suministro eléctrico, y cuya solución pasa, pues, por garantizar inmediatamente la luz, permitir que los vecinos y vecinas de la Cañada Real realicen contratos individuales de suministro eléctrico y se establezca una mesa de seguimiento en la que puedan participar los propios vecinos y vecinas.
La situación es tan grave para los habitantes de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que es difícil encontrar tanta unanimidad por parte de los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos como la que se ha concitado en esta ocasión. Estos organismos no solo denuncian con dureza la situación existente, sino que señalan una solución muy clara, que es restablecer de manera inmediata el suministro eléctrico.
Ya en diciembre de 2020, nueve relatores especiales de Naciones Unidas realizaron un escrito conjunto para denunciar ese corte de suministro eléctrico, señalando que “los cortes de electricidad ponen en peligro la vida de los niños y niñas en la Cañada Real”; y en enero de 2021, en una entrevista que publicaba EL PAÍS, Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, afirmaba que “dejar a familias en esta terrible situación es una violación de convenios que España ha ratificado”. Desde entonces las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y la reclamación del restablecimiento del suministro eléctrico son innumerables. Nuestro propio Defensor del Pueblo se ha pronunciado en este sentido hasta en tres ocasiones, y organizaciones como Amnistía Internacional y Save the Children han realizado sendas campañas de recogidas de firmas. Esta última organización entregó en septiembre más de 47.000 firmas a la Delegación del Gobierno de Madrid.
Las vecinas y los vecinos de la Cañada Real han liderado un movimiento social ejemplar de reivindicación de sus derechos, que desde octubre de 2021 cuenta con el apoyo de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana, con una única demanda: “Luz ya, contratos para los vecinos y mesa de seguimiento”, que hicieron llegar el pasado 29 de noviembre al Parlamento Europeo, donde la propia presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, mostró un explícito interés. Las mujeres de la Cañada han estado siempre en primera línea de la reivindicación, siendo especialmente afectadas por las violaciones de los derechos y dejando su salud en el cuidado de las personas en situación más vulnerable.
La reivindicación adquirió una nueva dimensión cuando se presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa una reclamación colectiva por parte de cinco entidades internacionales legitimadas para ello. El Comité se pronunció el 19 de octubre pasado con una decisión histórica, en la que, por unanimidad, declara la admisibilidad de la reclamación, determinando su tramitación prioritaria, y exhorta a España a que, con el fin de evitar un daño grave e irreparable a la vida y la integridad física y moral de las personas que viven en la Cañada Real, tome las medidas necesarias para garantizar el acceso inmediato a la electricidad y calefacción, antes del 15 de diciembre, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los grupos en situaciones de especial vulnerabilidad. El Comité reclama que el Estado se asegure de que todas las autoridades públicas competentes tengan conocimiento de esta decisión y le informe de las medidas previstas para su aplicación antes del 15 de diciembre.
La Carta Social Europea es un tratado internacional que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. España ha aceptado explícitamente la competencia del Comité Europeo de Derechos Sociales para recibir denuncias en caso de violación y las decisiones del Comité, como órgano que supervisa su cumplimiento, son de obligado cumplimiento para todas las administraciones españolas. Pero, hasta ahora, ni la Comunidad de Madrid, ni los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, ni el propio Gobierno central, que son los que tienen las competencias administrativas sobre la Cañada Real, han cumplido con el núcleo de justicia de nuestro pacto social que reconoce la Constitución. Si el Estado español, a través de todas las administraciones implicadas, no actúa antes del día 15 para garantizar el suministro eléctrico, y con ello la luz y la calefacción a todos los habitantes de la Cañada Real, estará incumpliendo de manera directa sus obligaciones jurídicas como miembro de la Carta Social Europea, además de condenar a más de 4.000 personas, entre ellos más de 1.800 niños y niñas, a un nuevo invierno de indignidad, en el que estarán expuestos a daños graves e irreparables en sus vidas e integridad.
Las autoridades están advertidas, han recibido del Comité Europeo de Derechos Sociales la decisión con la obligación de adoptar medidas inmediatas. Sólo quedan seis días para saber si están dispuestas a respetar lo que se dice en el artículo primero de nuestra Constitución de que España es un Estado social y democrático de derecho y proceder al restablecimiento inmediato del suministro eléctrico.
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