La Unión Europea abre un debate para definir su futuro, y quiere la opinión del futuro, la de 16 años y más.

 La Unión Europea ha puesto en marcha el 09/05/2020, día de Europa, 
el mayor ejercicio de participación ciudadana y reflexión política de su historia. 
La Conferencia sobre el futuro de Europa ha sido oficialmente inaugurada
Se inician así 12 meses de debates por todo el continente que alimentarán 
el trabajo de un Plenario compuesto por 376 personas entre parlamentarios europeos y nacionales, representantes de las instituciones europeas 
y de los gobiernos nacionales, de patronales y sindicatos, 
y ciudadanos de a pie (de los que un tercio debe ser menor de 25 años).
Se establece la obligación de presencia y participación 
de ciudadanos de 16 años en adelante en los distintos paneles..

¡Haz que tu voz se escuche!.
El Futuro está en tus manos. #ElFuturoEsTuyo.

A través  de lPlataforma Central de la Conferencia 
los ciudadanos participarán en la configuración del futuro de la Unión Europea.


La plataforma digital, que es interactiva y multilingüe, se ha diseñado para que ciudadanos de todos los Estados miembros dialoguen y debatan entre sí sus propuestas, en las 24 lenguas oficiales de la UE. Se anima a todo el mundo a contribuir, a través de la plataforma, a perfilar su futuro, así como a promoverla en los canales de las redes sociales, con la etiqueta #ElFuturoEsTuyo.

La plataforma garantizará la plena transparencia (principio esencial de la Conferencia), ya que todas las aportaciones y los resultados de los eventos se recopilarán, analizarán, supervisarán y se harán públicos. Las ideas y recomendaciones principales de la plataforma servirán de contribución a los paneles de ciudadanos europeos y los plenos, en los que se someterán para elaborar las conclusiones de la Conferencia.

Todos los eventos se visualizarán en un mapa interactivo, lo que permitirá a los ciudadanos navegar e inscribirse en línea. Los organizadores podrán aprovechar el conjunto de herramientas disponible en la plataforma para organizar y promover sus iniciativas.

Todos los participantes y eventos deberán observar la Carta de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que establece normas para que el debate entre todos los europeos sea respetuoso.

La plataforma se organiza en torno a los siguientes temas clave para el debate: cambio climático y medio ambiente; salud; una economía más sólida y justa; justicia social y empleo; la UE en el mundo; valores y derechos, Estado de Derecho, seguridad; transformación digital; democracia europea; migración, y educación, cultura, juventud y deporte. 
Estos temas se complementan con un «ágora libre» para ideas transversales y otros temas («otras ideas»), ya que los ciudadanos podrán plantear cualquier cuestión que les interese: la idea es que las contribuciones partan realmente de la base.

La plataforma también facilita información sobre la estructura y las tareas de la Conferencia. Está abierta a todos los ciudadanos de la UE, así como a las instituciones y organismos de la Unión, los parlamentos nacionales, las autoridades nacionales y locales y la sociedad civil. Y todo ello en pleno respeto de la privacidad de los usuarios y las normas de protección de datos de la UE.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa posibilita un debate democrático sin precedentes, y constituye un ejercicio de democracia deliberativa abierto a todos. 
Su finalidad es que cualquier europeo pueda pronunciarse en mejores condiciones sobre lo que espera de la Unión Europea, lo que debería contribuir a la formulación de políticas y la orientación futuras de la UE. 
La presidencia conjunta se ha comprometido a dar seguimiento a los resultados de la Conferencia.


Génesis de la profesionalización y el cierre ocupacional de la intervención con la infancia y adolescencia.

Exigencias a España del Comité de Derechos del Niño y la Niña, 
sobre la necesidad de especial cualificación profesional para todos los agentes 
que intervienen con niños, niñas y adolescentes.

Tomás Luis Martín Rodríguez*,
Artículo del Magistrado, 
  publicado en el Anuario Didania 2020.

La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, supuso en nuestro ordenamiento jurídico el avance más importante que en materia normativa de protección a la infancia y adolescencia se había producido en décadas. 
A la luz de dicho texto, y en el marco de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos de Niños y Niñas (Aunque el propio Comité ha indicado: “In Spanish, chlidren should be rendered as niños, niñas y adolescentes”, considero igual de ajustada y más inclusiva la traducción mixta.), examinó el segundo informe periódico de España presentado en 1998. 
Del contenido de estas observaciones finales prestaremos especial atención a las exigencias de especial cualificación profesional a todos los agentes que intervienen con niños, niñas y adolescentes.
El Comité recomendaba que España debía emprender programas sistemáticos de educación y enseñanza de los principios y las disposiciones de la Convención a todos los grupos de profesionales que trabajan con y para los niños, profesionales del sistema de justicia, abogacía, policías, funcionarios públicos, personal sanitario, docente y del trabajo social. 

Las sucesivas normas autonómicas que siguieron a la publicación de la ley 1/1996 implicó un reforzamiento de los trabajos que se venían desarrollando en el abordaje del maltrato
infantil. En una de sus publicaciones sobre esta materia el Grupo de Trabajo sobre Maltrato Infantil del Observatorio de la Infancia incidía de forma particular en que la actuación en casos de maltrato infantil, independientemente del nivel en que se produzca, tiene que cumplir unos requisitos mínimos. Debe realizarse por un equipo de profesionales con formación específica en los problemas familiares y de la infancia, con conocimientos de recursos y estrategias propias de estas situaciones (equipo especializado, no por un conjunto de especialistas).  Lo que implica el desarrollo de un trabajo coordinado, en equipo y con bases científicas, y no desde el voluntarismo. 

El Comité en el informe del año 2010, recomendaba al Estado que prosiguiera su labor de asegurar la amplia difusión y comprensión de todas las disposiciones de la Convención.
A este respecto, lo alentaba a elaborar programas educativos sistemáticos sobre los principios y las disposiciones de la Convención dirigidos a las familias, niños y niñas y los
profesionales que con ellos trabajan.

Respecto al interés superior del niño solicitaba que se impartiera capacitación a todos los responsables de la adopción de decisiones (funcionarios públicos, órganos legislativos y de la Administración de Justicia). Igualmente recomendaba que intensificara su labor y promoviera el debido respeto por las opiniones de niños y niñas a cualquier edad en los procedimientos administrativos y judiciales sobre su custodia y las causas sobre inmigración, así como en la sociedad en general. Efectivamente una adecuada capacitación de los profesionales, parte de la comprensión del derecho de niños y niñas a ser escuchados. 

En el ámbito de la justicia juvenil instaba a mejorar los programas de capacitación sobre las normas internacionales pertinentes para todos los profesionales del sistema de justicia. Conviene recordar que es este informe el primero que recomienda que se apruebe una ley integral sobre la violencia contra los niños, texto en el que desembocaremos. 
En el año 2018, el Comité presentaba nuevas observaciones finales, reiterando que se intensificaran los esfuerzos para asegurar que el derecho de niños y niñas a que su interés superior sea una consideración primordial, esté incorporado de manera apropiada y sea interpretado y aplicado de manera consistente y en consecuencia que se impartiera a los profesionales formación sobre la manera de determinar ese interés superior.

Instó a que se promoviera el debido respeto por las opiniones de niños y niñas, se promovieran los conocimientos de los profesionales de distintos ámbitos que trabajan con la infancia y adolescencia, incluidos los jueces, juezas y fiscales de familia, y se impartieran programas de formación acerca de los derechos y de la aplicación del derecho de la infancia y adolescencia a ser escuchados, entendido como un derecho y no como una obligación. El Comité considera imprescindible que en España se emprendan programas y actividades de concienciación para promover la participación significativa, basada en el empoderamiento, de todos a cualquier edad, en la familia, en la comunidad y en las escuelas, prestando especial atención a las niñas y a los niños desfavorecidos o marginados. 
Son varias las materias en las que reitera esta necesaria mejora profesional, así para abordar casos de abusos y agilizar la elaboración de protocolos de atención. Con referencia a los derechos de los niños con discapacidad, insta a aplicar plenamente a las cuestiones de discapacidad un enfoque basado en los derechos humanos que garantice la igualdad de acceso a una educación inclusiva de buena calidad en las escuelas ordinarias, lo que incluye el funcionamiento de mecanismos apropiados que permitan recurrir contra decisiones de colocación en centros educativos y la imprescindible formación permanente de buena calidad a todo el personal docente.  Con relación al derecho de niños y niñas al disfrute del más alto nivel posible de salud, el Comité recomendó que se aumentara el número de pediatras y velara por que los médicos generalistas que prestan servicios de salud a la infancia adquirieran experiencia y conocimientos especializados adicionales y reciban más formación sobre la atención a los niños, niñas y adolescentes. 

En el contexto de la migración internacional y sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos en los países de origen, tránsito, destino y retorno, el Comité recomendó a España, impartir a todos los profesionales que intervienen en cuestiones de protección internacional y de migración formación sobre la Convención, los derechos de la infancia y el deber de proteger a los niños y niñas que solicitan protección internacional, ello implica mejorar la capacidad de guardias de fronteras y otros profesionales competentes para identificar adecuadamente a los niños y niñas y determinar sus necesidades de protección específicas, teniendo en cuenta su edad, género y diversidad, y asegurar una rápida transferencia a centros de recepción adecuados.

En materia de Trata requirió que se fortaleciera la capacidad de agentes de policía, guardias de fronteras, funcionarios de los servicios consulares, inspección de trabajo y trabajo social, entre otros, de modo que puedan identificar a las niñas y niños víctimas de la trata.
En la Administración de la justicia juvenil solicitó el aumento del número de jueces y juezas especializados en la infancia y adolescencia y que se disponga de juzgados especializados
en justicia de menores y de procedimientos que tengan en cuenta las necesidades de niños y niñas. En palabras del Comité, España debe fortalecer la capacidad y la concienciación
de la judicatura en lo relativo a la Convención y sus Protocolos Facultativos y velar por que se asignen a este respecto los recursos humanos, técnicos y financieros apropiados.
 
El Comité lamentó, ya ese año, la falta de progresos en la aprobación de una ley general sobre la violencia contra los niños. 
Dentro de las muchas novedades propuestas en el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una de las más relevantes es la
atención a los mandatos expuestos, más considerando que, en el actual trámite de enmiendas, parece admitirse la propuesta del texto en esta materia. Por ello incide de manera particular en elevar el nivel formativo y capacitación de los profesionales que trabajan, en todos los sectores, público o privado, retribuido o voluntario, con niños, niñas y adolescentes. 

Establece como uno de los Principios Rectores la especialización y capacitación de los profesionales que tienen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes para la detección de posibles situaciones de violencia sufrida por los mismos. 
Prevé que las Administraciones Públicas, promoverán y garantizarán una formación especializada y continua a los distintos profesionales que tengan un contacto habitual con las personas menores de edad en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia. Dicha formación comprenderá como mínimo: La educación en la prevención y la detección precoz de toda forma de violencia. Posibles actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado indicios de violencia. Formación específica en seguridad y uso seguro de Internet para mejorar la prevención y detección de toda forma de violencia. El buen trato a los niños, niñas y adolescentes. Identificación de los factores de riesgo. Y mecanismos para evitar la victimización secundaria.  
Además, las Administraciones Públicas deberán desarrollar programas de formación inicial y continua destinada a los profesionales cuya actividad requiera estar en contacto habitual
con niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de detectar precozmente la violencia ejercida contra los mismos. 
Se instaurará el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia con el objetivo de erradicar la violencia contra niños y niñas con especial incidencia en los ámbitos familiar,
educativo, de servicios sociales, sanitario, judicial, y de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 

En el campo de los Servicios Sociales se incrementan las exigencias de formación inicial y continua toda vez que pasan a ser considerados autoridad. Para ello las Administraciones Públicas competentes dotarán a los servicios sociales de atención primaria de profesionales y equipos de intervención familiar especialmente entrenados en la detección, valoración e intervención frente a la violencia ejercida sobre la infancia y adolescencia.

En el ámbito escolar las Administraciones Públicas, deberán garantizar que los docentes y educadores reciben formación específica en materia de educación inclusiva. Se crea la figura del Coordinador de Bienestar y Protección (a la espera de su nominación final)  que deberá acreditar una particular formación, en relación con la discapacidad y la detección y prevención de la violencia. En el campo de la Educación superior se promoverá la inclusión en todos los ámbitos académicos de la docencia e investigación en derechos de la infancia
y adolescencia y en la lucha contra la violencia ejercida sobre la misma. Los programas de especialización de las profesiones sanitarias, del ámbito educativo, de Periodismo y Ciencias de la Información, del Derecho, y de aquellas otras titulaciones conducentes al ejercicio de profesiones en contacto habitual con niños y niñas, promoverán la incorporación en sus planes de estudios de contenidos específicos dirigidos a la prevención, detección e intervención de los casos de violencia.  

En el sector sanitario se concreta que las Administraciones sanitarias deberán garantizar la existencia de recursos especializados en el tratamiento de personas menores de edad
víctimas o agresores de violencia sexual y/o violencia de género. 

Estas exigencias también se trasladan al campo de la Administración de Justicia. Los Colegios de Abogados facilitarán a sus miembros el acceso a formación específica sobre los aspectos materiales y procesales de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, tanto desde la perspectiva del Derecho interno como del Derecho de la Unión Europea y Derecho internacional, así como a programas de formación continua en materia de lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia. También deberán existir agentes de policía especializados en el abordaje de niños, niñas y adolescentes y en recoger su testimonio.  

Exigiendo la especialización en materia de infancia y adolescencia a tribunales y fiscales, en previsión de la creación de órganos especializados, se estructura todo un conjunto de acciones encaminadas a esta formación y a la de los miembros de los equipos psicosociales, cuyo número debe aumentar.  

En las actividades deportivas y de ocio se regula que quienes trabajen en entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con niñas, niños y adolescentes, deberán recibir formación específica en la prevención y detección de cualquier forma de violencia, así como para atender adecuadamente las diferentes aptitudes y capacidades físicas e intelectuales y la discapacidad para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo.

En consecuencia y tras tanto tiempo, viene la nueva norma a suplir el gran vacío existente en nuestro país para una adecuada atención, con su participación, a niños, niñas y adolescentes, como es la exigible cualificada formación de los adultos que con ellos intervienen. 


*Tomás Luis Martín Rodríguez
. Magistrado de Carrera desde 1997, recientemente nombrado para poner en marcha el 1º Juzgado de España especializado en violencia contra los NNA.
Máster sobre “Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo de la Infancia” por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Experto Universitario, con certificado de excelencia, en Aspectos Clínicos, Prevención y Tratamiento del Maltrato Infantil. Formación Continua en “Estudios Jurídicos Avanzados en Derechos Humanos”. 
Especialización en perspectiva de género y perspectiva de género, ámbito penal, del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.  
Miembro del Grupo de Sociología de Infancia y Adolescencia (GSIA).

Hacia un enfoque decolonial de las prácticas sociales con niñas, niños y adolescentes. Children´s Rights Studies.


Dentro del ciclo de conferencias 
"Los derechos del niño como campo de estudio y acción internacional transversal"
 el próximo seminario web en español será el tema:

"Hacia un enfoque decolonial de las prácticas sociales 
con niñas, niños y adolescentes".

Organiza, 
11  de  mayo  2021,
02:15 p.m. hora Berlín.
Ponentes:
Mgr. Claudia Yarza, Lic. 
Cecilia Robert & Lic. 
Carolina Aciar - 
Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, Argentina.




El Consorcio *Childhood Studies& Children's Rights ha organizado  un Ciclo de conferencias online en el marco del proyecto: Estudios en línea sobre los derechos del niño para desarrollar tres módulos en línea sobre temas relacionados con los derechos del niño.

En esos módulos en línea están participando los principales expertos en derechos del niño de todo el mundo
Desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2021, este consorcio ha implementando estos seminarios web en línea cada 15 días ( los martes de 2:15 a 3:45, hora de Berlín).


@WmMondo, ¿lo conoces?.


 @WmMondo

Únete a una iniciativa que tiene como objetivo abordar retos 
en materia de igualdad de género por parte de los clubes.  

Mondo es una plataforma de innovación social y sostenibilidad desde la queramos dar respuesta, entre todos los clubes, a los desafíos más inmediatos en materia de igualdad de género en el ámbito del deporte y en concreto en el fútbol.

Acceso a video de presentación.



En Mondo apostamos por la igualdad.

Desde la Asociación GSIA damos la bienvenida a esta iniciativa, 
y nos ponemos a su disposición para la colaboración que sea precisa.

Infancia y New Deal en Estados Unidos.

No conviene identificar crecimiento y desarrollo económico,
porque un país puede haber alcanzado un elevado nivel de riqueza material
(medido usualmente por el producto interior bruto por habitante, PIBpc)
y, sin embargo, no estar a la misma altura en su nivel de bienestar social.
Caso singular es el de Estados Unidos: de entre la treintena de países ricos
era el país que peor relación mantiene entre nivel de riqueza y bienestar infantil.

El bienestar social no es algo subjetivo. No hablo de la felicidad de los países o de sus ciudadanos. Bienestar social, como aprendimos en esta pandemia, es tener un sistema sanitario y de salud pública resilientes y bien dotados que garanticen una elevada y satisfactoria esperanza de vida, un sistema educativo que impida que las diferencias familiares determinen la escalera social, un sistema de pensiones y de protección social que evite situaciones de pobreza y exclusión o unas oportunidades de empleo digno para sus ciudadanos. Todo eso son cosas que se pueden cuantificar y evaluar. Muchos investigadores trabajamos en ello y el que suscribe –con mi colega Patricio Sánchez- lo venimos haciendo desde hace años.

Thank you for watching

Ese bienestar social puede analizarse para el conjunto de la población de un país. Pero también puede hacerse para sectores especialmente sensibles del mismo. La población femenina y la infantil son dos grupos sociales que, sin duda, afinan un buen diagnóstico de como usa cada país su nivel de riqueza económico.

En esta última dirección en el año 2013 UNICEF editó un informe sobre el bienestar infantil en 29 países ricos del mundo utilizando nada menos que veintinueve indicadores relativos a salud, educación, vivienda, conducta, bienestar material en la población infantil. Dicho informe destaca que en general no parece haber una estrecha relación entre nivel de riqueza nacional y bienestar infantil.

Caso singular es el de Estados Unidos: de entre esa casi treintena de países ricos era el país que peor relación mantiene entre nivel de riqueza y bienestar infantil. Desciende nada menos que 23 posiciones. De los más ricos pasa a estar entre los menos virtuosos para el bienestar de su infancia. Islandia es el caso contrario: mejora doce posiciones.

Cuando una evaluación de este tipo se amplía para todos los países del mundo (188 países con datos de Naciones Unidas) y para catorce indicadores educativos, sanitarios, de género y de empleo, todos ellos relativos a la infancia en el año 2015 las conclusiones son diversas y de sumo interés (ver aquí).

Para el caso de Estados Unidos se confirma el mal diagnóstico que hacía UNICEF en su estudio: Estados Unidos ocupa la posición 45ª mundial, lo que supone caer 34 posiciones respecto a la que ocupa si atenemos a su nivel de riqueza (11º en PIBpc). Siendo así que Islandia ocupa la posición 10ª en el ranking de bienestar infantil, muy por encima de Estados Unidos a pesar de anotar un nivel de riqueza sustancialmente menor (28º).

Otros ejemplos son demoledores. Cuba con un nivel de riqueza ocho veces menor que el de Estados Unidos supera a este país en bienestar infantil (32ª frente a 45ª). Y China, que en nivel de riqueza está en 82ª posición, también supera el nivel de bienestar infantil medio de Estados Unidos (24ª China y 45ª Estados Unidos). China con 13.000 dólares frente a 53.000 de Estados Unidos.

Una cosecha desastrosa de cuatro décadas ininterrumpidas de neoliberalismo militante en Estados Unidos. Primero del pata negra Reagan, y luego con el centrismo neoliberal abrazado por los demócratas, hasta forzar la aparición del iluminado Trump.

New deal para la infancia norteamericana

Con estas premisas es muy razonable, y más que adecuado, que la nueva administración Biden nada más llegar a la Casa Blanca haya aprobado un Plan de Rescate Social al que se destina un billón de dólares en apoyos a los hogares. Con medidas muy focalizadas en la población infantil tal como recogemos en esta imagen que resume parte de dicho Plan: una auténtica re edición del New Deal de los años 1930 en favor de la infancia (observe el lector los subrayados en color amarillo).

Bienvenida sea esta Casa Blanca a la senda de lo que viene denominándose crecimiento inclusivo. Corregir esa asimetría poco virtuosa: que uno de los países más ricos del mundo se vea superado en bienestar infantil por países mucho menos ricos.

Porque es posible transformar mucho mejor un menor nivel de riqueza nacional en bienestar infantil. Porque crecimiento y desarrollo no son la misma cosa. Porque, como bien se observa, podemos alcanzar un mejor y mayor nivel de desarrollo social con un menor crecimiento económico.

*Albino Prada es miembro de ECOBAS y del Consejo Científico de Attac España

Crecer sin papeles en España.

 
Crecer sin papeles. Ilustración: Nerea Pérez.
Juan llegó a España  desde Colombia cuando sólo tenía 5 años. Ahora tiene 10 y su madre Claudia y él celebran que ya tienen “papeles”.

– Mientras Creces: ¿Lo celebraste con tus compañeros y compañeras de clase?
– Juan: No, nunca hemos hablado de eso.


Para este futuro inventor, amante de plantas y flores, distinguir si un niño tiene o no papeles es poner una etiqueta innecesaria en su mundo de juegos, aprendizajes y amistades.

  • – MC: Si tú pudieras decidir qué hacer para evitar que haya niñas y niños sin papeles en España, ¿qué decisión tomarías?

  • – No les llamara así, personas que tienen o personas que no tienen papeles o que no han nacido aquí. Son personas. Y también que fuéramos más solidarios, como han sido conmigo.
Niños y niñas lo tienen claro: todos son iguales.  
Video Crecer sin papeles

El informe “Crecer sin papeles en España ” revela una radiografía preocupante sobre la desprotección y vulnerabilidad en la que viven casi 150 mil menores de 19 años en situación irregular en España.
Elaborado por la ONGD Save the Children y Fundación por Causa, el estudio ofrece datos que nos permiten dimensionar el alcance y gravedad del problema y, lo que es más relevante y marca su diferencia, los testimonios e historias de quienes están en situación irregular guían la narración y la investigación.
Claudia reconoce que ha intentado transmitir a su hijo tranquilidad y hacerle sentir uno más. Sólo ella, y quienes han estado en su lugar, saben las dificultades que supone vivir sin papeles en España y cómo les ha afectado en derechos tan fundamentales como la educación, la salud, la vivienda.
“Muy difícil, pero aquí estamos. Han pasado 5 años, por muchas cosas que llegan en el camino no los pude conseguir a los 3 años, pero finalmente los logré. Ese logro es básicamente para caminar con tranquilidad, poder ir a al médico, poder asistir a la salud sin temor, sin rechazo, sin temor de nada, porque no hemos hecho nada malo, vinimos aquí a cuidar sus hijos, mayores… a trabajar”, cuenta Claudia en una tarde de parque a la salida del colegio de Juan.
Regularización
“ Un niño es por encima de cualquier otra circunstancia, un niño. Da igual su origen, su condición legal, da igual sus circunstancias personales.  Como es un niño, nuestra sociedad ha hecho un compromiso formal y legal para protegerles por encima de cualquier otra circunstancia y en ese sentido nuestro país está fallando”, subraya Gonzalo Fanjul, uno de los autores de «Crecer sin papeles en España» y director del área de investigación de Fundación por Causa. Fanjul califica de “salvajada” el número de menores que se encuentran en situación irregular en el país.
Otro de los problemas que evidencia el informe y que Fanjul destaca es la invisibilidad de esta realidad. “Son cosas que pasan desapercibidas para la sociedad y que resultan a veces un poco difíciles de entender”,  valora.
Pese al gran reto y dificultades planteadas, “Crecer sin papeles en España” transmite un mensaje de oportunidad. “Por razones de magnitud y por razones de emergencia social ante el Covid, tenemos la oportunidad de que España haga lo mismo que han hecho otros países de nuestro entorno en donde sí se han producido procesos de regularización”, propone el experto en pobreza y desarrollo.
“En el caso de los niños, yo creo que es más fácil aceptar que no tenemos muchas opciones, que este es un asunto que como sociedad estamos obligados a hacer tarde o temprano”, augura con esperanza.
Desde Fundación por Causa destacan, además, los beneficios que esta medida tendría para el país. “La regularización permitiría que los trabajadores que ahora están en situación irregular empezasen a hacer contribuciones a la sociedad a través de los impuestos directos y de las contribuciones a la Seguridad Social, que ahora no pueden hacer porque no tienen contrato porque nadie les quiere hacer un contrato”, expone Fanjul, quien confía en que este estudio pueda empujar el necesario y legítimo debate sobre la regularización.

Red Niños y Trabajo

Recientemente se ha presentado la Red Niños y Trabajo, Children Work.
Aquí su presentación y Objetivos:

Somos un grupo internacional y diverso de investigadores académicos y profesionales preocupados por la infancia y los derechos del niño, con un interés particular en el trabajo infantil. 

Si bien creemos firmemente que se debe eliminar el trabajo dañino realizado por los niños, es de vital importancia que las intervenciones y campañas se basen en la evidencia, se informen sobre las propias experiencias de los niños trabajadores y consideren el bienestar de manera integral: deben atender al bienestar general. -ser y desarrollo de los niños - físico, mental, social y espiritual - según lo estipulado por la CDN (artículos 17, 23, 27, 32). 

Este sitio web está dedicado a nuestros esfuerzos y publicaciones con este fin.



Declaración Red de Niños y Trabajo.

Muchachos dirigiendo un taller de reparación de bicicletas en Asuán,Egipto.
 
Fotografía de Carl Heibert.  

Nuestro objetivo fundamental es que los niños y niñas, como es su derecho, vivan en un entorno que permita y promueva su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, en su máximo potencial*.   
El desarrollo efectivo en cualquier ámbito requiere de la participación activa de los niños.  También requiere su protección contra daños, pero toda protección debe tener en cuenta la intención más amplia de permitir que los niños prosperen: un enfoque estrecho en proteger a los niños de riesgos particulares con demasiada frecuencia da lugar a restricciones que pueden obstaculizar su bienestar y obstaculizar sus oportunidades de desarrollar

 Aplicando esta preocupación fundamental al trabajo de los niños, hemos llegado a reconocer que los niños y adolescentes pueden y trabajan, con o sin pago, para mantenerse a sí mismos y a sus familias, particularmente en situaciones de pobreza severa, pero también en una variedad de contextos y entornos culturales.  En muchos casos, su trabajo permite a los jóvenes aprender habilidades técnicas, comerciales y para la vida que los ayudan a lograr una vida digna y productiva como adultos dentro de sus sociedades, un aprendizaje que es especialmente importante donde la educación disponible ofrece beneficios limitados. 

 También es importante observar que el trabajo está integrado en las relaciones sociales y que las relaciones de apoyo son clave para el bienestar y el desarrollo de los niños. A través del trabajo, incluso los niños pequeños participan en las actividades de sus familias y comunidades, realizando tareas y quehaceres y, en ocasiones, contribuyendo al sustento familiar mediante el trabajo remunerado o no remunerado; de esta manera, construyen sus relaciones con quienes les rodean y desarrollan un sentido de responsabilidad social y económica y de ciudadanía. 

 Sin embargo, el trabajo que realizan los niños y adolescentes puede tener efectos tanto negativos como positivos. En particular, el trabajo a veces obstaculiza o impide la escolarización, o conlleva un grave riesgo de daño físico o psicológico. Sin embargo, las intervenciones destinadas a proteger a los niños impidiéndoles trabajar con demasiada frecuencia dañan las posibilidades de los niños que se supone deben estar protegidos, privándolos de los beneficios de un trabajo seguro y, a veces, empujándolos a peores formas de trabajo. 

 Por tanto, es necesario prestar mucha atención al trabajo que realizan los niños e intervenir en su nombre cuando el trabajo les perjudique. 
Décadas de investigación en todos los continentes nos llevan a concluir que el respeto genuino de los derechos del niño requiere que la intervención se aplique y evalúe de acuerdo con los siguientes criterios clave: 

1.-  Los niños deben poder realizar un trabajo que los beneficie y contribuya a su pleno desarrollo. Es importante reconocer y aprovechar los aspectos positivos del trabajo infantil, tanto dentro del trabajo en sí como en cualquier intervención destinada a beneficiar a los niños trabajadores. Y es importante que los niños puedan trabajar con dignidad. 

2.-  Los niños que trabajan no deben ser perjudicados ni explotados a través de su trabajo. La atención debe centrarse en prevenir daños en lugar de prevenir el trabajo. 

 3.-  Los niños que trabajan no deben ser perjudicados ni explotados mediante ninguna intervención destinada a su beneficio. No deben ser criminalizados por su trabajo. 

4.-  Las políticas y los programas relacionados con el trabajo infantil o el trabajo infantil deben basarse en pruebas empíricas sobre los efectos en el bienestar y el desarrollo de los niños y responder a ellas, tanto con respecto a su trabajo como a las intervenciones en el trabajo infantil. 

5.-  Las políticas deben abordar los factores estructurales, políticos y económicos que llevan a los niños a buscar trabajo de manera que los perjudique, en lugar de simplemente buscar sacarlos del trabajo. En esa consideración se incluye una educación de calidad a fin de hacer realidad los derechos del niño y los objetivos de la educación, así como las prácticas comerciales y de producción que llevan a los niños a realizar trabajos nocivos. 

6.-  Todos los actores deben reconocer y apoyar la participación sistemática de los niños para determinar su propio interés superior y promover sus derechos humanos en general. En particular, los niños que trabajan son trabajadores y deberían tener todos los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a defender sus intereses. 

 * Cf. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) artículos 17, 23, 27, 29, 32.

La web cuenta con informacion y accesos a iniciativas colectivas, a  estudios de casos e a investigaciones.

Acesso a los Miembros de la Red, entre los que se encuentran dos miembros de la Asociacion GSIA.