Revista HDIA, mes de julio, revista GSIA.

   Hablando de Infancia y Adolescencia. 
La Asociación GSIA edita esta Revista de Prensa, bimensual y digital,
que analiza la actualidad recogida por los medios 
en relación a la infancia y la adolescencia, 
aportando nuestro propio enfoque 
con distintos secciones, artículos y columnas de opinión.

      Acceso desde aquí.


Escenarios violentos impactan la vida 
de la infancia y adolescencia

Las noticias nos dan una mirada importante sobre eventos y hechos que suceden y  que desafortunadamente más veces de lo que quisiéramos, nos estremecen y nos muestran una sociedad y un mundo que vive inmerso en una espiral violenta y que en ella hay víctimas, victimarios y cómplices. Felizmente, también nos muestran cada vez más esfuerzos, logros, iniciativas que realizan individuos, colectivos, entidades y que muchos de estos son protagonizados por personas menores de edad, que nos alegran e iluminan, nos aportan enseñanza y sobre todo nos dan esperanza.

La violencia es la expresión del ejercicio del poder, de dominación ante al que se le considera inferior o
vulnerable. Dentro de las diferentes formas de violencia y ámbitos donde se desarrolla, los niños, niñas y adolescentes son mayoritariamente víctimas que se ven afectados de manera directa y en muchas ocasiones, hasta pueden llegar a perder la vida. Asimismo, y cada vez más, escuchamos y observamos situaciones donde personas menores de edad protagonizan y ejercen de manera individual o colectiva actos violentos; son utilizados como mercancía; blanco directo en bombardeos en contextos bélicos o bien; discriminados y odiados por su procedencia, su color de piel, su condición... 
- Sigue leyendo la sección GSIA OPINA 

En este número, el ESCAPARATE GSIA ofrece dos interesantes apartados. Por un lado, el análisis de la premiada película “Close” que, aunque no se trata de una película del 2024, nos conduce a una temática actual, que debe continuar ocupando espacios de diálogo y reflexión con y para los niños, niñas y personas adolescentes quienes en su día a día, vivencian las atrocidades de los modelos hegemónicos que les violentan. Por su parte, el contenido segundo reseña el interesante proyecto cubano Mi Raza, implementado en Santiago de Cuba, para la comprensión de las bases estructurales que sostienen la discriminación racial.
Como se ve, dos pertinentes temas que conducen a la generación de más y nuevas interrogantes.

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GSIA es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter independiente, que fue creada hace 12 años por un pequeño pero apasionado grupo de profesionales de diferentes especialidades.

Su finalidad principal es la de contribuir al reconocimiento de los derechos humanos en la infancia y la adolescencia, a través del estudio, la formación, la sensibilización y la difusión de los mismos.

Reconocimiento de diversidad sexual y de género de niñez y adolescencia les protege de discriminación

Se garantizan sus derechos humanos a la dignidad humana, la igualdad y no discriminación, la vida privada y familiar y el derecho al libre desarrollo de la personalidad


Gobierno de México

Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

18 de julio de 2024




Niñez transgénero


Desde la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) en 2014, se han registrado avances en el reconocimiento de estas poblaciones como titulares de derechos, así como su materialización en su vida diaria. Sin embargo, aún existe un sector que sufre los efectos de una discriminación y vulneración sistemática a sus prerrogativas legales por su orientación sexual y/o identidad de género: la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual, queer y otras (LGBTTTIQ+) de la que forman parte niñas, niños y adolescentes.


Para asegurar el reconocimiento y la expresión de la diversidad sexual y de género hay que considerar derechos y principios indispensables al diseñar y ejecutar políticas públicas, así como el análisis de casos en la materia, señaló durante la Sesión Permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas (Comse) la encargada de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), adscrita a la Secretaría de Gobernación, Constanza Tort San Román.


Apuntó que entre ellos se encuentra la dignidad humana, la igualdad y no discriminación, la vida privada y familiar y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este último destaca porque es el reconocimiento por parte del Estado de la facultad de toda persona para ser individualmente como quiera ser, sin coacción ni impedimentos de otras personas, con el fin de cumplir las metas o el proyecto de vida que cada sujeto se ha fijado.


Especificó que este mandato legal incluye orientaciones sexuales, identidad de género y relaciones familiares que las personas LGBTTTIQ+ establecen dentro de la sociedad; es en este sector de la población en el que el derecho al libre desarrollo de la personalidad ha evolucionado con mayor rapidez.


Enfatizó que a pesar de contar con normativas y criterios jurisprudenciales en la materia, niñas, niños y adolescentes aún no cuentan con lineamientos sólidos para enfrentar las dificultades que implican la diversidad sexual y de género.


Las y los menores de 18 años son personas en desarrollo, por lo que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad respecto a la población adulta. Esto comprende la expresión de la diversidad sexual y de género, por lo que enfrentan acciones de acoso dentro de centros de enseñanza, marginación y exclusión de servicios como educación y asistencia médica, expulsión de sus hogares, formas de intimidación, violencia física y sexual; así como internamientos o terapias para “corregirles”.


Expuso que en espacios como la Comse se difunden marcos conceptual y jurídico del tópico y datos estadísticos de diversidad sexual y género de esta población etaria. Solo así se reconoce esta diversidad y se identifican recomendaciones para reducir la discriminación, la estigmatización y la exclusión que enfrentan niñez y adolescencia LGBTTTIQ+ en el país.


En la sesión intervinieron Gloria Careaga Pérez, directora de Fundación Arcoíris; Enrique Minor Campa, profesor en la  Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Tecnológico de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México; Tania Morales Olvera, directora y fundadora de la Asociación para las Infancias Transgénero, A.C.; Enrique Ventura Marcial, director general adjunto de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).


Para mayor información se presentan los siguientes materiales:


Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021.


Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022. Comunicado prensa.


Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022. Marco conceptual.


Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022. Prontuario de resultados.


Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022. Presentación de resultados.


Cientos de niños y niñas en prisiones israelíes, las otras víctimas de la represión sionista contra palestinos.

Varios testimonios dan cuenta del maltrato físico y psicológico que sufren los menores encarcelados en prisiones israelíes, en las que pueden terminar por el mero hecho de lanzar piedras contra un tanque o manifestarse contra la ocupación.



Diario Público

EMILIA G. MORALES

13/07/2024



Soldados israelíes detienen a un joven palestino/ Abed Al Hashlamoun (EFE).

En 2018, la imagen de una niña rubia gritando y abofeteando a un soldado israelí mientras este ríe dio la vuelta al mundo. La niña era Ahed Tamimi y, con sólo 11 años, desafiaba a un miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) por tratar de detener a su hermano. Tres años más tarde, la escena se repitió: Tamimi pateó a un soldado israelí que había disparado una bala de goma a su primo. Por estos actos, la preadolescente estuvo presa durante ocho meses, convirtiéndose en un icono de la causa palestina. Siempre en el ojo del huracán por su activismo contra la ocupación israelí, Tamimi volvió a ser detenida tras los atentados de Hamás del 7 de octubre en una redada en Nabi Saleh (Cisjordania) donde reside. Semanas más tarde, fue liberada.


Las detenciones de menores de edad son una práctica común en esta región de Oriente Próximo. Aproximadamente entre 500 y 700 niños palestinos son detenidos cada año por las FDI, según los datos de la organización local Defense for Children International Palestine (DCIP). Algunos de ellos tan sólo tenían 12 años en el momento de su arresto, edad mínima con la que los niños y niñas palestinos pueden ser juzgados y encarcelados según la legislación israelí. La estimación de la organización palestina es similar a la que hace la internacional Save The Children (STC), que en su informe de 2023 sobre la situación de los niños palestinos estimaba que Israel arrestaba a entre 500 y 1.000 menores anualmente.


Tras los atentados del 7 de octubre, la situación ha empeorado considerablemente. A inicios de julio, 250 niños y niñas palestinos se encuentran entre rejas, según el recuento de la Asociación palestina de Apoyo a Prisioneros y Defensa de los Derechos Humanos (Addameer). Ellos son el 2,5% de las 9.700 personas que Israel mantiene encerradas en prisión, algunos de ellos sin siquiera acusación. También organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) hablan de niños y niñas detenidos, maltratados en las prisiones de Israel, aunque no se aventuran a dar cifras concretas.


"Lanzar piedras" contra tanques o soldados, o "manifestarse" son las razones más comunes por las que los menores palestinos son detenidos por Israel, según STC. En otros casos, la mera sospecha de que hayan delinquido es suficiente para arrestarlos, gracias a la figura de la detención administrativa, que permite a las FDI arrestar a palestinos sin que se hayan presentado cargos contra ellos. Mientras que los actos de vandalismo o protestas son considerados como desobediencia civil y juzgados por la Justicia ordinaria en la mayoría de los países democráticos, Israel los somete a la justicia militar.


Tribunales militares para menores


Que militares juzguen a menores "es algo muy anómalo", evidencia a Público Vicente Raimundo Núñez-Flores, director de Cooperación Internacional de Save The Children.  Tanto es así que Israel es el único país del mundo que mantiene este modelo en la actualidad. Dicho de otra manera, los niños y niñas palestinas son los únicos en todo el mundo en ser juzgados por militares. "Cuando un menor comete un delito en cualquier otro país, el sistema judicial es profundamente garantista y más respetuoso precisamente por su condición de niños, que los hace muy vulnerables", abunda Núñez-Flores. En cambio, "el sistema procesal militar es mucho más agresivo a todos los niveles: tienen menos garantías procesales, las sanciones son mayores, las condiciones de detención y reclusión son más duras... todo es peor".


Estas premisas hacen que algunos niños pasen años en prisión. Es el caso de Ahmad Manasra, quien este año ha cumplido 22 años de edad en la cárcel después de ser detenido siendo un niño de 13. Según denuncia Amnistía Internacional, Manasra fue insultado y amenazado durante su interrogatorio cuando era apenas un niño. Además, en aquellos momentos no estuvo acompañado por sus padres ni por un abogado. Este abuso de poder se repite constantemente, de acuerdo a los testimonios recabados año tras año por Save The Children. Según la investigación publicada por esta ONG en 2023, al 58% de los niños y niñas palestinos se les prohibieron las visitas y la comunicación con sus familias mientras estaban detenidos.


A Manasra se le acusó de intento de asesinato y se le impuso una condena de 12 años de prisión que finalmente fueron rebajados a nueve. Ocho años después de su detención –dos de los cuáles los ha pasado en régimen de aislamiento– las secuelas psicológicas de Manasra son brutales. Así lo demostró un informe psiquiátrico que le fue realizado durante su hospitalización a finales de 2022. A pesar de ello, como informó en su momento la organización internacional, cuando pudo recuperarse, Manasra fue llevado de nuevo a su celda de aislamiento.


"Por eso ningún otro país del mundo aplica regímenes militares a niños", defiende Núñez-Flores. "Es como si te hacen un consejo de guerra por hacer un grafiti en el metro", compara. El único avance que ha emprendido el Estado sionista para mejorar la situación de los menores es designar un tribunal militar específico para los casos de menores. Pero la realidad es que lo sustancial no ha cambiado y que, en la actualidad, Israel sigue aplicando condiciones de detención aterradoras a los menores palestinos. Ellos mismos dan cuenta de ello, testimonio tras testimonio, tras ser liberados.


Manual de represión: palizas, desnudos y aislamiento


Llegan en mitad de la noche y los sacan de sus camas a rastras. Después de reducirlos, les atan las manos tras la espalda y colocan una venda en sus ojos. Probablemente, permanecerán cegados y maniatados durante las primeras 24 horas de su detención. Tampoco les dan de comer. Dará igual su condición de niños cuando, durante las primeras horas de su arresto, sean sometidos a trato vejatorio e interrogatorios intensivos sin defensa. Podría ser esta madrugada o la siguiente, en esta casa o en la del vecino. Nunca se sabe cuando vienen, pero sí que tarde o temprano lo harán.


Así son la mayoría de las detenciones de menores de edad palestinos que llevan a cabo las FDI, de acuerdo al estudio publicado el pasado año por Save The Children. De nuevo, no es el único organismo que ha recopilado numerosos testimonios que apuntan al sometimiento de los menores a estas violencias. El trato que reciben los niños y niñas al ser detenidos por el autodenominado "ejército más moral del mundo" dista mucho de hacer honor a su nombre. Las cifras de STC son contundentes: cuatro de cada cinco niños son golpeados durante su detención o estancia en prisión y el 42% son heridos en el momento en el que son arrestados. "Hablamos de heridas de bala o fracturas de huesos, no de cualquier cosa", aclara Núñez-Flores.


El 70% de ellos son desnudados, el 86% sufren palizas y el 60% son amenazados con algún objeto, incluidas armas. Además, un número indeterminado de menores denuncian algún tipo de violencia sexual. Si bien la investigación que sacó a la luz estas cifras se llevó a cabo antes de los atentados del 7 de octubre, todos los reportes apuntan a que la violencia contra los menores no ha hecho más que crecer.


Todas estas prácticas tienen un impacto durísimo en la salud mental de estos menores, aunque algunas están específicamente destinadas a maltratar psicológicamente a niños y niñas. Así, el 60% de los menores palestinos detenidos han sido sometidos a régimen de aislamiento durante un periodo que oscilaba entre uno y 48 días. En algunos casos, como el de Ahmad Mansara, esta situación se alarga durante años. Su caso es un claro ejemplo de cómo el encierro extremo y la incomunicación genera daños gravísimos en la salud mental de los más jóvenes.


Esto contraviene la Convención sobre Derechos del Niño de la ONU y, por tanto, el derecho internacional. "Si tu quieres quebrar a alguien psicológicamente para siempre y reducir su esperanza de vida, sólo tienes que aislarlo", denuncian desde STC. Y sentencian: "Todo esto es tortura psicológica, ya lo sabemos".


Daños colaterales de la deshumanización


Cómo ha llegado Israel a este punto de deshumanización de los palestinos es algo que se preguntan los sectores más críticos de la sociedad israelí, al que pertenece el exsoldado y activista Yehuda Shaul, así como miembros antisionistas de la comunidad judía en el resto del mundo. En una entrevista concedida a Público a principios de julio, Shaul se mostró consternado por "el deterioro moral que hemos atravesado [los israelíes]" y que calificó de "alucinante y vergonzoso".


Yehuda usa un suceso acaecido durante la operación militar israelí de 2002, Escudo Defensivo, para explicar esta degradación. El 22 de julio de aquel año, las FDI bombardearon un edificio en el que se encontraba Salah Shehade, jefe del brazo armado de Hamás. En el ataque también fueron asesinados su esposa y nueve niños y niñas. La fuerte oleada de indignación que desataron aquellos asesinatos corrió como la pólvora, llevando el caso a instancias judiciales en el propio Israel. Fuera de Próximo Oriente el ataque también fue duramente criticado, incluso por el entonces presidente de EEUU, el republicano y firme defensor de Israel, George Bush, quien pidió explicaciones al primer ministro sionista Ariel Sharon. Israel terminó reconociendo un error de cálculo, y aseguró que, de haber sabido que morirían inocentes, no hubiese llevado a cabo el ataque. Esta empatía, al menos narrativa, está a años luz del escenario actual, donde 14.000 menores han sido asesinados sin que nadie detenga la matanza.


No hay cifras claras del número de menores detenidos durante aquella operación militar, si bien la ONU reconoció que entre los 7.000 arrestados en aquel contexto había menores de hasta 15 años. A finales de 2008 y principios del 2009 se produjo otra operación militar, llamada "Plomo Fundido", en la que alrededor de 1.400 palestinos perecieron bajo las bombas israelíes. Entre ellos unos 400 niños. El año 2008 fue el primero en el que la organización Defense for Children International Palestine (DCIP) comenzó a recoger datos de menores de entre 12 y 17 años encarcelados. Febrero de 2009, mes de la finalización de la operación, fue uno de los meses con más niños y niñas palestinos detenidos hasta la actualidad según el registro de la ONG: un total de 423 menores. Esta cifra sólo ha sido superada durante los primeros meses del 2016.


Sin embargo nunca, siquiera durante este conflicto, se han vuelto a alcanzar esas cifras. Al menos, que se sepa, ya que, al igual que ocurre con los datos de fallecidos, las cifras de detenidos también bailan. Israel no aporta datos claros sobre los detenidos y sólo las ONG locales hacen como pueden recuentos de los arrestos de menores. Save The Children ha estimado que actualmente hay 20.000 menores palestinos desaparecidos. Es posible que muchos de ellos se encuentren bajo los escombros, mientras que otros se hayan perdido en el transcurso de alguno de los muchos desplazamientos que sus familias se ven obligadas a hacer para huir de las bombas. Por último, explica a Público Núñez-Flores, otra cantidad indeterminada de niños y adolescentes se encuentran detenidos secretamente en prisiones israelíes.


Mientras las fotos, nombres e historias de vida de los menores israelíes asesinados o secuestrados por Hamás se reproducen constantemente en todos los medios israelíes, un manto de silencio y anonimato cubre los cuerpos con o sin vida de los niños y niñas palestinos desaparecidos. Para una cooperante vasca que ha vivido en Cisjordania y la Franja de Gaza durante años —y que prefiere no dar su nombre—, esta invisibilizarían de forma parte de la estrategia de deshumanización que Israel lleva años desarrollando. Sin cifras claras, ni nombres, paradero, defensa o garantías procesales, estos niños y niñas, no existen.


 

Lanzamiento de la nueva versión en español del curso HELP sobre justicia adaptada a la infancia

El pasado 11 de julio de 2024 se presentó en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España, en Barcelona, la nueva versión en español del curso HELP sobre justicia adaptada a la infancia (2023). El programa de la jornada está disponible aquí.



Consejo de Europa

Children’s Rights

Barnahaus España

18 de julio de 2024





Este curso ha sido adaptado al contexto español en el marco del proyecto conjunto UE/Consejo de Europa “Barnahus en España - Fortalecimiento de la justicia adaptada a la infancia a través de la cooperación y coordinación efectiva entre diferentes servicios Barnahus en las regiones de España” para diferentes profesionales que trabajan para y por la infancia; en concreto para la judicatura, fiscalía y abogacía, por un lado, y para el personal de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por otro. La oportunidad de realizar este tipo de formación inicial para profesionales fue identificada en el estudio de necesidades de formación que se realizó como parte del segundo pilar del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de los y las profesionales”.


El curso proporciona información sobre los instrumentos más importantes a nivel internacional y europeo en materia de justicia adaptada a la infancia y su implementación en la práctica. Inicialmente desarrollado en 2017, este curso se actualizó en 2023 en el marco del Programa de Educación en Derechos Humanos para Profesionales del Derecho (HELP) del Consejo de Europa, en estrecha colaboración con la División de Derechos de la Infancia del Consejo de Europa y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA). La actualización se realizó en el marco del Proyecto UE-CoE «HELP en la UE III» para incluir la jurisprudencia reciente de los tribunales europeos (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), así como el marco de la UE y del Consejo de Europa.


Durante los próximos dos meses, 70 participantes tendrán la oportunidad de explorar qué es la justicia adaptada a la infancia y cómo, en España, gracias al proyecto Barnahus y en colaboración con el Ministerio de Juventud e Infancia, se está trabajando para garantizar una justicia adaptada a los niños y niñas víctimas de violencia sexual.


Tras esta conferencia, dedicada íntegramente a la implantación de diferentes servicios tipo Barnahus en los territorios de España, se realizaron visitas de estudio a los centros Barnahus de Barcelona, Terrassa y Vilanova i la Geltrú.


El curso en español, sin las adaptaciones, está disponible de forma gratuita para todas las personas interesadas en la plataforma HELP e learning en https://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=3396


Las nuevas versiones adaptadas en español para los dos grupos profesionales estarán disponibles próximamente.



 Programa de lanzamiento del curso HELP sobre justicia adaptada a la infancia (Castellano)


 Programa de lanzamiento del curso HELP sobre justicia adaptada a la infancia (Inglés)


 Curso HELP sobre justicia adaptada a la infancia 

Derechos Sociales financiará con 65,5 millones de euros proyectos de innovación social para la protección de la infancia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abre la convocatoria del Programa de Inclusión, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza del Fondo Social Europeo+ para seleccionar proyectos de mejora del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes.



La Moncloa

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

18.07.2024



El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha abierto una convocatoria para proyectos de innovación social dotada con 65,5 millones de euros, provenientes del Fondo Social Europeo+ (FSE+). El objetivo de esta convocatoria es la financiación de proyectos con los que proteger a la infancia y adolescencia en riesgo o desamparo, priorizando medidas que garanticen el derecho de estos niños, niñas y adolescentes a vivir en entornos familiares seguros a través de, entre otras, medidas preventivas centradas en el apoyo a familias frágiles.



La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, busca financiar "soluciones innovadoras a problemas sociales complejos" y el objetivo es que, "una vez testeadas, sean transferidas a mejores políticas públicas para todo el Estado" ha afirmado Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales. Dicha convocatoria está abierta tanto a entes locales como a entidades sociales y de la economía social. Las iniciativas financiadas deberán contribuir en la implementación de la Estrategia Estatal: para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, impulsada recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales, para avanzar en un sistema de protección a la infancia en el que ningún niño, niña o adolescente viva en una institución. Actualmente, unas 17.000 personas menores de edad tuteladas por las administraciones pública viven en recursos residenciales de las comunidades autónomas.


El ministro Bustinduy ha explicado que esta estrategia tendrá una dotación económica inicial que supera los 1.300 millones de euros (1.323.471.810 €) y que estará financiada por recursos provenientes de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, en particular el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, habiendo programado para ello operaciones vinculados a procesos de desinstitucionalización, de modernización de los servicios sociales y de desarrollo de una nueva economía de los cuidados hasta el 2027, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. "Se trata de una inversión sin precedentes para una estrategia que, además, será pionera en Europa", ha enfatizado el ministro, sobre todo en lo relativo a cómo cambiará el modelo de cuidados.


Si hablamos de niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección en 2022 se registraron 29.770 notificaciones de maltrato infantil, destacando entre los diferentes tipos la negligencia y el maltrato emocional, ambos en el ámbito familiar, ha destacado Pablo Bustinduy, citando datos del Observatorio de la Infancia.


El ministro ha subrayado también que la inversión de España para infancia y familias está un punto del PIB por debajo de la media de la Unión Europea "es inaceptable que una democracia avanzada y la cuarta economía de la zona euro, como lo es España, exhiba unos niveles de desigualad y de precariedad tan graves", ha declarado, y ha hecho un llamamiento a revertir esta situación con una mayor inversión y con políticas públicas más eficaces.


Entre esas políticas, Pablo Bustinduy ha señalado que apostar por que todos los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar sus vidas en entornos familiares seguros es crucial para el país. En este sentido, invertir en las familias con medidas como la prestación universal por crianza o en la modernización de los sistemas de protección a la infancia y adolescencia a través del reciente reparto de 200 millones para las comunidades autónomas o los 65,5 millones de la convocatoria que se abre hoy, es crucial y prioritario para el Ministerio de Derechos Sociales.

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales abre esta convocatoria en su rol de Organismo Intermedio para la selección de operaciones del FSE+. Como tal tiene la potestad de diseñar y seleccionar intervenciones y proyectos por un total de 233 millones de euros. Esta convocatoria es la primera de otras que irán dirigidas o a reforzar el sistema de protección de la infancia, como en este caso, o a acompañar y reforzar la atención temprana que se presta a niños y niñas de entre 0-6 años con discapacidad o problemas de desarrollo.