HDIA, Hablando de Infancia y Adolescencia, Blog Asociación GSIA.

Érase una voz... Lo que opinan niñas y niños sobre la violencia

y el maltrato contra la Infancia

( investigador y redactor )

© Educo

Coordinación: Miriam Torán

Colaboradores: Gonzalo de Castro,

Clarisa Giamello

y Macarena Céspedes *

Acceso a la investigación

Muchos estudios, incluso los más recientes (Unicef, 2014)1, demuestran cómo hoy en día la violencia sigue siendo parte de la vida de muchos niños y niñas en todo el mundo y en todos los sectores de la sociedad. Se trata de un fenómeno global, multidimensional y multicausal que se manifiesta en formas muy distintas y con diferentes intensidades, que tiene lugar en entornos muy variados (hogar, escuela, comunidad, Internet, etc.), y que se ejerce por parte de muchos actores distintos. Existe, además, una amplia y compleja gama de factores, individuales y sociales, que aumenta el riesgo de violencia y ayuda a perpetuarla, y es la combinación de estos factores, a diferentes niveles, que influye en la probabilidad de que la violencia ocurra, se repita o finalmente cese.

Tradicionalmente los estudios sobre violencia han prescindido de los niños y las niñas para entender este fenómeno y elaborar estrategias para hacerle frente, centrándose en las personas adultas como únicos intérpretes y responsables de la protección de la infancia. Durante mucho tiempo, se ha impuesto la idea de que escuchar y tomar en cuenta la opinión de niños y niñas no solo es inútil sino que incluso puede aumentar la desprotección ya que solo los adultos saben lo que es mejor para la infancia y cómo protegerla. Este enfoque perpetua una visión de la infancia como mero objeto de protección, incapaz de decidir por sí misma y que no dispone de los medios y capacidades suficientes para entender y hacer frente a la violencia, dejando a las personas adultas no solo con la responsabilidad, sino también con la exclusividad en materia de protección de la infancia.

En los últimos años, y coincidiendo con la afirmación del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), se ha ido superando este enfoque proteccionista y generando un amplio consenso sobre la necesidad de buscar un equilibrio entre el derecho de los niños y niñas a recibir una protección adecuada y su derecho a participar, ser tomados en cuenta y asumir, de forma progresiva, responsabilidades respecto a aquellas decisiones y acciones que les afectan. Al mismo tiempo resulta necesario que este consenso, más evidente en el ámbito académico y político, se consolide mucho más en la práctica y se traduzca en un mayor empoderamiento y en una efectiva participación directa y permanente de la infancia en todas las fases de identificación, formulación e implementación de políticas y programas.

Son muchas las razones para dejar atrás el enfoque proteccionista y adultocentrista y enfocar a los niños y niñas como sujetos activos de su propia protección, aunque podríamos resumirlas en tres principales motivos:

1. Porque es un derecho universal e inalienable de cada niño y niña y por ende una obligación de la sociedad. La CDN afirma que cualquier niño o niña tiene derecho a recibir una protección adecuada y apropiada, pero también reconoce en varios artículos el derecho de los niños y niñas a ser escuchados y tomados debidamente en cuenta, y a participar en las decisiones que afectan sus vidas, asumiendo cada vez más responsabilidades a medida que evolucionan sus competencias. Esta afirmación de derechos implica el deber de la sociedad, no solo de brindar el máximo nivel de protección a la infancia, sino también de reconocer y promover el papel de la infancia como agente de su propia protección, dotándole de las capacidades y medios necesarios.

2. Porque si queremos luchar contra el fenómeno de la violencia contra la infancia debemos conocer plenamente su realidad y para ello no podemos prescindir del conocimiento y las opiniones de ninguno de sus protagonistas y aún menos de sus víctimas. Los niños y las niñas pueden y deben ser informantes clave en este sentido ya que aportan una información muy valiosa para la toma de decisiones.

3. Porque reconocer y promover el papel activo y la participación de la infancia en todo lo que le afecta, y especialmente en su protección, reduce su vulnerabilidad y se convierte en un factor de protección en sí mismo. Existen muchos estudios que demuestran cómo la participación aumenta la autoestima de los niños y niñas, la confianza en sí mismos, su sentido de autonomía e independencia, y su adaptabilidad social. Disponen así de los medios y competencias necesarios para comprender y enfrentar las situaciones de riesgo y contribuir a su propia protección.

Este estudio parte del profundo convencimiento de que los niños y las niñas tienen mucho que decir y nosotros mucho que aprender sobre un fenómeno con tanto impacto en su desarrollo y tan poco conocido como el de la violencia contra la infancia. Su principal objetivo es, por lo tanto, dar voz a los niños y niñas que viven en nuestro país y hacerse eco de sus opiniones y expectativas, siendo conscientes de que este es solo un primer paso en esta dirección y que es necesario seguir ampliando y profundizando en este sentido.

Asimismo, nace como respuesta a la escasez de estudios que incorporen la opinión de los niños y niñas sobre la violencia y el maltrato, y pretende promover esta línea de investigación entre las instituciones y sensibilizar sobre la oportunidad y necesidad de impulsar procesos participativos de este tipo.

Por otra parte, hemos querido también resaltar las opiniones de aquellos niños y niñas que, por las características del contexto familiar y social en el que viven, están particularmente expuestos a la violencia directa o indirecta. Por este motivo, el estudio analiza las vivencias, opiniones y

expectativas de los niños y niñas sobre el fenómeno de la violencia contra la infancia desde una doble perspectiva. Por un lado, hemos consultado una muestra aleatoria de la población infantil general de 10 a 12 años residentes en el territorio español y por otro, hemos realizado grupos focales con niños y niñas que participan en programas sociales promovidos por entidades colaboradoras de Educo, que se desarrollen en contextos de elevado riesgo de violencia. De esta forma, hemos querido capturar una fotografía de la población general pero al mismo tiempo focalizar la atención de manera específica sobre una parte de la población infantil que, por las condiciones de su contexto personal, familiar y social, se encuentra particularmente expuesta a algunos de los principales factores de riesgo mencionados anteriormente. Por último, hemos querido incluir una comparativa con los resultados más llamativos del informe internacional de ChildFund Alliance: Pequeñas Voces Grandes Sueños 2015, realizado en 44 paises, entre ellos España.

Es importante aclarar que no queremos insinuar que el fenómeno de la violencia sea un problema que afecta solo a determinados colectivos en determinados contextos, ni que exista un perfil concreto de “niño o niña víctima de violencia” (o de “persona adulta maltratadora”). La violencia infantil es un fenómeno que no distingue entre sus víctimas. No obstante, la existencia de múltiples factores de riesgo implica que existen mayores niveles de vulnerabilidad en los niños y niñas más expuestos a uno o varios de estos factores. Así, la vulnerabilidad está relacionada por ejemplo con la edad y la evolución de las capacidades. Igualmente, ciertos niños y niñas son más expuestos al maltrato y la violencia debido a su género, origen étnico, diversidad funcional o porque se encuentran institucionalizados o privados de libertad. Finalmente, la incidencia de la violencia está vinculada con factores socioeconómicos de las familias y el entorno, como el desempleo, la pobreza y la desigualdad.

En definitiva, no se puede enfrentar y estudiar el fenómeno de la violencia hacia la infancia como un problema puntual y aislado. Sin embargo, no debemos olvidar que existen vulnerabilidades específicas que necesitan ser tratadas de manera particular en cada entorno, es decir que existen algunos ámbitos de la sociedad en los que la incidencia de la violencia es mayor, y algunos colectivos que, por factores ligados también al contexto social y económico en el que viven, tienen mayores riesgos de ser víctimas, testigos o cómplices de esta violencia. Sin caer en el error de estigmatizar ni etiquetar a estos niños y niñas ni a sus familias, es importante estudiar y analizar su realidad y sus vivencias de manera específica, ya que muchas veces estas características se quedan en segundo plano en las investigaciones sobre esta temática. Hemos querido dar voz a estos niños y niñas que, a pesar de ser los más implicados, ya que son muchas veces son víctimas y testigos de esta violencia, muy a menudo resultan ser los menos consultados y no se les da la oportunidad de expresar sus opiniones y puntos de vista.

Las tres partes del informe nos dejan claro que niños y niñas de todo el mundo saben que la violencia y el maltrato es un problema global, generalizado, y exige un trabajo conjunto hacia un futuro sin violencia.

Índice

NIÑOS Y NIÑAS OPINAN SOBRE VIOLENCIA Y MALTRATO CONTRA LA INFANCIA:

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN CUANTITATIVA 11

Entornos y ámbitos de la violencia 12

Posibles causas 16

Respuestas a la violencia 18

REFLEXIONES Y TESTIMONIOS DESDE LOS GRUPOS FOCALES 33

Libertad, seguridad y felicidad 35

Situaciones de violencia y maltrato, y sus principales causas 42

¿Qué hacer? Respuestas frente a la violencia 49

Conclusiones de los grupos focales 57

PEQUEÑAS VOCES GRANDES SUEÑOS 2015:

COMPARATIVA RESULTADOS INTERNACIONALES 61

ALGUNAS RECOMENDACIONES 65

Participación infantil 66

Protección infantil 67

Educación y sensibilización 68

* Basado en el proyecto: “Pequeñas Voces Grandes Sueños 2015.

Con la colaboración de: Asociación Aventura 2000, Asociación Ciudad Joven, Asociación Digmun, Asociación el Colletero, Asociación sociocultural Grupo Cinco Cuenca, Associació Educativa Itaca, Fundación Canaria Farrah, Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás, Fundación Juan Soñador, Fundación por la

Acción Social “Mar de Niebla”, Fundación Social Universal, Málaga Acoge, Mojo de Caña, Salvetti&Llombart

Corrección: Christine Antunes Maquetación: Anaïs López Fotografía: Entidades colaboradoras

Para más información sobre los temas tratados en este documento, póngase en contacto con: actua@educo.org

** Armando es socio de la Asociación GSIA

En torno a la crianza cooperativa.

Lo característico de las sociedades postmodernas es que fingimos

que esa dimensión cooperativa de la crianza no existe

y le ponemos toda clase de obstáculos.

César Rendueles

Hacemos como si criar un hijo fuera un asunto privado que negocian y solventan dos adultos en el interior de su hogar que, además, deben respetar la centralidad del trabajo asalariado en sus vidas. Cualquier colaboración externa es concebida como un complemento bienvenido pero que no forma parte del núcleo de los dispositivos de crianza.

Solucionar o paliar la crisis de los cuidados de un modo aceptable en sociedades ilustradas y deseosas de preservar altos estándares de libertad individual no es en absoluto sencillo

1. Los seres humanos somos una especie de crianza cooperativa. Esto no es una opinión política o una opción cultural sino un hecho biológico. De hecho, se trata de un rasgo muy característico de nuestra especie. La crianza cooperativa es poco habitual en los mamíferos y entre la mayor parte de los primates no humanos las madres se encargan en exclusiva de cuidar de las crías. La crianza cooperativa significa que miembros del grupo que no son sus padres genéticos colaboran en el cuidado de las crías. Se suele llamar alomadres y alopadres a estos cooperadores. Muy posiblemente la crianza cooperativa entre los humanos esté relacionada con características evolutivas básicas, como la larguísima duración de nuestra infancia.

2. La crianza cooperativa ha tenido numerosas expresiones históricas y culturales: desde los distintos tipos de familias extensas hasta modelos familiares en los que los padres biológicos pierden su centralidad y otros miembros de la colectividad actúan como alopadres.

Si la crianza cooperativa es un hecho biológico, la diversidad familiar es un hecho histórico. A día de hoy se suelen distinguir al menos siete grandes sistemas familiares en el mundo, cada uno de ellos con subsistemas, que se están transformando e hibridando dando lugar a nuevas formas de cooperación familiar. De hecho, la familia nuclear típica de nuestras sociedades es una creación histórica reciente y no necesariamente óptima o definitiva, al menos a juzgar por la cantidad de conflictos y malestares que genera. Científicos sociales poco sospechosos de perroflautismo han señalado que entre el amplio catálogo de formas de crianza arcaicas hay algunas que parecen amigables y razonables. Pensar que es imposible aprender nada de esas experiencias porque pertenecen al pasado, es como decir que no se puede correr una maratón porque eso significaría volver al esclavismo y a la religión olímpica.

3. La crianza cooperativa no es una opción. Tampoco en nuestra sociedad. Las guarderías y los colegios, los cuidados compartidos entre los cónyuges, la participación de las abuelas (más de la mitad de los abuelos españoles cuida de sus nietos a diario), el cuidado entre hermanos… Todo ello es crianza cooperativa. Lo característico de las sociedades postmodernas es que fingimos que esa dimensión cooperativa de la crianza no existe y le ponemos toda clase de obstáculos. Hacemos como si criar un hijo fuera un asunto privado que negocian y solventan dos adultos en el interior de su hogar que, además, deben respetar la centralidad del trabajo asalariado en sus vidas. Cualquier colaboración externa es concebida como un complemento bienvenido pero que no forma parte del núcleo de los dispositivos de crianza. El resultado ha sido catastrófico. La familia nuclear moderna es una red colaborativa demasiado exigua para algo tan complejo y agotador como cuidar de una cría humana (no digamos ya de dos, tres o cuatro). De hecho, en ciencias sociales se habla habitualmente de " crisis de los cuidados" para designar los problemas estructurales que afrontan las personas dependientes y sus cuidadores en nuestras sociedades y cómo estos conflictos están atravesados por la desigualdad económica y de género.

4. Las soluciones a los problemas de las sociedades complejas suelen ser complejos. Y lo mismo ocurre con la crianza cooperativa. Solucionar o paliar la crisis de los cuidados de un modo aceptable en sociedades ilustradas y deseosas de preservar altos estándares de libertad individual no es en absoluto sencillo. Algo así requiere cambios en la relación entre el trabajo reproductivo y el trabajo asalariado, la concepción de los servicios públicos de ayuda a la crianza, las extensión de las redes informales de apoyo mutuo, la normalización de la presencia de los niños en el espacio público y, por supuesto, un radical igualitarismo de género.

Algunas personas, como Anna Gabriel, quieren ir más allá y se cuestionan el modelo de familia nuclear convencional. No es mi opción –soy muy conservador y me aterra la contracultura– pero me parece respetable y, desde luego, infinitamente más digna que el adultocentrismo ambiente que celebra las imposiciones del mercado de trabajo como si fueran elecciones de espíritus libres emancipados de todo sometimiento

V y VI Informe de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de NN.UU. España.

España envía al Comité de los Derechos del Niño su último Informe sobre

la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Fuente Plataforma de Infancia.

España ha remitido (mes de mayo) al Comité de los Derechos del Niño el V y VI Informe de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de NN.UU. y sus Protocolos Facultativos, junto con su Anexo.

El citado documento da respuesta a lo establecido en la propia Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) respecto a la obligación de los Estados Partes de la misma de enviar informes periódicos al Comité mencionado sobre la aplicación de la Convención.

El Comité de los Derechos del Niño hará próximamente públicos los periodos de sesiones en los que entablará diálogo tanto con los órganos competentes que considere para el envío de información complementaria a la ya remitida por el Estado, como con el propio Estado, dando a conocer tras ello sus recomendaciones para la mejora de las políticas de infancia en España.

Para la Plataforma de Infancia resulta sumamente valioso contar ya con la versión final del Informe del Estado, pues ello sirve de base, junto con las últimas recomendaciones del Comité a España, de 2010, para los trabajos de elaboración de su Informe Complementario al Informe de España desde el trabajo en red, así como para el apoyo a la elaboración, por primera vez, de un Informe propio de chicos y chicas sobre el respeto a sus derechos en España.

Este V y VI Informe procura seguir las pautas marcadas por el Comité de los Derechos del Niño a los Estados para el envío de información, recogiendo en primer lugar en su presentación inicial las actuaciones destacadas en el ámbito de la infancia desde las últimas recomendaciones a España de 2010, haciendo una especial mención a la reforma del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Además, se traslada en dicha presentación el proceso participativo que ha tenido lugar durante la elaboración de dicho informe.

El Informe de España aborda diferentes aspectos para dar a conocer la situación de la infancia, organizando su contenido en los siguientes bloques temáticos:

Medidas generales de aplicación
Definición de niño
Derechos y libertades civiles
Violencia contra el niño
Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado
Discapacidad, salud básica y bienestar
Educación, esparcimiento y actividades culturales
Medidas especiales de protección
Principios generales
Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

Por: Conchi Ballesteros Vicente, Responsable de Programas

Más información:

V y VI Informe de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de NN.UU. y sus Protocolos Facultativos
Anexo
Contacto:

Conchi Ballesteros Vicente. Responsable de Programas

E-mail: cballesteros@plataformadeinfancia.org

Porno Infantil desde internet.

Descubierta una web específica de prono infantil en EEUU.

El FBI desbarató el sitio web Playpen, dedicado a la pornografía infantil, con 215 mil miembros registrados.

Fernanda Muslera

05 jun 2016

Uruguay

El País.com.uy

La noticia se supo en enero de 2016, pero en Uruguay pasó inadvertida: el FBI desbarató en Estados Unidos el sitio web Playpen, dedicado a la pornografía infantil, con 215 mil miembros registrados. Una vez detectada la página, los investigadores lograron rastrear la dirección IP (número de conexión a una red) de 1.300 ordenadores y detener a 137 personas. Esta semana los coletazos de este operativo llegaron a Uruguay: ocho personas fueron detenidas el miércoles, luego de que Estados Unidos informara a la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol sobre ciudadanos uruguayos que utilizaban esta página, informó a El País la jueza Julia Staricco, a cargo de la investigación. Son hombres, la mayoría residentes en Montevideo y algunos del interior, que quedaron en libertad hasta que la Policía determine mediante el análisis de sus computadoras si solo consumían este material o si también lo difundían. En Uruguay el almacenamiento y la visualización de pornografía infantil no son penados, algo que difiere de la normativa de otros países y que genera controversia.

El operativo del FBI tiene dos particularidades. La primera es que el sitio Playpen se encontraba alojado en el TOR, uno de los principales portales de la "internet profunda", donde navegan miles de personas que no quieren que los buscadores como Google rastreen sus movimientos. Allí convive un universo oscuro, que va desde la venta de armas y el sicariato al espionaje. La segunda particularidad es que para atrapar a los usuarios de Playpen el FBI hackeó la página y la administró durante dos semanas. En Uruguay se trata de la primera vez que se producen detenidos por pornografía infantil a partir de la red TOR.

Los ochos uruguayos detenidos engrosan una lista que ha crecido en los últimos años en el país al ritmo de la difusión de internet. Sin embargo, este delito no implica solo estos casos, sino también los generados por una práctica conocida como grooming ("embaucamiento de personas menores de edad con fines sexuales por medios tecnológicos") o las situaciones presenciales en las que un adulto produce imágenes de un menor con fines eróticos o sexuales, como sucedió en febrero con el director de una agencia de modelos de Montevideo que hacía desnudar a los menores, los manoseaba y filmaba videos.

El fenómeno, al que muchos califican de pandemia, es tema de preocupación en todo el mundo. La semana pasada la Justicia de Estados Unidos procesó por este delito al actor de la serie Glee, Mark Salling y en Argentina se halló el cuerpo de una niña de 12 años que fue asesinada por un hombre que hacía grooming en Facebook, que contactó a más de 1.500 niñas.

En Uruguay, la ley 17.815 de 2004 entiende la pornografía infantil como la producción, distribución y divulgación de material que contiene la imagen o cualquier otra forma de representación de menores de edad, o mayores de edad "incapaces", en "actividades sexuales explícitas, reales o simuladas", o "la representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o eróticos". La ley castiga la fabricación o producción de material pornográfico con dos a seis de prisión, el comercio y la difusión con uno a cuatro años, y el facilitamiento de la comercialización y difusión con seis meses a dos años.

En 2015 se registraron en Uruguay unas 500 denuncias por pornografía infantil, un 20% más que en 2014, y hubo 22 personas procesadas, informó Winston Rodríguez, encargado de Delitos Informáticos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Estas cifras se refieren a los casos que llegan a esta división, que por lo general son a través de la información que suministran otros países, de las denuncias que arriban a través de los juzgados o de personas que llaman a la Interpol. No hay estadísticas globales que establezcan todos los casos de pornografía infantil que se denuncian en el país.

Este año (el año policial comienza en diciembre) se han acumulado unas 100 denuncias en Delitos Informáticos, pero ha habido más procesamientos, alrededor de 23 o 24, algo que Rodríguez atribuye a una mayor celeridad de respuesta de las redes sociales para los casos de grooming y a la experiencia acumulada del equipo. "Si bien la víctima está dentro del territorio, la red social está en Estados Unidos. El proceso que causa eso es muy largo, es el mayor problema que tenemos".

Alrededor de un 98% de los casos que trabaja Delitos Informáticos, implican a personas que bajan pornografía infantil de de redes P2P (Peer-to-peer, de intercambio de archivos entre usuarios), como eMule y Ares, y la comparten. Esto sucedió en dos casos recientes: una es la "Operación Sirte", por el que se procesaron a cuatro hombres, luego de que Alemania alertara de usuarios que intercambiaban material pornográfico infantil desde Uruguay. La otra fue la "Operación sin Fronteras", realizada el 10 y 11 de diciembre del año pasado, la mayor operación contra pornografía infantil en América. En Uruguay fueron detenidas cuatro personas.

De acuerdo a un informe de 2011-2012 de la Universidad Católica en torno a la descarga de material pornográfico infantil desde Ares en 10 países de América Latina, los uruguayos fueron los que más bajaron este tipo de archivos de internet en esos años. La investigación, que se hizo utilizando un programa informático llamado Florencio, indicó que en el año 2011 de cada 20 mil habitantes en el país con acceso a internet 2,35 bajaron material pornográfico y en 2012 lo hicieron 2,8 habitantes. El promedio de los otros países era mucho menor: 0,93% en 2011 y 0,57% en 2012.

De acuerdo a Rodríguez, en este tipo de redes, cuanta más información tenga o intercambie el usuario de pornografía, mayor es el prestigio. "Lo que se ve es que son personas muy retraídas, que viven encerradas en su mundo virtual, y según lo que ellos dicen, aman o ven de forma diferente a los menores. En su mayoría son hombres de entre 30 y 50 años".

Delitos Informáticos cuenta con un equipo de ocho personas. En 2015 se realizaron unas 2 mil denuncias a esta división y este año van 350. Los delitos incluyen el hackeo, la sextorsión (chantaje a partir del envío de imágenes de contenido erótico) y el phishing (ardid para robar datos personales simulando ser una página conocida por el usuario). En el caso de la pornografía infantil, Rodríguez no especificó el tipo de procedimientos que utilizan para atrapar a los sospechosos, aunque señaló que usan "todas las herramientas que estén en el marco legal".

Kepa Paul Larrañaga, experto español en internet y derechos de la infancia, explicó a El País que en España existe un paquete de medidas en contra del cibercrimen, entre las que se encuentra el "agente encubierto en Internet" y la "monitorización remota de dispositivos electrónicos", que "consiste en utilizar técnicas validadas de hackeo para monitorizar y perseguir ciber-delincuentes". Ambas modalidades requieren de autorización judicial. Larrañaga explicó que una dificultad a la hora de investigar es que muchas veces el material pornográfico se comparte en foros cerrados y para entrar en estos "se debe de tener credibilidad y hay que entrar aportando material delictivo".

En España, como en muchos otros países, se castiga la visualización de material pornográfico.

Para July Zabaleta, directora de la división Políticas de Género del Ministerio del Interior, también se debería penar en Uruguay. "Hay gente que tiene almacenada un montón de pornografía, pero como no le pudiste comprobar que la haya compartido no se la puede procesar. Si no existiera demanda no existiría quien quisiera realizar pornografía infantil".

El fantasma del grooming.

Él la agregó a su red social y ella aceptó. Él ganó su confianza y ella se enamoró. Él le pidió que le enviara fotos sugestivas y ella lo hizo. En determinado momento él empezó a presionarla con cosas que a ella no le gustaron y ella quiso cortar el vínculo. Ese fue el principio de una pesadilla para esta menor de edad uruguaya. El hombre la amenazó y le dijo que si no seguía con él iba a crear un blog para subir todas sus fotos. No sólo hizo eso sino que le hackeó el mail y mandó las imágenes a todos los contactos de la joven. La chica le contó lo sucedido a los padres y se hizo la denuncia, pero el hombre vivía en España y nunca fue atrapado. Delitos Informáticos logró desactivar el blog, pero el daño ya estaba hecho. La joven entró en depresión y dejó el liceo. La familia tuvo que mudarse de barrio y el sentimiento de culpa invadió a los padres "¿Qué pasó? ¿Qué no vimos?".

La historia fue narrada por Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, que trabaja con situaciones de explotación sexual comercial o no comercial de niñas, niños y adolescentes. Se trata de uno de los casos de grooming que se dieron en el país. Frente a esta irrupción de delitos de explotación infantil en el que media la tecnología, el proyecto de Ley de Violencia de Género, aprobado el 11 de abril por el Consejo de Ministros y que se encuentra en la actualidad a estudio del Parlamento, tipificó este delito, así como el de "difusión de grabaciones de contenido íntimo".

Roberto Balaguer, psicólogo y experto en redes sociales, dijo a El País que estos casos son más frecuentes de lo que se cree, más en tiempos en los que para un adolescente no tener celular es como estar fuera de la vida social. Los adultos que realizan grooming utilizan fotos de perfil falsas de otros jóvenes, manipulan a los menores y se aprovechan de su necesidad de afecto o autoestima. "Más o menos entre el 20% o 25% de los jóvenes te dicen que aceptan a alguien (en Facebook) aunque no lo conozcan. Los criterios para aceptar a una persona en esas edades muchas veces tienen que ver con el aspecto físico". Un problema es que cuando los jóvenes quedan atrapados en esta situación en ocasiones no recurren a los adultos porque sienten que hacerlo es pasar por una segunda vergüenza. "Se recomienda apoyarse en su grupo de amigos para que acudan al adulto que sea más confiable, que hagan las denuncias, que tomen las medidas para tener pruebas".

Si bien para Delitos Informáticos lo fundamental es el control paterno de lo que hace el menor en las redes sociales, Balaguer considera que hay que apostar a la educación y desestimó el uso de sistemas de control parental en internet, ya que esto es mucho más difícil en la era de los celulares. "Hoy hay cuentas como Instagram o Snapchat que están manejadas por los jóvenes y los padres no tienen acceso. Lo que se hace en las redes sociales tiene que ser tema de conversación, que no queden los jóvenes solos tomando decisiones". Para Andrea Tuana el mejor control parental es el vínculo y el evitar todo sistema de disciplina a través de la dominación. "Eso hace que nuestros hijos aprendan a ser sometidos".

Para Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), influye en este problema la consideración que tiene el mundo adulto sobre los menores. "Hay una construcción social de carácter publicitario que muestra a los niños y adolescentes como objetos de consumo, sobre todo respecto al cuerpo de las mujeres. Los adolescentes no generan una imagen de sí mismos que los adultos no estén generando".

Culpabilización de la víctima.

Karina Núñez es una trabajadora sexual de Young. Un día un camionero al que conocía le mostró, como algo gracioso, el video de dos menores con poses sugestivas que le había llegado al grupo de WhatsApp que tenía con sus colegas. Se trataba de dos adolescentes que estaban haciendo dedo en Paysandú para ir a su pueblo y un camionero le dijo que las llevaba si le dejaban filmar algo "calentito". "La falta de información de los camioneros es tremenda, pero nunca he visto que les hicieran una capacitación y sensibilización", afirmó Núñez.

Si bien la pornografía infantil afecta a menores de todas las clases sociales, siempre son más vulnerables los niños y adolescentes que tienen mayor desprotección a nivel familiar, indicó Tuana. Entre las modalidades de delito que la experta ha visto a lo largo de los años se encuentra la captación de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, a los que se les ofrece dinero para sacarse fotos sin ropa, que deriva en ocasiones al pago por otro tipo de actos sexuales; el ofrecimiento para que actúen en supuestas películas, que implicarían trasladarse a otro punto del país o el exterior; la filmación de videos pornográficos con adolescentes que son distribuidos por una red barrial; adultos que se hacen pasar por fotógrafos y se acercan a liceos ofreciéndoles a los adolescentes hacerse un book de publicidad y terminan realizando material pornográfico. De acuerdo a Tuana, debe haber muchísimos más casos de los que no se tiene conocimiento. "Sabemos que en Uruguay operan redes de trata y de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes que muchas veces coinciden con el narcotráfico", añadió.

Para Tuana, un aspecto crucial a tener en cuenta es que una vez que se hace la denuncia, la respuesta judicial y policial suele ser muy revictimizadora. "De alguna manera se culpa a esas adolescentes, con frases tipo pero en la filmación se las veía muy contentas y se minimiza el accionar de los abusadores. Se mira a los jóvenes desde una mirada conservadora y como personas que engañan, que incitan. También juega el prejuicio de clase". Para la abogada Alicia Deus, presidenta del colectivo Infancia Adolescencia Ciudadana (Iaci), en general hay una gran impunidad en todos los delitos sexuales porque se investigan mal y poco. "La pornografía infantil no tanto, porque se le da trascendencia sobre todo cuando son redes internacionales, entonces viene la exigencia de investigación desde el exterior", explicó. "Los delitos sexuales se consideran delitos de segunda categoría. Y además son solo investigados a instancias de parte, no de oficio, como la mayor parte de los delitos".

July Zabaleta, del Ministerio del Interior, informó que se está trabajando en un protocolo específico de investigación de situaciones de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, como el que se tiene en la actualidad para violencia doméstica. "Queremos una investigación criminal basada en que la víctima no sea tomada como un objeto de prueba sino como sujeto de derechos, que hagas toda la investigación tratando de molestar menos y evitar revictimizar a las víctimas. Por ejemplo, en este protocolo establecemos que en el momento que la víctima declara se disponga de mecanismos tecnológicos para que esa entrevista sea vista por el juez y el abogado sin que el menor tenga que estar repitiendo una y otra vez el relato".

Otro aspecto al que se apunta es a detectar prácticas de abuso que están naturalizadas. "Hay lugares donde es muy común que una chiquilina viva con un señor muchísimos años más grande porque el señor la ayuda", señaló. Por otro lado, se apunta a que pueda haber un registro correcto de los casos de explotación sexual porque esta falta de estadísticas ayudan a invisibilizar el problema. Lo que se pretende es que las causas que, por ejemplo, son caratuladas con denominaciones como "atentado violento al pudor" u "omisión inherente a la patria postestad" puedan ser registradas como "explotación sexual" si los hechos ocurren en ese contexto.

Procesado por delito de proxenetismo.

Dos hombres fueron procesados con prisión el martes, involucrados en delitos de proxenetismo y tenencia y porte de armas. Uno de ellos, de 40 años, era el ideólogo y contaba con dos antecedentes penales: por proxenetismo (por el que se lo volvió a procesar) y por un delito de "Contribución a la explotación sexual de menores". Salió de la cárcel hace siete meses, según el auto de procesamiento de la jueza Julia Staricco. Reclutaba jóvenes a partir de avisos clasificados pidiendo modelos para acompañar empresarios o para la TV, pero luego les decía que era para tener relaciones sexuales. El otro hombre, de 56 años, conocido personal trainer de la televisión, fue procesado por porte y tenencia ilegal de armas. Este habría tenido relaciones sexuales con las mujeres captadas a cambio de hacerlas famosas.

"Se me cortó el trabajo: la gente dice que le da cosa".

Javier de los Santos tiene 51 años y pasó 35 años de su vida recorriendo el país junto a su hermano gemelo René en el Dúo Cantaclaro. Hasta agosto del año pasado las cosas iban más que bien: se encontraban en el "mejor momento" de sus carreras, e incluso tenían varios contratos de publicidad. Todo cambió la noche del viernes 14 de agosto de 2015, cuando René fue detenido en Salto y procesado por "retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo".

El músico envió a una menor de 14 años videos de él manteniendo relaciones sexuales con otra joven y le ofreció dinero para que la adolescente le mandara fotos eróticas. La madre de la menor, expareja del folclorista, lo denunció. "Yo soy el otro", repite una y otra vez Javier de los Santos, al punto que estas cuatro palabras parecen haberse convertido en el leitmotiv de su vida. "A partir de agosto del año pasado se cortó todo", dijo a El País. De acuerdo al cantante nacido en Tacuarembó, desde el procesamiento de su hermano casi no ha vuelto a cantar en público, a excepción de unas pocas ocasiones en que sus amigos lo contrataron.

"Al ser gemelo tengo que trabajar con la cara del otro. He intentado trabajar en otras cosas y me dijeron que no, pese a que necesitan gente, por la situación de mi hermano. En este momento dependo de la ayuda de mis otros hermanos y mi señora trabaja. Una de mis hijas empezó la facultad este año y quiere trabajar para ayudar a la familia. A veces no tiene para el boleto". Javier comentó que su principal vía de ingresos, las fiestas privadas, se cortó porque a las personas "le da cosa" la situación."Salgo a la calle y muchas veces tengo que explicarle a la gente mire que soy el otro. El hecho de ser gemelo es una mochila bastante pesada".

René está preso en Tacuarembó y Javier vive en la Costa de Oro, por lo que no ve mucho a su hermano, quien recibió una sentencia de tres años y medio. "Yo sé que cometió un error, él se da cuenta que lo que hizo perjudicó a mucha gente. Hubo dos tipos de justicia, la oficial y la pública, de las redes sociales, y los medios. "Fueron pocos los que dijeron Javier no tiene nada que ver".

OPERATIVOS MUNDIALES RECIENTES.

Operación Sirte.

El dato de que varias direcciones IP uruguayas bajaban pornografía infantil de las redes P2P Ares y eMule llegó desde Alemania en noviembre de 2015 a la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol. El 13 de mayo fueron procesados cuatro hombres de 49, 47, 45 y 34 años. Uno de ellos reconoció que descargaba pornografía infantil desde 1996 y que se consideraba un "coleccionista" de este material, según consta en el auto de procesamiento. "Me excito y me masturbo, yo estoy en tratamiento psiquiátrico... Entiendo que no está bien descargarlo porque alguien le hizo algo a algún niño para bajarlo", declaró. Otro de los detenidos, que tenía unos 20 videos y mil fotos, sostuvo que la primera vez que consumió este material fue cuando le saltó en la red de la que bajaba música un video con niñas rusas. "Garantizo que nunca más voy a bajar, reconozco que estuve mal. Enseguida les dije a los muchachos: No me digan que es por el eMule´". Un tercer detenido aseveró: "Yo no quiero ser un monstruo". Luego de las pericias informáticas, la jueza José María Gómez concluyó que "la difusión se encuentra ínsita en la modalidad informática utilizada pues esos programas implican no solo la descarga sino que están destinados para compartir y divulgar archivos". Por ese motivo pudieron ser procesados con prisión.

"Sin fronteras".

La mayor operación contra la pornografía infantil en América se produjo en 15 países en simultáneo e implicó 60 detenciones, más de 700 equipos incautados y cuatro menores rescatados en México y Chile, según informó BBC. En Uruguay fueron detenidos cuatro hombres (dos residían en Montevideo, otro en Minas y un cuarto en Rosario) que contaban con 320 mil fotos y 45 mil videos con pornografía infantil que era descargada de la red Ares. En la computadora de uno de ellos se encontraron más de 130 Gb de pornografía infantil, de niños de entre 1 a 12 años siendo abusados sexualmente por adultos, según aparece en el auto de procesamiento. Otro de los detenidos expresó que él no compartía archivos pero que al estar conectado cualquier otro usuario podía acceder a estos.

Añadió que cuanto más compartía, más rápido podía bajar archivos. Un tercer detenido dijo que por el chat de Ares otras personas le pasaban material, así como direcciones de donde obtener pornografía infantil. La jueza Julia Staricco procesó a los detenidos con prisión porque "aun cuando su finalidad última no era la difusión, sus archivos eran compartidos por otros usuarios para poder bajar ellos nuevos archivos de manera más rápida".

MENORES INVISIBLES PARA LOS ADULTS

Un debe respecto a las víctimas de explotación sexual infantil es la falta de un servicio de atención especializado, señaló Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso. “Son casos muy difíciles de intervenir, necesitás una gran cantidad de recursos humanos para que esos menores tengan contención. Trabajar con la comunidad, con las instituciones. Es uno de los puntos más débiles de nuestro país. Al sistema político no le importa. Los niños, niñas y adolescentes son invisibles, no molestan, no son los que te van a robar a la estación de servicio. Y, además, están cumpliendo una función social, que es la de la mercantilización del cuerpo y de la sexualidad. Esta sociedad es la que produce varones que compran sexo”, dijo.

“El Estado no dispone de servicios de atención, los que tiene son más que nada para trabajar violencia doméstica. En Montevideo hay un pequeño grupo que se llama Travesías, que trabajan espectacularmente bien, pero son muy poquitos”, agregó.

Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) del INAU reconoció que hacen falta “recursos humanos, generar nuevos dispositivos de atención, más campañas de sensibilización, un contacto más cercano con los territorios”.

Purtscher explicó que a Travesías se agregan equipos itinerantes en el interior, y que el INAU planea tener referentes en violencia en cada departamento.

Tuana señaló que la violencia doméstica o el abuso sexual intrafamiliar se encuentra muchas veces en las historias de los menores víctimas de explotación sexual de cualquier tipo. “Muchos te dicen ‘algo se quebró en mí, si sufrí todo esto, salir a la calle y dejarme sacar una foto me genera un beneficio y yo lo controlo’”. Ese beneficio puede ser una recarga de celular, un vaquero, una cena en un restaurante.

LAS RESIDENCIAS INFANTILES NO SON “HOSPICIOS”

UGT exige Rectificación a EL PAÍS.

El pasado 21 de Mayo, el diario El País publicó un artículo titulado “Más de 3.000 niños viven en hospicios de Madrid”.

Este artículo utiliza unos términos que, como “HOSPICIO” u “ORFANATO” nada tienen que ver con la realidad actual de la Red de Residencias de Menores Protegidos de la Comunidad de Madrid.

Pero más allá de las denominaciones, claramente erradas y sacadas de épocas afortunadamente pasadas, se vierten afirmaciones y se dibujan una estructura y funcionamiento del acogimiento Residencial absolutamente engañosos, cuando no directamente falsos.

Se recogen las declaraciones que, ante la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea de Madrid, realizó en comparecencia Susana Morales, representante de la OAA “Familias de colores”, una entidad que se dedica a gestionar adopciones.

El articulista recoge como hechos las opiniones de la compareciente, que defiende y representa los intereses de las familias que intentan adoptar un menor. Las dificultades que describe se centran en el reducido catálogo de países en los que la Administración española permite la adopción internacional. Pero más allá de la petición legítima de facilitar esta modalidad de adopción, se permite interpretar la situación del Sistema de Protección de Menores, que define como un lugar de abandono institucional y gestión contaminada por el interés económico de las entidades.

Hace cuentas, Susana Morales, y considera que la totalidad de los menores bajo guarda o tutela de la Comunidad de Madrid son susceptibles de ser adoptados, se queja de trabas a la adopción de niños mayores de 6 años y acusa a los Equipos Educativos de las Residencias (que asegura que son mayoritariamente de gestión privada) de falsear los informes para evitar que se adopte a los chicos, y así seguir cobrando a la Administración por las plazas que ocupan en sus centros.

Son graves las acusaciones a los profesionales y el desconocimiento total del sistema de protección de Menores por parte de esta Señora, que se presenta como “experta” en el tema.

Es grave que un periodista y un periódico publiquen toda esa sarta de ideas erróneas y falsedades inopinadas, sin contrastar datos ni tomar distancia de las declaraciones.

Es grave que nadie en la Comisión de Políticas Sociales tuviera autoridad moral o conocimiento suficiente para desmentir lo que estaban escuchando.

Es grave también que nadie de la Administración haya salido al paso defendiendo el Sistema de Protección, la red de Centros y la plantilla que hace posible que las cosas se hagan sorprendentemente bien, teniendo en cuenta los medios y las condiciones. ¿Saben lo que hacemos?, ¿les importa?, ¿les importamos?.

Desde UGT queremos denunciar este atentado contra la profesionalidad y la dignidad misma de las trabajadoras y trabajadores públicos de Menores de la Comunidad de Madrid. Hemos enviado una carta al Director de El País exigiendo rectificación y aclaración sobre el artículo.

Puedes verla pinchando aquí.

Orgullosas y orgullosos de nuestro trabajo, merecemos disculpas y reconocimiento público a nuestro trabajo, tan difícil, tan comprometido y tan desconocido.

Desde el Sector Autonómico y la Sección Sindical de Menores de la FeSP de UGT Madrid, hemos enviado una carta al Director de El País exigiendo rectificación y aclaración sobre el artículo “Más de 3.000 niños viven en hospicios de Madrid”, que atenta contra la profesionalidad y la dignidad misma de las trabajadoras y trabajadores públicos de Menores de la Comunidad de Madrid. Puedes verla aquí.

Adjuntamos Informa y la carta.

Es un “deber” hablar de los deberes, Mesa Redonda.

Los Deberes Escolares a Debate.

Miércoles 8 de Junio

17/18,30 hrs

Casa de las Asociaciones

Avda, del Deporte

Rivas Vaciamadrid

¿Sirven los deberes? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué tiempo dedican niños y niñas a realizar los deberes?

Los chicos y chicas del Foro Inf.Rayuela están trabajando este curso sobre el Derecho al Ocio y al Tiempo Libre (art. 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño).

Han llegado a la conclusión de que tienen muchas dificultades para disfrutar de este derecho por dos motivos fundamentales: las extraescolares y los deberes.

Para poder debatir e intercambiar ideas, han organizado una mesa redonda donde participarán representantes de las familias, del profesorado, del foro infantil y del Gobierno Municipal y se abrirá un debate con el público asistente.

Información e inscripciones a partir del 30 de mayo enviando un mail a foroinfantil@rivasciudad.es indicando nombre y apellidos, o en los centros de infancia presencial o telefónicamente, hasta completar aforo.

CMRI Bhima Sangha 91 281 73 73; CMRI Rayuela 91 322 23 15

Miu Miu ad banned for appearing to sexualise a child.

The GuardianMark Sweney

6/05/16

Campaign running in Vogue magazine featuring 22-year old-model Mia Goth was irresponsible and likely to cause serious offence, rules ASA

Mia Goth: the 22-year-old model appeared in Miu Miu's ad in Vogue magazine

Hablamos de Políticas de inclusión de la Infancia con Antonia Picornell

Blog del Grupo 5

Antonia Picornell es Presidenta de la Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en Derechos de la Infancia [REDidi], Presidenta del Comité Provincial de UNICEF en Salamanca, profesora Titular de Universidad de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Salamanca, doctora en Ciencias de la Educación y profesora invitada y conferenciante en distintas Universidades españolas y extranjeras (Alemania, Bélgica, Chile, México, Noruega, Portugal) (y socia de la Asociación GSIA).

En su trayectoria docente ha dirigido y participado en proyectos de innovación y mejora de la calidad docente relacionados con la enseñanza on-line y la evaluación de competencias, entre otros temas.

Su investigación se centra en los servicios de bienestar infanto-juvenil y como consecuencia es autora de diversas publicaciones, nacionales e internacionales, en esta materia. Recientemente ha publicado con Editorial Grupo 5 el libro Políticas de inclusión social de la infancia y la adolescencia, coordinado junto con Enrique Pastor Seller.

Con ella hemos tenido tiempo para charlar sobre su última publicación y sobre la actualidad en materia de políticas de la infancia.

¿Qué tiene de relevante este libro en este momento?

La obra es un mensaje más de alerta para generar conciencia y responsabilidad a nivel internacional sobre la cultura de derechos de la infancia. Pretende ayudar a reflexionar sobre las negativas realidades que están viviendo los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en todo el mundo, a la vez que subrayar la necesidad de cambiar las estructuras de poder. Y, precisamente, como se indica a lo largo de sus capítulos, el actor protagonista de este cambio ha de ser el propio niño, como reconoce la ONU en la Convención de los Derechos del Niño (CDN) (1989), aunque respetando siempre sus peculiaridades ciudadanas.

Este libro contiene también una perspectiva iberoamericana importante. ¿Hay patrones comunes aplicados a las políticas de inclusión social de la infancia? ¿Qué tenemos que aprender de Latinoamérica en esta materia?

A pesar de que las realidades territoriales son distintas, la desigualdad y la exclusión social de la infancia están presentes. Si bien es cierto que se ha progresado en materia de desarrollo social infanto-juvenil en todas las regiones del mundo, la inequidad social sigue estando presente y, por lo tanto, se hace necesario seguir buscando el compromiso de los gobiernos a favor de los NNyA.

La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) es un acuerdo mundial que, con independencia del nivel de desarrollo del país, interpela a adoptar medidas en favor del bienestar social y de la defensa de los derechos humanos. En ella se reconoce la debilidad de las políticas de infancia y la prioridad de adoptar acciones que garanticen el bienestar y los derechos de los NNyA.

Sin embargo, aunque el marco teórico de la CDN y de los ODS es universal, las políticas sociales tienen dinámicas distintas en función de las prioridades de cada región; no olvidemos los países más pobres o aquellos afectados por conflictos o desastres naturales. Es decir, que mientras en unos países las políticas de desarrollo están inmersas en una lucha contra la pobreza y las grandes vulnerabilidades sociales, en otros se dirige el esfuerzo hacia una mayor justicia y sostenibilidad.

En todo caso, si hablamos específicamente de políticas de inclusión social de la infancia, es decir del rol de los NNyA en los asuntos públicos, las experiencias son disímiles. Su participación político-social, recogida en el art. 12 de la CDN, no es demasiado visible ni significativa. Resulta difícil romper con el paradigma exclusivo de la protección e incorporar la idea de ciudadanía activa de la infancia; y ello ocurre en la mayoría de los países del mundo. Pero, cada vez más, los NNyA van adquiriendo protagonismo y se van abriendo nuevos escenarios de participación infanto-juvenil.

Tras las imágenes de niños y niñas que nos llegan de Lesvos, de menores víctimas de violencia de género… ¿en qué estamos fallando?

La falta de servicios básicos, la violencia, la inseguridad, la pobreza…, que no son situaciones exclusivas de las sociedades menos desarrolladas, están atentando contra la dignidad de los NNyA como personas.

Estas denigrantes realidades sitúan a los NNyA en una situación de mayor vulnerabilidad, que va más allá de la inmediatez y de sus efectos negativos en el desarrollo; constituyen un atentado contra sus perspectivas de futuro. Serán el referente de su vida en comunidad como adultos.

Esto nos demuestra una gran indiferencia y negligencia por parte de las sociedades y de los gobiernos que, además, incumplen sistemáticamente el ratificado instrumento jurídico internacional, que es la CDN, en favor de otros intereses –políticos, económicos-.

Deberíamos investigar más en estas dinámicas de desigualdad y exclusión y proyectar modificaciones de tipo estructural que permitieran impulsar políticas de desarrollo social para erradicar y prevenir las causas que provocan estas situaciones y para avanzar en el bienestar infantil.

¿Qué papel juega la infancia en la elaboración de las políticas públicas? ¿Qué papel debe jugar?

En las políticas de inclusión social de la infancia no basta con buscar las mejores condiciones de vida para los NNyA desde las relaciones de poder. De otro modo, las inquietudes e identidades de los niños pueden no verse reflejadas.

Esto implica que tenemos que modificar el discurso social respecto a la infancia, construido desde los estereotipos que los adultos atribuimos a los NNyA –su incapacidad para realizar determinadas actividades, su falta de opinión personal, su desconocimiento acerca de lo que desean, su vida en construcción…-. Considerar al niño como ciudadano es reconocer que es titular de derechos y, por lo tanto, los gobiernos, las escuelas, la familia y la sociedad, en general, tienen la responsabilidad de que esos derechos se cumplan.

Actualmente, el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los NNyA en los asuntos que les afectan es mínimo. Si bien se está avanzando – ejemplos de ello son los Consejos de Infancia de las Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF o las reuniones de los niños con los candidatos a la presidencia del Gobierno, como en Costa Rica o en España -, aún sus decisiones no son tomadas plenamente en cuenta ni es tampoco una participación sistemática.

Si queremos construir una cultura democrática y de responsabilidad ciudadana, hemos de promocionar la participación infantil para que los NNyA expresen sus propuestas. Tener en cuenta sus intereses en las decisiones educativas, familiares y políticas, en general, nos permitirá tener otra visión, y en ocasiones diferente a la de los adultos, que ayudará a promover estrategias de acción ante las violaciones de sus derechos, a la vez que se va fortaleciendo la ciudadanía infantil.

¿Qué retos tiene la nueva legislación de infancia en España?

Las dos nuevas leyes, aprobadas en julio del año 2015, que modifican el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en España, suponen una gran reforma en la terminología y en la reestructuración de las instituciones de protección.

Es de destacar que se dota de contenido al concepto jurídico indeterminado ‘interés superior del menor’, principio rector de la CDN (art. 3). Intenta eliminar las múltiples interpretaciones del mismo, estableciendo criterios universalmente reconocidos.

Esta reforma modifica conceptos y procedimientos de las situaciones de riesgo, desamparo, guarda, acogimiento y adopción. Se regula por primera vez la protección del nasciturus; y también reconoce la garantía de protección de los menores extranjeros y de los NNyA expuestos a la violencia de género. Se desarrolla más detalladamente el derecho de participación de los NNyA. Se crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que contendrá información sobre las personas condenadas por estos delitos.

No obstante, a pesar de ser una legislación que pretende reforzar la protección de los NNyA y, de hecho, supone un avance en la defensa de los derechos de la infancia, parece que su eficacia podría ser limitada; la ley 8/2015, en su disposición 5ª, indica que estas medidas no supondrán un incremento en el gasto público. Por otra parte, esta nueva legislación estatal modifica otras veinte disposiciones normativas, de ámbito nacional, que regulan aspectos relacionados con la protección de la infancia, afectando también a las legislaciones autonómicas en la materia. Esto supone que las Comunidades Autónomas deberán revisar y adaptar sus respectivas leyes de infancia y, en consecuencia, los procedimientos y la forma de trabajar. En definitiva, la reforma introducida por la nueva legislación de infancia será de difícil aplicación.

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