“La pobreza infantil debe considerarse una cuestión de Estado".
Es la primera vez que se realiza un estudio con estas características, que analiza las bases de datos entre 1994 y 2019 de la Encuesta de Condiciones de Vida y valora la evolución de los hogares, el nivel de renta y su situación, para analizar el impacto social y económico de la pobreza infantil en España, cuantificando su coste. Los datos demuestran cómo la pobreza en la infancia limita las perspectivas educativas y laborales de niños, niñas y adolescentes, a la vez que restringe las oportunidades y amplía las desigualdades sociales.
Los niños y las niñas que viven en primera persona la pobreza y la desigualdad en edades tempranas tienen una mayor dificultad en la adquisición de habilidades básicas, un menor nivel de estudios, menos posibilidades de acceder a empleos cualificados, salarios más bajos, peor estado de salud, menor nivel de bienestar y relaciones familiares y sociales más frágiles. En definitiva, crecer en un hogar en situación de pobreza o exclusión tiene un impacto negativo en la vida de los niños, niñas y adolescentes que la sufren, así como en su futura vida adulta.
En relación con el empleo, los datos muestran que estar en situación de pobreza en la adolescencia se relaciona en mayor medida con la pobreza laboral que con no tener empleo. Concretamente, aquellas personas que sufrieron pobreza en la adolescencia tienen un 12% menos de probabilidad de trabajar con contratos indefinidos y un 14% más de hacerlo con contratos temporales.
Respecto a la salud, para cuantificar el efecto de la pobreza en la infancia y adolescencia sobre la salud se han tenido en cuenta, además de la autopercepción del estado de salud en general, variables que recogen tanto la salud física como la mental. Los resultados muestran que la pobreza infantil se asocia con un 30% más de probabilidad de tener mala salud en general, un 36% más de padecer exceso de peso y un 12% más de padecer depresión en la edad adulta.
En relación con Europa, España se sitúa en el podio de la pobreza infantil moderada (27,4%), solo por detrás de Rumanía y Bulgaria, muy lejos de la media de la Unión Europea (18,5%). Los países que más bajo puntúan son Dinamarca y Finlandia, que tienen un sistema de bienestar muy centrado en las transferencias y en servicios para la infancia y la conciliación.
Por lo tanto, teniendo en cuenta los costes asociados a la situación laboral y a la pérdida de salud, la pobreza infantil en España tiene un coste anual de, como mínimo, 63.079 millones de euros al año, lo cual equivale a un 5,1% del PIB de 2019. Estas cifras suponen un coste de alrededor de 1.300 euros por persona al año.
En palabras de Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, “la pobreza infantil debe considerarse una cuestión de Estado. Convertir las políticas de infancia en una prioridad de la agenda política, a través de medidas como la deducción fiscal rembolsable que plantea la Plataforma de infancia, contribuiría a garantizar un presente y un futuro digno para todos los niños, niñas y adolescentes y, por extensión, para toda la sociedad”
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