El
ministerio público muestra su preocupación por la opacidad del clero
y
sugiere la creación de una comisión nacional de investigación como las
de Australia y Holanda.
Iñigo Domínguez,
José Manuel Romero,
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| El abad, Josep Maria Soler, pide perdón a las víctimas de abusos en una misa en febrero. CARLES RIBAS |
La Fiscalía General del Estado ha enviado un informe al Ministerio de
Justicia en el que analiza la situación actual del problema de los
abusos a menores en la Iglesia y llega a la conclusión de que la
respuesta de las instituciones es muy deficiente, necesita un gran
impulso y el Gobierno debe moverse y tomar medidas. La Fiscalía muestra
su preocupación y propone, en la práctica, que España abandone su
pasividad oficial y se coloque a la altura del resto de países que han
afrontado la cuestión. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS,
sugiere imitar el trabajo de países como Australia y Holanda.
En ellos
se crearon comisiones nacionales independientes que investigaron los
casos durante años, abrieron canales para que las víctimas pudieran
aportar su testimonio, realizaron miles de entrevistas y entregaron un
informe final exhaustivo. Después, las víctimas fueron indemnizadas.
La llamada de atención de la Fiscalía es un paso muy significativo.
Constituye la primera reacción de los poderes públicos al creciente
número de casos del pasado que están emergiendo en los últimos ocho
meses, desde que EL PAÍS comenzó a investigar el fenómeno en octubre de
2018. El ministerio público ha preparado el informe a petición de Justicia, que el pasado mes de febrero,
en pleno auge del escándalo, le encargó un examen de la situación. En
concreto, el ministerio pidió una relación de los casos de abusos a
menores en la Iglesia abiertos en este momento en los tribunales, con
diligencias previas. El escrito de respuesta no aporta mucha luz en ese
sentido, pues se limita a responder con las cifras generales del delito
de abusos a menores: las bases de datos de cada provincia no clasifican
específicamente si el acusado es un religioso.
A pesar de la ausencia de cifras claras, precisamente el principal
problema a la hora de abordar este asunto, la Fiscalía sí detecta una
alarma social y hace sus valoraciones. El escrito detalla que el trabajo
diario del ministerio público sobre estos casos ha podido constatar las
tremendas dificultades que encuentran para detectar estos casos cuando los abusos sexuales se producen en el seno de la Iglesia o de colegios religiosos, por tratarse de entornos muy opacos.
Es más, la preocupación por esta circunstancia lleva a la Fiscalía
General del Estado a recomendar que las personas que tengan conocimiento
de algún caso de abuso de menores acudan inmediatamente, y en primer
lugar, a las autoridades, y no a la Iglesia. Aconseja denunciarlo en la
Fiscalía o a los departamentos de protección a la infancia de las
comunidades autónomas, para evitar una intervención o un filtro previo
de las instituciones religiosas. Es necesario también, subraya la
Fiscalía, revisar y actualizar los protocolos de detección de abusos a
menores.
El ministerio público señala que sigue
muy de cerca la actitud de la Iglesia católica española a través de los
distintos protocolos de actuación que ha puesto en marcha para
luchar contra los abusos. Por ejemplo, los aprobados en las diócesis de
Burgos, Astorga o Sigüenza. Sin embargo, la Conferencia Episcopal se
sigue negando a investigar los casos del pasado, solo admite examinar
las denuncias que se presenten caso por caso y, además, traslada la
responsabilidad a cada diócesis. A finales del año pasado anunció la
creación de una comisión para actualizar los protocolos existentes en la
Iglesia contra los abusos a menores. Pero no ha dado cuenta del
resultado de sus trabajos ni ha actualizado, de momento, sus protocolos.
En todo caso, al margen de la respuesta eclesiástica, la Fiscalía
española propone iniciar contactos entre instituciones para articular
iniciativas más intensas para combatir el problema. Es necesario, según
señala el escrito, articular canales fluidos que permitan actuar cuanto
antes. La Fiscalía española traslada al Ministerio de Justicia su
compromiso para colaborar en cualquier iniciativa de este tipo.
Como fórmulas de referencia, el informe considera muy útil la
experiencia de Australia. En este país se creó una comisión que trabajó
durante cinco años y concluyó, tras escuchar a 8.000 víctimas y
testigos, que la Iglesia católica había recibido 4.500 quejas entre 1980
y 2015 por presuntos abusos cometidos por 1.880 miembros de esa
institución. La comisión remitió más de 2.500 casos a la policía. El
Gobierno australiano se comprometió a indemnizar con dinero público a
las víctimas.
La Fiscalía también cita en su escrito el caso de Holanda y la
llamada comisión Deetman, por el nombre de su presidente, el exministro
democristiano Wim Deetman. Su informe, presentado en 2011, estableció
que desde 1945, entre 10.000 y 20.000 menores fueron víctimas de
agresiones que oscilaron entre la violación —alrededor de un millar— y
los tocamientos no deseados. Ocurrió en internados, orfanatos, colegios y
seminarios y los autores fueron unos 800 religiosos adultos. Al menos
105 de ellos seguían vivos en 2011. La Iglesia asumió indemnizaciones de
entre 5.000 y 100.000 euros, en función de la gravedad de los hechos.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz,
escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es.
Los tribunales no tienen un registro oficial de los casos abiertos contra religiosos
El informe de la Fiscalía General del Estado responde a una petición del Gobierno. El Ministerio de Justicia le solicitó en febrero que le informase sobre las diligencias abiertas en los tribunales
por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de
congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa.
La caída del Gobierno y la celebración de las elecciones generales
ralentizó la respuesta, pero finalmente la Fiscalía ha remitido un
escrito donde explica que sus registros informáticos sobre diligencias
abiertas por agresiones o abusos sexuales a menores no permiten
discriminar si han sido cometidos en el seno de instituciones religiosas
o en otros lugares. Por esa razón simplemente detalla al ministerio que
durante el año pasado se registraron en España 293 diligencias de
investigación por agresiones sexuales a menores. En el primer trimestre
de este año se han iniciado otras 30. En total, 323 casos desde 2018.
De este modo no es posible saber en cuántos de esos casos han sido
acusados religiosos. Para eso no basta una búsqueda informática, sino
que cada Fiscalía provincial tendría que indagar en cada uno de sus
expedientes.
Con este informe, en el que, al margen de los datos, la Fiscalía
expresa su preocupación por el problema y pide medidas, el nuevo
Gobierno deberá decidir si toma alguna iniciativa. Por el momento, el
Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en diciembre pasado un anteproyecto de
ley de protección integral de la infancia que incluye la ampliación del
plazo de prescripción de los delitos de agresión o abuso sexual a
menores. La legislación actual fija la prescripción en cinco años para
el abuso y 15 para la agresión sexual desde que la víctima cumple los 18
años. El borrador prevé que el plazo empiece a contar a los 30 años de edad, aunque las víctimas quieren que sea a los 50.
La Iglesia celebró en febrero una cumbre en el Vaticano para tratar
el tema, pero la Conferencia Episcopal Española no ha comunicado qué
medidas concretas va a impulsar ni ha publicado el nuevo protocolo
antiabusos. Ha asegurado que planea obligar a los clérigos a comunicar
los casos que se conozcan a la Fiscalía. En el actual protocolo, fechado
en 2010, los obispos no están obligados a notificar a las autoridades
los posibles episodios de los que pudiera tener constancia, solo
“invita” a las familias a hacerlo.
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