Adolfo Lacuesta Antón, Presidente de la POI, @platdeinfancia
Más de ocho millones de españoles/as tienen reconocido su derecho a
cuestiones tan fundamentales como la educación, la salud, o el derecho a
ser escuchado/a pero sin embargo no pueden votar...
Muy diversas
han sido las medidas e iniciativas que se han tomado para abordar sus
problemas pero, en definitiva, una de las más importantes para cambiar
su realidad se debatirá en los próximos días en el Congreso de los
Diputados: la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Es en ese momento, donde debe notarse la existencia de un verdadero compromiso con la infancia,
situando su protección con el peso que requiere. Las leyes no son
suficientes para cumplir los derechos de la infancia, deben ir
acompañadas de políticas y recursos adecuados.
En los tiempos de crisis económica las administraciones
públicas han disminuido la protección que destinan a los niños y las
niñas, situándose la inversión en infancia en una reducción de 6.300 millones de euros en el periodo de 2010 a 2014.
Los próximos presupuestos serán un ejercicio de negociación política
sin igual para satisfacer las demandas de un Congreso plural y para
abordar los requisitos que plantean las instituciones europeas. Pero no
podemos perder en este debate el impacto que tendrá las medidas en los
más vulnerables. Es la infancia la que más se ha visto afectada por la
crisis situando las tasas de pobreza infantil en porcentajes superiores al 30%, y es también la que más notará cualquier cambio en la calidad de los principales servicios públicos.
Es el momento de darle el espacio que se merece a los niños y las
niñas, planteando medidas necesarias como incrementar la actual
prestación por hijo/a a cargo de 24 euros al mes, por una prestación con
mayor dotación que revierta en más beneficiarios y que reduciría drásticamente el número de niños y niñas en riesgo de pobreza infantil que actualmente se sitúa en 2 millones y medio aproximadamente.
Una medida con una dotación presupuestaria relevante pero con una
profunda capacidad de impacto, sacaría a España de la cola europea en
este tipo de prestaciones.
Sin un cambio en esta
situación, la pobreza no sólo afectará la calidad de sus vidas en el
presente, sino como cita una de nuestras entidades miembro, Caritas
Española, en su informe “ La transmisión intergeneracional de la pobreza”, el 80% de estos niños y niñas seguirán empobrecidos/as al hacerse adultos.
Es necesario que los Presupuestos consideren a la infancia como
CIUDADANOS/AS en mayúsculas y no como pequeños/as ciudadanos/as. En este
sentido, pedimos que
las Administraciones Públicas tomen en cuenta a la infancia en la
elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado, porque
acabar con los principales retos que sufren los niños y las niñas es,
principalmente, un asunto de voluntad política y está en nuestras manos
conseguirlo.
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