equivale a tortura.
el embarazo forzado y la maternidad forzada
vulneraran los derechos de niñas víctimas de violación.
![]() |
Colectivo Manifiesto |
El órgano de la ONU publicó este lunes 20 de enero su decisión sobre tres casos, uno en Ecuador y dos en Nicaragua, en los que niñas entre 12 y 13 años quedaron embarazadas tras sufrir violaciones.
“Obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es más que negarles el derecho a decidir; es una violación del derecho a la vida digna, un acto que equivale a tortura y una falta de protección de unas de las más vulnerables”, declaró Hélène Tigroudja, miembro del Comité.
Falta de respuesta por parte de Ecuador y Nicaragua
Los casos de Norma, Susana y Lucía (seudónimos para proteger su identidad) no habían recibido respuesta por parte de ninguno de los dos países, tras lo cual las tres niñas decidieron llevar sus casos ante el Comité alegando violaciones de sus derechos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual ambos países forman parte.
Además, estos casos no habían sido investigados por los respectivos países, que tampoco tomaron medidas contra los perpetradores. La falta de acción fue calificada por el Comité como “una omisión del Estado Parte en relación con su obligación de ejercer un deber reforzado de protección en el caso de una niña víctima de violencia”.
Tres niñas cuyos derechos fueron violentados
Norma, de Ecuador, tenía 13 años cuando quedó embarazada como resultado del incesto perpetrado por su padre, quien anteriormente había violado a otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades por esos delitos. En Ecuador, el acceso al aborto terapéutico es casi imposible en la práctica, a pesar de su disponibilidad legal para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas. Norma se vio obligada a llevar su embarazo a término y dar a luz a un niño nacido del incesto. A pesar de su clara y expresada voluntad de entregar a su hijo para que fuera criado por miembros de su familia, fue mal informada sobre las opciones de adopción y terminó viéndose obligada a criar al niño en la pobreza y sin acceso a la educación.
Susana, de Nicaragua -donde el aborto está totalmente prohibido y penalizado tanto para las mujeres embarazadas como para el personal de salud que lo habilita-, fue abandonada por su madre biológica cuando tenía un año de edad y enviada a vivir con sus abuelos. Su abuelo la mantuvo aislada, obligándola a trabajar y negándole el acceso a la educación básica. Tenía seis años cuando su abuelo comenzó a abusar sexualmente de ella. Fue regularmente violada y maltratada por su abuelo antes de quedar embarazada a la edad de 12 años. Su abuela intentó, sin éxito, obtener apoyo y protección por parte de las autoridades. Un día después de que naciera el bebé, Susana presentó una denuncia penal y solicitó protección de su abuelo abusivo. Después de que se emitiera una orden de detención, las autoridades informaron a Susana que no podían hacer cumplir dicha orden ni brindarle otras garantías de seguridad porque su abuelo formaba parte de un grupo armado que controlaba la zona. Susana no tuvo otra opción que quedarse con el niño, quien ahora es criado por su abuela.
Lucía, también nicaragüense, tenía solo 13 años cuando el sacerdote de su comunidad comenzó a violarla, obligándola también a tomar pastillas anticonceptivas de emergencia. Después de varios meses de abuso sexual, Lucía quedó embarazada. A pesar de la profunda depresión, continuó sus estudios en la escuela secundaria con el apoyo de sus padres y presentó una denuncia penal contra el sacerdote. Ella y su familia fueron amenazados para que retirasen los cargos debido a la posición social y religiosa del victimario, pero se resistieron. Las autoridades no tomaron ninguna medida contra el sacerdote a pesar de los cargos penales presentados contra él. Al igual que en el caso de Susana, Lucía no pudo acceder al aborto y terminó siendo obligada a llevar su embarazo a término. Durante el parto, fue sometida a abusos psicológicos y físicos y maltrato por parte del personal médico, lo que resultó en su revictimización. El hijo de Lucía es ahora criado por sus abuelos, los padres Lucía.
Violaciones de los derechos humanos