Amnistía Internacional ha enviado una carta a todas las autoridades competentes (Gobiernos autonómicos, Central y Partidos Políticos) sobre la necesidad de respetar el interés superior del menor también cuando se trata de menores migrantes llegados a Canarias.
16 de enero de 2025
La masificación en algunos centros para la acogida de niños y niñas no acompañados es uno de los principales problemas en Canarias, con los 82 centros de acogida para menores muy por encima de su capacidad y con unos recursos humanos y medios económicos insuficientes para atenderles adecuadamente, entre los que destaca la falta de formación especializada, y de intérpretes o asistencia jurídica gratuita y de calidad.
Sin embargo, éste no es el único reto al que se enfrentan las autoridades canarias. La organización también ha señalado como graves los problemas de coordinación entre las distintas instituciones que trabajan sobre niños y niñas migrantes no acompañados, incluyendo el uso de diferentes criterios por la misma institución, esto es policía, Fiscalía o la propia Dirección General de Infancia.
“Esto tiene gravísimas consecuencias, tanto en los derechos de los niños y niñas, mientras son menores, como, y sobre todo, cuando deben enfrentarse a la vida adulta. Hemos hablado con niños que temen convertirse en adultos porque no saben qué será de ellos”, declara Virginia Álvarez, responsable de Area de Investigación y Política Interior en Amnistía Internacional España.
Y es que la falta de una adecuada diligencia en la tramitación de la documentación necesaria en tiempo y forma que permita que los menores salgan de los centros con un permiso de residencia, y que les habilite para trabajar, es uno de los temas que más preocupan a los menores migrantes.
“Cuando cumples 18 años tienes que buscarte la vida, pero cómo lo vas a hacer si no tienes nada. Muchos chicos tienen que irse [del centro de acogida] al cumplir la mayoría de edad, pero se van sin nada. Tengo miedo de que esto me pase a mí también”, señala Pierre*, camerunés de 17 años que lleva dos años y dos meses en Canarias después de emigrar para ayudar a su madre y hermanos.
Similar es el miedo de Amil*, que llegó con 17 años a Canarias desde Marruecos, a principios del año 2023, después de que su embarcación fuera rescatada por Salvamento Marítimo. Le llevaron a un centro de menores, que tuvo que abandonar en octubre de ese mismo año. Cuando se marchó, lo único que le entregaron fue su pasaporte. Tras quedarse en la calle, pudo estar unos meses en el campamento para migrantes Canarias 50, desde donde iniciaron los trámites para solicitar el permiso de residencia, aunque en el momento de la la entrevista estaba nuevamente en situación de calle. Cuando salió del centro de menores por cumplir la mayoría de edad, nadie le informó de su situación administrativa (de hecho, su petición de permiso de residencia ya había sido denegada por haber sido solicitada fuera de plazo), ni tampoco de que, al abandonarlo, su empadronamiento sería dado de baja y le retirarían su tarjeta sanitaria.
“El sistema está abandonando a estos chicos y chicas, dejándoles sin herramientas para lograr su integración social”, lamenta Virginia Álvarez.
Otras preocupaciones en relación a estos menores
Amnistía Internacional también considera que deben reforzarse los mecanismos de denuncia para que sean accesibles y efectivos y así los menores puedan contactar con las autoridades en caso de ser necesario. También debe mejorar la supervisión de los centros de acogida de emergencia. Por otro lado, no existen protocolos adecuados para garantizar la derivación a recursos adecuados de niños y niñas con necesidades específicas, tales como víctimas de trata, solicitantes de protección internacional y menores con problemas de salud mental.
Finalmente, Amnistía Internacional considera que debe establecerse una estrategia que incluya medidas adecuadas y contundentes para combatir el racismo contra los niños y las niñas no acompañados, especialmente cuando viene por parte de corporaciones locales y/o de responsables políticos. Señalamiento y estigmatización a los menores en distintos ámbitos, incluso en algunos centros sanitarios por su personal, o presiones xenófobas para dejar de atenderles son algunas de las consecuencias de este racismo existente en las islas.
Soluciones sin más demora
"Dos años llevan las Comunidades Autónomas sin asumir su responsabilidad en la acogida de estos niños y niñas, tal y como es su obligación según los tratados internacionales. Las autoridades y partidos políticos deben adoptar de manera urgente e inmediata una propuesta de reparto vinculante, obligatorio y equitativo que permita garantizar una adecuada acogida a todos los niños y niñas extranjeros tutelados por cualquier administración", señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Según los datos de la Fiscalía General del Estado, a fecha de 31 de diciembre de 2023 figuraban inscritos en toda España 12.878 menores no acompañados. La comunidad canaria tenía 4.700 menores en su red de acogida, lo que significa que estaría haciéndose cargo de la tutela del 36.5% de los menores no acompañados que habían llegado al Estado español. A fecha de agosto de 2024, solo 192 niños y niñas habrían sido trasladados desde Canarias a otras Comunidades Autónomas de la península.
El Gobierno central ha respondido a la organización asegurando que persiste en la negociación y la búsqueda de acuerdo con los distintos partidos políticos respecto de la necesaria solidaridad y responsabilidad compartida entre las Comunidades Autónoma. "Esperamos que esta afirmación se haga realidad sin más dilación. Tanto el Gobierno estatal como los autonómicos, especialmente el de Canarias, llevan meses negociando un acuerdo en relación a un posible Decreto Ley que alivie la situación de los niños y niñas no acompañados en Canarias. Esperamos que la propuesta esté basada efectivamente en el interés superior del menor", exige Esteban Beltrán.
El Gobierno canario ha informado a Amnistía Internacional de que para intentar paliar esta situación se están abordando nuevos planes y acciones tendentes a mejorar la acogida de los niños y niñas migrantes, entre ellos la capacitación del personal que trabaja en los dispositivos de acogida, para fortalecer la detección de vulnerabilidades y niños y niñas necesitadas de protección internacional, y que se han destinado 200 millones de euros para implementar estas mejoras. También ha asegurado que se está trabajando en un plan conjunto con las entidades de colaboran con la administración, para la mejora y revisión de protocolos. Igualmente, en noviembre se fortaleció con 20 personas, entre ellas diez con perfil técnico, el equipo de trabajo de la Dirección General de Infancia.
Amnistía Internacional ha señalado las siguientes recomendaciones a las autoridades:
1. Asegurar la protección jurídica efectiva de los niños y niñas no acompañados, y que se vele por que se aplique el principio de no devolución, descartando iniciativas como la devolución a Marruecos de niños y niñas impulsadas por algunas administraciones.
2. Garantizar que todos los niños y niñas son adecuadamente identificados y se activan los mecanismos de protección, adoptando un protocolo uniforme de determinación de la edad para todo el Estado, que sea respetuoso con los derechos humanos y no invasivo, y en el que se garantice que los menores son informados y escuchados.
3. Garantizar, de acuerdo a los estándares internacionales, el derecho de los y las menores a documentación, a procedimientos de asilo y formación e itinerarios efectivos de integración.
4. Dotación de recursos suficientes en Canarias y a nivel autonómico, para asegurar la adecuada acogida.
5. Garantizar que los menores migrantes cuentan con información y mecanismos de denuncia accesibles y efectivos, y que se investigan a fondo todos los casos de vulneraciones de los derechos y se llevan a cabo inspecciones periódicas de los centros.
6. Reforzar los servicios sanitarios, especialmente en islas que puedan estar más tensionadas, como por ejemplo El Hierro, reforzando especialmente los servicios de salud mental.
7. Adoptar todas las medidas necesarias para combatir el racismo y la discriminación.
8. Cumplir con el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre las diferentes Comunidades Autónomas, aprobando un reparto obligatorio entre las mismas.
