Hablemos de incesto

La mitad de agresiones a menores, como poco, la efectúan sus familiares. No quiero pensar que la voluntad de denunciar a una institución como la Iglesia supere a la de acabar con estos actos nefandos dentro del seno de las propias familias


Elisa Beni

elDirario.es


Dejó dicho Lord Byron que el mejor profeta del futuro es el pasado. No le faltaba razón. Uno se da cuenta a cada momento. La casualidad ha hecho que repare en ello al contemplar el mismo día en la prensa la presentación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica –que afirma que ha afectado al 0,6% de la población española– y la impactante campaña del gobierno francés contra el incesto, es decir, contra las violencias sexuales y los abusos cometidos contra los niños en el seno de la unidad familiar. Si nauseabundo es el abuso cometido por los clérigos en uso de su supremacía escolar o espiritual, ¿qué dejamos para los abusos y violaciones cometidos por padres, abuelos, padrastros u otros en el seno de la familia? Cada tres minutos se comete uno de estos actos en Francia, así lo dice crudamente la campaña iniciada allí. ¿En España sucede menos o, simplemente, es una olla aún por descubrir? Más lo segundo que lo primero. 


Un “p'tit secret”. Así relata en los duros spots una niña el chantaje emocional que acompaña a las violaciones o abusos incestuosos. Ese secreto entre el menor y el abusador al que quiere y en el que confía. Creo en la necesidad de restauración de las víctimas de los sacerdotes y en la obligación de la Iglesia de hacer frente a esta indecente realidad, pero también creo en la obligación social de destapar lo que sucede muros adentro y de dejar de taparnos los ojos pensando que se trata de algo que sucede poco o que sucede solo en entornos desestructurados porque todos los informes existentes dicen lo contrario. “Todos los días te cruzas con personas que han sufrido el incesto en la infancia y con otros que lo han practicado”, afirma la secretaria de Estado de Infancia francesa. ¿De verdad creemos que esto no sucede en España?


Miremos al futuro también, a la prevención, a la muestra del rechazo social absoluto a esta realidad que sigue produciéndose y que incluso aumenta entre nosotros. La última preocupación expresada respecto a nuestro país es la de la ONU a través de su 'Observación sobre el noveno informe periódico en España', que la secretaria de Estado de Igualdad presentó hace tan solo seis meses. No habrán visto que el tema de la infancia abusada haya copado los titulares ni las campañas. Sin embargo, el comité “observa con preocupación que la legislación y los esfuerzos para atender las formas específicas de violencia de género contra las mujeres y las niñas como el incesto (...) son insuficientes en España”, de lo que alertan al gobierno. Los “informes oscuros” que se han manejado, aportados por asociaciones como Alanna, Clara Campoamor, Feminicidios y otras elevan las 3.206 denuncias oficiales recogidas en el Rumi de 2021 hasta 5.865 casos de los que sólo se habría producido condena judicial en 738. Recordemos que los niños no pueden denunciar y que tiene que hacerlo un adulto (la madre, un médico, un profesor...).


Nuestros niños son igualmente masacrados por estos delitos y por los cometidos por miembros de la Iglesia. Las consecuencias son igualmente devastadoras. No quiero pensar que la voluntad de denunciar a una institución como la Iglesia supere a la de acabar con estos actos nefandos dentro del seno de las propias familias. ¿Qué se ha hecho contra esto último? Claramente, poco o nada. Las asociaciones que trabajan estos temas llevan dirigiéndose al Congreso y al Senado desde 2015, con varias reiteraciones incluso este mismo año, que no han obtenido respuesta. ¿No le interesa esta horrible realidad a nuestros representantes? ¿Es un tabú demasiado difícil de vencer?


Ni siquiera nuestra Justicia ofrece una respuesta adecuada a los retos de una realidad más cruda de lo que queremos asumir., en aumento con visos de empeorar. La pornografía pederástica se ha convertido en un escándalo en alza donde estos degenerados encuentran una especie de normalización de sus peores instintos. Según el informe realizado en nuestro país hace unos años por Save the Children tras el análisis de procedimientos concretos, en pocos casos de denuncia se lleva a cabo por la Justicia una investigación exhaustiva, más bien se tiende al sobreseimiento que apenas es recurrido por la Fiscalía. La ong denunció también falta de motivación y ponderación en las resoluciones al aplicar el principio de superior interés del menor, insistencia en la “normalización” de la relación del menor abusado con el progenitor denunciado, poca especialización infantil de los equipos psicosociales, falta del impulso del procedimiento penal, fallos en la aplicación por los juzgados de Familia de la prejudicialidad penal y, llegan a decir, prejuicios de partida contra las madres denunciantes cuando está en marcha un proceso de divorcio. Al final ha calado el mensaje de la madre manipuladora que influye en los niños y denuncia al padre para sacar ventaja. Las infamias de ciertos grupos en la red no salen gratis y tienen repercusiones.


En medio de todo ese maremágnum burocrático y judicial hay muchos menores sufriendo, menores que serán adultos con un trauma difícil de superar y que tal vez intenten en el futuro exigir reparación y justicia a una sociedad que no ha sido capaz de protegerles ahora. ¿Somos como sociedad mejor que la Iglesia como institución? ¿No nos estamos, autoridades y ciudadanos, tapando los ojos como en su caso hicieron y hacen los prelados? ¿Somos de verdad mejores que ellos?

El Gobierno francés, por primera vez, ha utilizado la palabra incesto junto al abuso y violación de menores. Nunca antes se había hecho. Según los datos en el tiempo que han tardado en leer ese artículo un menor ha sido violentado por sus propios familiares. “Quería golpear en el estómago a nuestros conciudadanos” ha dicho la artífice de la valiente campaña francesa. Participo de su loable objetivo. El mejor profeta del futuro es el pasado y la byroniana reflexión nos permite afirmar que en el sufrimiento de los testimonios recogidos por Gabilondo podemos ver el dolor que ahora mismo se está fraguando en una infancia que será adulta. 


Hablemos del incesto y de que la mitad de agresiones a menores, como poco, la efectúan sus familiares. Estoy segura de que hasta este artículo será leído por el autor de un incesto porque están entre nosotros, cada día, asquerosamente impunes.


Hagamos algo, seamos mejores y más efectivos que las sotanas.


Un país de extraescolares

 Admitamos que la idea de madrugar para que todos entremos a trabajar a la misma hora, como hacían los primeros obreros bajo la tutela estricta de algún silbato, o de fichar en alguna máquina para demostrar que estamos ahí encadenados durante el tiempo suficiente debería hacerse extraña en el capitalismo volátil y globalizado de ese mismo siglo XXI. Pero, como las filas a la entrada del colegio, son realidades que resisten tozudas incluso tras una pandemia planetaria que –decían los agoreros- vendría a cambiar para siempre nuestras vidas.


La Encina

POR IVÁN RODRÍGUEZ

PUBLICADO EL: 9 DE OCTUBRE DE 2023



Pasó septiembre y volvió a dejarnos la imagen de ver caminar a nuestros hijos cabizbajos hacia su fila en el primer día de clase tras el receso estival. Y este texto quizás podríamos dedicarlo a preguntarnos por qué la educación del siglo XXI necesita todavía de filas cuartelarias. En su lugar me ha llamado la atención cuánto nos parecemos niños y adultos en aquello de dejar atrás la ficción vacacional.


Convertimos un tiempo que sabemos excepcional y conquistado a lo ordinario –el verano de nuestras vacaciones pagadas- en una improvisada realidad en la que nos sentimos más auténticos que nunca, lejos de rutinas, horarios y tareas en las que no nos vemos reflejados; por eso dejar ese tiempo es un poco como sellar una traición contra nosotros mismos y por eso se cobra su precio en la moneda del malestar emocional. Debe de ser eso lo que las psicohuestes de la posmodernidad han bautizado como depresión posvacacional. Una tristeza que brota de comprobar que lo que hemos tomado por realidad es una brillante invención, una hermosa pompa de asueto y holganzas varias que explotará cada año al morir agosto, dejando al descubierto lo que somos el resto del año: gente capaz de entregar sin resistencia su tiempo y sus energías a labores que, en muchos casos, ni nos llenan ni nos importan, y en otros nos laceran. ¿Acaso no es este el más pleno triunfo de las sociedades capitalistas que surgieron de la revolución industrial, que nos brindemos voluntaria y rutinariamente a los lazos inflexibles de la jornada laboral?


Admitamos que la idea de madrugar para que todos entremos a trabajar a la misma hora, como hacían los primeros obreros bajo la tutela estricta de algún silbato, o de fichar en alguna máquina para demostrar que estamos ahí encadenados durante el tiempo suficiente debería hacerse extraña en el capitalismo volátil y globalizado de ese mismo siglo XXI. Pero, como las filas a la entrada del colegio, son realidades que resisten tozudas incluso tras una pandemia planetaria que –decían los agoreros- vendría a cambiar para siempre nuestras vidas.


No es casualidad que el trabajo y el colegio hayan aparecido juntos mientras pergeño estas letras para La Enzina. Sería imposible entender el uno sin lo otro en cualquier sentido que se quiera considerar. Se mire como se mire la escuela sigue siendo, en su sentido más básico, un adiestramiento para la realidad laboral de nuestra sociedad. Es una vieja (y difícilmente contestable) idea de la Sociología de la Educación la de que existe alguna clase de correspondencia entre la organización escolar y la laboral. Es decir, que las rutinas escolares, los madrugones, sus rígidos horarios, las tareas repetitivas, los odiosos deberes que se siguen encargando a machamartillo por más que se demuestre su futilidad pedagógica o la nula relevancia de nuestros deseos en el seno de una institución orientada a la contención en la que hay que levantar la mano y pedir permiso hasta para ir al servicio, son un apropiadísimo entrenamiento para, el día de mañana, poder entregar dócilmente nuestra fuerza de trabajo. Miren que bien lo vio venir Irvine Welsh cuando tituló irónicamente su libro de ácidos relatos Si te gustó la escuela te encantará el trabajo (If You Liked School You’ll Love Work). Más que recomendable.


Pensemos en la realidad cotidiana que viven niñas y niños en España. A tenor de la impresión generalizada de la población adulta, que cree firmemente que hoy la educación no educa, que nadie estudia porque no se repite, que el profesorado pasa medio año de vacaciones y que no se exige lo suficiente; los colegios, en fin, son algo muy parecido a un spa vacacional. Pero vaya, no es este el día a día de la chavalada nacional. Un dato que desconoce la mayor parte de nuestra ciudadanía es que la población infantil española pasa más horas escolarizada por término medio que los niños alemanes, británicos o finlandeses. Y que en la secundaria obligatoria supera ya las 30 horas semanales (es decir, rondando una jornada laboral, pero no piensen mal, que es casualidad) y es una brecha con nuestro entorno que se ensancha. Esto por no mencionar que fabricamos los horarios escolares contra los niños y sus ritmos biológicos, en lugar de con ellos, como bien explicaba hace poco mi colega de riñas sociológicas Daniel Gabaldón. Añadan a este panorama de jornadas escolares que las familias tendemos a alargarlas con la parrilla (interminable) de actividades extraescolares, lo que posibilita que haya muchas niñas y niños que ingresen a un centro escolar a las 9 de la mañana pero no lo abandonen –inglés, judo o baile mediante- hasta las 5 de la tarde: 8 horas más tarde (¡ándele, otra jornadita laboral!). ¿Adivinan por qué? Exacto, hacemos coincidir el tiempo escolar con el ritmo de nuestros (locos e inflexibles) horarios laborales. A la fuerza ahorcan, se suele decir.


Ahora simplemente piénsenlo e imaginen los deberes como ese trabajo que –qué remedio- uno tiene que llevarse a casa; o conciban ese tiempo de extraescolares que no deseamos como unas horas de trabajo extra en las que habrá que “calentar la silla”. Eso por no hablar del fenómeno de la prolongación fraudulenta de la jornada laboral (es robar nuestra fuerza de trabajo, pero llámenlo así que suena más chic). Y junten el producto de su imaginación con un dato: en España se trabaja más tiempo que en la mayor parte de los países que se tienen a sí mismos por “la Europa que trabaja”[1]. Lo revelaba Eurostat con datos de 2022: el número promedio usual de horas semanales trabajadas en España y (sobre todo) Grecia y Portugal superaba con creces el dato alemán, holandés y danés. Vaya con los PIGS. Y ahora si quieren, sigan pensando que esta coincidencia entre la resignación al tedio escolar que se prolonga, que parece ser esa cosa tan de aquí, y la aceptación sumisa de que nuestras jornadas laborales deben estirarse más que un día sin pan son sólo una funesta casualidad.


En fin, que en esto del adocenamiento escolar y laboral es mejor no seguir al sentido común y fiarse un poco más de los datos. Eso y no descuidar la memoria porque gran parte del problema radica en una organización de nuestros tiempos laborales y sociales que roza el desvarío sistémico. Deberíamos trabajar menos y ser más productivos justamente para poder olvidar antes el tiempo del trabajo y entregarnos a ese otro en el que sí nos reconocemos y en el que, entre otras cosas, podríamos cuidar mejor de nuestros hijos. Para esto es perentoria e ineludible en nuestro paisaje sociopolítico una ley de racionalización de horarios que apueste, de una vez por todas, por acabar con este imperio de la insensatez que atenta contra nuestra salud física y emocional. Pues lo dicho, hagamos memoria: ¿cuál fue una de las iniciativas legislativas más novedosas de la pasada legislatura que quedó por poco en el tintero tras la convocatoria de las tórridas elecciones del pasado 23-j? Adivinen.


[1] El asunto, por cierto, no puede ser más paradójico si tenemos en cuenta que España fue uno de los estados pioneros, a principios del XX, a la hora de regular la jornada laboral para que esta no excediera de las ocho horas diarias. A veces el devenir histórico es como un chiste, no precisamente de los más logrados.

El día de la verdad sobre la pederastia en la Iglesia española

El Defensor del Pueblo desvela hoy los resultados del primer informe oficial sobre los abusos en el clero, que se prevé recoja cientos de miles de víctimas de abusos. La investigación del Defensor del Pueblo estima en 440.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española

El PAIS

IÑIGO DOMÍNGUEZ / JULIO NÚÑEZ

Madrid - 


El histórico informe sobre los abusos en el clero, muy duro con la institución, convierte a España en el país con la proyección oficial de víctimas más alta. Se basa en una encuesta a 8.000 personas que cifra los afectados en un 1,13% de la población. Recomienda que el Estado también asuma su indemnización

España tendrá hoy el primer relato oficial de algo que hasta ahora oficialmente aún no existe, porque apenas hay datos sobre ello y ha sido un secreto oculto durante décadas: la realidad de la pederastia en la Iglesia católica, con cifras, estimaciones y una radiografía de lo ocurrido en las últimas décadas, también en cuanto a la responsabilidad de los poderes públicos. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presenta a las 11.30 en el Congreso la investigación encargada por la Cámara, decidida casi por unanimidad en marzo de 2022 —con el único voto negativo de Vox—, y que ha realizado durante 15 meses. También incluirá propuestas legales para abordar el problema y atender a las víctimas.

La expectación es máxima ante las primeras cifras oficiales de un fenómeno que la Iglesia, hasta hace dos años, reducía a “muy pocos casos”. Se espera, en cambio, una estimación de cientos de mi- les de víctimas, según los cálculos de este diario y todos los expertos consultados que toman como referencia las investigaciones y encuestas en los demás países católicos. Por ejemplo, en Francia, que en 2021 estimó 330.000 víctimas en el ámbito religioso, en un país donde el peso de la Iglesia ha sido mucho menor que en España durante el franquismo y en el sistema educativo.


El Defensor se ha nutrido de información y testimonios por varias vías -entrevistas con más de medio millar de víctimas, la base de datos de este periódico, archivos judiciales y los registros facilitados por la propia Iglesia—, pero también ha encargado una en- cuesta demoscópica, que será la primera que afronta esta cuestión en España. La única existente, realizada en 1995 por el catedrático de la universidad de Salamanca, Félix López, con una pequeña muestra, señaló que un 4,7% de los encuestados había sufrido abusos en ámbito religioso.


Es un paso decisivo en la búsqueda de la verdad que ha sido posible por la investigación que en 2018 inició EL PAÍS. Ese año, el periódico abrió un correo electrónico al que han escrito más de mil personas por primera vez dio voz a cientos de víctimas ocultas, comenzó a contabilizar los casos, creó la única base de datos pública existente y, en 2021, forzó un giro definitivo en la Iglesia y las instituciones para que por fin se movieran para sacar la verdad a la luz.


La cuestión irrumpió en la agenda política con un informe sobre pederastia en la Iglesia que EL PAÍS entregó en diciembre de 2021 al Papa y al presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. Contenía testimonios contra 251 sacerdotes, religiosos y laicos, casos todos inéditos hasta el momento, y obligó a la Iglesia española a afrontar una gran investigación. También, por primera vez, los partidos políticos empezaron a hablar en serio de crear una comisión de la verdad o emprender una indagación a nivel oficial, al estilo de las realizadas en otros países. La propia Iglesia, que hasta entonces negaba el problema y rechazaba hacer una investigación interna, encargó una auditoría al bufete Cremades & Calvo Sotelo en febrero de 2022. Un mes después, el Congreso encomendó al Defensor iniciar una investigación oficial. Entretanto, en dos años este diario ha presentado cuatro informes, que en total recogen 545 casos, con 704 testimonios que ocupan más de 1.300 páginas.


En una carrera tácita con el despacho de abogados por entregar el informe, Gabilondo llega primero. Y la Iglesia española, que siempre se ha negado a revelar lo que sabe, deberá responder a las conclusiones del Defensor sin tener aún lista su propia versión de los hechos y sus propias estimaciones. De hecho, las relaciones de la Conferencia Episcopal con el bufete se han tensado en el último mes, pues la fecha de entrega, prevista inicialmente para marzo, se pospuso a junio, luego a otoño y ahora se espera para fin de año. Hace dos semanas, los obispos llegaron a darle un ultimátum de diez días, que no ha acatado.


Las víctimas aguardan con impaciencia este primer paso desde las instituciones para abordar esta lacra, y lo cierto es que ni siquiera se sabe cuántas son: el primer paso será precisamente ese, una primera estimación oficial. Hasta ahora solo existe la base de datos de este periódico, que registra en este momento 1.036 acusados y 2.206 víctimas en casos documentados. Según los expertos, es solo la punta del iceberg.


El porcentaje que se repite en todos los países católicos que han estudiado el fenómeno es que los curas y religiosos responsables de abuso de menores son entre un 4% y un 7% del clero. El 4%,en España, supondría 8.200 personas, aunque si se aplica este porcentaje solo al clero masculino se sitúa en 4.400 personas. Si se considera el 7%, la cifra ascendería al 14.350, que serían 7.700 solo en el clero masculino.


El Defensor del Pueblo creó dos equipos de trabajo, uno compuesto por 10 personas asalariadas a tiempo completo para atender a las víctimas y una comisión asesora formada por 17 especialistas y miembros de la oficina del Defensor, que ha elaborado el informe. La unidad de escucha a las víctimas abrió un correo electrónico y un teléfono de atención. Contó con una oficina y el equipo se ha desplazado por varias ciudades españolas.


Gabilondo tendrá que explicar por qué ha decidido presentar la investigación tras solo 15 meses de trabajo. No tenía un plazo fijo. Si se compara con investigaciones similares en países como Francia o Australia, los trabajos han sido muy breves. En Australia se alargaron hasta los cinco años y se entrevistó casi a 4.500 víctimas. En Francia la comisión empleó casi tres años y en 17 meses recibió 6.500 llamadas y mensajes. Posteriormente, realizó 250 entrevistas. También encargó una encuesta, a través de una muestra representativa de 28.000 personas: estimó que 5,5 millones de niños habían sufrido abusos en Francia, de los que 330.000 en el seno de la Iglesia católica, más de un 4% del total.


En España los únicos datos aportados por la Iglesia pertenecen al informe Para dar luz que hizo público el pasado junio, en el que los obispos admitían 728 casos de pederastia y contabilizaban 927 víctimas. Pero son datos parciales, ya que solo hacen referencias a las denuncias que las diócesis y órdenes religiosas han recibido desde 2019 en sus oficinas de atención a víctimas, que tuvieron que abrir por orden del Papa. Sigue sin dar a conocer el número de casos que ha gestionado durante décadas en sus tribunales eclesiásticos. Del mismo modo, la CEE tampoco incluía en ese documento detalles de cada caso (nombre o iniciales del acusado, lugar y fecha) a diferencia de lo que hacen las diócesis de EE UU o, más recientemente, el obispado alemán de Aquisgrán.


La cooperación de la Iglesia con el Defensor del Pueblo ha sido escasa. Gabilondo declaró hace un año que no veía “mucho entusiasmo” en las instituciones eclesiásticas para colaborar con su investigación. En marzo de 2023 solicitó por carta a los obispos españoles todos los casos de abusos sexuales que conocieran desde 1950. Una semana después la CEE le entregó seis tomos. Solo uno de ellos referente a los casos que conocía, pero sin precisar los nombres de los acusados.


"Derecho a no ser discriminados..." Jornada Mancomunidad Servicios Sociales Mejorada/Velilla, 15 de noviembre 2023.

"Derecho a no ser discriminados: 
Efectos de la discriminación en la Infancia y su abordaje desde la prevención".

Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada/Velilla.
 el día 15 de noviembre de 9 a 14 horas.
Auditorio María Pineda,
Velilla del S. Antonio.
Inscribirse desde aquí https://forms.gle/x3s1oL33qDGJxLd86 
hasta el día 10 de noviembre 

"¡Puto móvil!". He leído y acepto que el puto móvil dañe la salud mental de mis hijos.

que crean adicción intencionadamente y ponen en peligro a niños y adolescentes.

La primera responsabilidad es de esas compañías cuyo modelo de negocio busca 
maximizar beneficios a costa de la salud pública, también de los menores
y de los gobiernos que no las regulan ni sancionan como deberían. 

Pero las familias también deberíamos darle una vueltecita al asunto.
Le regalaste a tu niño su primer móvil, le diste permiso a tu hija adolescente 
para que se instalase la misma red social que usan todas sus amigas, y como de costumbre
 marcaste la casilla de “He leído y acepto los términos y condiciones de uso” 
sin leer ni el primer párrafo. 
Total, para qué, si van a hacer lo que quieran, tanto las empresas como los hijos. 
“El puto móvil”, así lo llamas tú también en casa, ¿verdad?.
Una joven revisa su teléfono móvil, en una fotografía de archivo. EFE/Robert Ghement
Si hubieras echado unos minutos en leerte las condiciones, te habrías llevado una sorpresa: en el largo contrato pone cosas como que “esta aplicación está diseñada conscientemente para atraer, captar y atrapar a los más jóvenes”, “esta plataforma se aprovecha del dolor de los niños manipulándolos psicológicamente y manteniéndolos adictos a la vez que rebaja su autoestima”, “su uso prolongado por menores de edad tiende a correlacionarse con depresión, ansiedad y problemas de imagen corporal”, o que “la compañía busca maximizar el beneficio a expensas de la salud pública, poniendo a los niños en peligro”.
Espera, que el documento que aceptaste y firmaste sin leer es muy largo, hay más: “esta plataforma implementa funciones para extraer tiempo y atención adicionales de usuarios jóvenes cuyos cerebros en desarrollo no están preparados para resistir estas técnicas manipuladoras”“la empresa explota de manera desmedida las vulnerabilidades psicológicas de los usuarios jóvenes”, y la guinda: “nuestro algoritmo ofrece contenido de acuerdo con programas de refuerzo variable, manipulando la liberación de dopamina en los usuarios jóvenes, induciéndolos a usar repetidamente nuestros productos, como un jugador en una máquina tragaperras”.
Venga, ahora que ya lo has leído, dale a “aceptar” y deja a tu niño o tu niña que sigan con su móvil y su TikTok o su Instagram.
No, por desgracia los documentos de condiciones de las redes sociales no son tan sinceros y transparentes. Los párrafos anteriores los he copiado de la demanda que los fiscales de más de cuarenta estados norteamericanos acaban de presentar contra Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram o WhatsApp. Se unen a las decenas de demandas que hace meses presentaron también familias y centros educativos, contra Meta y también contra TikTok, Snapchat o Youtube, por el daño a la salud mental de los más jóvenes, pero también por el destrozo educativo y el mayor esfuerzo y gasto que tienen que soportar las escuelas públicas por “los crecientes costes atribuibles a la crisis de salud mental”.
No lo pone en ningún contrato, pero lo sabemos de sobra y no podemos seguir haciéndonos los tontos: llevamos años leyendo noticias sobre investigaciones que vinculan las redes sociales con daños a la salud mental de los adolescentes, además de trastornos alimentarios, suicidios, ciberacoso, insomnio, menor rendimiento escolar o hasta la captación y explotación de menores para el tráfico sexual.
Las familias no tenemos la culpa, pues la primera responsabilidad es de las empresas, y de los gobiernos que no las regulan ni sancionan como deberían. No es un problema de abuso o mal uso de su tecnología: es un modelo de negocio, su beneficio se basa en promover en los usuarios el abuso y el mal uso. Pero las familias deberíamos darle una vueltecita al asunto, desde que les ponemos el móvil a los bebés para que coman o no molesten, hasta regalarles su primer smartphone a edades cada vez más tempranas (en la comunión ya), y permitir o desentendernos de que usen redes sociales sin estar preparados para ello.
Llevamos años sospechando que no es bueno, leyendo noticias al respecto, viendo en vivo cómo afecta a nuestros hijos, cómo nosotros mismos nos convertimos en yonquis. Llevamos años refiriéndonos al aparato como “el puto móvil”, motivo frecuente de bronca familiar. Llevamos años comentando que, fíjate, los dueños e ingenieros de las grandes tecnológicas no dejan que sus hijos tengan pantallas, y en las escuelas de Silicon Valley usan pizarra, tiza y papel. ¡Qué curioso!. 
Nos hace mucha gracia cuando vemos a un niño, nativo digital, hacer el pellizco con los dedos sobre un libro buscando ampliar o reducir una página. Pero cada vez tiene menos gracia. Y menos que va a tener si en el futuro se confirman las consecuencias de la adicción y la toxicidad de plataformas y pantallas para toda su generación. Igual un día nos lo echan en cara: “¿por qué me disteis el puto móvil cuando no tenía edad para ello?” Y no podremos defendernos diciendo que hicimos clic en lo de “he leído y acepto las condiciones…”

La Jornada sobre violencia sexual desde una mirada de la infancia y la adolescencia concluye que la justicia restaurativa debería ser una vía para afrontar las agresiones sexuales entre menores

En el transcurso de esta Jornada, organizada por la Sección de Derechos de la Infancia y adolescencia de la ICAB, también se ha dado a conocer que uno de cada cinco menores es víctima de violencias sexuales

La Jornada sobre violencia sexual desde una mirada de la infancia y la adolescencia, que se ha llevado a cabo este lunes 23 de octubre de 2023 en el ICAB, ha sido presentada por la diputada de la Junta de Gobierno, Mireia Ramon, y el presidente de la Sección de Derecho de la Infancia y Adolescencia, Xavier Campà, y se ha iniciado con la conferencia marco de Jaume Funes, psicólogo, educador y periodista.

El auditorio de la 8.ª planta se ha llenado para seguir las tres mesas de reflexión en las cuales se ha estructurado la jornada y que han servido para dar respuesta a las dudas que surgen alrededor de las violencias sexuales entre adolescentes y el mundo digital, para hacer un análisis transversal del aumento de la violencia sexual entre los menores y para abordar como se puede reconducir esta situación y qué respuesta se puede dar desde la justicia ante estas conductas.

La mesa sobre la gestión de la sexualidad de los adolescentes en tiempos digitales ha contado con la participación de José Ramón Ubieto, psicólogo clínico y psicoanalista, Chelo Fernández, ingeniera técnica en telecomunicaciones y posgrado en marketing, y Àlex Rodríguez, psicólogo del Servicio Municipal Konsulta'm de Nou Barris, y ha sido moderada por Xavier Campà.

Se ha llevado a cabo un análisis sobre el acompañamiento y la formación de los adolescentes en el descubrimiento de la sexualidad en la segunda mesa de reflexión, que ha contado con las magníficas ponencias de Teresa Cambra, inspectora de Educación del Consorcio de Educación de Barcelona, Manel Ortega, técnico de EDUCO, Maria Gonzalez, psicóloga y coordinadora del área comunitaria de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos y el Centro Joven de Atención a las Sexualidades, y ha moderado la abogada Meritxell Bosch, vicepresidenta de la sección de derechos de la infancia y adolescencia del ICAB.

Para cerrar la Jornada, en la última mesa de reflexión se han abordado los sistemas de respuesta para los menores inimputables y la justicia restaurativa y han intervenido Alba Muro, coordinadora-psicóloga del servicio de atención a Menores inimputables de la DGAIA, Lidia Ayora y Mascarell, jefe del Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico de Justicia Juvenil, y Rocío Guarnido, abogada experta en procesos penales de menores y en justicia restaurativa, con la moderación de Jordi Casajoana Feliu, abogado y vocal de la Sección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia ICAB.

Gran demanda contra META: "aprovecharse del dolor de los niños”, “engañar repetidamente al público sobre los peligros sustanciales”


Las demandas a las tecnológicas critican su modelo de negocio basado en la economía de la atención para así maximizar el tiempo ante la pantalla, pues se basan en la publicidad: Cuanto más tiempo pasen los usuarios en sus plataformas, más anuncios pueden vender, más dinero ganan. 
En absoluto les importa el contenido y su veracidad, ni el alcance que pueda tener en la sociedad, en los niños, niñas, adolescentes, en las elecciones (es más, se ha demostrado que han influido intencionadamente en las mismas): son unas vulgares depredadoras de dinero, lo demás no les importa. 

Esperamos que estas demandas no se detengan solo en la protección a la infancia y a la adolescencia: si no, otra vez volveremos al "pobrecitos los niños, hay que protegerlos". Si esto es un problema social que se solucione para todos los adultos y los niños, porque no está demostrado que el daño que supuestamente se hace para personas menores de 13 o 18, no se haga también para mayores de esas edades... No está demostrado que la madurez de las personas humanas tengan para la gestión de su vida, su salud... esté automáticamente alcanzada con una marca/frontera/paso como la edad.                                                                                                                                           Asociación GSIA

Meta ha sido acusada de engañar al público sobre los riesgos de sus redes.
  Lavanguardia/Getty Images/iStockphoto

El 6 de enero 2023 ya las escuelas públicas de la ciudad de Seattle habían demandado a Microsoft y Ámazon en defensa de la salud de los estudiantes  (Washington, EE UU)
han sido las últimas en sumarse a una ofensiva contra las grandes tecnológicas en defensa de la salud mental de los estudiantes. Busca cambiar la manera en la que operan TikTok, Instagram, Facebook, SnapChat y YouTube porque explotan el sistema de recompensas del cerebro de los jóvenes para que estos vuelvan una y otra vez a las aplicaciones, y les generan ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. “Esta crisis de salud mental ha impactado en la tarea educativa al absorber los recursos de nuestras escuelas”,

El Gobierno de Luisiana también comenzó este año con una recomendación a los distritos escolares y a las escuelas privadas, para que se prohíba TikTok. En este caso, la preocupación es que la información privada de los menores queda en manos de ByteDance, una compañía que tiene su base de operaciones en China.

El condado de Kent, al sur de Seattle, representa a unos 25.000 estudiantes y también se ha sumado a la demanda iniciada por Seattle.

Ya se están presentando más de 100 demandas similares en juzgados federales.

Y estos días se ha presentado una gran demanda contra Meta
La denuncia presentada el martes en los Fiscales Generales de 41 Estados contra la dueña de Instagram y Facebook por “aprovecharse del dolor de los niños” es un nuevo paso para pedir responsabilidades a las hasta ahora intocables redes sociales.
Han denunciado a la compañía presidida por Mark Zuckerberg por “engañar repetidamente al público sobre los peligros sustanciales” de sus redes sociales.

Según el escrito de los fiscales, Meta ha desarrollado sus productos con el objetivo de hacerlos adictivos y dirigirlos a una franja de edad especialmente baja: la de los menores de 13 años. Su objetivo, dice el documento, es “atrapar” a jóvenes y adolescentes. De la misma forma, la coalición de demandantes denuncia que la empresa está recopilando datos de estos menores sin el permiso de sus padres o tutores, violando las leyes federales de Estados Unidos.

Esta demanda es consecuencia de las negociaciones fallidas entre Meta y las fiscalías de los Estados, que desde 2021 han investigado el impacto que estas redes tienen en la salud mental de menores y adolescentes. El medio estadounidense The Wall Street Journal publicó ese año un reportaje con información interna de la compañía en el que señalaba cómo esta era consciente de que Instagram empeoraba la autopercepción de los usuarios sobre sus cuerpos.

La Academia Estadounidense de Pediatría declaró la emergencia nacional a finales de eses mismo 2021, después de ver un “drástico incremento” en las visitas de los servicios de emergencia para atender casos de salud mental, que incluía intentos de suicidio.

El fiscal general de California, Rob Bonta, responsable de la Fiscalía donde se ha presentado la demanda colectiva, ha declarado que “Meta ha dañado a nuestros niños y adolescentes cultivando adicciones para disparar sus ingresos corporativos”.

En un comunicado, la compañía asegura que se sienten “desilusionados porque, en lugar de trabajar de manera productiva con compañías de la industria para crear estándares de edad claros para todos los jóvenes que usan las aplicaciones, los fiscales generales hayan elegido este camino”.

Algunos estados como Utah han aprobado en los últimos meses leyes federales que prohíben el acceso a las redes sociales a menores de 13 años. También exigen que los jóvenes de menos de 18 años necesiten el consentimiento paterno para poder utilizarlas.

Algunos de las anteriores denuncias y pleitos con Facebook como protagonista:

IX Jornada de GSIA: Las relaciones afectivo-sexuales en la infancia y adolescencia

Diálogos Intergeneracionales.
 En la IX Jornada de GSIA tratamos: 

"Las relaciones afectivo-sexuales en la infancia y adolescencia",

Inscríbete abajo.
La IX Jornada Técnica de GSIA se pone como objetivo captar y dar valor al discurso de la infancia y adolescencia sobre la vivencia de la sexualidad y propiciar un debate social en el que se incorporen sus ideas y puntos de vista sobre todo para lograr entender cuáles son las claves en las tomas de decisiones que afectan a los niños, niñas y adolescentes.
Se contará con la presencia de académicos, representantes de colectivos y consejos de participación de infancia y adolescencia. Con intervenciones agrupadas en distintas mesas de debate.
La Jornada está dirigida a investigadores/as, docentes, madres y padres, así como a otros profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de atención a la infancia y la adolescencia, y en general a cualquier persona interesada por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. La asistencia es gratuita hasta completar aforo.

Cuándo
Martes, 28 de noviembre de 2023
Horariode 9.00 am a 14.00 pm (hora española)
DóndeSala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid
Contactoinfogsia@grupodeinfancia.org

Inscripción gratuita

FORMULARIO de INSCRIPCIÓN:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4YoywAu1WANSbBufI-RqDh6J6LhlE1GvfwaAZuKjK-_ZfCg/viewform

Se retransmite también online de manera sincrónica.