Ser víctima de violencia sexual puede afectar al desarrollo de las niñas y niños que la padecen. Aunque no todos los menores sufren las mismas consecuencias, algunas víctimas pueden ver afectada su salud, tanto física como psicológica, y tener secuelas a nivel social, como un bajo rendimiento académico, carencias en sus habilidades sociales o una mayor probabilidad de sufrir otros tipos de violencia o de ejercerla.
7 de octubre de 2024
Los datos clave que han permitido calcular este coste se han basado en las denuncias y en la tasa de prevalencia. Según el Ministerio del Interior español, en 2023 se interpusieron 9 185 denuncias por delitos contra la libertad sexual a personas menores de 18 años. Sin embargo, este dato no representa toda la realidad existente, pues sabemos que muchos casos quedan ocultos y no se denuncian.
La prevalencia –proporción de niñas y niños que se estima sufren violencia sexual en España– nos aproxima más a la magnitud real del problema. Un grupo de investigadores de la Universidad Pontificia Comillas hemos tomado varios estudios relevantes como referencia y, en promedio, se estima que más del 17 % de las niñas y niños son víctimas de violencia sexual. En total, casi 78 000 menores al cabo del año.
Cifras que alarman
Para analizar los costes económicos de la violencia se han identificado varios parámetros. Por un lado, los servicios que atienden a las víctimas y los procedimientos que se activan cuando se denuncia un caso para calcular su coste unitario; por otro, se ha tenido en cuenta la mayor probabilidad de repetición de curso escolar y los impactos en la salud que pueden tener las víctimas, que en ocasiones repercuten sobre su vida adulta.
En el primer caso, los costes han sido clasificados en cuatro categorías: sanitarios, educativos, por prestaciones de servicios sociales, y judiciales y penitenciarios. Así, el gasto que supone la existencia de más de 9 000 víctimas detectadas asciende a 437 257.335 euros. En el segundo caso, se calcularon los gastos en los que también incurre la administración pública por el total de personas que sufrieron violencia sexual durante su infancia, aunque no fuesen casos conocidos. Esta cifra asciende a 838 412.751 euros.
La suma de ambos costes económicos nos indica que anualmente se gastan más de 1 275 millones de euros por casos detectados y no detectados de violencia sexual contra la infancia.
Además, la investigación ha querido ir más allá, intentando obtener una cifra que refleje parte del coste que supone para la sociedad esos daños: la pérdida de productividad, la destrucción de riqueza, el sufrimiento. Aunque no impliquen un gasto concreto para las administraciones públicas, estos daños tienen una repercusión negativa en la economía.
Más prevención por parte de todos
Una pequeña porción de este daño podría haber sido mitigada si se hubiesen detectado todos los casos de violencia sexual contra la infancia de forma precoz y se hubiese intervenido de manera eficaz, lo que habría reducido las consecuencias sobre las víctimas.
Por ello, se ha intentado aproximar el coste social y humano a través de los costes en los que se ha incurrido por los casos que no se detectan, y que podrían haberse reducido con detección precoz y buena intervención. En total, 3 178.203.081 euros.
En suma, como ya adelantábamos, el estudio estima que el coste mínimo de la violencia sexual hacia la infancia supera los 4 400 millones de euros.
Sin embargo, la dificultad de acceso a datos precisos y la complejidad de valorar algunos de los efectos de esta violencia hace que aún quede una parte del problema invisibilizada, que no ha podido ser cuantificada.
Con todo, es crucial poner el foco en prevenir todos los tipos de violencia sobre los menores. Aunque disponemos de una normativa que aborda la violencia sexual y atiende a todos los tipos de violencia contra la infancia de manera integral promoviendo el buen trato, es necesario invertir y destinar recursos para prevenir casos y reducir los efectos que tiene la victimización y sus costes. Resulta esencial poner en marcha medidas que garanticen la formación de profesionales, la promoción de la detección precoz de casos, una justicia amigable y especializada en infancia, la participación infantil…
Para afrontar el problema es imprescindible que los legisladores intervengan. En concreto en España, las metas vienen definidas por la Estrategia de erradicación de la violencia hacia la infancia, que defiende que “erradicar la violencia, crear espacios seguros y fomentar los buenos tratos y la crianza respetuosa es una responsabilidad común y compartida”.
