La violencia contra la infancia y la pobreza, entre las principales preocupaciones de las organizaciones de infancia y de niñas, niños y adolescentes ante el Comité de Derechos del Niño

La Plataforma de Infancia ha viajado hasta Ginebra con una representación de entidades de infancia y de niñas, niños y adolescentes para compartir con el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sus principales preocupaciones y propuestas sobre el cumplimento de los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país.

Plataforma de Infancia

23 Sep. 2024

“Nos encontramos en un momento importante para los derechos de la infancia, en el que el papel de la sociedad civil es crucial”, señala Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia. Actualmente, España está pasando por un examen por parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, un proceso que se realiza periódicamente con todos los Estados para comprobar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en el que se cuenta con la participación de organizaciones de infancia y de chicas y chicos para elaborar las recomendaciones dirigidas al Estado español por parte del Comité.

Ángel, César y Valya que tienen 10, 13 y 16 años, son las chicas y chicos que se han reunido con el Comité de los Derechos del Niño para trasladarle las principales propuestas que niñas, niños y adolescentes elaboraron a través del proceso participativo “Nuestra voz, nuestros derechos” que dio comienzo en 2021 y en el que reflexionaron sobre seis temáticas: educación, violencia contra infancia, participación infantil, igualdad y no discriminación, salud, bienestar y medio ambiente y entorno digital. 

“Hoy estamos aquí, representando a muchas otras chicas y chicos, seremos la voz de quienes creemos en nuestros derechos y los defienden. Pedimos que se nos escuche, que se nos tome en serio y que las personas adultas tengan en cuenta nuestras opiniones ante los temas que nos preocupan y afectan”, con estas palabras comenzaron la exposición de sus propuestas ante el Comité.

Entre otras cuestiones, han planteado recibir más atención y que existan más recursos ante las situaciones de violencia contra la infancia; o que se asegure que las niñas y niños tengan sus necesidades cubiertas en materia de vivienda, educación, salud, ocio, etc, especialmente quienes se encuentren en situación de riesgo de exclusión social. “Quisiéramos terminar destacando la importancia de difundir la Convención sobre los Derechos de la Infancia, porque muy pocas personas la conocen, y de garantizar nuestra participación real en el desarrollo de planes y políticas que nos afectan”.

“Aunque nuestro país ha mostrado su compromiso con los derechos de la infancia, aún no cumple plenamente con la Convención sobre los Derechos del Niño” apunta Ibarra. Y es que España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta de pobreza infantil y uno de los pocos que no cuenta con una ayuda para apoyar a las familias en la crianza. Esta ha sido una de las principales preocupaciones trasladadas por la Plataforma de Infancia ante el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra.

Más de 17.000 niñas y niños viven y crecen en recursos residenciales; de ellos más de 1.000 tienen menos de 6 años, a pesar de que todas las recomendaciones internacionales y nuestra ley establecen que deberían vivir con una familia. “Además, hemos alertado sobre la situación insostenible de muchas niñas y niños no acompañados que llegan a nuestras costas, ya que la saturación de algunos sistemas de protección y la falta de mecanismos de solidaridad interterritorial impiden que se garanticen sus derechos”, explica Ibarra.

“Desde la Plataforma de Infancia siempre será una prioridad velar por el cumplimento de la Convención sobre los Derechos del Niño y esperamos que el Estado español aumente sus esfuerzos para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia”, concluye Ibarra.

Consulta el Informe alternativo al Informe del Estado español de la Plataforma de Infancia

Consulta el proceso participativo: «Nuestra voz, nuestros derechos 

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La Abogacía demanda una asistencia legal integral y homogénea para los menores en toda España

El Consejo General de la Abogacía Española considera imprescindible impulsar políticas que doten al sistema público de Justicia de una asistencia integral y homogénea para los menores en toda España. 

Abogacía Española

Consejo General

12 septiembre 2024

En la inauguración de las I jornadas Nacionales de Menores y Adolescencia que se celebran hoy y mañana en Cádiz, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado que las diferentes autoridades políticas y judiciales extiendan la atención integral a los menores de edad a todos los territorios, dotando de juzgados especializados a aquellos lugares todavía no existen.

González ha pedido la creación de Turno de oficio especializados en menores allí donde todavía no se han creado y que se establezca para ellos una retribución equiparable al resto de Turnos especializados, como el de asistencia a las víctimas de violencia de género.

“Los abogados, en nuestro compromiso con la justicia y la mejora de la convivencia ciudadana, vamos a mirar de frente cómo protegemos a los menores, qué podemos hacer para mejorar su situación, qué problemas hay y qué soluciones caben”, expresó González ante el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y el consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto, entre otras autoridades.

En su intervención, el máximo representante de la abogacía apuntó de forma explícita a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que, en los casos penales, los menores tienen derecho a la asistencia letrada de oficio desde el primer interrogatorio.

González también hizo alusión al grave problema de los menores migrantes que está afrontando Canarias en lo que llevamos de año, así como a las alertas lanzadas por la Fiscalía General del Estado en su memoria del año pasado, en la que advierte sobre el creciente volumen de “problemas de conducta” entre los menores y de su facilidad para acceder a todo tipo de estupefacientes.

Durante las jornadas que arrancan hoy y concluirán mañana, los principales expertos en la materia abordarán cuestiones como la violencia contra menores, la constitucionalidad de la declaración de desamparo, el conflicto de ley, la discapacidad, los derechos transversales de la infancia y los desafíos legislativos en los diferentes ámbitos de aplicación de las leyes sobre los menores. Además de los aspectos estrictamente formativos, el objetivo de las Jornadas es contribuir en la elaboración de los contenidos que formarán parte del próximo Congreso Mundial de Justicia y la Niñez que está previsto para el año próximo en España.

En el acto inaugural también han participado el presidente de la Subcomisión de Menores del Consejo General y decano el Colegio de Córdoba, José Carlos Arias; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de la Abogacía y decano de Jerez, Federico Fernández; y el decano de Cádiz y anfitrión de las jornadas, José Adolfo Baturone, quien ha manifestado su satisfacción de que estas I jornadas nacionales se celebren en Cádiz.

Arias López ha destacado que la importancia de estas jornadas es que “son pioneras” porque la problemática se va a estudiar desde cuatro puntos: la reforma, la protección, violencia de género y discapacidad. “Nunca antes se habían tocado estos cuatro sectores que regulan los derechos de la infancia”, aseguró.

Federico Fernández ha recordado que este encuentro debe servir para que “desde la abogacía sigamos luchando por los derechos de los menores, una materia- que aseguró- tiene nuevos desafíos sociales”.

José Antonio Nieto ha recalcado la importancia de “la justicia juvenil”. ”Nos ocupamos de los más jóvenes, que han cometido errores y les dotamos de las herramientas sociales y legales para no volver a caer en ellos. Una democracia se mide por la calidad de su justicia”, dijo.

En el mismo sentido coincidió Rubén Pérez: “En materia de protección de menores hay que aplicar siempre el criterio del interés superior del menor y la percepción del menor como sujeto de derechos, independientemente de su situación administrativa”.

ABORDAJE INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y MENORES CON DISCAPACIDAD

En la primera mesa Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género, señaló que es imprescindible detectar todas las formas de violencia que sufren los menores para protegerlos mejor, sin limitarse a la violencia física en el entorno familiar y que hay que tipificarlas, en particular, la violencia económica. Incidió también en reforzar el ámbito educativo desde la infancia. Por su parte, Carolina Macías, miembro de la Subcomisión de Menores de la Abogacía Española, manifestó la necesidad de crear un turno de oficio especializado en menores violentados en todos los Colegios, como el recientemente implantado en el Colegio de la Abogacía de Málaga, para “evitar la revictimización, conseguir una asistencia inmediata por personal especializado y una mejor coordinación de todos los agentes implicados”.

Gregorio Savaria, delegado del CERMI urgió a la eliminación de barreras para garantizar el acceso a la justicia de menores con discapacidad en igualdad de condiciones, “estableciendo las garantías del derecho a entender y ser entendidos, con la posibilidad de contar con un facilitador procesal, promoviendo un número suficiente de profesionales cualificados y generando herramientas que permitan a los profesionales facilitadores realizar su trabajo”. Fernando Santos, fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, reivindicó un estatuto jurídico de las personas con discapacidad. Y Nuria Orellana, magistrada de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, pidió que se capacite de la formación necesaria a la Administración de Justicia,  policías, peritos, abogados y todos los agentes que intervienen en procesos con menores con discapacidad.

MENORES- CONFLICTO DE LEY Y CONSTITUCIONALIDAD DE DECLARACIÓN DE DESAMPARO

Luis Rabasa, magistrado juez titular del Juzgado de Menores único de Córdoba, expuso experiencias en el sistema de reforma juvenil. Tomás Montero Hernanz, jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias expresó que la derivación de casos al sistema de mediación juvenil no debe ser discriminatoria. “Cada situación debe someterse a un análisis previo y solo deben contemplarse aquellos casos en los que el menor reconozca su participación en los hechos y exprese su voluntad de repararlos”.  En este sentido, Valentín Aguilar, abogado de Córdoba, manifestó que los centros de reforma de menores deben ser gestionados por la Administración, garantizando un adecuado acompañamiento jurídico. “Para ello, es fundamental crear un Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica específico en estos centros, que podría integrarse en el marco de la justicia gratuita”.

En la última mesa del primer día de jornada se debatió sobre si es constitucional o no el sistema de la declaración de desamparo de los menores, con la intervención de Alberto Campomanes fiscal delegado de menores de la Fiscalía Provincial de Huelva y Silvia Giménez-Salinas, decana emérita de ICA Barcelona, quien pidió blindar a los menores de una seguridad jurídica, garantizando la posibilidad de comparecer ante un juez para otorgarle a éste la responsabilidad de decidir si un niño o niña y su familia deben ser separados o no. “La decisión de enviar a un niño o niña a un centro de protección debe ser tomada solo cuando todas las demás opciones para su protección y bienestar han sido agotadas, como el apoyo familiar, servicios de orientación o intervención temprana”, señaló. 

La Justicia suspende el protocolo canario de atención a menores migrantes del Gobierno de Clavijo

La Sala de lo Contencioso Administrativo admite el recurso presentado por la Fiscalía, que advierte que la medida puede vulnerar los derechos fundamentales de los niños que llegan a las islas

elDiario.es

Natalia G. Vargas

20 de septiembre de 2024

Uno de los menores rescatados en Fuerteventura
por Salvamento Marítimo en las últimas horas  EFE/ Carlos de Saa

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido de manera urgente el protocolo impuesto por el Gobierno regional para la acogida de menores no acompañados. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha accedido a las medidas cautelarísimas solicitadas en un recurso por la Fiscalía Superior de Canarias ''por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia'' y ''sin entrar en el fondo de la cuestión sobre el ajuste a la legalidad del protocolo''.

La Fiscalía alerta de que, de ejecutarse el protocolo, ''quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo patente los menores migrantes no acompañados que hayan sido rescatados por el Estado en el mar o hayan sido interceptados a su llegada a la costa por la Guardia Civil o la Policía Nacional''.

El Ministerio Público recurrió este miércoles el plan aprobado por el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular por vulnerar los derechos fundamentales de los niños que llegan a Canarias en situación de desamparo. La Fiscalía presentó el recurso después de advertir al Ejecutivo regional de que su protocolo discriminaba a los menores migrantes por razón de origen. ''En el protocolo publicado no se hacen constar cuáles son las posibles consecuencias de que la comunidad autónoma no ejerza la competencia que tiene asignada por ley, como es la protección y asistencia inmediata a los menores'', apuntó la fiscal María Farnés.

“Los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo. No hay situación más clara de un menor en desamparo que la de nos menores extranjeros no acompañados”, sentencia la fiscal superior de Canarias.

Tras reunirse con el Estado el martes en Madrid, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tildó las conclusiones de la Fiscalía de ''ridículas''. ''Nos reafirma en el trabajo que hacemos. Solo si nos negásemos a recibir a un menor reseñado e identificado, incurriríamos en abandono'', dijo. Clavijo también ha arremetido contra el Gobierno central por dar los primeros pasos para recurrir ante el Tribunal Constitucional el protocolo por un posible conflicto de competencias. ''Lejos de recibir ayuda, complicidad o colaboración, parece ser que porque pedimos que el menor sea entregado con garantías legales el Gobierno de España se dedica a atacar a Canarias'', dijo.

El protocolo obliga a los menores a pasar por un enjambre de trámites policiales antes de entrar al sistema de acogida, lo que podría ralentizar su protección. El escrito que la fiscal María Farnés presentó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC recoge que la medida vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad y a la integridad moral recogidos en los artículos 14 y 15 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño.  ''Su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo'' en la que los menores llegan al Archipiélago, concluye la Fiscalía.

La medida, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 12 de septiembre, introduce nuevos requisitos a la acogida de menores migrantes, cuya tutela corresponde a la comunidad autónoma. Al pisar tierra firme, los menores tendrán que ser identificados por la Policía y ser inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA). También tendrán que obtener una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada por parte del Estado. Cuando tengan estos tres documentos, la Administración General del Estado debe comunicar al Gobierno canario la presencia de un menor migrante ''en condiciones de ser entregado''.

Una vez cumplidos estos trámites, el Ejecutivo regional deberá ''verificar'' que hay plazas disponibles en su red de recursos. Después, los menores, en lugar de ser trasladados directamente a los centros, serán entregados a la comunidad autónoma por agentes policiales en las comisarías de la Policía Canaria localizadas en Gran Canaria y en Tenerife o en lugares habilitados en el resto de islas en presencia de un policía autonómico o un funcionario público habilitado.

''No existe motivo para someter a un niño pequeño que llega solo a un trámite inexistente en la ley y retrasar su entrada en un centro de menores adecuado, que es donde la ley establece que debe estar. Sin duda, la aplicación de este protocolo permite la permanencia de menores indubitados en centros policiales'', concluyó en un documento la Fiscalía Superior de Canarias. A pesar del rechazo del Ministerio Fiscal, el Gobierno de Canarias ya ha dado directrices a la Policía autonómica para empezar a aplicar el nuevo protocolo. En un documento al que ha tenido acceso a Canarias Ahora, la Consejería de Seguridad especificaba al cuerpo autonómico todos los trámites que debe realizar antes de que los niños entren al sistema de protección. 

La Infancia y las personas jóvenes construyendo futuro

Los gobiernos de España y Brasil recogiendo el llamamiento del secretario general de NNUU, plantean un side event en el marco de las Jornadas de Acción de la Cumbre del Futuro que tendrá lugar los días 20 y 21. 

Ministerio de Juventud e Infancia

injube

18/09/2024

El encuentro tendrá lugar el día 21 de septiembre a las 13:00 en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas. Contará también con la participación de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ); y Aldeas Infantiles como representantes de la sociedad civil, el Ministerio de Juventud e Infancia y el INJUVE.

Se propone un diálogo en torno a los avances de la Cumbre en materia de derechos de infancia, adolescentes y jóvenes, así como una discusión sobre su relevancia para la gobernanza global que aborde las desigualdades, el cambio climático y la falta de oportunidades para los jóvenes.

Los Actions Days se celebran como antesala a la Cumbre del Futuro 2024 (Summit of the Future) de Naciones Unidas que reunirá a los líderes mundiales con el objeto de alcanzar un nuevo consenso internacional que mejore el presente y proteja el futuro,  los días 22 y 23 de septiembre se celebra en Nueva York.

La Cumbre del Futuro, convocada para debatir sobre los desafíos globales emergentes, ofrece una plataforma inigualable para que las nuevas generaciones se hagan escuchar, contribuyan con sus ideas innovadoras y, lo más importante, se posicionen como actores clave en la construcción de un mañana más equitativo y sostenible. Una de las claves del éxito de esta cumbre es que reconoce que la juventud no solo es la mayor víctima de las decisiones actuales, sino también una fuente poderosa de soluciones y de propuestas para fortalecer los sistemas democráticos.

Es crucial que jóvenes aprovechen la Cumbre del Futuro no solo como un espacio para compartir sus inquietudes, sino también para colaborar con otros actores globales. Este diálogo intergeneracional puede ser la chispa que impulse nuevas alianzas y soluciones tangibles en la defensa de un futuro posible, de una vida digna y de sistemas democráticos avanzados. 

El Gobierno alerta a la Fiscalía de que el nuevo plan de acogida de menores migrantes de Canarias “pone en riesgo” los derechos de los niños

 “Con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo”, asegura el informe del Ministerio de Juventud e Infancia, según fuentes del organismo

elDiario.es

Andrea García Baroja / Gabriela Sánchez

14 de septiembre de 2024

Decenas de personas son rescatadas, a 10 de septiembre de 2024, en Lanzarote,
Islas Canarias (España)  Europa Press Canarias

El Ministerio de Juventud e Infancia ha enviado un informe a la Fiscalía de Menores en el que advierte sobre el posible impacto del protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias para la recepción de menores migrantes no acompañados. El Ministerio señala que las medidas impuestas por el Ejecutivo canario podrían constituir una vulneración grave de los derechos fundamentales de los niños que llegan a las costas de la comunidad autónoma, y ser contrarias tanto la legislación española como los acuerdos internacionales de protección infantil.

La Fiscalía ha acusado este sábado al Gobierno canario de discriminar contra los menores migrantes en función de su origen, según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso el diario 'El País'. El texto supone una advertencia al Ejecutivo que lidera Fernando Clavijo (Coalición Canaria) porque considera que incurriría en una imposición de normas tanto al Estado como a los fiscales.

El Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, anunció el pasado jueves dicho protocolo, que introduce una serie de requisitos previos a la entrada de los menores migrantes en el sistema de acogida autonómico. Entre estas exigencias, están por ejemplo la identificación individualizada de los menores, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados (RMENA) y la emisión de una resolución administrativa por parte del Estado, todo ello antes de que los niños puedan acceder a los centros de protección de la comunidad autónoma.

Según el Gobierno canario, el objetivo del plan es evitar el desorden que ha dominado el proceso hasta ahora y garantizar la “necesaria ordenación” de los niños para su “atención inmediata”. Sin embargo, el Ministerio de Juventud e Infancia ha mostrado su preocupación ante las posibles consecuencias de este protocolo y advierte a la Fiscalía de que, “con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo”, según comunican fuentes del Ministerio de Sira Rego.

“[El protocolo] vulnera el artículo 39.4 de la Constitución Española, que establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, recuerda el organismo. “Supone una vulneración de los derechos de las personas menores de edad al estar limitando su protección en el territorio autonómico contraviniendo los derechos reconocidos por la CDN y no realizar una actuación proactiva para garantizar el bienestar del menor en la medida que del acto de la Comunidad Autónoma se desprende una actuación clara que reduce la efectividad de los derechos de las personas menores de edad”

Según el informe, las nuevas medidas ralentizan la protección de los menores y, en consecuencia, limitan la efectividad de sus derechos en un momento especialmente vulnerable para ellos. Esta situación, afirman fuentes del Ministerio, es contraria a la obligación de los poderes públicos de actuar de manera proactiva para garantizar el bienestar de los menores en todas las circunstancias, y critican que el protocolo canario podría estar contraviniendo el propio Estatuto de Autonomía de Canarias, que otorga a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de protección de menores.

La propia Fiscalía ya había avisado al Gobierno canario que denunciará un delito de abandono si no acoge a los menores migrantes. En un decreto difundido este viernes, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, daba instrucciones a los fiscales del Archipiélago sobre cómo actuar en caso de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pusieran en su conocimiento “la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia” a acoger a un niño migrante en un centro de la Comunidad Autónoma, una vez el menor estuviera “debidamente reseñado” conforme al protocolo nacional de 2014.

“La Fiscalía podrá decirnos dónde tenemos que llevar a esos menores no acompañados”

Mientras, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha negado este sábado que los menores migrantes no acompañados estén o estarán en situación de abandono, y ha garantizado que el Ejecutivo regional acatará las instrucciones de la Fiscalía. “La Fiscalía podrá decirnos dónde tenemos que llevar a esos menores no acompañados y nosotros estamos a la entera disposición de seguir cuidando a estos niños, no sé si como se merecen, pero lo que no haremos nunca es abandonarlos”, ha asegurado antes de presidir una reunión de la junta directiva autonómica del PP, según ha recogido EFE.

El vicepresidente canario ha enfatizado que lo que pretende su Gobierno es simplemente “que se cumpla la ley”. Hasta el momento, dicen, los menores simplemente eran entregados por la Policía Nacional a las ONG encargadas de su acogida mediante un listado, una especie de “entrega grupal” sin identificaciones que ha provocado alguna “confusión de identidades” entre ellos. Domínguez ha afirmado que el plan pretende “que se dejen de hacer las cosas como se venían haciendo hasta ahora” y que los menores migrantes sean entregados por la Policía, no a las ONG, sino a un funcionario de la comunidad autónoma y “de manera individualizada, con fotografía, huella dactilar, nombre, identificación, y que sepamos exactamente adónde va a ir ese menor”.

El nuevo protocolo se publica en medio de la creciente tensión entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central por la responsabilidad de la gestión de menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo canario defiende la necesidad de establecer este tipo de controles para evitar una mayor saturación de sus centros de acogida, que ahora mismo albergan ya a más de 5.300 menores. El Gobierno de España, por otro lado, está revisando el protocolo con sus servicios jurídicos para verificar si invade competencias exclusivas del Estado, como la tutela de los menores migrantes, según anunció el mismo jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Torres insistió en la importancia de coordinar responsabilidades.

El plan canario ha despertado también la oposición de Podemos, que cree que “está fuera de lugar” y generará “situaciones de indefensión” a los niños, al poner “la burocracia por delante de su protección”. “Desde Podemos Canarias se defiende una protección integral desde el primer momento sin que las cuestiones burocráticas supongan un menoscabo o violación de los derechos de la infancia migrante”, señaló la organización en un comunicado el viernes.

La ULPGC avala la adecuación de los procedimientos del Juzgado de Violencia sobre la Infancia

Zaira Santana, investigadora del Juzgado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria, indica que las mediciones muestran niveles bajos y medios de ansiedad.

El Espejo Canario

12 Sep 2024

Punto de encuentro en la Ciudad de la Justicia para las víctimas infantiles | Foto: CGPJ

Un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria demuestra que los procedimientos del Juzgado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria son los más adecuados y garantizan el bienestar de los menores, según destaca Zaira Santana, investigadora del Juzgado y doctora en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas.

El estudio avala que los procedimientos que ha puesto en marcha el juzgado, el primero de España especializado en la materia, mantienen bajo el control los niveles de estrés que sufren los niños cuando son llamados a declarar sobre su caso.

Reducir el estrés y la victimización de los menores 

Santana recuerda que reducir el estrés y la victimización de los menores era el objetivo de la puesta en marcha de este juzgado. Para demostrar su funcionamiento, hicieron un seguimiento a cuarenta y dos menores a través de una pulsera que permite medir el estrés a través de la frecuencia cardiaca y otros indicadores. 

En el trabajo de campo se encontraron niveles bajos y medios de estrés, sin que se alcanzara en ningún momento un nivel preocupante, lo que permite concluir que la adaptación de los espacios y procedimientos ayudan a reducir la ansiedad y garantizan el buen trato.  

Se trata de un estudio pionero que demuestra que la adaptación de la justicia a las necesidades de los menores es muy beneficiosa para los usuarios de la justicia, lo que supone una invitación para que otros juzgados siguieran este modelo.