Encarnación Roca cree que los políticos no prestan atención a este problema «porque los niños no votan».
Una entrevista con Encarnación Roca, vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional, exmagistrada del Tribunal Supremo y catedrática de Derecho Civil, es siempre muy interesante porque es muy directa, muy clara. Siendo catalana, podríamos decir también que es muy castiza, porque llama al pan, pan, y al vino, vino.
Ha vuelto a la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, el cuarto de calderas donde se elaboran las nuevas leyes, a la Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha retomado un proyecto, que es una realidad y en cuyo nacimiento tuvo que ver, ha entrado en la Junta Directiva de la Plataforma Familia y Derecho.
El objetivo de esta asociación, de la que forman parte más de 1400 personas –todas ellas pertenecientes a las profesiones implicadas en el derecho de familia– es lograr la especialización de determinados juzgados para procedimientos de familia.
Para acabar con la realidad actual, en la que unas familias –parafraseando a George Orwell en su celebérrima fábula «Rebelión en la granja»– son «más iguales que otras».
Porque viven en partidos judiciales donde hay jueces y equipos especializados en esta jurisdicción frente a aquellas otras en las que dicha especialización no existe.
Es una idea que le ilusiona mucho.
Porque viven en partidos judiciales donde hay jueces y equipos especializados en esta jurisdicción frente a aquellas otras en las que dicha especialización no existe.
Es una idea que le ilusiona mucho.
Entrevista
Entonces, ¿después del Constitucional, hay vida?
Siempre hay vida. Lo que pasa es que una se tiene que acostumbrar a la nueva vida. Estoy adaptándome. Tengo bastantes proyectos en la cabeza.
Uno de ellos es este. La Plataforma. Usted estuvo, precisamente, en el origen de la creación de la Plataforma. ¿Por qué?
Porque, desde mi experiencia en derecho de familia desde el Supremo, creí en el proyecto cuando vinieron a proponérmelo. Porque intenta reconducir la solución de todos los conflictos matrimoniales y no matrimoniales, que son muchos e importantes.
Afectan a lo profundo de la vida de las personas y esto necesita una especialización. Si se han creado juzgados especializados para resolver las cláusulas suelo, ¿por qué no se crean para una cosa mucho más importante?
Las cláusulas suelo son una cuestión contingente. Pasa y dejará de pasar. En cambio, el derecho de familia es para siempre.
¿Por qué cree usted que la política no presta atención a esta problemática?
Porque los niños no votan, siempre lo digo. Y los padres están tan preocupados con sus litigios personales que les importa poco. Lo que quieren es que resuelvan a favor suyo. Siempre a favor de uno, claro.
Y en el derecho de familia no hay ganadores ni perdedores. Quién gana y quien pierde es el pobre niño, que se convierte en una especie de bicicleta que llevan de aquí para allá.
Lo que quieren los padres es que se resuelva el asunto, sobre todo por la cuestión del piso y de los alimentos.
Una vieja amiga, ya desaparecida, la magistrada Raimunda de Peñafort, decía que los niños eran como los caracoles, porque iban con la casa a cuestas. Ella decía que había que romper con todo eso. ¿Está de acuerdo?
Sí, claro. Hace tiempo que se está diciendo esto. Yo conozco otras experiencias en otros países en las que cuando el juez ha decidido el divorcio y sus consecuencias, de su ejecución no se encarga el juez.
De eso se encargan servicios sociales específicos, dentro del juzgado.
Al juez no se le puede tener como la «muchacha para todo».
¿Usted cree que debía haber servicios de ejecución para esto?
Sí, servicios de ejecución dentro del juzgado. Porque tiene que haber una supervisión. Ahora mismo no existen.
El problema de la ejecución de las sentencias en el derecho de familia es de lo más complejo. Por eso creo que los juzgados especializados en temas de familia son indispensables. ¿Que son caros? Nadie ha calculado, hasta ahora, lo que están costando las consecuencias de los enfrentamientos entre los miembros de una pareja que se odia. Esto sí que es carísimo.
Es un hecho que a lo que a Juzgados de Familia se refiere, España tiene juzgados de primera y juzgados de segunda. Dependiendo de donde viva la persona hay juzgados especializados de familia o, por el contrario, juzgados mixtos. El tiempo de resolución en los juzgados mixtos es el doble o el triple que en los especializados.
Lo ha explicado usted muy bien.
Y lo mismo ocurre con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Depende de donde viva la persona. El tratamiento es de primera o de segunda.
Yo creo que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrían que estar dentro de una misma estructura. Porque todo es lo mismo.
Está hablando de redefinir, organizativamente todo el sistema, ¿no?
Sí.
Aparte de lo que Justicia invierte en el mantenimiento de estos Juzgados, el Ministerio de Igualdad ha aumentado 29 millones de euros, a 209 millones el dinero destinado a la prevención integral de la violencia de género para 2022.
¿Y se ha acabado la violencia sobre la mujer?
¿Por qué el legislador se resiste a incluir en el Código Civil la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Supremo sobre la custodia compartida?
¿Quiere mi opinión sincera?
Sí, claro.
No tienen ni idea. Primero, porque no es un tema que les preocupe de forma prioritaria. No les preocupa en absoluto. Luego, porque piensan que les va a costar mucho dinero. Y tercero, porque no tienen bien estudiado lo que es la custodia compartida.
Ahora la cosa se ha modificado un poco, pero la primera idea de la custodia compartida era que el niño dormía unos días en casa de su madre y otros días en casa de su padre.
El problema de la custodia compartida siempre es el tema de la casa y las pensiones. Mire, hay un dato esclarecedor. En 2020, según el INE, los jueces acordaron un 41,4 % de custodias compartidas. En 2010 fueron un 10,5 %. En diez se ha cuadruplicado. Eso dice mucho del cambio de la sociedad, ¿no le parece?
Yo siempre ha dicho, y he escrito, que la custodia compartida no significa que el niño vive en casa de uno y luego se va a casa de otro, sino que las consecuencias de la patria potestad, que son la educación, la alimentación, etcétera, deben ser compartidas.
Si el padre vive fuera porque trabaja fuera este señor no puede tener –en el sentido que nosotros le hemos estado dando– una guarda compartida. Porque físicamente no puede.
Pero, a partir de aquí, por ejemplo, se le puede decir, los estudios los vas a supervisar tú. Lo que en Cataluña se ha venido denominando el plan de parentalidad en el que los padres comparten una serie de consecuencias de la separación y el divorcio en relación con los niños.
Yo creo que esto está teniendo un efecto muy positivo.
«La clave está en especializar órganos de los tribunales de instancia, concentrando en ellos las competencias de infancia, familia y capacidad, descargando a los restantes tribunales del entorno de esas materias»
Precisamente en Cataluña echó a andar en 2015 la figura de la coordinación parental que contribuye a reducir el daño emocional a todo el grupo familiar. Una figura que ya tenemos en Madrid.
Todas estas medidas tienen relación con lo que le he explicado antes. Es la ejecución de la sentencia en la que se establecen unos tiempos, unos derechos, unas obligaciones… Pero lo que pasa es que se van haciendo a base de poner un parche aquí y otro parche allí.
No hay una idea global de lo que debe ser una guarda compartida, las consecuencias de un divorcio, etcétera.
Se van poniendo parches. A ver si funcionan, porque cambiar, de pronto, todo el sistema a mí me parece un poco bestia. Lo tengo que decir.
Pero que hay que ir a esta idea de un juzgado de familia con varias secciones y que en estas secciones haya una de coordinadores de parentalidad. Y, además, como tienes al juez allí, si hay alguna cosa que el coordinador de parentalidad vea que afecta radicalmente a derechos del niño o del otro progenitor, pues envía directamente el caso al juez.
Esto conllevaría una redefinición de los partidos judiciales.
Sí, claro que sí.
Los actuales partidos judiciales se crearon en España hace 187 años, en 1834. Y nos encontramos, por ejemplo, con referencia a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, exclusivos, que no llegan a 50 % de la carga de trabajo o menos. Esa redefinición de partidos judiciales, fusionados, ampliados, haría que más personas pudieran ser atendidas por órganos especializados.
Cuando fui vicerrectora de la Universidad de Barcelona aprendí que, con un mismo presupuesto, sin necesidad de aumentarlo, si eres capacidad de reconducir, reorganizando un escenario como ese, obtendrás mejores resultados.
La clave está en redistribuir el presupuesto de una manera más racional. Lo que tienes que hacer es una planificación en el ámbito de familia, básicamente.
Porque le digo que esto se ha demostrado en otros países, en los que hay estudios sociológicos más solidos –que aquí no hay–, que una buena planificación en la solución de los conflictos de familia lleva a una sociedad menos crispada y más estructurada.
Esto es así en todos los niveles.
Un buen sistema de derecho de familia, de resolución de conflictos, la especialización de los juzgados de familia, disminuiría la violencia de género. Lo dice José Antonio Seijas, que fue mi compañero en la Sala de lo Civil del Supremo. Y es cierto.
Ya sabe que uno de los proyectos de ley en marcha es el de la eficiencia organizativa del servicio público que prevé la creación de los tribunales de instancia. Los juzgados de lo civil de cada uno de los 431 partidos judiciales se convertirán en 431 tribunales de instancia.
Bueno, la Plataforma ha hecho una propuesta de mapa judicial que, en su momento, era aplicable a los partidos judiciales y que está siendo readaptada a los nuevos tribunales de instancia.
La clave está en especializar órganos de los tribunales de instancia, concentrando en ellos las competencias de infancia, familia y capacidad, descargando a los restantes tribunales del entorno de esas materias.
Vamos a por todas en la especialización de los juzgados de familia.
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| La vicepresidenta emérita del Constitucional vería muy bien una reunión con la ministra de Justicia, Pilar Llop, para explicarle por qué es importante que la especializacion de los Juzgados de Familia sea una realidad. Foto: Carlos Berbell/Confilegal |
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Supongo que, a usted, y la Junta Directiva de la Plataforma, no tendrían ningún inconveniente en explicárselo a la ministra de Justicia, Pilar Llop, ahora que está metida en cambios de raíz en la organizacion de la Justicia, ¿verdad?
Sí, claro. La ministra es una mujer moderna, de su tiempo, y supongo que le interesará. No puede haber un momento mejor que este.
Recientemente publicamos en Confilegal la historia del español Borja Brañanova, residente en Dubái, quien consiguió, por vez primera en la historia, una sentencia de custodia compartida en un país islámico. Se quejaba de que nuestro Código Civil no está redactado de forma clara, como el francés o el alemán, y que no tiene asimilada, lo que le explicaba antes, la jurisprudencia de la Sala de Civil del Supremo sobre la custodia compartida. El Código Civil sigue diciendo que la custodia compartida con carácter excepcional. ¿No le parece que toca ya reformar el Código Civil español a fondo?
Un Código tiene que ser claro. Yo siempre pienso que la normativa de familia tiene que ser por principios. Es decir, la guardia y custodia compartida, como dice el Código Civil de Cataluña, la preferente. Pues ya está.
No es necesario que tenga que ser complejo. Pero eso no quiere decir que siempre se escapen cosas.
Para mí es un error que la pertenencia a la Comisión General de Codificación sea incompatible con ser juez. Es de locos.
¿Y es incompatible?
Claro que lo es. Cuando yo entré en el Supremo, en 2005, Luis Díez-Picazo, entonces presidente de la Sección Primera de Derecho Civil de la Comisión General de Codificiación dijo “esta es la sesión de despedida de doña Encarna porque a partir de aquí la tenemos que declarar en excedencia”.
O sea, ¿ningún juez en ejercicio puede estar en la Comisión de Codificación?
Esto es absurdo. Estando en el Constitucional eso es normal porque tú luego tienes que pronunciarte sobre la constitucionalidad o no de una ley. Si no creas una incompatibilidad.
También es posible que, estando allí, si viene un caso sobre una ley en la que has intervenido es lógico que te apartes. Es lo normal.
Pero en el caso del Tribunal Supremo, ¿que es el que tiene que aplicar la ley? Esto no tiene ninguna lógica.
En el ámbito del derecho civil en general nosotros estamos perdiendo terreno. Seguramente porque nosotros mismos no nos hemos hecho valer, también es verdad.
Pero que el derecho civil, en estos momentos, no tenga ningún representante en el Tribunal Constitucional. Y prácticamente haya solo un letrado en la lista de letrados, me parece una aberración. Y no porque sea una aberración. Es porque el Civil es la madre de todos los derechos.
Yo puedo hacer Constitucional sin haber estudiado Constitucional. Uno de Constitucional no puede hacer Civil sin haber estudiado a fondo derecho civil.
¿Eso se debe al desconocimiento por parte de los políticos?
Sí. A su desconocimiento y a que nosotros, los civilistas, no nos hemos sabido vender bien. Las luchas entre las denominadas “escuelas” –escuelas en el ámbito del derecho significa a ver quién coloca más de los suyos– nos ha hecho mucho daño. No somos poderosos. Y estamos muy divididos.
¿Ha vuelto a la Comisión General de Codificación?
Sí me he vuelto a incorporar.
«Que el derecho civil no tenga ningún representante en el Tribunal Constitucional me parece una aberración porque el Civil es la madre de todos los derechos»
¿A qué se debe que haya decidido dar el paso para formar parte de la Junta Directiva de la Plataforma Familia y Derecho, de la que usted fue fundadora, por cierto?
Cuando los promotores de la Plataforma me vinieron a ver, en 2019, yo estaba en el Tribunal Constitucional como magistrada. Me ofrecieron la Presidencia pero era incompatible con mi destino en aquel entonces. Les dije que cuando dejara el Tribunal nos pondríamos de acuerdo. Y ha llegado el momento.
Usted es consciente de que tiene una voz, una influencia, una auctoritas sobre la Academia y sobre la Justicia. Y de que la Plataforma es una herramienta o una palanca para cambiar las cosas, ¿verdad?
Esa es la idea. Desde que estuve en Oxford, donde estudié estos temas a fondo, y desde otra perspectiva distinta, me he convencido absolutamente de que hay que hacerlo. Para eso hay que crear un estado de opinión, desde un plan, para poder conseguir este objetivo.
Y cuando lo consigamos, es como cuando alguien consigue la Presidencia de un Gobierno: entonces tendremos que trabajar mucho más.
¿Sus esperanzas de que esto salga bien son fundadas?
Yo creo que sí. Es una cosa bastante obvia. Porque, aunque yo no he ejercido, siempre tienes amigos que te vienen a preguntar cosas. La gente se queja mucho de que los abogados siempre están enfrentados. Bueno, eso es normal, protegen a su cliente.
Luego, no hay un seguimiento de si se cumplen o no las sentencias.
Sobre los informes psicológicos, cada uno aporta el suyo. Y el suyo le pone a él, o a ella, como si fuera san, o santa, o y al otro, o a la otra, como si fuera el demonio con cuernos.
Todo lo que se juega en el derecho de familia es muy delicado. Por lo tanto, hay que analizar los diversos elementos que juegan en un conflicto para para llegar a una solución.
A una solución no definitiva, porque las circunstancias van cambiando. Me acuerdo de que una vez un señor muy importante en Madrid me preguntó por el caso de su nieto, que no había cumplido un año.
La madre estaba como una chota –diagnosticada–, las cosas como son. Le dije, mira, tu nieto tiene un año, ¿no? Pues te quedan 17 años de aguantar. Porque el niño va cambiando, crece…
Una sociedad bien estructurada requiere unas familias que tengan vías seguras y rápidas para resolver sus conflictos. El conflicto no lo puedes evitar.
Y para eso, tiene que haber personal especializado.
Exactamente.
Que no esté resolviendo un robo, por una parte, y por otra una guardia y custodia.
Así es.
Con lo que, si hay que redefinir todos los partidos judiciales y centrarlos en zonas más grandes, pero mejor estructuradas esa sería la salida.
Para mí esa sería la solución. En estos momentos en que estamos metidos en un mundo con los sistemas tecnológicos más avanzados, ¡por favor!, los jueces ya deberían planteárselo.
Actualmente formo parte de la Sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la que tratamos todos los problemas que se plantean, problemas que no se huelen en el Consejo General del Poder Judicial.
Estamos en el siglo XXI, disponemos de recursos, de herramientas modernas. No podemos seguir trabajando como nuestros abuelos.
La Ley de Enjuiciamiento Civil, de 2000, es un fracaso de entrada porque no previó para la informatización de los procedimientos, de las comunicaciones… Nada.Esto es un parche detrás de otro.
Estamos hablando de grandes reformas estructurales y organizativas. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del Código Civil, de ir directamente a la madre del cordero.
Sí. Yo cogería el Código Civil y lo cambiaría radicalmente.
