"Podemos conseguir muy buenos resultados con nuestros niños sin utilizar castigos ni recompensas"

Entrevista a Jane Nelsen*, educadora.
La autora de 'Cómo educar con firmeza y cariño', obra clave de la educación respetuosa, 
cuenta en esta entrevista las claves de la disciplina positiva.



Jane Nelsen (Utah, EEUU, 1937) es la mayor referente internacional en disciplina positiva, una corriente educativa basada en el respeto mutuo. Su libro Cómo educar con firmeza y cariño, que escribió en 1981 y fue revisando y ampliando a lo largo de los años, es la obra clave de esta corriente. Traducido a varios idiomas, la edición revisada fue publicada en España por Medici en 2007. 
En sus páginas puede encontrarse una guía completa para educar desde el respeto mutuo, favoreciendo la autoestima de niños y niñas con el objetivo de formar personas independientes.

Nelsen establece los principios fundamentales de esta corriente: firmeza y disciplina a la vez, sentido de pertenencia, educación a largo plazo, respeto mutuo y autoconfianza.

Es educadora y psicóloga, y a sus 84 años continúa en activo y asegura haber pasado bien la pandemia. “Ya me han vacunado, me encuentro bien. Este último año he disfrutado de poder bajar el ritmo y de estar en contacto con mucha gente de todo el mundo gracias a Internet”, cuenta al principio de la entrevista. Atiende a las preguntas de elDiario.es a través de videoconferencia desde Los Ángeles, donde vive actualmente.

Entrevista.

Su libro Cómo educar con firmeza y cariño es un referente internacional para hablar de disciplina positiva. ¿Cómo, cuándo y por qué empezó a escribirlo?
Es una historia interesante, porque tengo siete hijos, a los que suelo llamar los de antes, durante y después de aprender disciplina positiva. Quería ser una buena madre pero no sabía cómo. Me movía entre los dos extremos: ser demasiado autoritaria y ser demasiado permisiva. No me sentía bien siendo autoritaria, con castigos y recompensas, y entonces empezaba a ser demasiado permisiva, con lo que los niños se volvían demasiado demandantes y consentidos. Estaba frustrada, como les ocurre a muchos padres.
Entonces decidí ir a una clase en la universidad sobre desarrollo infantil que estaba basada en el trabajo de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs [quienes formularon, a principios del SXX, las primeras teorías sobre crianza democrática]. En esa clase el profesor nos dijo: “No voy a enseñaros un montón de teorías, sino solamente una y sus aplicaciones prácticas, que realmente funciona para enseñar a los niños autodisciplina, responsabilidad y cooperación”. Pensé que aquello sonaba fenomenal. Empecé a aprender mucho sobre esta forma de educar, de manera firme y amable a la vez, y quise compartirlo con otra gente.

Según usted, la clave para educar bien es ser amables y firmes a la vez. ¿Cómo se consigue eso?
Combinar ambas cosas puede ser complicado para aquellos padres que se mueven entre ambos extremos, pero es fundamental ser amables y firmes a la vez. La amabilidad es importante para demostrar que respetamos al niño, mientras que la firmeza es importante para demostrar que nos respetamos a nosotros mismos y entendemos las necesidades de la situación. Los métodos autoritarios carecen habitualmente de amabilidad, y los métodos permisivos carecen de firmeza.
Uno de los puntos principales es pensar cuál es el desafío y cuál la solución, al contrario que en un modelo autoritario, donde pensaríamos cuál es el problema y cuál es el castigo, o en un modelo permisivo, en el que dejaríamos a los niños decidirlo todo. Es un enfoque completamente diferente.

Para usted, educar solo con firmeza o solo con cariño es igual de peligroso. ¿Cuáles son los riesgos de ambos extremos?
Un comentario muy típico de algunos padres es el de: “Bueno, a mí me castigaban y no salí tan mal”. Lo que intento explicarles siempre es que, efectivamente, hemos salido bien, pero no sabemos cómo habríamos salido si hubiéramos sido tratados con respeto y hubiéramos sentido un amor incondicional por parte de nuestros padres. A mí me castigaban cuando era pequeña, y es cierto que salí bien, pero yo no creo que mi madre disfrutase haciéndolo. Y yo tampoco disfrutaba haciéndolo con mis hijos. En esa clase de la que te hablaba, me encantó aprender que podemos conseguir muy buenos resultados con nuestros niños sin utilizar castigos y recompensas.
A otra gente le gusta la disciplina positiva porque no quieren castigar a sus hijos, y a veces se van al otro extremo y se convierten en demasiado permisivos. Y nos encontramos con los niños decidiéndolo todo: a dónde se va la familia de vacaciones, qué programa quieren ver en la televisión… Muchos padres tienen un concepto equivocado de la amabilidad, se vuelven demasiado permisivos porque no quieren ser punitivos. Algunos creen erróneamente que están siendo amables cuando complacen a sus hijos, o cuando los rescatan y protegen de cualquier decepción. Pero esto no es ser amable: es ser permisivo. Ser amable entraña ser respetuoso con el niño y con uno mismo. No es respetuoso consentir a los niños.

Defiende que la dignidad del niño o niña debe ser respetada. ¿Cree que la sociedad actual respeta a la infancia?
Alguna gente dice que la disciplina positiva es otra forma de manipular a los niños para que hagan lo que los adultos queremos, y eso no es verdad. No puede ser entendida así. Los padres tienen que entender que es una metodología que se basa en la dignidad y el respeto, en animar a los niños a hacer las cosas bien. Una de mis frases más conocidas es: ¿Cuándo tuvimos la genial idea de que para conseguir que los niños hagan las cosas mejor tenemos que hacerles sentir mal? La ciencia ha demostrado que los niños hacen las cosas mejor cuando se sienten mejor. Alfred Adler fue uno de los primeros en decir que todo el mundo merece ser tratado con dignidad, incluso los niños. Se trata de respeto mutuo.

También es importante que el niño se sienta parte de la comunidad y que tenga confianza en sus propias capacidades. ¿Por qué?
Dos necesidades básicas de los seres humanos son el sentido de pertenencia y sentirse importantes. Alguna gente cree que estos dos conceptos son lo mismo, pero no. Tenemos que querer a los niños para que se sientan parte de la comunidad, pero para sentirse importantes tienen que contribuir en algo. A mí me encanta la idea de que los niños tienen que sentir la conexión antes que la corrección.
Los niños se sienten bien cuando sienten que forman parte de su comunidad, se sienten importantes cuando son capaces de hacer cosas por sí mismos. Por eso es tan importante decirles: “Sé que puedes hacerlo, voy a apoyarte, pero no lo voy a hacer por ti”. Al principio los niños protestarán, pedirán que lo hagas por ellos, pero cuando lo consigan se sentirán bien porque lo han logrado. Y también, si hay algo que no quieren hacer, se sentirán mejor si validamos sus sentimientos: “Sé que querías tener ese juguete y no puedes tenerlo en este momento”. Es mucho mejor eso que hacerles sentir vergüenza, culpabilidad o dolor cuando quieres que hagan algo.

En realidad, estas herramientas funcionan no solo para la crianza, sino que son habilidades que van a utilizar a lo largo de su vida adulta.
Exacto. Lo que nos encontramos muchas veces es que los padres que llegan a nuestros talleres vienen pensando en adquirir herramientas para criar a sus hijos y acaban diciendo: “Creía que quería cambiar a mis hijos pero soy yo el que tiene que cambiar primero”. Tenemos que aprender nuevas habilidades para enseñárselas a nuestros hijos. Además, hay mucha gente que nos dice que todo lo que aprenden con la disciplina positiva funciona también para sus relaciones de pareja, en sus trabajos, con sus jefes, en otros entornos fuera de la familia. Como se basa en principios básicos para motivar a la gente a ser mejores, funciona en todos los aspectos de la vida.

También propone pequeños cambios, que parecen sutiles pero no lo son tanto, a la hora de abordar diferentes situaciones con los niños. ¿Puede ponernos algunos ejemplos?
Por ejemplo, cuando no quieren lavarse los dientes, podemos decirles: “Sé que no quieres lavarte los dientes, sé que puede ser molesto, y lo vamos a hacer juntos. ¿Hacemos una carrera hasta el baño?”. Esto en lugar de decir: “Tienes que hacerlo o te voy a castigar”. Otro ejemplo, para validar los sentimientos de los niños: lo que tenemos que enseñarles es que lo que sienten siempre está bien, pero lo que hacen no siempre lo está. Decirles: “Puedes estar enfadado pero no por eso puedes pegar a tu hermana pequeña”. Y ofrecerles opciones: “Está bien que te sientas enfadado, pero piensa qué puedes hacer que no haga daño a otras personas”. O si han sacado un sobresaliente, en lugar de celebrar eso, decirles: “Sé que te has esforzado mucho para lograrlo, debes estar orgulloso por ello”. 

¿Y qué pasa si fallamos en el proceso, qué ocurre cuando hay errores?
Tenemos que entender los errores como oportunidades para aprender. Este es un principio muy básico de la disciplina positiva. Los niños no se tienen que sentir mal si fallan en algo, no tienen la presión de ser perfectos, así que pueden ser más creativos. No tienen que sentir vergüenza si cometen un error, sino que pueden aprender de él. Y esto funciona también para los padres: la disciplina positiva no hace a tus hijos perfectos, pero a ti tampoco como padre. Una de las habilidades que los padres aprenden con la disciplina positiva es a disculparse con sus hijos cuando cometen un error.

¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus a la convivencia familiar? ¿Se hace más difícil aplicar los principios de la disciplina positiva durante un confinamiento?
Esta crisis ha hecho que muchas cosas sean un poco más difíciles, pero también ha traído beneficios. A muchas familias les ha ayudado, por ejemplo, a establecer rutinas, a implicar a los niños en esas rutinas para hacerlas juntos. Y a otras la disciplina positiva les ha ayudado a sobrellevar la situación, por ejemplo a través de las reuniones familiares. Yo siempre recomiendo que, al menos una vez a la semana, las familias se sienten y hagan una reunión en la que resolver problemas, buscar soluciones y favorecer la colaboración. La crisis de la COVID-19 ha sido una oportunidad para hacer que los niños se impliquen, que contribuyan y que aprendan a ayudarse unos a otros: cómo hacemos para mantener la casa limpia entre todos, para hacer las comidas, para hacer los deberes, etc…

Tiene siete hijos, 22 nietos y 18 bisnietos. ¿Funcionaron estos principios en su casa, para criar a su familia?
¡Sí, claro! Estos principios funcionaron y yo disfruté mucho más de ser madre de esta forma. Mis hijos han sido siempre mi fuente de inspiración, he aprendido mucho de ellos. A veces incluso me decían: “¡Mamá, eso no parece muy de disciplina positiva!”. Aprendieron a ser respetuosos, a permitirse cometer errores. Aprendieron los principios universales de la disciplina positiva, que son la clave para que funcione en tantos países, ya que fija los principios básicos de la mayoría de la gente: el amor, la dignidad, el respeto, la responsabilidad, la contribución a la familia y a la sociedad.

* Jane Nelsen: Es educadora y psicóloga, y a sus 84 años continúa en activo y asegura haber pasado bien la pandemia. Además de su obra clave, ha escrito otros 18 libros y ha sido coautora de una lista interminable de artículos y ensayos.  Tiene siete hijos, 22 nietos y 18 bisnietos. ¿Funcionaron estos principios en su casa, para criar a su familia?

Guía de mínimos necesarios para la regulación de la comunicación audio visual en la infancia y la adolescencia.

obliga a modificar las legislaciones nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 

Director: Clara Martínez García,
Coordinador: Kepa Paul Larrañaga.
ISBN: 978-84-1390-216-6,
Editorial: Aranzadi.

Los cambios y las transformaciones digitales ocurridas en los últimos 10 años sobre todo con la evolución en el uso de las plataformas digitales de comunicación, requiere de una revisión legislativa que redunde en las formas de uso y consumo de internet y las redes sociales.

El consumo de material audiovisual bajo demanda, la publicidad emitida en internet, la edición de contenido en línea, los derechos digitales, la adicción al consumo, la comunicación, la ética y la ciudadanía digital, son cuestiones principales que se tratan en esta guía.

Una guía estructurada en “retos”, subdivididos en 6 subapartados: 
A.- Listado de conceptos básicos, 
B.- Referencias de la Directiva europea 2018/1808, 
C.- Antecedentes, 
D.- Debate, 
E.- Consenso de mínimos, para facilitar la consulta de las cuestiones de interés del lector o lectora.

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Familias de clase media se unen para llevar a sus hijos a los colegios gueto que nadie quiere.

El maltrato estructural/institucional: la segregación escolar se da,
 cuando la Administración no interviene para conseguir un sistema equilibrado 
y los niños acaban divididos en diferentes colegios en función de su renta familiar. 
De esto no se habla en España, es un tema tabú en España.
España, con Madrid y Cataluña a la cabeza, 
es el tercer país de la OCDE con mayor número de colegios gueto.
El Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido en los últimos años a España 
a aprobar políticas que frenen la segregación escolar.
Grupos de madres y padres de Manresa se organizan para matricular de forma conjunta a sus hijos 
en centros con un alto porcentaje de alumnos de origen inmigrante.

Madres valientes, familias coherentes de la escuela Muntanya del Drac (Manresa):
son María, Anna, Sara y Georgina... F.Albert Garci.

 ―¿Verdad que te gusta tu cole?
Marc no contesta. Tiene cuatro años y se esconde detrás de las piernas de su madre, Anna Candel, de 36. Probablemente, Marc aún no sabe que su caso es especial y que sus padres han tomado una decisión sobre su escolarización que puede cambiar la historia educativa de Manresa. Su colegio es uno de esos centros públicos conocidos como gueto, en el que más del 95% de los alumnos son de origen inmigrante. Es una de esas escuelas de las que las familias de clase media catalanas huyen. Sus padres, ambos profesores, tenían claro que él no crecería en un colegio burbuja. Pero no querían hacerlo solos y se pusieron de acuerdo con otras seis familias con un perfil parecido al suyo para matricular a sus hijos de forma conjunta en Muntanya del Drac, una de las siete escuelas públicas de “alta complejidad” del municipio.

La segregación escolar, que se da cuando la Administración no interviene para conseguir un sistema equilibrado y los niños acaban divididos en diferentes colegios en función de su renta familiar, es un tema tabú en España. Los vecinos saben a qué escuelas no quieren llevar a sus hijos, aunque queden a menos de 100 metros de su casa. La Administración las tiene perfectamente identificadas, y los maestros y directores de centro prefieren guardar silencio.

España, con Madrid y Cataluña a la cabeza, es el tercer país de la OCDE con mayor número de colegios gueto, situación que se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos socioeconómicos en un mismo centro supera el 50%, según un estudio pionero publicado el pasado abril de la ONG Save the Children y el centro de estudios EsadeEcPol con datos de 64 países. Por ello, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido en los últimos años a España a aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos ―nueve de cada 10 son públicos―.

De forma anónima, una de las directoras de uno de los colegios de alta complejidad de Manresa habla. “Las familias de clase media catalanas no nos eligen porque pesa más la segregación que el proyecto educativo que ofrecemos… No vamos a esconder el tipo de alumnado que tenemos, basta pasar por la puerta para verlo”.

Para conocer el Muntanya del Drac hay que hacerlo a conciencia. Está en uno de los barrios más alejados del centro de Manresa, el Xup, que fue construido a finales de los 60 para alojar a las familias obreras recién llegadas, fundamentalmente andaluzas. Ahora, abunda la población musulmana. Ubicado en la parte más alta de la ciudad, a sus calles el alcantarillado llegó más tarde y para muchos de los vecinos del municipio, de 78.000 habitantes, sigue siendo una barriada. Frente al colegio hay varios bloques grandes de vivienda social y en la parte trasera solo hay bosque. “Es un entorno idílico, hacen muchas excursiones a la naturaleza”, dice María Ribera (psicóloga de 36 años), otra de las madres que matriculó a su hija junto a Anna Candel de forma conjunta. “Es una pena que los prejuicios tapen todo el potencial que yo le veo a este centro”, añade. “A la escuela van niños, el resto de etiquetas tienen que ir fuera”, comenta Candel.

Anna Candel, María Ribera, Sara Pio (maestra de 37 años) y Giorgina Bori (ingeniera agrónoma de 37) son madres de la generación milenial. Reunidas en el Jardí del Casino de Manresa para la foto que ilustra este reportaje coinciden en que no quieren ser vistas como heroínas, que les parece lógico llevar a sus hijos a un colegio con una representación real de lo que ven en la calle. 
No quieren que en su clase haya únicamente “catalanets blanquets” (catalanes blancos). Pero son conscientes de que son una minoría. En los últimos tres cursos, unas 15 familias han matriculado de forma conjunta a sus hijos en diferentes centros de alta complejidad del municipio, según datos del Ayuntamiento.

Muchas de esas familias se han sensibilizado con el tema gracias a unas jornadas que celebra desde hace tres años la Xarxa de Famílies d’Escoles Públiques (una plataforma de familias de los 13 centros públicos del municipio), en las que informan de los proyectos educativos de las escuelas de alta complejidad y animan a los padres a conocerlas en las jornadas de puertas abiertas.

Los investigadores consultados resaltan la “valentía” de estas familias, organizadas por su cuenta y riesgo al margen de la Administración para acabar con una sociedad fragmentada en la que no quieren ver crecer a sus hijos. Pero alertan de que la solución no puede venir únicamente de esa parte. Hacen falta políticas sólidas con nuevos criterios de escolarización, aunque gusten poco a las clases medias.

Aunque la nueva ley educativa, la Lomloe, aprobada el pasado noviembre, es la primera normativa estatal que aborda el problema de la segregación e incluye un paquete de medidas para frenarla, la decisión final está en manos de las autonomías, que son las que diseñan los procesos de admisión. Precisamente Cataluña ha sido una de las comunidades pioneras en aprobar en 2019 un pacto contra la segregación escolar, que este curso incluye por primera vez una reserva mayor de plazas para alumnos vulnerables en todos los centros, entre otras medidas.

Manresa está entre los municipios catalanes con un mayor índice de segregación escolar: allí el 41% de los alumnos de primaria tendrían que cambiar de colegio para que las escuelas reprodujesen la composición real del barrio (en secundaria, tendrían que hacerlo el 23% de los estudiantes), según un informe de la Fundación Jaume Bofill. En 2017, el Ayuntamiento de Manresa creó junto a la Inspección Educativa (dependiente de la Generalitat) una comisión para analizar la segregación escolar, después de recibir quejas por parte de las direcciones de varios centros afectados. Su reclamación: el grave perjuicio ocasionado a los niños de origen inmigrante al privarles de clases más heterogéneas.

Diferentes investigaciones muestran que las consecuencias de la falta de diversidad cultural y económica en las aulas perjudica al rendimiento de los alumnos con menos recursos. En caso de producirse una mezcla, se genera el “efecto compañero”, un contagio de las aspiraciones que influye en el éxito académico de los más desfavorecidos. ¿Y qué pasa con los niños de familias más acomodadas? Diferentes revisiones del informe PISA ―elaborado por la OCDE para medir las competencias de los alumnos de 15 años en matemáticas, ciencias y lectura― muestran que esos chavales sacan las mismas notas independientemente de si su centro está más o menos segregado, ya que lo que más les influye es el nivel educativo de sus padres, especialmente de la madre.

Este ha sido el primer curso en el que el Ayuntamiento de Manresa ha puesto en marcha medidas innovadoras. La prioridad es detectar cuántos y quiénes son los alumnos con menos recursos (revisan los datos de los servicios sociales para ver qué familias perciben la Renta Mínima de Inserción), los que presentan problemas de aprendizaje (a través de los informes prescritos desde pediatría) y los que no dominan bien el español o el catalán (preguntan a las escuelas infantiles municipales). Todos los centros, incluidos los concertados, están obligados a reservar cuatro plazas en cada clase para ese alumnado. “De esa manera nos aseguramos de que el reparto es más equitativo, aunque los efectos se verán a largo plazo, para acabar con la segregación no hay medidas drásticas”, apunta Marta Romeo, técnica de educación del Ayuntamiento.

Este mecanismo provoca, en ocasiones, el efecto contrario: familias de origen inmigrante que quieren llevar a sus hijos a los colegios gueto se ven forzadas a matricularlos en otros para cumplir con esa cuota de cuatro plazas. “Hay familias que no lo aceptan porque quieren que sus hijos vayan con sus iguales... Les pagamos el autobús escolar y el comedor porque algunos de esos centros están lejos de su domicilio”, añade.

En la clase de la hija de Mariam Berraha, que llegó a Manresa hace 30 años de Marruecos, no hay ninguna Laia ni José, todos los compañeros de aula tienen nombres árabes. “El 99% de los alumnos del colegio son inmigrantes, estamos excluidos, todos en el mismo sitio”, cuenta Berraha, de 33 años, que trabaja de traductora en centros públicos del municipio para facilitar la comunicación entre las familias recién llegadas, sobre todo de África, y los docentes del colegio. Le gustaría que hubiese más diversidad porque cree que así los problemas con el idioma se solucionarían y el ritmo de aprendizaje sería más rápido. “En el recreo hablan en árabe y a eso se suma que los profesores les tratan con menos cariño que en colegios donde solo hay catalanes”.

Nadia Lahchiri, de 45 años, ya tiene a dos de sus hijos, que fueron a otro de los colegios gueto de Manresa, haciendo Bachillerato. “En casa siempre hemos estado encima para que hagan los deberes, y los catalanes deben pensar que nuestros hijos lastran a los suyos, pero no es así... Los niños tendrían que estar mejor repartidos para que desde pequeños convivan y creen lazos”.

El rol del profesor
Albert Ramírez ha sido el inspector jefe de educación en Manresa durante los últimos cinco años. Él insiste en que la solución para acabar con los colegios gueto no pasa solo por distribuir de otra manera a los alumnos, sino por formar a los docentes para que pongan en los alumnos vulnerables las más mismas expectativas que en el resto. “La forma en la que el profesor se relaciona con sus alumnos y con las familias en estos centros es clave; no es lo mismo transmitirles que sus hijos pueden llegar a la Universidad que decirles que, al menos, tienen que sacar los estudios obligatorios, el efecto no es el mismo”, recalca. “Ya estamos trabajando este aspecto con el profesorado”.

Es lo que en psicología se conoce como profecía autocumplida. “El docente es el líder y, muchas veces de forma inconsciente, transmite un mensaje que tiende a cumplirse, ya que los niños carecen de pensamiento crítico y asumen lo que les dice su maestro”, indica Rafa Guerrero, psicólogo y autor del libro Educar en el vínculo. “El ser humano nace frágil, así son sus primeros años de vida, y en un contexto de protección, de relación vertical, en función de cómo interprete ese adulto de referencia lo que hace, le va a empoderar o ridiculizar. El impacto a nivel emocional es muy fuerte y determinante para su futuro”, zanja.

Guía para familias sobre la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia


La violencia tiene lugar en los ámbitos más cotidianos de la vida de un niño: en el ámbito familiar, en la escuela, en espacios deportivos, en Internet, y solo se podrá evitar consiguiendo entornos seguros.


Cuando la violencia se produce, resulta fundamental su rápida identificación y una atención lo más eficaz posible. En esta guía encontrarás las claves principales de la nueva legislación, verás de qué manera protege a nuestros hijos e hijas, y conocerás cómo nos hace a todos parte de la solución.

Esta ley es un instrumento crucial para la protección de los niños, niñas y adolescentes ante la creciente violencia que les afecta de forma directa y desproporcionada.

El primer juez especializado en violencia contra la infancia: “La justicia no está preparada para el trabajo con víctimas”

El primero especializado en violencia contra la infancia en España 
será el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria. 
Es un proyecto piloto que se pondrá en marcha en octubre y durará dos años. Está llamado a convertirse en el campo de pruebas 
de la extensión de estos órganos al resto del España. 
Tomás Luis Martín*, que estará al frente de ese proyecto piloto comenta en esta entrevista que: “Hay que saber ver a los niños, adaptarnos a ellos”.


Tomás Luis Martín, el pasado jueves en su juzgado de Las Palmas de Gran Canaria. ÁNGEL MEDINA


El Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria será el primero especializado en violencia contra la infancia en España. Es un proyecto piloto que se pondrá en marcha en octubre y durará dos años. Está llamado a convertirse en el campo de pruebas de la extensión de estos órganos al resto del país. El juez Tomás Luis Martín dirigirá el proyecto, autorizado por el Consejo General del Poder Judicial. Empezó a darle vueltas cuando leyó que la ley de protección a los niños y adolescentes daba un mandato al Gobierno para regular en un año la creación de estos órganos. A sus 52 años, con más de dos décadas de experiencia en estos casos, define la oportunidad como el principal hito de su carrera: la posibilidad de transformar los procesos y adaptarlos a las necesidades de las personas menores. Incluso está trabajando para que puedan ir con su mascota a declarar si eso les hace más llevadero el proceso. “La justicia no está preparada para el trabajo con víctimas, le hace falta modernizarse”, explica.

Muchos niños y adolescentes viven como un calvario el proceso judicial. No hay datos que permitan hacer un diagnóstico exhaustivo, pero se sabe que muchos casos no se denuncian. Y de ellos, solo una pequeña parte llega a juicio. Martín dirige la parte previa, la etapa del procedimiento penal en la que se acredita si hay indicios de delitos. Recalca que es vital la formación y capacitación de los profesionales, que la intervención sea multidisciplinar. “Hay que saber ver a los niños, darles seguridad, adaptarnos a ellos. Si antes de empezar a tomarles declaración necesitan correr por el pasillo, que corran, no hay prisa. Tenemos que percatarnos de si tienen sed, ganas de ir al baño… si necesitan parar el interrogatorio, lo paramos”, sostiene en esta entrevista por videollamada.

Martín ha seguido al dedillo la tramitación de la ley, que define como “buena” y “necesaria”. Está convencido de que ayudará a una transformación social, como ocurrió en su día con la ley de violencia de género, pero apostilla que una norma no cambia nada en sí misma y que para que se cumpla el mandato que da a la sociedad, “que todos somos responsables de prevenir y detectar precozmente estos casos”, hacen falta mecanismos fiscalizadores. “Ya decíamos en los noventa que debíamos escuchar a los menores. Hacen falta mecanismos que obliguen a que se cumplan los deberes que la ley establece, y financiación. Los más de 70 millones de euros de la memoria económica son insuficientes”. Le preocupa que la norma viene “con mucho papel en blanco, muchas cosas a desarrollar, como órganos o protocolos que deben crearse de cero”. Está convencido de que, salvo sorpresa, la legislatura acabará antes de que se creen juzgados especializados en todo el país.

Evitar un segundo trauma
Por ello ve ahora una oportunidad de innovar, de aportar su experiencia y su manera de trabajar, a través del proyecto piloto. “Hay que dar un buen trato al menor, reducir la revictimización”. Es decir, evitar que el proceso judicial cause un segundo trauma. Aquí la ley aporta un gran avance: instaura la prueba preconstituida para los menores de 14 años, es decir, que solo declararán en una ocasión ante el juez, que será grabada y reproducida posteriormente en el juicio —normalmente se celebra un par de años después—. “No hay ningún motivo para que tengan que declarar más de una vez”, defiende. Algo que, según lamenta, sucede. Por ello Martín celebra la reforma, aunque califica como “uno de los mayores errores” que no se haya extendido esta obligación a todos los menores de edad, “es discriminatorio y contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Él continuará trabajando como hasta ahora, “preconstituyendo siempre”, aunque tenga que justificarlo para la franja de edad de 14 a 18.

La toma de declaración, la exploración de los menores y las evaluaciones periciales son fundamentales en procesos en los que, en muchas ocasiones, la palabra del niño es la única prueba. “Si solo vamos a tener el testimonio de la víctima, debemos tener el mejor testimonio del que seamos capaces”, indica. “Debes llevar el procedimiento en la cabeza y seguir una entrevista estructurada, para que el menor no se retraiga, no se cierre. Si lo hace, significa que ha habido un error nuestro y le estamos haciendo sufrir. En ese caso hay que parar”, defiende.

Por ello, el protocolo en el que está trabajando empezará mucho antes, en el propio hospital. “Será nuestra trinchera”, expone. “Al llegar la víctima, se llamará al juzgado de guardia, al equipo forense de nuestra unidad de valoración integral, la primera especializada en violencia contra la infancia que habrá en España, y a las fuerzas de seguridad. Habrá una actuación conjunta, se podrá presentar la denuncia en el propio hospital. También podremos pedir información a los servicios sociales, ya estamos interconectados”. Su intención, salvo que el interés del menor sea otro, es poner en marcha “el ciclo de los tres días”, en los que la semana siguiente a conocer el delito se tome declaración a los testigos, a la víctima y al investigado.

Con unos juzgados y equipos de psicología forense sobrecargados, que no dan abasto, lo habitual es que los procesos duren mucho más. Sobre todo, cuando se exige “una prueba pericial sobre la credibilidad de los menores, que el propio Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses admitió en 2018 que, en su mayor parte, se realizan mal en España; sus resultados no son fiables”. Él solo las pide cuando, de acuerdo con la Fiscalía, las ve imprescindibles. En esos casos, prevé que su procedimiento de una semana se alargue hasta un máximo de “30 o 40 días”. En cualquier caso, menos que la duración habitual.

La arquitectura de la víctima
Martín explica que ahora mismo los menores se ven sometidos a situaciones “desbordantes, estresantes”: “es algo idóneo para que cuando comience el interrogatorio ante el juez de instrucción vaya todo mal”. Por ello propone que se respete “la arquitectura de la víctima”, con salas de espera adaptadas para niños. “En nuestro juzgado, desde hace tiempo, un policía de paisano recibe a la víctima. No espera, sino que es recibida, y al llegar a la sala yo estoy ya allí”.

Mi experiencia es que los menores no mienten, solo sucede en situaciones excepcionales”.
Reconoce que existe una disparidad entre los casos de violencia contra la infancia que se detectan y los que terminan en sentencia condenatoria. “Probablemente sea todo una condensación de errores en cadena. Si por falta de formación, de medios, de recursos, no aseguras el testimonio [del niño], haces que la víctima declare cinco veces, que vaya a un juicio tres años después, y por contradicciones de algo que ocurrió hace tanto tiempo y ha sido traumático llegas a una sentencia absolutoria, es que hemos sembrado todo un camino de desastres para que el resultado sea desastroso”. De ahí la importancia de adaptar los procesos.

Martín recalca el derecho de los niños a ser escuchados. “Casualmente, cuando un menor habla de maltrato físico, en muy pocas ocasiones se le pone en duda. Ocurre con los delitos contra la libertad sexual. Mi experiencia es que no mienten, solo sucede en situaciones excepcionales”.

Por su despacho pasan los delitos más atroces cometidos por el ser humano. Pero él, recalca, no puede hacer juicios de valor, “ni dictar sentencias absolutorias anticipadas en formas de auto de archivo”. Habla de la cantidad de procedimientos que no llegan siquiera a juicio porque se archivan durante la instrucción. “Cuando una víctima dice una cosa y el investigado, la contraria, eso tiene que ir a juicio. No tengo la posibilidad de decir cuál es la verdad”. Solo de recabar cuantas más pruebas y testimonios, mejor.

* Tomás Luis Martín Rodríguez, magistrado de carrera desde 1997, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca en 1992. Es titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria desde julio de 2003, y cuenta con una amplia experiencia en materia de la lucha contra el maltrato a la infancia:
-Máster sobre "Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo de la Infancia" por la Universidad Autónoma de Madrid/IUNDIA/UNICEF. Ed. 2015. Sobresaliente.
-Experto Universitario, con certificado de excelencia, matrícula de honor, en Aspectos Clínicos, Prevención y Tratamiento del Maltrato Ifantil. Uned, edición 2019/2020.
-Diploma de Formación Continua en “Estudios Jurídicos Avanzados en Derechos Humanos”. Universidad Complutense. Madrid. Ed. 2016.
-Curso de formación continua en perspectiva de género del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Consejo General del Poder Judicial. UNED. 2020.
-Especialización en perspectiva de género, ámbito penal, por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Consejo General del Poder Judicial. UNED. 2020.
-Delegado del Juez Decano en materia penal e infancia. Acuerdo del CGPJ de fecha 23 de febrero de 2014.
-Redactor de la “Prácticas y Guía de buen trato a la infancia en la Administración de Justicia del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria”.
-Corredactor del “Protocolo de Atención a Víctimas Menores de Edad “de la Provincia de Las Palmas.
-Corredactor del Protocolo sobre la Prevención del Maltrato Infantil en los Servicios de Pediatría y Atención Primaria del Servicio Canario de Salud de Gran Canaria.
-Docente y Coordinador en el Experto Universitario sobre “Derechos Humanos y Género” de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Módulo “Derechos Humanos, Género e Infancia” (Edición 2015).
-Docente en el Experto Universitario en “Estudios y Tratamiento de la Violencia de Género” de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Módulo “La Infancia frente a la Violencia de Género” (edición 2014).
-Formador para la Dirección General de la Policía, Cuerpo Nacional de Policía, UFAM: “Actuaciones en violencia de género, familiar y sexual y Tratamiento procesal del menor”. Años, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
-Ponente en el “I Seminario Iberoamericano para la prevención detección e intervención del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes”. Fundación FAN y Early Institute. Año 2020.
-Ponente en las jornadas de formación, Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Género de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. “La transmisión intergeneracional de la violencia de género”. Año 2019
-Ponente en las jornadas organizadas por DNIA Internacional. La protección de la víctima menor de edad. 2020.
-Ponente y relator en el Curso del Centro de Estudios Jurídicos. “Estatuto de la Víctima y menor de edad”. Año 2019.
-Ponente en la Acción Formativa del Cabildo de Gran Canaria. “Violencia de Género e Infancia”. Año 2019.
-Ponente en las jornadas de la Asociación Canaria Contra el Maltrato Infantil. “Abusos sexuales infantiles, la vía judicial”. Año 2019.
- -Ponente en las jornadas de la Asociación Canaria Contra el Maltrato Infantil. “La prueba preconstituida”. Año 2019.
-Relator en el Congreso Internacional “Universalidad, Justicia y Violencia de Género”. Año 2019
-Ponente en las jornadas de la Asociación Canaria contra el Maltrato Infantil. “Abusos sexuales en la infancia”. Año 2019
-Ponente en las Jornadas del Consulado Británico. “Estatuto de la Víctima, víctima extranjera y víctima extranjera menor de edad”. 2018.
-Comunicación en el XII Congreso Internacional FAPMI/UNICEF contra la Infancia Maltratada a propósito del III Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Año 2014.
-Ponente en la jornada de formación “Evaluación y Determinación de las necesidades de la Víctima. Estatuto de la Víctima”. Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria. 2018.
-Ponente en el IV CAMP Internacional Rotary Maspalomas. Paz e Integración Social. Universidad de verano. “La Violencia Juvenil”. 2017.
-Ponente y Coordinador de las Jornadas organizadas por la Asociación Unificada de la Guardia Civil sobre “Novedades legislativas en materia de delitos contra la libertad sexual de los menores”. Año 2016
-Ponente en las jornadas de la Asociación Canaria de Interpretes de Lengua de Signos. “Actualizaciones normativas, discapacidad e interpretación en el proceso judicial”. Año 2017.
-Ponente en las jornadas organizadas por el Instituto Canario de Igualdad y Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, “Vinculaciones normativas entre género e infancia en el ordenamiento jurídico español”. Año 2015
-Ponente en las jornadas sobre Violencia de género y maltrato infantil, organizadas por la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria. Año 2014
-Ponente en las jornadas sobre Violencia de género y maltrato infantil, organizadas por el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria. Año 2014.
-Ponente en las jornadas sobre Violencia de género y maltrato infantil, organizadas por la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. 2014
-Ponente en el XXVII Congreso Nacional de Medicina sobre la Prevención del Maltrato Infantil. Año 2013
-Director del Curso sobre “La protección de la víctima menor de edad” celebrado en La Habana, Cuba. Año 2007.
-Ponente en las Jornadas organizada por el C.G.P.J. sobre la orden de Protección y los menores. Año 2006.
-Curso, “La prueba y la víctima menor de edad en los delitos contra la libertad sexual” del Consejo General del Poder Judicial. Año 2019.
-Curso, “La problemática judicial referida a la violencia que se ejerce sobre los menores” del Consejo General del Poder Judicial. Año 2008.
-Curso, “Psicología del testimonio y valoración de la prueba pericial” del Consejo General del Poder Judicial. Año 2008.
-Curso, “Ciberdelincuencia. Problemática penal de las redes sociales” del Consejo General del Poder Judicial. Año 2017.
-Curso, “La prueba y la víctima en los delitos contra la libertad sexual, con especial incidencia en la víctimas menores”. Año 2019.
-Encuentro entre profesionales de la Judicatura y de la Medicina. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Año 2014.
-Encuentro con el Grupo de Estudios de Política Criminal: La protección de los menores en los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales. Año 2017
-Formador de padres y madres, ”Menores y TICS “,Años 2013 a 2021.
-Miembro fundador de la Agrupación Interprofesional en Defensa de los Derechos de la Infancia. AIDDDIA.
-Miembro del grupo de Sociología, Infancia y Adolescencia, GSIA.
-Colaborador de la Asociación Canaria Contra el Maltrato Infantil.
-Colaborador de la campaña “HeforShe”. ONU.
PUBLICACIONES:
Libro: Las Denuncias de la Infancia ante el Comité de los Derechos del Niño. Editorial EAE. ISBN 978-620-2-10569-9.

#LaInfanciaPorLey.

Organizaciones de infancia celebramos la aprobación de la 
Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia 
frente a la violencia.

Para conmemorar este día, supervivientes de violencia durante su infancia o adolescencia y representantes de las entidades de infancia se han congregado con el lema ‘La infancia por Ley’ frente al Congreso de los Diputados, junto a la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gascó, así como diputados y diputadas de diferentes grupos parlamentarios. F. A.Ortega/EP

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que aumenta el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, amplía la definición de violencia, elimina el Síndrome de Alienación Parental, obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia, entre otras medidas.

Entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.
Ha sido aprobada con 297 votos a favor, y 52 en contra.

«Proteger a los menores frente a la violencia, garantizar una infancia y adolescencia seguras. En ello avanzamos con la aprobación de la Ley de Infancia. Legislamos para construir una sociedad mejor, que cuida a los más vulnerables. Gracias a quienes han trabajado para conseguirlo», ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Proteger a los menores frente a la violencia, garantizar una infancia y adolescencia seguras. En ello avanzamos con la aprobación de la #LeyDeInfancia. Legislamos para construir una sociedad mejor, que cuida a los más vulnerables. Gracias a quienes han trabajado para conseguirlo. pic.twitter.com/5pJ39Vlesp
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 20, 2021

Esta ley orgánica, conocida como «Ley Rhodes», tiene como objeto «garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia (…) estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida».

Garantiza a niños y adolescentes los derechos a la información, al asesoramiento a la atención integral y a la asistencia jurídica gratuita, y refuerza los mecanismos de prevención y detección precoz de la violencia sobre los menores de edad.

Además, amplía el plazo de la prescripción de los abusos a la infancia, que comenzará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no 18, como ocurre ahora.

También establece que en los casos en que un menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir como testigo en un procedimiento judicial, se practique la prueba preconstituida (grabación del testimonio para evitar la revictimización del menor), y que la autoridad judicial pueda acordar que la audiencia del menor se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar.

Con esta norma también quedará suspendido el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia de género o haya indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato.

Incorpora la agravante de exclusión social a la reforma del Código Penal corrigiendo una laguna señalada por el Tribunal Supremo (TS) en el caso Alsasua, también introduce la agravante de aporofobia tras advertir el Supremo que los ataques a mendigos no quedaban incluidos en la agravante de discriminación por el hecho de serlo, y modifica el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), dando también la razón a una sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que estableció que la víctima que es acusación particular no recupera el derecho a la dispensa de declarar si renuncia a esa posición procesal.

Además, se prohíben los desnudos integrales y exploraciones genitales para determinar la edad de los menores que migran solos, así como el uso de la contención mecánica en centros de menores infractores, persigue delitos cometidos a través de Internet, crea unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, juzgados y fiscales especializados, un Registro Central de Información y un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos.

También recoge la obligación de pedir permiso a los progenitores para difundir la imagen de un menor fallecido, y se creará un Consejo Estatal de Participación de la Infancia, de modo que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación de los niños en la formulación de planes, programas y políticas nacionales que les afectan.

El Pleno del Congreso ha ratificado la práctica totalidad de las enmiendas incorporadas por el Senado. Ha rechazado dos: una que pretendía priorizar el acogimiento familiar frente al residencial, y que, según han informado fuentes parlamentarias, no se ha aprobado porque lo consideran ya recogido en la disposición final octava del texto, y otra que perseguía impulsar la mediación en casos de ruptura familiar.
Por el carácter orgánico de la norma, se ha sometido a una votación final de conjunto en la que ha obtenido la mayoría absoluta necesaria.

Algunos grupos han rechazado ciertos puntos del texto legislativo que han salido adelante, como el artículo 39, que otorga la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios públicos, algo que, según varias formaciones y ONGs de infancia, puede provocar «situaciones arbitrarias».

La diputada de ERC María Carvalho y Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, también han señalado como carencias de la ley que no se prohíban los desahucios de familias con menores a cargo. Además, la diputada de ERC ha lamentado que no se prohíba la entrada de los niños a las corridas de toros.


La diputada de Más País Inés Sabanés ha afirmado que la norma «hace mejor» al país y es «un aviso a los negacionistas del derecho internacional de la infancia».
«La Ley de protección de la infancia nos hace un país más digno y proyecta un mensaje muy serio: la violencia contra los niños y niñas no es tolerable en ningún espacio, cartel ni discurso», ha destacado.
La Ley de protección de la infancia nos hace un país más digno y proyecta un mensaje muy serio: la violencia contra los niños y niñas no es tolerable en ningún espacio, cartel ni discurso. pic.twitter.com/R1Xbe0zxSj
— Inés Sabanés (@isabanes) May 20, 2021

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, ha señalado que es un avance legislativo y un punto de partida para mejorar la situación de la infancia, quedando pendientes otros retos como «abordar bien la pobreza» o el fracaso escolar.
La Ley de Protección a la Infancia es un gran punto de partida pero debemos seguir trabajando para abordar los retos que tenemos por delante: Pobreza infantil, Fracaso escolar
Seamos exigentes y luchemos juntos para que ningún niño ni ninguna familia quede atrás. pic.twitter.com/WpVeyw5Que
— Sara Giménez (@SaraGimnez) May 20, 2021

La ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia contará con una financiación de 70 millones de euros, según ha anunciado durante el debate la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tras la intervención de la diputada del Partido Popular María de la O Redondo, quien ha expresado su preocupación por la falta de dotación presupuestaria de la ley.
Belarra ha calificado la ley de infancia de hito, que supone «un antes y un después» en la protección de los derechos de la infancia, y ha dicho que pone a España a la vanguardia internacional en esta materia.
También ha agradecido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, su colaboración para introducir en la ley la perspectiva de género. En este sentido, ha puesto de relieve la prohibición del Síndrome de Alienación Parental o el refuerzo del carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas para el padre cuando el menor ha presenciado situaciones de violencia «machista». «Un maltratador jamás será un buen padre», ha destacado.
Belarra también ha subrayado la importancia de la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia para escuchar las propuestas de los menores, y se ha dirigido a los niños, y adolescentes: «Esta ley es vuestra, no os pido que la defendéis a ultranza. Sed críticos, evaluados y decidnos qué falta».
Hoy es uno de esos días para sentir orgullo de nuestro país. Hoy aprobamos definitivamente la Ley de protección de la infancia y la adolescencia.
Este país ya no tolerará nunca más la violencia contra ellos. Seguimos avanzando en derechos. pic.twitter.com/F5SA39yB7s
— Ione Belarra (@ionebelarra) May 20, 2021

La protección a la infancia y a la adolescencia contra todas las formas de violencia ya es LEY en España.
Gracias a quienes han empujado desde el principio para que por fin sea una realidad que nos haga enorgullecernos de nuestro país. pic.twitter.com/zezsc7Az7H
— Ione Belarra (@ionebelarra) May 20, 2021
«Hoy aprobamos en el Congreso la ley de protección a la infancia que impulsó el Gobierno del PP en 2017, junto a las organizaciones infantiles y expertos, para luchar contra el maltrato y la violencia hacia la infancia», ha publicado en Twitter la vicepresidenta segunda del Congreso y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor.

Hoy aprobamos en el @Congreso_Es la ley de protección a la infancia que impulsó el Gobierno del PP en 2017, junto a las organizaciones infantiles y expertos, para luchar contra el maltrato y la violencia hacia la infancia. pic.twitter.com/3GUuJ74YAD
— Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) May 20, 2021También ha destacado que fue impulsada por el PP la diputada ‘popular’ María de la O Redondo, y ha manifestado que «esta Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia no es de ningún partido», sino «de todos los niños, niñas y adolescentes y de aquellos que ya no lo son, pero sufrieron algún tipo de violencia».

Por su parte, las organizaciones sociales coinciden en que es una ley pionera, que supone un avance histórico situando a España como referente a nivel internacional e incorporando los requerimientos del Comité de Derechos del Niño desde 2010.
Movimiento contra la Intolerancia lamenta que esta ley, que incorpora los delitos de odio, no recoja la cláusula general antidiscriminatoria «que permitía «proteger universalmente a la víctima», que sí incorpora el Código de Justicia Militar, pero no el Código Penal.
Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, proseguirá con la reivindicación «hasta conseguir esa protección universal y la ley integral contra los delitos de odio».

El texto final recoge la gran mayoría de las demandas que entidades sociales de infancia y adolescencia han impulsado desde hace años. El aumento de la prescripción de los delitos de abuso sexual; la formación especializada de profesionales que trabajan con infancia; la creación de mecanismos seguros, confidenciales y adaptados para niños, niñas y adolescentes; la prohibición de desnudos integrales, exploración genital y otras técnicas invasivas en las pruebas de determinación de la edad; el mandato de crear juzgados y una fiscalía de violencia contra la infancia o la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil, son solo algunas de las medidas que contempla esta ley. “Además, es una ley que supone un cambio de paradigma al pasar a un abordaje integral que actúa ante todo tipo de violencia en todas las fases, así como está formulada con un claro enfoque preventivo y pedagógico, aspectos fundamentales para cambiar la percepción social de este gran e infravalorado problema estructural”, asegura Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.

En lo referido a los puntos mejorables, las organizaciones de infancia consideran que hubiera sido más ambicioso que la prueba preconstituida se contemplara para menores de 16 años, aunque al final ha quedado recogida para menores de 14, así como que entre los 16 y los 18 años se tuviera en cuenta el interés superior del menor para valorar su pertinencia.
“En todo caso, estamos ante un hecho que marcará un antes y un después, pero no podemos quedarnos aquí. Hay que seguir trabajando para conseguir una aplicación efectiva de la ley, lo que va a requerir el desarrollo autonómico de la misma, la aprobación de una Estrategia Integral que coordine las actuaciones de las distintas Administraciones, así como de la necesidad de contar con una partida presupuestaria adecuada. La protección de la infancia y la adolescencia ha de ser una incuestionable prioridad”, asegura Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. “Esta ley incorpora además las opiniones de niños y niñas, recogidas a través de un proceso participativo realizado desde la Plataforma de Infancia que culminó en el informe Violencia: Game Over”.

El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno y registrado en Congreso en junio de 2020. Una vez presentadas las enmiendas al articulado y estudiado el texto en ponencia, la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad se reunió en abril de 2020 para debatir y votar el informe de la ponencia, al que se incorporaron 200 enmiendas de los grupos parlamentarios, y otras 75 enmiendas transaccionales acordadas entre varios grupos.
El Congreso aprobó el pasado 15 de abril el Dictamen elaborado por la Comisión, junto a una enmienda transaccional que modifica el Código Penal para establecer que en la prescripción de los delitos contra menores los «términos se computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años de edad», y remitió el texto al Senado, donde el proyecto de ley fue aprobado con modificaciones, que han sido ratificadas en su mayoría en el Congreso.




Seminario #NiñasPoderosas

 el 
IV Seminario de Pensamiento Latinoamericano por los Derechos de la Infancia, #NiñasPoderosas Transversalización de las políticas de género  
en las organizaciones de infancia.



12 a 15 hs ARG, UY / 9 a 12 GT, SV, HN / 10 a 13 MX, COL, EC / 11 a 14 BO / 17 a 20 ESP

Más información, programa...: www.tejiendoredesinfancia.org/ninaspoderosas

El formulario de registro estará abierto sólo durante las transmisiones en vivo, el enlace se colocará en la descripción del vídeo y deberá llenarse cada día para contar la asistencia.

Video

Diversificación de la estructura de la escuela secundaria y segmentación educativa en América Latina:

 la experiencia de adolescentes y jóvenes en el Uruguay
Se presentan en este documento los resultados del estudio realizado en Uruguay,
 en el que se analiza la situación de la educación de nivel secundario 
haciendo especial hincapié en la visión y las experiencias de las y los jóvenes.

 Rivero, Laura y Viera, Daiana, 
Signatura: LC/TS.2021/46,

Contribuir al desarrollo de políticas públicas más inclusivas es uno de los objetivos principales de esta serie de estudios sobre la diversificación de la educación secundaria y la segmentación educativa en América Latina. Los adolescentes (uruguayos en este caso), sus palabras, sus recorridos e historias muestran los enormes avances conseguidos en este ámbito, pero también los desafíos que aún persisten a la hora de garantizar experiencias educativas igualitarias y de calidad en la diversidad.


Índice
Resumen .-- Introducción .-- I. Los jóvenes de hoy en día: construcción intersubjetiva en la voz de su experiencia .-- II. Apartado metodológico y objetivos de la investigación .-- III. Análisis de resultados. A. Segmentación educativa: diversificación de la oferta y acceso. B. Características de la oferta y registros de la experiencia institucional. C. Los mecanismos específicos para el sostén de las trayectorias. D. El peso de los mecanismos interpersonales: entre el apoyo y el desamparo. E. La oferta diversificada y los planes de culminación del sistema educativo. F. La pandemia: “Bajón, tristeza, angustia, frustrada, apagada, perdido” .-- IV. Conclusiones.

El Tribunal Supremo ha establecido que, en el delito de pornografía infantil, cada menor es una víctima.

El Supremo endurece la jurisprudencia sobre el delito de pornografía infantil.
El alto tribunal anula la sentencia recurrida y dicta una nueva 
en la que condena a los acusados por tantos delitos o delitos continuados, 
como víctimas sometieron una o más veces.

El Tribunal Supremo ha establecido que en el delito de pornografía infantil cada menor es una víctima y deben entenderse cometidos tantos delitos como personas menores resulten atacados, de manera que rechaza que pueda imponerse una sola condena por un delito continuado.

La sala de lo penal ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que en el delito de captación y utilización de personas menores para la elaboración de material pornográfico o para su utilización en espectáculos exhibicionistas o pornográficos -artículo 189.1.a del Código Penal- existen tantos delitos como personas sean objeto de abuso.

De esta forma, rechaza que pueda imponerse una sola condena por un delito continuado sobre varias personas menores, una posibilidad que solo admite en supuestos en los que la reiteración de conductas se proyecta sobre un mismo sujeto pasivo.

El Supremo aplica esta doctrina al estimar parcialmente un recurso de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia de Tarragona que condenó a penas de hasta 57 años y medio de prisión a cuatro personas mayores como autores responsables de un único delito continuado de pornografía infantil.

En el juicio, el fiscal sostuvo la existencia de 103 delitos de utilización de personas menores para la elaboración de pornografía infantil, todos ellos en concurso real, y apreciando la continuidad delictiva respecto de alguna de esas infracciones penales.

Por todo ello, el Tribunal Supremo anula la sentencia recurrida y dicta una nueva en la que condena a los acusados por tantos delitos o delitos continuados, como víctimas sometieron una o más veces.

La sentencia, ponencia del magistrado Pablo Llarena, explica que "corromper el proceso educativo del personas menor es socavar los criterios y las pautas éticas que deben acompañar su trayectoria hasta la madurez".

Y añade que el delito continuado se caracteriza por "una reiteración de ataques lo suficientemente diferenciados como para romper la unidad de acción que preside a los varios comportamientos que el sujeto activo despliega para obtener un material pornográfico (con la idea de acumulación que este mismo concepto encierra)".

Dicho delito precisa además de "conocer y asumir que la reiteración opera como un mecanismo particularmente hábil para descarriar y torcer el desarrollo de la persona menor de manera profunda e irremediable, descomponiendo palmariamente sus principios y afectando, indefectiblemente, su definitiva personalidad".

Las transferencias monetarias no contributivas:

Un instrumento para promover los derechos y el bienestar 
de la población infantil con discapacidad en América Latina y el Caribe.

Ullmann, Heidi, Atuesta, Bernardo, 
Rubio García, Mónica, Cecchini, Simone 
Signatura: LC/TS.2020/154

En este estudio se lleva a cabo una caracterización sociodemográfica de la población infantil con discapacidad, que presenta altos niveles de pobreza, y se analizan los programas de transferencias monetarias no contributivas que incluyen o priorizan a las familias con niñas, niños y adolescentes con discapacidad en América Latina y el Caribe. Estos programas pueden ser la puerta de entrada al establecimiento de rutas de plena inclusión para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias, tanto en el ámbito social como en el laboral. Si bien el número de programas de transferencias monetarias que incluyen o priorizan a las familias con niñas, niños y adolescentes con discapacidad ha aumentado en la región, se hace un llamado a realizar intervenciones integrales que garanticen la existencia de servicios accesibles; a fortalecer los instrumentos de selección, así como los registros de destinatarios y los procesos para certificar la discapacidad, y a establecer montos que se condigan con todos los costos asociados a la discapacidad en la infancia.


Índice
Resumen ejecutivo .-- Introducción: objetivos, metodología y alcance del estudio .-- I. Conceptos y evidencias que orientan la investigación .-- II. Un panorama sociodemográfico de la población infantil con discapacidad en América Latina y el Caribe: pobreza y vulneración de derechos .-- III. Programas de transferencias monetarias no contributivas que incluyen o dan prioridad a familias con niños con discapacidad en América Latina y el Caribe: evolución histórica y características principales .-- IV. Diseño y operación de programas seleccionados de transferencias monetarias no contributivas que incluyen o priorizan a familias con población infantil y adolescente con discapacidad .-- V. Conclusiones y recomendaciones.