Organizaciones de infancia celebramos la aprobación de la
Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia
frente a la violencia.
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| Para conmemorar este día, supervivientes de violencia durante su infancia o adolescencia y representantes de las entidades de infancia se han congregado con el lema ‘La infancia por Ley’ frente al Congreso de los Diputados, junto a la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gascó, así como diputados y diputadas de diferentes grupos parlamentarios. F. A.Ortega/EP |
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que
aumenta el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores,
amplía la definición de violencia, elimina el Síndrome de Alienación
Parental, obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años
para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de
denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia, entre otras
medidas.
Entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.
Ha sido aprobada con 297 votos a favor, y 52 en contra.
«Proteger
a los menores frente a la violencia, garantizar una infancia y
adolescencia seguras. En ello avanzamos con la aprobación de la Ley de Infancia.
Legislamos para construir una sociedad mejor, que cuida a los más
vulnerables. Gracias a quienes han trabajado para conseguirlo», ha
expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Proteger a los menores frente a la violencia, garantizar una infancia y adolescencia seguras. En ello avanzamos con la aprobación de la #LeyDeInfancia. Legislamos para construir una sociedad mejor, que cuida a los más vulnerables. Gracias a quienes han trabajado para conseguirlo. pic.twitter.com/5pJ39Vlesp
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 20, 2021
Proteger a los menores frente a la violencia, garantizar una infancia y adolescencia seguras. En ello avanzamos con la aprobación de la #LeyDeInfancia. Legislamos para construir una sociedad mejor, que cuida a los más vulnerables. Gracias a quienes han trabajado para conseguirlo. pic.twitter.com/5pJ39Vlesp
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 20, 2021
Esta ley orgánica, conocida como «Ley Rhodes», tiene como objeto
«garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes, su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente
a cualquier forma de violencia (…) estableciendo medidas de protección
integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección
precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en
los que se desarrolla su vida».
Garantiza a niños y adolescentes los derechos a la información, al
asesoramiento a la atención integral y a la asistencia jurídica
gratuita, y refuerza los mecanismos de prevención y detección precoz de
la violencia sobre los menores de edad.
Además, amplía el plazo de la prescripción de los abusos a la
infancia, que comenzará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no
18, como ocurre ahora.
También establece que en los casos en que un menor de 14 años o
persona con discapacidad necesitada de especial protección deba
intervenir como testigo en un procedimiento judicial, se practique la
prueba preconstituida (grabación del testimonio para evitar la
revictimización del menor), y que la autoridad judicial pueda acordar
que la audiencia del menor se practique a través de equipos
psicosociales que apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar.
Con esta norma también quedará suspendido el régimen de visitas
cuando se dicte una orden de protección por violencia de género o haya
indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato.
Incorpora la agravante de exclusión social a la
reforma del Código Penal corrigiendo una laguna señalada por el Tribunal
Supremo (TS) en el caso Alsasua, también introduce la agravante de aporofobia
tras advertir el Supremo que los ataques a mendigos no quedaban
incluidos en la agravante de discriminación por el hecho de serlo, y modifica el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim),
dando también la razón a una sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal
del Alto Tribunal que estableció que la víctima que es acusación
particular no recupera el derecho a la dispensa de declarar si renuncia a
esa posición procesal.
Además, se prohíben los desnudos integrales y exploraciones genitales
para determinar la edad de los menores que migran solos, así como el
uso de la contención mecánica en centros de menores infractores,
persigue delitos cometidos a través de Internet, crea unidades
especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, juzgados y
fiscales especializados, un Registro Central de Información y un
coordinador de bienestar y protección en los centros educativos.
También recoge la obligación de pedir permiso a los progenitores para
difundir la imagen de un menor fallecido, y se creará un Consejo
Estatal de Participación de la Infancia, de modo que se garantice el
ejercicio efectivo del derecho de participación de los niños en la
formulación de planes, programas y políticas nacionales que les afectan.
El Pleno del Congreso ha ratificado la práctica totalidad de las enmiendas incorporadas por el Senado. Ha
rechazado dos: una que pretendía priorizar el acogimiento familiar
frente al residencial, y que, según han informado fuentes
parlamentarias, no se ha aprobado porque lo consideran ya recogido en la
disposición final octava del texto, y otra que perseguía impulsar la
mediación en casos de ruptura familiar.
Por el carácter orgánico de la norma, se ha sometido a una votación final de conjunto en la que ha obtenido la mayoría absoluta necesaria.
Por el carácter orgánico de la norma, se ha sometido a una votación final de conjunto en la que ha obtenido la mayoría absoluta necesaria.
Algunos grupos han rechazado ciertos puntos del texto legislativo que
han salido adelante, como el artículo 39, que otorga la condición de
agentes de la autoridad a los funcionarios públicos, algo que, según
varias formaciones y ONGs de infancia, puede provocar «situaciones
arbitrarias».
La diputada de ERC María Carvalho y Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, también han señalado como carencias de la ley que no se prohíban los desahucios de familias con menores a cargo. Además, la diputada de ERC ha lamentado que no se prohíba la entrada de los niños a las corridas de toros.
La diputada de Más País Inés Sabanés ha afirmado que la norma «hace mejor» al país y es «un aviso a los negacionistas del derecho internacional de la infancia».
«La Ley de protección de la infancia nos hace un país más digno y proyecta un mensaje muy serio: la violencia contra los niños y niñas no es tolerable en ningún espacio, cartel ni discurso», ha destacado.
La Ley de protección de la infancia nos hace un país más digno y proyecta un mensaje muy serio: la violencia contra los niños y niñas no es tolerable en ningún espacio, cartel ni discurso. pic.twitter.com/R1Xbe0zxSj
— Inés Sabanés (@isabanes) May 20, 2021
«La Ley de protección de la infancia nos hace un país más digno y proyecta un mensaje muy serio: la violencia contra los niños y niñas no es tolerable en ningún espacio, cartel ni discurso», ha destacado.
La Ley de protección de la infancia nos hace un país más digno y proyecta un mensaje muy serio: la violencia contra los niños y niñas no es tolerable en ningún espacio, cartel ni discurso. pic.twitter.com/R1Xbe0zxSj
— Inés Sabanés (@isabanes) May 20, 2021
Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez,
ha señalado que es un avance legislativo y un punto de partida para
mejorar la situación de la infancia, quedando pendientes otros retos
como «abordar bien la pobreza» o el fracaso escolar.
La Ley de Protección a la Infancia es un gran
punto de partida pero debemos seguir trabajando para abordar los retos
que tenemos por delante: Pobreza infantil, Fracaso escolar
Seamos exigentes y luchemos juntos para que ningún niño ni ninguna familia quede atrás. pic.twitter.com/WpVeyw5Que
— Sara Giménez (@SaraGimnez) May 20, 2021
Seamos exigentes y luchemos juntos para que ningún niño ni ninguna familia quede atrás. pic.twitter.com/WpVeyw5Que
— Sara Giménez (@SaraGimnez) May 20, 2021
La ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia contará con una financiación de 70 millones de euros, según ha anunciado durante el debate la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tras la intervención de la diputada del Partido Popular María de la O Redondo, quien ha expresado su preocupación por la falta de dotación presupuestaria de la ley.
Belarra ha calificado la ley de infancia de hito, que supone «un antes y un después» en la protección de los derechos de la infancia, y ha dicho que pone a España a la vanguardia internacional en esta materia.
También ha agradecido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, su colaboración para introducir en la ley la perspectiva de género. En este sentido, ha puesto de relieve la prohibición del Síndrome de Alienación Parental o el refuerzo del carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas para el padre cuando el menor ha presenciado situaciones de violencia «machista». «Un maltratador jamás será un buen padre», ha destacado.
Belarra también ha subrayado la importancia de la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia para escuchar las propuestas de los menores, y se ha dirigido a los niños, y adolescentes: «Esta ley es vuestra, no os pido que la defendéis a ultranza. Sed críticos, evaluados y decidnos qué falta».
Hoy es uno de esos días para sentir orgullo de nuestro país. Hoy aprobamos definitivamente la Ley de protección de la infancia y la adolescencia.
Este país ya no tolerará nunca más la violencia contra ellos. Seguimos avanzando en derechos. pic.twitter.com/F5SA39yB7s
— Ione Belarra (@ionebelarra) May 20, 2021
Belarra ha calificado la ley de infancia de hito, que supone «un antes y un después» en la protección de los derechos de la infancia, y ha dicho que pone a España a la vanguardia internacional en esta materia.
También ha agradecido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, su colaboración para introducir en la ley la perspectiva de género. En este sentido, ha puesto de relieve la prohibición del Síndrome de Alienación Parental o el refuerzo del carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas para el padre cuando el menor ha presenciado situaciones de violencia «machista». «Un maltratador jamás será un buen padre», ha destacado.
Belarra también ha subrayado la importancia de la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia para escuchar las propuestas de los menores, y se ha dirigido a los niños, y adolescentes: «Esta ley es vuestra, no os pido que la defendéis a ultranza. Sed críticos, evaluados y decidnos qué falta».
Hoy es uno de esos días para sentir orgullo de nuestro país. Hoy aprobamos definitivamente la Ley de protección de la infancia y la adolescencia.
Este país ya no tolerará nunca más la violencia contra ellos. Seguimos avanzando en derechos. pic.twitter.com/F5SA39yB7s
— Ione Belarra (@ionebelarra) May 20, 2021
La protección a la infancia y a la adolescencia contra todas las formas de violencia ya es LEY en España.
Gracias a quienes han empujado desde el principio para que por fin sea una realidad que nos haga enorgullecernos de nuestro país. pic.twitter.com/zezsc7Az7H
— Ione Belarra (@ionebelarra) May 20, 2021
«Hoy aprobamos en el Congreso la ley de protección a la infancia que impulsó el Gobierno del PP en 2017, junto a las organizaciones infantiles y expertos, para luchar contra el maltrato y la violencia hacia la infancia», ha publicado en Twitter la vicepresidenta segunda del Congreso y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor.
Gracias a quienes han empujado desde el principio para que por fin sea una realidad que nos haga enorgullecernos de nuestro país. pic.twitter.com/zezsc7Az7H
— Ione Belarra (@ionebelarra) May 20, 2021
«Hoy aprobamos en el Congreso la ley de protección a la infancia que impulsó el Gobierno del PP en 2017, junto a las organizaciones infantiles y expertos, para luchar contra el maltrato y la violencia hacia la infancia», ha publicado en Twitter la vicepresidenta segunda del Congreso y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor.
Hoy aprobamos en el @Congreso_Es
la ley de protección a la infancia que impulsó el Gobierno del PP en
2017, junto a las organizaciones infantiles y expertos, para luchar
contra el maltrato y la violencia hacia la infancia. pic.twitter.com/3GUuJ74YAD
— Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) May 20, 2021También ha destacado que fue impulsada por el PP la diputada ‘popular’ María de la O Redondo, y ha manifestado que «esta Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia no es de ningún partido», sino «de todos los niños, niñas y adolescentes y de aquellos que ya no lo son, pero sufrieron algún tipo de violencia».
— Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) May 20, 2021También ha destacado que fue impulsada por el PP la diputada ‘popular’ María de la O Redondo, y ha manifestado que «esta Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia no es de ningún partido», sino «de todos los niños, niñas y adolescentes y de aquellos que ya no lo son, pero sufrieron algún tipo de violencia».
Por su parte, las organizaciones sociales coinciden en que es una ley
pionera, que supone un avance histórico situando a España como
referente a nivel internacional e incorporando los requerimientos del
Comité de Derechos del Niño desde 2010.
Movimiento contra la Intolerancia lamenta que esta ley, que incorpora los delitos de odio, no recoja la cláusula general antidiscriminatoria «que permitía «proteger universalmente a la víctima», que sí incorpora el Código de Justicia Militar, pero no el Código Penal.
Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, proseguirá con la reivindicación «hasta conseguir esa protección universal y la ley integral contra los delitos de odio».
Movimiento contra la Intolerancia lamenta que esta ley, que incorpora los delitos de odio, no recoja la cláusula general antidiscriminatoria «que permitía «proteger universalmente a la víctima», que sí incorpora el Código de Justicia Militar, pero no el Código Penal.
Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, proseguirá con la reivindicación «hasta conseguir esa protección universal y la ley integral contra los delitos de odio».
El texto final recoge la gran mayoría de las demandas que entidades sociales de infancia y adolescencia han impulsado desde hace años. El aumento de la prescripción de los delitos de abuso sexual; la formación especializada de profesionales que trabajan con infancia; la creación de mecanismos seguros, confidenciales y adaptados para niños, niñas y adolescentes; la prohibición de desnudos integrales, exploración genital y otras técnicas invasivas en las pruebas de determinación de la edad; el mandato de crear juzgados y una fiscalía de violencia contra la infancia o la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil, son solo algunas de las medidas que contempla esta ley. “Además, es una ley que supone un cambio de paradigma al pasar a un abordaje integral que actúa ante todo tipo de violencia en todas las fases, así como está formulada con un claro enfoque preventivo y pedagógico, aspectos fundamentales para cambiar la percepción social de este gran e infravalorado problema estructural”, asegura Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.
En lo referido a los puntos mejorables, las organizaciones de infancia consideran que hubiera sido más ambicioso que la prueba preconstituida se contemplara para menores de 16 años, aunque al final ha quedado recogida para menores de 14, así como que entre los 16 y los 18 años se tuviera en cuenta el interés superior del menor para valorar su pertinencia.
“En todo caso, estamos ante un hecho que marcará un antes y un después, pero no podemos quedarnos aquí. Hay que seguir trabajando para conseguir una aplicación efectiva de la ley, lo que va a requerir el desarrollo autonómico de la misma, la aprobación de una Estrategia Integral que coordine las actuaciones de las distintas Administraciones, así como de la necesidad de contar con una partida presupuestaria adecuada. La protección de la infancia y la adolescencia ha de ser una incuestionable prioridad”, asegura Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. “Esta ley incorpora además las opiniones de niños y niñas, recogidas a través de un proceso participativo realizado desde la Plataforma de Infancia que culminó en el informe Violencia: Game Over”.
“En todo caso, estamos ante un hecho que marcará un antes y un después, pero no podemos quedarnos aquí. Hay que seguir trabajando para conseguir una aplicación efectiva de la ley, lo que va a requerir el desarrollo autonómico de la misma, la aprobación de una Estrategia Integral que coordine las actuaciones de las distintas Administraciones, así como de la necesidad de contar con una partida presupuestaria adecuada. La protección de la infancia y la adolescencia ha de ser una incuestionable prioridad”, asegura Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. “Esta ley incorpora además las opiniones de niños y niñas, recogidas a través de un proceso participativo realizado desde la Plataforma de Infancia que culminó en el informe Violencia: Game Over”.
El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno y registrado en
Congreso en junio de 2020. Una vez presentadas las enmiendas al
articulado y estudiado el texto en ponencia, la Comisión de Derechos
Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad se reunió en abril de
2020 para debatir y votar el informe de la ponencia, al que se
incorporaron 200 enmiendas de los grupos parlamentarios, y otras 75
enmiendas transaccionales acordadas entre varios grupos.
El Congreso aprobó el pasado 15 de abril el Dictamen elaborado por
la Comisión, junto a una enmienda transaccional que modifica el Código
Penal para establecer que en la prescripción de los delitos contra
menores los «términos se computarán desde que la víctima cumpla los
treinta y cinco años de edad», y remitió el texto al Senado, donde el proyecto de ley fue aprobado con modificaciones, que han sido ratificadas en su mayoría en el Congreso.
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