La lucha de los jóvenes activistas del clima evoluciona:
para empujar a sus Gobiernos a combatir el calentamiento o frenar proyectos mineros.
Manuel Planelles
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Manifestación contra la falta de medidas frente
al cambio climático, en Sídney (Australia), en enero.STRINGER / Reuter |
De las protestas en la calle a los tribunales de justicia.
Los adolescentes y jóvenes activistas contra el cambio climático
están emprendiendo ese viaje para forzar a los Gobiernos a ser más
duros en los recortes de emisiones y para que no autoricen proyectos que
implicarán sobrecalentar aún más el planeta. Los últimos en usar la vía
judicial han sido tres grupos de chavales de México, Portugal y
Australia. En este último caso, más de un millar de menores de 35 países
se han adherido ya a una demanda colectiva contra el Gobierno
australiano presentada la semana pasada.
“Con
la covid no hemos podido seguir haciendo las protestas en la calle. Y
buscamos otras maneras para combatir el cambio climático”, explica Tom
Webster Arbizu por videoconferencia desde Adelaida (Australia). Tiene 15
años y durante los últimos 18 meses ha sido
uno de los líderes en su país de las huelgas estudiantiles por el clima.
Ahora, como en otras partes del mundo, ha evolucionado en sus
estrategias y es uno de los ocho menores, de entre 13 y 17 años, que ha
demandado a la ministra de Medio Ambiente de Australia, Sussan Ley, para
que no autorice la ampliación una mina de carbón en Nueva Gales del Sur
ubicada a unos 300 kilómetros de Sídney.
“El Gobierno
tiene el deber de proteger a los niños y a los jóvenes de los impactos
del cambio climático”, se queja Webster. “Y nosotros no podemos votar”.
Tampoco, acudir directamente al Tribunal Federal en el que han
presentado la demanda. La religiosa de 85 años Marie Brigid Arthur ha
tenido que hacerlo en su nombre. “Ya tiene experiencia en representar a
otros colectivos, como a refugiados”, apunta David Barnden, el abogado
de Equity Generation Lawyers, que lleva el caso de Webster y sus
compañeros.
La ampliación de la mina de Vickery, de la
empresa Whitehaven Coal Limited, fue aprobada en agosto por las
autoridades de Nueva Gales del Sur, detalla Barnden. Pero debe recibir
el visto bueno del Gobierno federal, cuya decisión se espera para final
de mes. “Queremos frenar la aprobación de esta mina y que este caso sea
un precedente legal para impedir otros proyectos”, afirma Webster.
“Esta
mina es un símbolo de todos los proyectos mineros del país”, dice
Barnden. Australia es uno de los grandes productores de carbón del
mundo.
Y uno de los grandes consumidores:
el 75% de su electricidad se genera con este combustible, responsable
de la mayoría de las emisiones de dióxido de carbono en el planeta. Los
incendios de principios de año que asolaron el país pusieron en el punto
de mira el apoyo del Gobierno al carbón, pero se han seguido tramitando
permisos como el de la mina de Vickery (que producirá 168 millones de
toneladas de este combustible en los próximos 25 años).
La
demanda presentada ante el Tribunal Federal sintetiza el conocimiento
científico actual sobre el calentamiento y su relación con el incremento
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera,
que están en unos niveles nunca registrados en 800.000 años.
El escrito advierte de las consecuencias que ya está teniendo ese
cambio climático para Australia: “incendios forestales, inundaciones,
sequías, tormentas extremas...”. Pero también recuerda que las emisiones
hacen que en todo el planeta esté cerca de sobrepasar varios “puntos de
inflexión” peligrosos, como el deshielo del Ártico y del
permafrost.
Exportaciones de carbón
La
demanda se ha presentado en Australia, pero está abierta a que se
puedan adherir personas de otros lugares, explica Webster: “Si eres un
niño de menos de 18 años de cualquier parte del mundo te puedes sumar,
porque el cambio climático no tiene fronteras”. Tampoco las tiene el
carbón que extrae Australia; el país es uno de los mayores exportadores
mundiales. 1.150 menores de 34 países se habían sumado hasta el sábado a
este pleito colectiva
a través de la página de Equity Generation Lawyers.
“Estos
jóvenes están lógicamente hartos de que sus Gobiernos no se tomen en
serio la crisis climática”, dice sobre los activistas Tessa Khan,
abogada de la ONG Urgenda. “Debería ser un motivo de vergüenza para
nosotros que los niños tengan que asumir una responsabilidad tan
importante porque los adultos no han actuado”, añade. La ONG Urgenda
lideró
la histórica victoria judicial contra el Gobierno holandés que obliga a ese Ejecutivo a aplicar recortes de emisiones de efecto invernadero más duros.
Otro
grupo de chicos de 17 y 23 años del Estado mexicano de Baja California
demandó a principios de mes a su Gobierno federal para pedir medidas
concretas contra el calentamiento, un caso que recuerda
al de Kelsey Juliana,
que lleva desde 2015 pleiteando contra la Administración estadounidense
para que se comprometa a aplicar fuertes recortes de gases de efecto
invernadero.
Una vía parecida es la que emprendieron la
semana pasada seis jóvenes portugueses ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Pero este grupo ha denunciado a 33 países —todos los
miembros de la UE y el Reino Unido, Suiza, Noruega, Rusia, Turquía y
Ucrania—, a los que acusan de no aplicar políticas suficientemente duras
para que el calentamiento global se queden dentro de unos límites lo
menos catastróficos posible.
“El objetivo es conseguir
una decisión jurídicamente vinculante que exija a los 33 países
demandados que adopten los recortes profundos y urgentes que, según la
ONU, son necesarios para evitar que el calentamiento global supere el
objetivo del Acuerdo de París de los 1,5 grados”, apunta Gerry Liston,
abogado y uno de los responsables de GLAN (siglas en inglés de la
Red Mundial de Acción Legal),
la ONG que ayuda a los seis chicos portugueses. Si se consigue ese
pronunciamiento vinculante del tribunal europeo, apunta Liston, eso
ayudaría a las organizaciones locales a empujar a los Gobiernos de esos
33 países a poner en marcha medidas más fuertes contra la crisis
climática.
La “incoherencia” de los Gobiernos
El caso Urgenda
—que se remonta más de un lustro atrás y no estaba liderado por jóvenes
activistas como los más recientes— es la victoria más conocida, pero la
abogada Khan rememora otras victorias verdes en tribunales de Irlanda y
Colombia. Y recuerda que ahora mismo hay casos sobre cambio climático
abiertos en tribunales de Alemania, Francia y Corea Del Sur. En España,
varias ONG llevan tiempo buscando una vía para acudir también a la
justicia.
“Todos estos casos, incluidos los presentados
recientemente por los jóvenes, están tratando de exponer la incoherencia
entre las promesas que hacen los Gobiernos para hacer frente a la
crisis climática y sus acciones”, explica Khan. “Cualquier vía es válida
ahora”, opina por su parte el joven activista español Alejandro
Quecedo, de 18 años. “El proceso judicial es un poco lento, pero en los
tribunales se han producido grandes victorias ecológicas”
