HDIA, Hablando de Infancia y Adolescencia: Blog GSIA con información y reflexión sobre la realidad que viven millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo.
Los menores migrantes que llegan a España sin sus padres o algún
tutor se han convertido en un objetivo de la criminalización de los
bulos y en el centro de la desinformación en los últimos días.
Usuarios en redes sociales dicen que los supuestos agresores sexuales
de la manada de Manresa son Menores Extranjeros No Acompañados (MENA).
Otros, que Murcia gasta millones y millones de euros en su manutención o
que se ofrece una "paga de 664 euros a los extranjeros menores de 23
años sin trabajo". También circulan vídeos y palizas que identifican
falsamente a menores extranjeros. Son bulos. Hacemos un repaso de todos las desinformaciones que hemos desmentido en las últimas semanas:
*.- Los acusados de la 'manada de Manresa' no son menores extranjeros no acompañados
Usuarios en redes sociales han asegurado que los acusados de la
'manada de Manresa' son Menores Extranjeros No Acompañados (MENA).
También lo ha dicho el diputado de Vox en el Congreso Ignacio Garriga.
Es un bulo.
Este es el claro ejemplo de lo hipócrita que es el movimiento llamado feminista.
Este
pobre hombre sólo denunciando la violación de su sobrina. Todo mi
apoyo. Máxima repulsa a los que callan cuando la violación es producida
por un inmigrante ilegal,en este caso MENA'S. https://t.co/ZrOfogwby0
Como ya os hemos contado,
los siete acusados de violar a una menor de 14 años en Manresa eran
mayores de edad cuando presuntamente cometieron el delito, tal y como
nos ha indicado la Audiencia Provincial de Barcelona. Desde este
tribunal nos indican que, en el caso de que hubieran sido menores de
edad, "no se juzgarían en esta sala [la sección 22 de lo penal]", sino
que "serían juzgados por un tribunal de menores y se les aplicaría la
jurisprudencia específica". Con respecto a la nacionalidad de los siete acusados, desde la
Audiencia Provincial nos explican que se trata de tres españoles, tres
cubanos y un argentino.
No, no hay pruebas de que Murcia haya gastado 18 o 38
millones de euros en "mantener a menores magrebíes que llegan de manera
ilegal"
Bulo sobre Murcia
Circula una publicación de la web 'Caso Aislado' que, desde enero de
2019, asegura que "Murcia gasta 18 millones de euros en mantener a los
menores magrebíes que llegan de manera ilegal". También por otra
publicación de la web 'El Matinal', sin fecha, que cifra la cantidad en
38 millones de euros. No hay pruebas. Las páginas web no aportan ni informes, ni fuentes, ni dicen de dónde
han salido esos 18 o 38 millones de euros. Además, desde la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia indican
que Murcia "jamás" ha gastado ni 18 millones ni 38 millones de euros en
"menores magrebíes" que llegan de manera irregular. "Jamás hemos gastado (ni nos hemos aproximado a) 18 millones de euros
y mucho menos a 38. Las cifras en los últimos años son similares a la
cifra de 2018", nos aseguran desde la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Región de Murcia.
Respuesta de Murcia
En 2018, según indican, la Región de Murcia destinó casi cuatro
millones de euros (3.562.569 euros) a atender a Menores Extranjeros no
Acompañados (MENA). No 18 o 38 millones de euros. Además, según indican,
para ese año no todos los menores extranjeros atendidos habían sido
"magrebíes" sino que, entre los jóvenes, había sirios y sudaneses, entre
otras nacionalidades. La cuantía destinada a atender a menores extranjeros desde enero
hasta junio de 2019 ha sido de casi dos millones de euros (1.977.000
euros), según datos de la Consejería. El dinero se invierte, según
señalan, en el alojamiento y manutención de los jóvenes. Hoy en día, la administración murciana tiene bajo su tutela o guardia
a un total de 1.289 menores que incluye tanto a españoles como
extranjeros. De ellos, 155 son menores extranjeros y representan el 12%
del total, según cifras aportadas por la consejería. Así, la mayor parte
de menores atendidos, 1.134 jóvenes, son españoles, representando el
89% del total. Todos ellos, sean de donde sean, están bajo la guarda del Servicio de Protección del Menor por desamparo. Con respecto a los jóvenes extranjeros, estos 155 menores están
repartidos en 14 Centros de Protección de varios municipios de la Región
de Murcia que, además de alojamiento, "les proporcionan las gestiones
de escolarización, acceso a la sanidad y un programa personalizado para
su integración (idioma, cultura, etc)", según nos indican desde la
Consejería. Todo ello "diseñado e impartido por un equipo compuesto de
trabajadores sociales y pedagogos entre otros especialistas". Por lo tanto, no hay pruebas de que la Región de Murcia haya gastado
18 o 38 millones de euros en "mantener a menores magrebíes que llegan de
manera ilegal".
*.- No, no se ofrece una "paga de 664 euros a los extranjeros menores de 23 años sin trabajo"
Como ya hemos contado,
no se ofrece una paga de 664 euros a los extranjeros menores de 23 años
sin trabajo como nos tratan de hacer creer con una cadena de Whatsapp
que empieza hablando del rey marroquí Mohammed VI. A ningún extranjero menor de 23 años que llegue a nuestro país y no
tenga trabajo se le ofrece 664 euros por el hecho de tener menos de 23
años y no tener empleo. Se trata de un bulo.
Bulo sobre menas y una paga de 664 euros.
En realidad, los 664 euros corresponden a una ayuda otorgada por la
Generalitat de Catalunya (y no de manera general en toda España) y solo
para jóvenes que hayan sido tutelados por la administración catalana
antes de cumplir los 18 años, siempre y cuando cumplan con los
requisitos establecidos. Las ayudas ya existen en Catalunya desde 2016 y
no son exclusivas para menores extranjeros sino, en general, para
jóvenes extutelados.
*.- Este vídeo de una agresión a una mujer no es ni en Canet de Mar ni en España: es China.
Un vídeo en el que se ve a un hombre propinar una paliza en medio de
la calle a una mujer dicen que corresponde, entre otros, a "los menas a
los que estamos manteniendo en España" y que la mujer agredida es "la
chica catalana a la que violaron" en Canet de Mar el pasado 29 de junio. Es un bulo: este vídeo de una agresión a una mujer no es de la presunta agresión sexual a una mujer en Canet de Mar.
Bulo Canet
La Generalitat de Catalunya, a través de su Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias, nos han confirmado que los posibles
agresores en Canet de Mar a una joven sí son Menores Extranjeros No
Acompañados (MENA) tutelados por la administración, pero este vídeo de
una agresión a una mujer no es de la presunta agresión sexual producida
el 29 de junio. En realidad, los hechos fueron grabados el 22 de junio en la ciudad
china de Dalian y medios de comunicación chinos publicaron el vídeo
entre el 25 y el 27 de junio, cuando la agresión en Barcelona no había
ocurrido aún, que fue el 29 de junio. También el 22 de junio es la fecha
que aparece en el vídeo que se difunde en redes.
Por lo tanto, esta paliza a una mujer en plena calle no corresponde a
"los menas a los que estamos manteniendo en España", "el magrebí que
violó a la chica de Canet de Mar" o "al menor marroquí en Canet de Mar"
como decían.
*:_ No, el hombre que aparece en este vídeo no es el menor
extranjero detenido por una presunta agresión en El Masnou: es un vecino
del pueblo detenido por "atentado a la autoridad"
Nos habéis preguntado a través de nuestro número de WhatsApp (655 19
85 38) por un vídeo colgado en Twitter con más de 2.600 compartidos en
el que aparece un hombre detenido como si fuera un Menor Extranjero No
Acompañado (MENA) en el municipio catalán de El Masnou "por violar a una
niña". Es un bulo. El hombre del vídeo no es un menor extranjero. En realidad, el hombre detenido que aparece en el vídeo es mayor de edad y vecino de El Masnou, Barcelona,
perteneciente al colectivo El Masnou Antifeixista que fue detenido "por
atentado a la autoridad" el pasado 5 de julio. Así nos lo han
confirmado desde Mossos d' Esquadra y desde el Ayuntamiento de El
Masnou. El presunto agresor a una joven en Masnou el pasado 28 de junio sí es
un Menor Extranjero No Acompañado (MENA), tal y como nos han confirmado
desde la Generalitat de Catalunya, pero no es el hombre que aparece en
el vídeo. Según relatan desde Mossos, las imágenes "corresponden a la detención
el día de los incidentes", el pasado 5 de julio. Ese día hubo un
enfrentamiento entre dos bloques de vecinos. Uno de ellos protestaba
contra el centro de menores Batista i Roca por un supuesto intento de
agresión sexual a una chica por parte de un menor extranjero tutelado la
madrugada del 28 de junio y otros pedían no culpabilizar a todo el
colectivo.
La persona detenida que aparece en el vídeo, según indican desde
Mossos, "era un hombre, mayor de edad, que se manifestaba a favor de los
menores extranjeros". Según indica, el motivo de la detención fue "por
atentado a los agentes de la autoridad". Desde el Ayuntamiento de El Masnou, además, nos señalan que, "la
detención en sí es de un chico antifascista y es un chico catalán". "No
es un MENA, es un vecino del pueblo que estaba en una de las dos
manifestaciones, en concreto, la antifascista". La otra, según indican,
era una manifestación de "ultraderecha". Hemos preguntado al propio bloque antifascista Masnou Antifeixistas y
nos confirman que sí se trata de un compañero del colectivo.
Mensaje desde Masnou Antifascistas
Desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la
Generalitat de Catalunya nos confirman que el presunto agresor a una
joven durante la madrugada del viernes 28 al sábado 29 de junio durante
una verbena sí es un Menor Extranjero No Acompañado (MENA). El joven menor de edad, que está bajo la tutela de la Dirección
General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), ha sido
detenido por una presunta agresión sexual a una chica, tal y como indica
el ayuntamiento catalán. En la actualidad, se encuentra bajo
disposición judicial y el caso está bajo investigación.
*:_ No, esta agresión de alumnos a su profesora no sucede ni en
Granada ni en Almería ni en Melilla ni en Catalunya ni en ningún lugar
de España. Es una escuela de Brasil
Varios usuarios en Twitter y Facebook han movido este vídeo de
alumnos arrojando libros a la profesora, gritando y tirando mesas en el
aula, asegurando que los "profesionales de la educación son amordazados
por MENAS", que sucede en "un Centro Educativo para menores Inmigrantes
que llegan a la Península" y compartiendo las imágenes con la etiqueta
#Granada. También se han movido asegurando que se trata de un colegio de Níjar
(Almería), que es el Instituto de Educación Secundaria Las Norias en El
EJido (Almeria), un colegio de Catalunya y "un día en clase en Melilla".
Sigue siendo falso. Es un bulo.
Bulo sobre niños en el colegio
Esto no ha sucedido ni en un Centro Educativo para Menores
Inmigrantes ni en Granada ni en ningún lugar de España. Tampoco hay
pruebas de que sean Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). Sucedió
en Brasil. Concretamente en la escuela María de Lourdes Teixeira en la
zona de Carapicuíba, en Sao Paulo el pasado 30 de mayo. Varios medios de
comunicación como O Globo, portalcarapicuiba.com.br, noticias.r7.com y carapicuibanarede.com.br han informado sobre ello.
A
través de palabras, imágenes, datos y cifras, este informe detalla los
resultados conseguidos por UNICEF en 2018 junto a sus aliados y
contribuyentes, una plantilla mundial de trabajadores entregados y los
propios niños y jóvenes.
Además, el informe describe las campañas de
promoción de UNICEF en 2018, que se centraron en mejorar la
supervivencia y la salud infantil, ampliar los programas de desarrollo
en la primera infancia, eliminar la violencia contra los niños y ayudar a
los jóvenes migrantes y refugiados.
Asimismo, subraya las distintas
formas en las que UNICEF ha encarnado sus valores fundamentales
(atención, respeto, integridad, rendición de cuentas y confianza)
impulsando cambios positivos en su cultura organizativa.
A modo de registro del primer año del Plan
Estratégico de UNICEF 2018-2021, el informe destaca las medidas
destinadas a proteger los derechos de cada niño, crear nuevas
oportunidades para niños y jóvenes, ser cada vez más efectivos y
eficientes y reforzar las alianzas y la dirección financiera de UNICEF.
Además, el informe señala que, entre los muchos logros alcanzados en
2018, UNICEF contribuyó al nacimiento de 27 millones de bebés en centros
de salud y proporcionó tres dosis de la vacuna pentavalente para unos
65,5 millones de niños, educación para 12 millones de niños y
tratamiento para otros cuatro millones que padecían malnutrición aguda
grave. Al mismo tiempo, la organización respondió a 285 emergencias
humanitarias en 90 países.
Unicef, Mawa.
El Informe Anual de UNICEF 2018 analiza
los avances conseguidos a pesar de las dificultades humanitarias y pone
de manifiesto las oportunidades para el futuro, en un momento en el que
la comunidad internacional celebra el 30º aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño en 2019.
El 25 y 26 de noviembre tendrá lugar en Madrid el V Congreso Ciudades Amigasde la Infancia: niños, niñas y adolescentes como agentes de cambio.
Todo girará alrededor del derecho a la participación infantil en un mes
que, este año, coincide con el 30º aniversario de la Convención sobre
los Derecho del Niño.
A través de compartir, o compartir en línea sobre las imágenes y la crianza de los hijos, los padres ahora dan forma a la identidad digital de sus hijos mucho antes de que estos jóvenes abran su primer correo electrónico. Las revelaciones que los padres hacen en línea seguramente seguirán a sus hijos hasta la edad adulta. De hecho, las redes sociales y los blogs han cambiado drásticamente el panorama que enfrentan los niños de hoy en día a medida que crecen.
Los niños tienen un interés en la privacidad. Sin embargo, los derechos de los padres a controlar la crianza de sus hijos y los derechos de los padres a la libertad de expresión pueden prevalecer sobre este interés. Cuando los padres comparten información sobre sus hijos en línea, lo hacen sin el consentimiento de sus hijos. Estos padres actúan como guardianes de la información personal de sus hijos y como narradores de las historias personales de sus hijos. Este doble papel de los padres en la identidad en línea de sus hijos les brinda poca protección a medida que su identidad en línea evoluciona. Existe un conflicto de intereses ya que los niños podrían algún día resentirse de las revelaciones hechas por sus padres años antes.
Este artículo es el primero en ofrecer un análisis legal profundo del conflicto inherente entre el derecho de los padres a compartir en línea y el interés de un niño en la privacidad. Considera si los niños tienen el derecho legal o moral de controlar su propia huella digital y analiza el conflicto único y novedoso en el corazón de la participación de los padres en la era digital. El artículo explora posibles soluciones legales para este problema y ofrece un conjunto de mejores prácticas para que los padres las consideren cuando comparten información sobre niños en línea. Concluye al proporcionar un modelo de reforma basado en la salud pública y centrado en el niño que protege el interés de un niño en la privacidad, al tiempo que reconoce el derecho de los padres a compartir en línea......
Conclusión Becky, Johnny y Emily, los niños mencionados en la Introducción de este artículo, probablemente algún día aprenderán sobre las revelaciones en línea de sus padres.
En ese momento, cada uno formará una opinión sobre la huella digital creada sobre ellos durante su infancia. A diferencia de las revelaciones hechas por terceros, las personas responsables de compartir la información de los niños son las mismas personas encargadas de proteger la privacidad de los niños: los padres. Estos niños pueden tener argumentos legales que podrían ofrecerles protección de la privacidad de las revelaciones en línea de sus padres, pero también es posible que un modelo de salud pública les ofrezca protección incluso mejor respetando la autonomía familiar. De manera similar a las decisiones en línea que los niños tomarán un día por su propia cuenta, la información digital tiene el potencial de seguirlos durante toda la vida. Este artículo alienta a los académicos, responsables políticos y padres a reconsiderar las formas en que la sociedad ve la infancia y la privacidad en la era digital. Al explorar el uso compartido, este artículo proporciona el marco para hacerlo en los contextos de los derechos, la privacidad y la salud pública de los niños y madura el hecho de ser un tema poco investigado y listo para una discusión más a fondo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NO SUBA ESA FOTO DE SU HIJO.
Tres de cada cuatro menores de dos años tienen fotos en Internet.
Nuestras redes están llenas de imágenes de niños haciendo monerías. En verano, su sobrexposición aumenta más si cabe. Cada imagen es compartida —sin consentimiento alguno— por el padre, la madre o algún familiar o amigo para orgullo de quien comparte y disfrute de sus conocidos. Se reciben likes y alguna alabanza que lleva a reincidir. Así ha sido durante varios años sin que nadie se planteara las consecuencias. Hasta que, acompañando al resquemor creciente hacia las redes sociales, una duda ha empezado a extenderse: ¿acaso hacemos mal subiendo a Internet imágenes de niños? Tres de cada cuatro menores de dos años tienen fotos online, según un estudio de la empresa de seguridad en Internet AVG con datos de ciudadanos de 10 países (Estados Unidos, Canadá, Alemania, el Reino Unido, Francia, España, Italia, Australia, Nueva Zelanda y Japón). La emoción ante la paternidad es una de las causas de esta pulsión, la versión actualizada de las imágenes que se guardaban en la cartera. De media, los progenitores de niños menores de 6 años suben 2,1 informaciones a la semana sobre estos, según un estudio con información de 1.300 padres estadounidenses de la aplicación Local Babysitter. Entre los 6 y los 13, hay un descenso: 1,9 informaciones por semana. Cuando el menor cumple 14 años, el ímpetu se reduce a menos de una vez a la semana (0,8). En España, los padres son los más preocupados, según AVG, por las consecuencias futuras en la vida de sus hijos de la cantidad de información online que proporcionan sobre estos (valoran su grado de preocupación en un 3,9 sobre 5). Esta preocupación posiblemente se habrá visto reforzada tras saber que Mark Zuckerberg —el hombre que más ha hecho porque compartamos como compartimos — cree que el futuro, en lugar de abierto, como sostenía hasta ahora, será privado.
Mientras que el sector de la comunicación se ve obligado a proteger la identidad de los menores que salen en su s páginas, la publicación masiva de imágenes sin filtro de niños en las redes ha convertido la protección en una ironía. El fenómeno es tal que ha dado origen a un nuevo término: sharenting, la suma de share (compartir) y parenting (crianza). En 2015 dos holandeses lanzaron al mercado la marca Koppie Koppie, una tienda online de tazas con fotos de niños cogidas de la Red para señalar el problema. Pero la primera persona que escribió un estudio detallado sobre este extendido fenómeno fue la abogada Stacey Steinberg, que en 2016 publicó el informeSharenting, la privacidad de los niños en la era de las redes sociales. Esta profesora de Derecho de la Universidad de Florida, EE UU, y madre, estudió en profundidad las implicaciones de esta costumbre planetaria en marcha desde hace más de una década. Los padres son, por un lado, “los veladores de la información personal de sus hijos y, por otro, los narradores de la vida de estos”, escribe Steinberg. Al narrar, compartimos información sobre los hijos a la vez que les privamos del derecho a hacerlo ellos mismos en sus propios términos. Y eso es una fuente potencial de daño a la que hemos prestado poca atención.
Los riesgos a los que se ven sometidos los menores son varios. Para empezar, ponemos más fácil su localización física a criminales o pervertidos. Pero hay además otros peligros de origen digital. Si alguien captura una imagen o un vídeo de un menor, puede simular que sufre algún tipo de peligro y reclamar un rescate. También puede suplantar su identidad en las redes, como ya le ha sucedido a varias influencers. Si, además, al anunciar el nacimiento de un bebé añadimos la fecha (cosa que hacen no pocos padres), podríamos estar propiciando el robo de su identidad. Por no hablar del ciberbullying que quizá causamos al subir una foto ridícula de nuestro hijo (se calcula que en 2018 lo habían sufrido el 59% de los menores, según Pew Research).
Pero hay otra consecuencia más obvia que tampoco solemos tener en cuenta: la opinión del menor. Un 58% de los padres estadounidenses que comparten fotos creen que subirlas sin el consentimiento expreso de sus hijos es correcto, según la empresa de seguridad McAfee. Y un 40% cree que la foto podría llegar a avergonzar al menor, pero que no le importará o que acabará superándolo. Sin embargo, lo que se está comprobando es precisamente lo contrario: que a muchos sí les disgusta el uso que sus padres hacen de su imagen. Valga de ejemplo lo que le dijo la hija de la actriz Gwyneth Paltrow cuando esta subió una imagen de ambas en la que la menor llevaba unas gafas de esquí que cubrían su rostro: “Mamá, ya lo hemos hablado. No puedes publicar fotos mías sin mi consentimiento”, se quejaba Apple. A lo que Paltrow respondía: “¡Pero si ni siquiera se te ve la cara!”.
¿Deberíamos pedir entonces permiso a nuestros hijos cada vez que subamos una foto de ellos? De esto trataba el debate que mantuvieron el pasado mes de octubre varias influencers españolas —Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, líder de Vox, o Jennifer Ortiz, entre otras—, madres y famosas que, además, reciben dinero por exhibir y exhibirse. Ortiz resumía el dilema durante el debate de la siguiente forma: “El día de mañana, cuando mi hijo me pregunte sobre las fotos que subí de él, le diré: ‘Hijo, lo hice quizá desde mi egoísmo, pensando que eran fotos bonitas y que no te iban a hacer daño. Entonces, en ese momento le pediré perdón y le daré una tarjeta [de crédito] con su dinero”.
Poco a poco van trascendiendo casos puntuales llegados a los tribunales de menores que denuncian a sus padres en Italia, Francia o Estados Unidos. En Francia, las autoridades pueden imponer multas de hasta 45.000 euros más un año de prisión por publicar fotos íntimas de los hijos sin su permiso. “En España no conozco ningún caso aún”, afirma Samuel Parra, abogado especializado en temas tecnológicos. “Lo más habitual es que un padre denuncie al otro por subir fotos sin su consentimiento como le ha sucedido a Bisbal, que denunció a su exmujer, Elena Tablada, por subir a las redes imágenes de la hija de ambos. Si el padre denunciado no retira las fotos, ahí vienen los problemas”.
“Hay una realidad”, opina Laura Baena, publicista y creadora de la web Malasmadres. “Las fotos de menores lo petan. ¿Subimos las imágenes porque nos tocan la parte emocional o realmente estamos mercantilizando a los niños?”.
¿Podemos esperar que las propias redes pongan freno a nuestra locuacidad? Nathan Freitas, del Berkman Klein Center for Internet & Society, un centro de investigación sobre tecnología dependiente de la Universidad de Harvard, cree que sería naif esperarlo: “No les resultaría nada difícil crear un botón muy grande y claro que dijera: ‘Compartir SOLO con mi familia directa’. Pero si eso supone recolectar menos dinero, vayamos olvidándonos de ello”. Y los tribunales ¿podrían poner freno a los padres? Lo habitual es que sean reticentes a priorizar el derecho a la privacidad de los menores ante su propia familia. Se supone que los padres son los mejores guardianes de la privacidad de sus hijos y cuando no lo son, los jueces generalmente aceptan que los padres hacen lo mejor para estos.
Stacey cierra su texto con varias recomendaciones a los padres interesados en proteger a sus hijos: que se familiaricen con las políticas de privacidad de las redes en las que suben fotos. Que fijen alertas que les avisen cuando el nombre de su hijo salga en algún resultado de búsqueda en Google. Que antes de contar algo se planteen no revelar la identidad del menor. Que no den pistas sobre los lugares que visita. Que pidan permiso a estos antes de compartir una información sobre ellos. Que no suban nunca una foto de estos con poca ropa. Y la última: que consideren si esa información que están valorando compartir puede tener algún efecto en el bienestar y en el desarrollo psicológico del pequeño.
La pérdida de un ser querido por suicidio es un suceso
muy doloroso, tanto para los niños como para los adultos. Reconociendo
esta realidad, el Instituto de la Mente Infantil (Child Mind Institute) ofrece las siguientes recomendaciones para ayudar a niños y adolescentes a responder a una pérdida dolorosa de un modo saludable:
Es fundamental hablar del suicidio de forma clara,
pero sin proporcionar detalles a los niños y adolescentes sobre el
método específico del suicidio. Docentes y padres deben transmitir
mensajes consistentes, para reducir la confusión, la información errónea
y el “secretismo”.
El suicidio debe explicarse en términos de un trastorno
psiquiátrico no tratado. En ocasiones, las personas ocultan el dolor
emocional, incluso de aquellos que son más cercanos, lo que dificulta la
ayuda. Es esencial no dramatizar o “sensacionalizar” el suicidio, pero no evitar hablar de ello.
Los padres deben animar a su hijo o hija a hablar sobre lo que ha oído y lo que está pensando al respecto,
escuchándole sin juzgar. Es importante continuar verificando sus dudas,
dado que a los niños les lleva tiempo procesar las experiencias
perturbadoras, y puede que, más adelante, tenga preguntas importantes
que hacerle. Si bien en el caso de los adolescentes, es posible que
prefieran hablar de ello sus amigos, los padres deben transmitirles su
interés por sus inquietudes y preocupaciones.
Si un niño o niña tiene depresión o tiene antecedentes
de tentativa de suicidio antes del suceso, es prioritario que los padres
tengan esta conversación, y no la eviten porque sea difícil hablar de
ello o y porque les preocupe que su hijo/a pueda sentirse peor. Es fundamental ayudarle a exteriorizar sus pensamientos y sentimientos, haciéndole ver la conexión entre ambos.
En estos casos, cabe señalar que hablar sobre el suicidio no
incrementará el riesgo de que el niño/a con antecedentes previos pueda
llegar a cometer otro intento, al contrario: hablar de ello, disminuye
el riesgo.
Algunos niños pueden sentir culpabilidad, llegando a
pensar que podrían haber hecho algo para evitar el suicidio de su
compañero/a. Hay que hacerles saber que este es un sentimiento común:
cuando una pérdida es muy difícil de aceptar, no podemos evitar pensar
en lo que deberíamos o podríamos haber hecho de manera diferente. Hay
que ayudarles a comprender que no son responsables, en ningún modo, de lo que ha sucedido,
y que cuando sucede algo tan inesperado, el shock inicial tarda un
tiempo en desaparecer, antes de poder comenzar a comprender lo que ha
sucedido y finalmente lo aceptemos.
Es saludable para la comunidad educativa el
responder a una pérdida de esta índole mediante una celebración u
obituario sobre la vida del niño o adolescente que ha fallecido, así
como el poder asistir al funeral, si así lo permite la familia.
A veces, los adolescentes pueden recurrir al consumo de
alcohol y/o drogas u otras conductas de riesgo, como una forma de
enfrentar la pérdida dolorosa. Hay que observarlos de cerca y
explicarles que es normal experimentar una amplia variedad de emociones
intensas (tristeza, enfado, confusión…), y, algunas veces, al mismo
tiempo. Asimismo, es oportuno enseñarles algunas estrategias que les ayuden a controlar estos sentimientos,
tales como hablar de ello con amigos o un adulto de confianza, correr o
realizar otro ejercicio intenso, ejercicios de respiración, permitirse
llorar, etc. Esto es lo que se conoce como “afrontar el problema”, o anticipar posibles dificultades y saber cómo tratarlas.
Hay dos factores clave que están involucrados en el suicidio (y ambos se derivan de la depresión). El primero es tener el deseo de morir,
que surge de pensamientos negativos (por ej., cuando un niño o niña
siente que es una carga, que está completamente solo o que todo el mundo
estará mejor sin él o ella). Para contrarrestar esto, los adultos deben
expresar de forma clara y concisa lo devastador que sería para ellos si
el niño o niña desapareciera de su vida. El segundo factor de riesgo es
la capacidad de morir, que proviene de la planificación y de la
tolerancia al dolor y al miedo. Los niños que cometen autolesiones
presentan un mayor riesgo de suicidio, porque anulan su impulso de
autoconservación y se acostumbran a sentir dolor. En estos casos,
conocer que otros menores se han suicidado y cómo lo han hecho, puede
influir en esta capacidad e incrementar el riesgo de suicidio.
El Instituto concluye recordando que el dolor y la aceptación de una muerte repentina en tales circunstancias lleva tiempo, y no se puede evitar o acelerar este proceso.
Sin embargo, ofreciendo a los niños la oportunidad de compartir sus
sentimientos, podemos ayudarles a recuperarse de un modo saludable.
El Máster Propio en Políticas de Infancia y Adolescencia: Retos actuales ofrece herramientas teórico-prácticas a profesionales o futuros profesionales e investigadores, que permitan conocer e intervenir en el campo social de la infancia, desde una comprensión global de la misma, que se apoya en las aportaciones de los nuevos estudios de infancia y en las orientaciones que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, para las políticas de infancia.
El concepto de infancia ha ido evolucionando a lo largo de la historia. En el siglo XX, especialmente en sus últimos años, se ha prestado mayor atención al desenvolvimiento de los seres humanos en esta etapa de la vida, atención que se ha concretado, entre otras cuestiones, en el interés creciente hacia los derechos de la infancia. En 1989 este proceso se ve reforzado por la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los niños y las niñas, que reconoce a las personas menores de 18 años de edad derechos civiles, sociales, económicos, culturales y políticos, derechos de ciudadanía en suma para el colectivo infantil, considerado previamente como puro objeto de protección. En el ámbito de las ciencias sociales se ha producido también una transformación. Desde un enfoque sociológico se considera que la infancia es un espacio temporal en la trayectoria de vida de las personas, y también el espacio social definido para el desarrollo de la vida de los niños. Se reconoce que también los niños, como grupo social, no sólo pueden actuar, sino que actúan de hecho, y se relacionan con los demás grupos sociales, modificando, construyendo y contribuyendo a los cambios que se producen en la sociedad. En el nivel internacional, la revisión crítica de los viejos paradigmas aplicados en las llamadas “ciencias del niño” ha conducido a un fructífero desarrollo de los “nuevos estudios de infancia” donde confluyen diferentes disciplinas, además de la sociología: desde el derecho a la pedagogía, desde la economía al trabajo social, desde la antropología a la psicología, con amplias y novedosas contribuciones al conocimiento de los rasgos que caracterizan a la infancia y la adolescencia actualmente. Por fin, desde las distintas instituciones dedicadas a promover el bienestar de la infancia, se viene destacando la necesidad de contar con profesionales amplia y profundamente formados que contribuyan al diseño e implementación de las políticas sociales, bien sean éstas promovidas por organismos internacionales, Administraciones públicas o por las diferentes organizaciones no gubernamentales que actúan en el país o en la cooperación internacional. Con la creación del Máster en Políticas de Infancia y Adolescencia se pretende responder a una demanda creciente de capacitación en el área del diseño y aplicación de políticas de infancia, con especial atención a temas como vulnerabilidad, inmigración, espacio urbano, participación, derecho a la salud y la educación, bienestar y protección jurídico-social de la infancia, indicadores y métodos de investigación Así, este Master viene a rellenar un vacío que existe en España, en comparación con el desarrollo que los nuevos estudios de infancia y la formación en Derechos del Niño vienen experimentando en otros países, facilitando: La formación de nuevos especialistas o investigadores. La posibilidad de realizar intercambios con otras universidades de nuestro entorno geográfico o cultural. La asociación con proyectos de investigación transversales sobre la situación de los niños y adolescentes en distintos contextos.
El Comité de los Derechos del Niño (Naciones Unidas)
recomienda a España la formación de profesionales.
En sus Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España expresa reiteradamente la necesidad de que los profesionales que trabajan en administraciones públicas, instituciones, empresas o servicios a la infancia y la adolescencia posean una formación adecuada sobre los derechos humanos de los niños. Así recomienda al Estado que: 16. c) Imparta a los profesionales que trabajan con los niños y para ellos formación sobre la manera de determinar el interés superior del niño. 17. b) Promueva los conocimientos de los profesionales de distintos ámbitos que trabajan con los niños y para ellos, incluidos los jueces y fiscales de familia, e imparta programas de formación acerca de los derechos del niño y de la aplicación del derecho del niño a ser escuchado, entendido como un derecho y no como una obligación. 31. c) Imparta formación permanente de buena calidad a todo el personal docente en las clases ordinarias y vele por que se presten un apoyo individual suficiente y la debida atención a los niños con dificultades de aprendizaje. 43. b) Impartir a todos los profesionales que intervienen en cuestiones de protección internacional y de migración formación sobre la Convención, los derechos del niño y el deber de proteger a los niños que solicitan protección internacional.
El Máster en Políticas de Infancia y Adolescencia: Retos actuales
ofrece un programa formativo que satisface ampliamente
las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
Con solo 16 años, Manuela Martín lucha para que los líderes
mundiales escuchen el grito de auxilio de las generaciones más jóvenes,
que en pocos años sufrirán los efectos del cambio climático. Aunque sabe
que ya es demasiado tarde para pararlo, insiste en que aún estamos a
tiempo de paliar sus consecuencias. Pero hay que actuar ya. Espera que
la próxima huelga mundial del clima en septiembre sea un punto de
inflexión.
Digna representante de su generación, la Generación Z
, Manuela Martín deja cada viernes sus clases de 4º de la ESO para
reclamar a los líderes mundiales medidas inmediatas que frenen el cambio
climático y les aseguren un planeta para ellos y sus descendientes.
Con apenas 16 años Manuela lo tiene claro. A pesar de no tener acceso
a la Administración ni a las instituciones, ni siquiera edad para
votar, si los jóvenes no alzan la voz ahora, cuando tengan posibilidad de intervenir ya será demasiado tarde.
Activista del movimiento global Jóvenes por el clima, es consciente de que “no se puede frenar o parar el cambio climático, aunque sí que podemos intentar mitigar algunos de sus efectos”. “En España vamos a sufrirlo y todavía no somos conscientes de ello”, añade Manuela.
La juventud le hace ser optimista e insiste en que hay esperanza.
“No es el fin del mundo, estamos a tiempo”, confiesa Manuela. La buena
noticia es que la gente está tomando conciencia de esta crisis climática:
“Los ciudadanos mayores empiezan a ver la necesidad de dejar un mundo
mejor para sus hijos, que son los que realmente van a sufrir el cambio
climático”.
En lucha
Las reclamaciones de los jóvenes se personalizan en la joven sueca
Greta Thumberg, que inició en Estocolmo el pasado verano el movimiento
Fridays for Future. El 15 de marzo de 2019 se dio el
pistoletazo de salida para la lucha en España. Ese día, miles de
personas salieron a la calle de decenas de ciudades con un manifiesto
por delante y un lema por bandera: “La lucha contra el cambio climático no puede esperar. No hay planeta B”.
Manuela hace un llamamiento para la próxima gran convocatoria.
“Esperamos que la huelga mundial que va a haber en septiembre sea
descomunal. Que no haya un solo político en el mundo que no nos escuche
gritar que queremos un planeta, porque no va a haber otro“.
Es un movimiento que comenzó en agosto de 2018. Greta Thunberg
se sentó frente al parlamento sueco todos los días escolares durante
tres semanas para protestar contra la falta de acción contra la crisis
climática. Ella publicó lo que estaba haciendo en Instagram y Twitter y
pronto se volvió viral.
El 8 de septiembre de ese año, Greta decidió continuar golpeando
todos los viernes hasta que las políticas suecas proporcionaran un
camino seguro por debajo de los 2 grados centígrados, es decir, uno de
los objetivos del Acuerdo de París de 2015.
Su iniciativa inspiró a jóvenes del todo el globo, que comenzaron a
seguir su ejemplo y a reivindicar la lucha por un mundo que, como rezan
su consignas, "no se puede reemplazar".
El niño activista al que, tras cinco años en prisión, Arabia Saudí quiere crucificar
Corría 2011. Soplaba el viento a favor de la primavera árabe.
Murtaja Qureiris apenas tenía diez años cuando, en una concentración de
chiquillos con bicicletas, lanzó megáfono en mano una súplica: "El
pueblo reclama derechos humanos". Por aquel episodio fue detenido tres
años después y ahora, recién cumplida la mayoría de edad, se enfrenta a
la pena capital, con la petición del fiscal de que su cuerpo sea
sometido a la crucifixión pública y la desmembración.
"Murtaja es, sin duda, la víctima más joven de
un sistema judicial saudí que descaradamente incumple la legislación
internacional", reconoce a EL MUNDO Maya Foa, directora de la ONG
británica Reprieve. "Hay otros muchos jóvenes en el corredor de la muerte saudí,
con un riesgo inminente de ejecución por ejercitar su derecho a la
libertad de expresión. Los socios occidentales del reino deberían exigir
justicia para todos ellos", comenta.
Murtaja se ha convertido en el enésimo icono del calvario que sufren quienes desafían a la monarquía saudí del príncipe heredero Mohamed bin Salman. El joven procede de una provincia del este de Arabia Saudí y
creció en una familia de activistas de la minoría chií, que denuncia
décadas de marginación. Su hermano Ali murió en la represión
gubernamental de una de las marchas que han tomado la calle desde 2011,
al calor de las revueltas que sacudieron la región y que fueron
sofocadas con la complicidad occidental a través de una renovada oleada
de autoritarismo.
El menor fue detenido en septiembre de 2014 pero
la fiscalía general saudí no presentó cargos en su contra hasta tres
años después. Entre las acusaciones, figuran participar en protestas
antigubernamentales, asistir al funeral de su hermano, estar en posesión
de armas de fuego, arrojar cócteles molotov contra una comisaría, y
enrolarse en una organización terrorista. Murtaja, trasladado a un centro de detención juvenil, pasó su primer mes entre rejas en confinamiento solitario.
"Hay al menos seis menores ejecutados el pasado abril"
Su
defensa denuncia que fue forzado a ofrecer una confesión con la promesa
falsa de que sería puesto en libertad. Lejos de recobrarla, en mayo de
2017 fue conducido a un centro penitenciario de adultos. Las autoridades
no le permitieron contactar con un abogado hasta la primera vista de su
juicio, celebrada el pasado agosto ante una corte especializada en
delitos de terrorismo. Según Amnistía Internacional, la petición del
fiscal es que sea condenado a pena capital -habitualmente por
decapitación- y sometido a la "crucifixión", un término empleado por los
tribunales locales para referirse a la exposición pública del cuerpo
tras el degollamiento.
Su más que probable futuro en el corredor
de la muerte ha suscitado ahora la alarma internacional. "No hay
vulneraciones más graves de la legislación internacional que la
ejecución de un niño. Al pedir la pena capital para Murtaja, poco
después de ejecutar a otras personas que fueron arrestadas cuando eran
adolescentes, el régimen saudí está publicitando su impunidad ante el
mundo", denuncia Foa.
Murtaja Qureiris, en el centro de la imagen, en una captura del vídeo de 2011 difundido
El
"vía crucis" de Murtaja, que aguarda a la próxima sesión de su juicio,
no es un caso aislado en el reino ultraconservador. "Hay al menos diez
menores que fueron ejecutados durante el reinado de Salman, entre ellos
seis el pasado abril. Es una práctica que se ha convertido en común en
este Gobierno", advierte en declaraciones a este diario Ali Adubisi,
director de la Organización Europea Saudí de Derechos Humanos.
"Junto
a Murtaja, las vidas de otros tres menores de edad, Dawud al Marhun,
Ali al Nimr y Abdalá al Zaher corren peligro por la brutalidad del
Gobierno", agrega Adubisi. El caso más conocido es precisamente el de Al
Nimr, de 24 años y sobrino de Nimr al Nimr,
un reformista chií ejecutado a principios de 2016 por liderar las
protestas pacíficas que recorrieron la provincia saudí de Al Qatif
exigiendo el fin de la discriminación a la minoría chií del país y una
reforma constitucional.
A finales de abril Riad ejecutó a 37 presos en seis ciudades del reino. Las víctimas eran, en su mayoría, miembros de la maltratada minoría chií
y habían sido condenados por espionaje, violencia, terrorismo y
participación en manifestaciones. Entre los enviados al cadalso, se
encontraban tres súbditos que fueron arrestados cuando eran menores. "La
información que manejamos nos indica que otros menores son candidatos a
sumarse a la lista de condenados a muerte", admite Adubisi.
Confesiones extraídas bajo tortura
En
todos los casos -subraya el activista-, se cumplió el mismo patrón.
"Los menores fueron ejecutados después de confesiones extraídas bajo
tortura y coerción. La mayoría fueron acusados por protestar y reclamar
derechos y han sido privados de cualquier derecho legal. Algunos ni
siquiera han tenido oportunidad de reunirse con un letrado", detalla.
Las
recientes ejecuciones han concitado la condena internacional para un
país que aún arrastra el descrédito por el asesinato del periodista
saudí Jamal Khashoggi en
el consulado saudí en Estambul. Según Human Rights Watch, 139 personas
fueron ejecutadas en el reino el pasado año. En lo que va de 2019, 110
personas han corrido la misma suerte. Riad alega que la aplicación de la
pena capital "solo puede ser impuesta para los delitos más graves y
tras someterse a los controles más estrictos".
Un argumento que rechazan las organizaciones de derechos humanos. "Las autoridades saudíes tienen un escalofriante historial de uso de la pena de muerte como arma para aplastar la disidencia
política y castigar a los manifestantes antigubernamentales, incluidos
menores de la perseguida minoría chií del país", denuncia Lynn Maalouf,
directora de investigación de Amnistía Internacional en Oriente Próximo.
Un decapitación que ahora sobrevuela sobre el sombrío porvenir del
pequeño Murtaja.
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