Corría 2011. Soplaba el viento a favor de la primavera árabe.
Murtaja Qureiris apenas tenía diez años cuando, en una concentración de
chiquillos con bicicletas, lanzó megáfono en mano una súplica: "El
pueblo reclama derechos humanos". Por aquel episodio fue detenido tres
años después y ahora, recién cumplida la mayoría de edad, se enfrenta a
la pena capital, con la petición del fiscal de que su cuerpo sea
sometido a la crucifixión pública y la desmembración.
"Murtaja es, sin duda, la víctima más joven de
un sistema judicial saudí que descaradamente incumple la legislación
internacional", reconoce a EL MUNDO Maya Foa, directora de la ONG
británica Reprieve. "Hay otros muchos jóvenes en el corredor de la muerte saudí,
con un riesgo inminente de ejecución por ejercitar su derecho a la
libertad de expresión. Los socios occidentales del reino deberían exigir
justicia para todos ellos", comenta.
Murtaja se ha convertido en el enésimo icono del calvario que sufren quienes desafían a la monarquía saudí del príncipe heredero Mohamed bin Salman. El joven procede de una provincia del este de Arabia Saudí y
creció en una familia de activistas de la minoría chií, que denuncia
décadas de marginación. Su hermano Ali murió en la represión
gubernamental de una de las marchas que han tomado la calle desde 2011,
al calor de las revueltas que sacudieron la región y que fueron
sofocadas con la complicidad occidental a través de una renovada oleada
de autoritarismo.
El menor fue detenido en septiembre de 2014 pero
la fiscalía general saudí no presentó cargos en su contra hasta tres
años después. Entre las acusaciones, figuran participar en protestas
antigubernamentales, asistir al funeral de su hermano, estar en posesión
de armas de fuego, arrojar cócteles molotov contra una comisaría, y
enrolarse en una organización terrorista. Murtaja, trasladado a un centro de detención juvenil, pasó su primer mes entre rejas en confinamiento solitario.
"Hay al menos seis menores ejecutados el pasado abril"
Su
defensa denuncia que fue forzado a ofrecer una confesión con la promesa
falsa de que sería puesto en libertad. Lejos de recobrarla, en mayo de
2017 fue conducido a un centro penitenciario de adultos. Las autoridades
no le permitieron contactar con un abogado hasta la primera vista de su
juicio, celebrada el pasado agosto ante una corte especializada en
delitos de terrorismo. Según Amnistía Internacional, la petición del
fiscal es que sea condenado a pena capital -habitualmente por
decapitación- y sometido a la "crucifixión", un término empleado por los
tribunales locales para referirse a la exposición pública del cuerpo
tras el degollamiento.
Su más que probable futuro en el corredor
de la muerte ha suscitado ahora la alarma internacional. "No hay
vulneraciones más graves de la legislación internacional que la
ejecución de un niño. Al pedir la pena capital para Murtaja, poco
después de ejecutar a otras personas que fueron arrestadas cuando eran
adolescentes, el régimen saudí está publicitando su impunidad ante el
mundo", denuncia Foa.
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| Murtaja Qureiris, en el centro de la imagen, en una captura del vídeo de 2011 difundido |
"Junto
a Murtaja, las vidas de otros tres menores de edad, Dawud al Marhun,
Ali al Nimr y Abdalá al Zaher corren peligro por la brutalidad del
Gobierno", agrega Adubisi. El caso más conocido es precisamente el de Al
Nimr, de 24 años y sobrino de Nimr al Nimr,
un reformista chií ejecutado a principios de 2016 por liderar las
protestas pacíficas que recorrieron la provincia saudí de Al Qatif
exigiendo el fin de la discriminación a la minoría chií del país y una
reforma constitucional.
A finales de abril Riad ejecutó a 37 presos en seis ciudades del reino. Las víctimas eran, en su mayoría, miembros de la maltratada minoría chií
y habían sido condenados por espionaje, violencia, terrorismo y
participación en manifestaciones. Entre los enviados al cadalso, se
encontraban tres súbditos que fueron arrestados cuando eran menores. "La
información que manejamos nos indica que otros menores son candidatos a
sumarse a la lista de condenados a muerte", admite Adubisi.
Confesiones extraídas bajo tortura
En
todos los casos -subraya el activista-, se cumplió el mismo patrón.
"Los menores fueron ejecutados después de confesiones extraídas bajo
tortura y coerción. La mayoría fueron acusados por protestar y reclamar
derechos y han sido privados de cualquier derecho legal. Algunos ni
siquiera han tenido oportunidad de reunirse con un letrado", detalla.
Las
recientes ejecuciones han concitado la condena internacional para un
país que aún arrastra el descrédito por el asesinato del periodista
saudí Jamal Khashoggi en
el consulado saudí en Estambul. Según Human Rights Watch, 139 personas
fueron ejecutadas en el reino el pasado año. En lo que va de 2019, 110
personas han corrido la misma suerte. Riad alega que la aplicación de la
pena capital "solo puede ser impuesta para los delitos más graves y
tras someterse a los controles más estrictos".
Un argumento que rechazan las organizaciones de derechos humanos. "Las autoridades saudíes tienen un escalofriante historial de uso de la pena de muerte como arma para aplastar la disidencia
política y castigar a los manifestantes antigubernamentales, incluidos
menores de la perseguida minoría chií del país", denuncia Lynn Maalouf,
directora de investigación de Amnistía Internacional en Oriente Próximo.
Un decapitación que ahora sobrevuela sobre el sombrío porvenir del
pequeño Murtaja.
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