"La justicia duda de los menores que narran abusos sexuales
porque les concibe como seres inferiores.
Hay una especie de presunción de falsedad
cuando un niño o una niña relatan este tipo de abusos."
Marta Borraz entrevista a
Estrela Gómez*, coordinadora de Agamme
"Hay
un orden social establecido que gira en torno al padre, y a la madre
que le denuncia por abusos hacia su hijo se le recuerda que debe
cumplirlo", asegura sobre la aplicación del Síndrome de Alienación
Parental (SAP).
Estrela Gómez Viñas lleva varios
años evaluando la respuesta judicial ante los abusos sexuales a menores
en el ámbito familiar. Esta mediadora social lo hace desde la
coordinación de la Asociación Galega contra o
Maltrato a Menores (Agamme), que desde 2010 intenta visibilizar la
violencia sexual contra niños y niñas, un tabú del que pocas veces se
habla pero que existe.
El
colectivo ha recibido, sobre todo, casos de madres que denuncian a los
padres por abusos contra sus propios hijos y aseguran haberse encontrado
con una justicia que les ha dado la espalda. Una realidad que ha sido
denunciada por organizaciones como Save the Children y Amnistía
Internacional y que ahora ha llegado a la Comisión Europea a través de una queja presentada por Agamme y otros dos colectivos que dará lugar a una investigación.
La Comisión encuentra indicios de
que "podría existir una falta de diligencia en la instrucción de los
casos de abuso sexual" en España y da crédito a varias de las prácticas
relatadas en la queja ¿Qué supone esta respuesta?
Que la Comisión reconozca que puede haber una transposición errónea de
dos directivas europeas –la de lucha contra los abusos sexuales a
menores y la referida a protección de las víctimas– en la legislación
española es un paso muy importante. Esperamos que por fin el Estado
español dé el paso de reconocer que hay un problema, dé de lado
determinadas prácticas que dificultan la investigación de abusos y
podamos conseguir una justicia adaptada a la infancia. Pero hay que ser
cautos y esperar para ver en qué se materializa.
¿En qué se basa para afirmar que la justicia no se adapta a los menores?
En que en la base de los procedimientos hay algo que está fallando. Se
estima que en torno al 20% de los niños y niñas sufren abusos sexuales
y, de ellos, el 80% en el ámbito familiar. Sin embargo, a pesar de unos
datos tan brutales, las víctimas que dan a conocer su situación, que son
una ínfima parte, y llegan a los tribunales, se encuentran con un muro.
Se tarda mucho tiempo en tomarles declaración, no hay profesionales
expertos, los niños se sienten atacados y asustados, se encuentran con
los presuntos agresores mientras esperan...
Además de estas prácticas, otro de los puntos clave denunciados es que
hay una falta de credibilidad del testimonio del menor...
Sí. Hay una especie de presunción de falsedad cuando un niño o una niña
relatan este tipo de abusos. Es algo muy pernicioso porque si el
profesional o el juez que le toman declaración están pensando eso, el
menor lo va a notar y la entrevista ya no se va a desarrollar con plenas
garantías. Ellos sienten que el que le escucha está desconfiando de su
relato. La justicia duda de ellos porque les concibe como seres
inferiores, sin capacidad para narrar, para recordar o para decir la
verdad, tal y como hace la sociedad.
¿Esto supone que el menor no está en el centro del procedimiento?
No, para nada. En vez de supeditarse el procedimiento a la víctima,
como sería lo lógico en una justicia efectiva, es ella la que debe
supeditarse al número de profesionales, a los medios, al trabajo que
tengan... Por ejemplo, se toma testimonio cuando al procedimiento le
resulta más factible, no cuando el menor está preparado. Esto unido al
punto de vista desde el que vemos a los niños, rodeados de prejuicios
sobre la narración infantil, hacen que no se les conciba sujetos de
derecho.
¿Qué consecuencias tiene esto para el acceso a la justicia?
Hay varias. En primer lugar, la víctima va a sufrir más y tendrá mas
posibilidades de sufrir revictimización, es decir, volver a sufrir por
el modo en que se le hace atravesar el proceso judicial. Otro efecto es
que se producirá una prueba defectuosa y que no se puedan recoger datos
suficientes. Si el entrevistador no le deja hablar con calma porque
tiene 30 minutos, hace preguntas poco delicadas o le demuestra que no
está confiando en el relato provocará que el menor se cierre en sí mismo
y el testimonio será de mucha menos calidad, que es la prueba
fundamental.
La consecuencia final es que no se
accede a la justicia. Hay menores que por ello no consiguen demostrar
que han sido abusados sexualmente. Esto, en caso de que el acusado sea
el padre, tiene unas implicaciones brutales porque habrá niños a los que
se les obligue a establecer comunicaciones o regímenes de visitas con
la persona que ha ejercido este tipo de violencia contra él.
La Comisión Europea también va a investigar la aplicación en tribunales españoles del Síndrome de Alienación Parental (SAP) contra las madres...
Sí. Suele aplicarse a madres que denuncian abusos sexuales de los
padres hacia sus hijos y a las que se les acusa de haber influenciado al
menor. De hecho, otra de las claves de por qué se suele desconfiar del
relato infantil es por la persona que denuncia. Hay padres y otros
familiares que lo hacen, pero la mayor parte de las veces un niño va a
contar lo que le pasa a su madre. Ahí nos encontramos con todos los
prejuicios respecto a las intenciones de las mujeres, de pensar que
quiere conseguir algo con ello.
De hecho, uno de los
sinónimos del SAP es síndrome de la madre maliciosa. Es una teoría que
no está reconocida y detrás de ella hay una ideología, pero hay juzgados
y equipos psicosociales que la aplican. Y como consecuencia, aplican la
llamada terapia de la amenaza, que es la "solución" ideada por el
creador del SAP.
¿En qué consiste?
Es el tratamiento diseñado para ese supuesto síndrome de una madre
perversa cuyo único objetivo es dañar a la figura paterna y que consiste
en una batería de medidas basadas en la coacción dirigidas a madres e
hijos: amenaza de aislamiento temporal, tratamiento psicológico o
cambios de custodia en favor de los padres que han sido denunciados.
¿Cuáles son los efectos?
El primero es que los niños y niñas estarán desprotegidas porque se ven obligadas a tener que cumplir un régimen de visitas en contra de su voluntad con
alguien del que han expresado que les produce temor. Pero a mayores
tiene otro efecto disuasorio. Es una pedagogía perversa que trata de
recordar constantemente a la sociedad qué puede suceder si tomas
determinadas decisiones. Hay un orden establecido que gira en torno al
padre, al patriarca. Si no se cumple socialmente, como hacen las madres
que denuncian, se le recuerda esta obligatoriedad.
¿Este tipo de prácticas que denuncian en la queja se dan de forma sistemática o son casos aislados?
Generalizar es decir mucho porque también hay grandes profesionales que
se implican y trabajan bien en este sentido. Pero lo que está claro es
que es algo que existe, son prácticas que se dan en muchos casos y,
sobre todo, si el abuso ha sido cometido por el padre. No hay tanto
problema cuando se acusa a otros miembros de la familia, como abuelos o
tíos. Save the Children ya ha avisado de que las trabas judiciales se
dan especialmente en estos casos.
¿Cómo ha sido la respuesta del estado español a las denuncias que lleváis haciendo varios años muchos colectivos?
De manera sistemática no se atienden este tipo de quejas. Además,
España no es un país en el que haya mecanismos efectivos de
participación y cuando ha recibido varapalos, los ha ignorado. Es el caso de Ángela González,
cuya hija fue asesinada por su padre violento en un régimen de visitas
después de que ella manifestara en decenas de ocasiones que no quería
verle. La ONU ha pedido a España que indemnice y repare el dolor de
Ángela porque da por probado que hubo una negligencia, pero España lo ignora. Es escandaloso.
*Estrela Gómez es coordinadora de Agamme, uno de los colectivos impulsores de la queja que ha llevado a la Comisión Europea a investigar si España es diligente en la investigación de abusos sexuales a menores
