Corte Constitucional ordenó al Gobierno
“hacer efectivo el derecho a morir con dignidad
de los niños, las niñas y los adolescentes”.
“Un paso adelante en un proceso de igualdad y de respeto a la vida digna,
y no someter a sufrimientos innecesarios a los niños”.
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Aunque la eutanasia se legalizó en este país de tradición católica
hace más de 20 años, solo se reglamentó para los adultos en 2015, y
desde entonces 40 pacientes se han sometido a un procedimiento que se ha
topado con el rechazo de los sectores más religiosos y conservadores.
Donde algunos ven un triunfo de la empatía y la compasión, otros hablan
de una “cultura de la muerte”.
El año pasado la Corte Constitucional ordenó al Gobierno “hacer
efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, las niñas y los
adolescentes”, y el Ministerio de Salud respondió con una resolución,
publicada la tarde del viernes, que establece situaciones particulares
en distintos rangos de edad, y siempre bajo la condición de que la
enfermedad sea terminal y el sufrimiento constante, insoportable y no
pueda ser aliviado. Los hospitales deben conformar un comité
multidisciplinario para garantizar que se cumplan todas las condiciones.
Se require el consentimiento inequívoco del paciente, y es a partir
de los 12 años cuando “el concepto de muerte se consolida como
irreversible, universal e inexorable”, sostiene la resolución. Los
menores de 6 años quedan excluidos, así como aquellos con discapacidades
mentales o trastornos psiquiátricos “que alteren la competencia para
entender, razonar y emitir un juicio reflexivo”. Entre los 6 y los 12,
solo se podrá practicar en casos excepcionales, mientras entre 12 y 14
prevalece la autonomía del menor, pero será obligatoria la concurrencia
de los padres. Y a partir de los 14, solo contará la voluntad del
adolescente.
La muerte asistida esta despenalizada desde 1997 gracias a una
emblemática sentencia de la Corte Constitucional que muchos destacan como
una elocuente defensa de las libertades individuales. “El derecho a
vivir en forma digna implica también el derecho a morir dignamente”,
reza la ponencia del recordado magistrado Carlos Gaviria, que enfatizaba
el carácter terminal de la enfermedad y la plena voluntad del paciente.
“Nada tan cruel como obligar a una persona a sobrevivir en medio de
padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas”, argumentaba.
El asunto quedó por más de una década en suspenso hasta que un nuevo
fallo del alto tribunal lo retomó en el 2014, lo que obligó al
Ministerio de Salud a reglamentar la eutanasia al año siguiente. El famoso y público primer caso fue el de Ovidio González Correa,
un zapatero de 79 años que se estaba quedando sin rostro por un
agresivo cáncer en la boca. El padre del reconocido caricaturista
colombiano Julio César González, Matador, había perdido el olfato y el
gusto, y pasó de pesar 81 kilos a 48.
El empujón de las Cortes
Muchas libertades individuales han avanzado en Colombia a golpe de
sentencias de la Corte Constitucional nacida de la carta política de
1991, que más de un observador considera más de avanzada que la propia
sociedad. El tema de la eutanasia, en particular, ha llegado en más de
diez ocasiones al alto tribunal, y en al menos tres casos le ha pedido
al Congreso legislar sobre el tema. Como ha ocurrido con otras
discusiones que provocan choques de valores como el aborto, o los
derechos de parejas del mismo sexo para casarse o adoptar, el
legislativo ignoró esas exhortaciones.
La resolución vino precedida de un borrador público abierto a
comentarios. En plena campaña para las presidenciales de mayo, y en la
misma semana en que se elige Congreso, el debate llevó a varios
candidatos a posicionarse.
Mientas el liberal exnegociador de paz Humberto de la Calle lo
celebró como “un paso adelante en un proceso de igualdad y de respeto a
la vida digna, y no someter a sufrimientos innecesarios a los niños”, el
exprocurador Alejandro Ordóñez, sin muchas opciones de ganar la
consulta de la derecha que se vota este domingo, y conocido por su
visión católica del Estado, habló de una “pena de muerte a niños
inocentes”. A su turno, la exsenadora Viviane Morales, representante de
sectores evangélicos y promotora de un fallido referendo para prohibir
la adopción por parte de parejas homosexuales, lo llamó “otro horror
contra la familia”. Como procurador, Órdoñez intentó a toda costa evitar la eutanasia de Ovidio González.
“El patrón es muy similar”, expresó a EL PAÍS el ministro de Salud,
Alejandro Gaviria, al reconocer que es un tema complejo sobre el que no
hay un acuerdo en la sociedad. “La oposición viene en muchos casos de
los mismos grupos, pero en los tres temas tenemos que reconocer que
Colombia ha estado a la vanguardia en América Latina, que desde la Corte
Constitucional y desde las organizaciones del Estado se ha promovido el
cambio social de manera eficaz”.
Aún falta regular la eutanasia para personas en estado vegetativo,
otro punto espinoso que representa al menos dos desafios. Por un lado,
no en todos los casos implica una breve expectativa de vida, y por otro
el Gobierno ha trazado la línea roja de no permitir ningún tipo de
consentimiento sustituto que vaya en contra de la voluntad del
individuo.
