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“Infancia, División Sexual y Violencia” , Seminario

Dentro de la Diplomatura 
Culturas de infancia en América Latina
se imparte este Seminario.

​El viernes 16 de marzo y el sábado 17, 
Aula Magna,Fac.Ciencias Políticas y Sociales,
Mendoza, Argentina.



Para consultas, inscripciones y más información escribir al correo-e: infancias.latinoamericanas@gmail.com.
La actividad es libre y gratuita y se entregarán certificados de asistencia.
La capacitación se dictará en el marco de la Diplomatura “Culturas de infancia en América Latina” que trabaja desde un enfoque decolonial de las prácticas sociales con niñas, niños y adolescentes.
El Seminario comienza su primer bloque el viernes 16 de marzo a las 15, con la disertación de Iskra Pavéz Soto, de Chile, que hablará sobre la  problemática de la Violencia, fundamentalmente la sexual y las relaciones de poder en las infancias. 
El segundo será el sábado 17 a las 9 y estará a cargo Patricia González Prado, quien se referirá a las estructuras fundamentales de la Violencia patriarcal.
La formación está destinada a graduadas de todas las carreras, estudiantes, docentes, trabajadores de las infancias y público en general. La participación es gratuita y se entregarán certificados de asistencia.
Esta oferta es producto del acompañamiento y articulación del Colegio de Trabajadores  Sociales de Mendoza, la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad y la organización social “La Veleta y la Antena”.

Sobre las disertantes
Iskra Pavéz Soto
Es doctora y magíster en Sociología, experta en Políticas Sociales de Infancia, diplomada en Estudios de Género y Trabajadora Social.
Ha desarrollado intervención social con niñas, niños, adolescentes, familias, comunidades en situación de exclusión; ha trabajado como investigadora y docente en universidades de España y Chile; ha publicado columnas de opinión, artículos científicos y libros.
Además imparte conferencias y capacitaciones sobre infancia, migraciones, género y empoderamiento de las niñas y mujeres. Recientemente publica su libro “La niña liberada. Violencia sexual y poder.”
Patricia González Prado
Es doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico Política, magister en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía. Abogada y docente. Participó en investigaciones en Mendoza y Barcelona.
Trabaja en múltiples casos de violencias hacia las niñas y mujeres. Participa activamente en organizaciones sociales y colectivos, fundamentalmente, en la lucha por los derechos.
Ha publicado múltiples artículos relacionado a las opresiones de las mujeres y niñas.

Para consultas, inscripciones y más información escribir al correo-e:   infancias.latinoamericanas@gmail.com
*.- Iskra Pavez Soto es socia de la Asociación GSIA.

DEC 2017, Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales.


ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES 
DE SERVICIOS SOCIALES DE ESPAÑA,


ÍNDICE DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 2017.


Existen diversos estudios que miden y valoran la pobreza y la desigualdad, o determinados aspectos relacionados con las necesidades sociales de la población.


Pero el Índice DEC es el único estudio que trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de un Sistema, los Servicios Sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España. 



El Índice DEC se aplicó por primera vez en 2012; esta es su quinta aplicación.

El Índice DEC aborda tres aspectos esenciales en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales:
. D. de derechos y decisión política (hasta 1,5 puntos sobre la valoración global)
E. de relevancia económica (hasta 3 puntos sobre la valoración global)
C. de cobertura de servicios (hasta 5,5 puntos sobre la valoración global).

RESULTADOS DEL INDICE DEC 2017

.- EVOLUCIÓN POSITIVA DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, POR EL IMPULSO DE LOS NUEVOS GOBIERNOS DE LAS CA.AA.
No obstante, se aprecian riesgos de retornar al asistencialismo y la limosna institucional, en detrimento de servicios sociales de calidad

.- País Vasco y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales.
.- Canarias y la C. de Valencia, que tradicionalmente han sido las Comunidades con peores servicios sociales, aunque sigue en esta posición registran mejoras muy significativas.
.- Mientras la mayor parte de las Comunidades evolucionan de manera positiva, algunas, como la C. de Madrid, muestran un deterioro de sus servicios sociales.
.- Cataluña, contrariamente a la tendencia general, registra un retroceso en el gasto de sus Administraciones Públicas en servicios sociales desde el año 2013, año en el que tocan fondo los recortes en esta materia en el conjunto del Estado.

.- DISPARIDAD EN ENTRE UNAS Y OTRAS COMUNIDADES
Aunque en 2017 estas diferencias se amortiguan a nivel general, se siguen constatando grandes diferencias interterritoriales, que resultan extremas en la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicio; estos son solo algunos ejemplos:

. En algunas Comunidades más del 10% de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia (Andalucía, País Vasco, Murcia, Castilla y León o en la Rioja), y en otras este porcentaje es menos de la mitad, es decir, inferior al 5% (Canarias y la C. de Valencia)
. Sólo el 1,4% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia están a la espera de recibirlas en Castilla y León, mientras que en Canarias este porcentaje asciende hasta un 41,8%
. El 77,5% de quienes se encuentran bajo el umbral de la pobreza en el País Vasco se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción en esa Comunidad, mientras que en Murcia este porcentaje es sólo del 2,2%.
. En Extremadura hay 4,5 plazas residenciales de financiación pública por cada 100 personas mayores de 65 años. En Galicia sólo 1,08.
En el País Vasco hay 135,7 plazas de alojamiento para personas sin hogar, por cada 100.000 habitantes. En Extremadura 15,44.
Estas grandes diferencias de cobertura tienen su origen en claves organizativas y en una extrema disparidad en el gasto en servicios sociales que realizan las Administraciones Públicas (Comunidad Autónoma y Entidades Locales) en cada territorio:

. El País Vasco tiene invierte 611,8 € por habitante en 2016 en servicios sociales, y 600,37€ en Navarra. Incluso en Comunidades de régimen común, varias superan los 400€ (Extremadura, La Rioja y Cantabria), mientras que en la C. de Murcia son 262,39 y en la C. de Valencia 251,16
. El gasto que realizan la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales en materia de servicios sociales en Extremadura en relación a su PIB regional (2,737%) es tres veces superior al que supone en la Comunidad de Madrid (0,944%)
. El gasto en servicios sociales de las Administraciones vascas (regional y locales) en 2014 supuso un 10,05% del total del gasto de estas Administraciones. En la Comunidad de Valencia el gasto supone sólo un 5,79%

.- GASTAR MÁS NO ES NECESARIAMENTE HACERLO MEJOR: Vertebración y descentralización local parecen determinantes para la eficiencia del Sistema

La aplicación del Índice DEC 2017 confirma que el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las Administraciones Públicas. No necesariamente los territorios con mayor gasto (tanto autonómico como local), son los que tienen una mayor oferta de prestaciones y servicios.

Una de las claves que pueden explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales. Los territorios con una ratio más baja (excesivo gasto para la cobertura que ofrecen) han coincidido con aquellos en los que la organización presenta baja participación local en la gestión y entrega de servicios sociales: Extremadura, Asturias o Cantabria presentan índices de cobertura bajos (entre 3,4 y 4,0) para un esfuerzo económico muy elevado (entre 7,7 y 9,7). Es notorio que estas comunidades han desarrollado sus servicios sociales dando la espalda al nivel local, produciendo solapamientos, zonas de sombra e ineficiencias. En el otro extremo, territorios con alto protagonismo local en la gestión de los servicios sociales como Andalucía y Castilla y León ofrecen mejor cobertura para el esfuerzo económico que presentan

.- EN 2017 SE HABRÁ RECUPERADO EL GASTO EN SERVICIOS SOCIALES RESPECTO A 2010.
El gasto público en la materia estricta de servicios sociales en 2016, ascendió a 17.051 millones de euros, con una distribución que mantiene las proporciones de años anteriores: el 13,2% la Administración General del Estado, el 25,2% las Entidades Locales y el 61,7·% las CC.AA:

En términos generales podemos afirmar que las restricciones presupuestarias severas se inician en 2011 y continúan hasta 2014, año en el que se inicia la recuperación de los niveles de gasto de forma que probablemente en la liquidación de 2017 se recupere el nivel de gasto del año 2010.

.- EL ESFUERZO LOCAL SE HA FRENADO Y NO SE RECUPERA DEL TODO.
Hasta 2016 sí se produce una reducción del gasto "propio" de forma que en ese último año parece haberse frenado en 4.300 millones de euros, muy por debajo de los 5.160 de 2010. Las transferencias recibidas por las Entidades Locales para desarrollar servicios sociales procedentes de las comunidades autónomas se mantuvieron en torno a los 1.300 millones de euros y no sufrieron reducciones drásticas.

.- LA TENSIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Las transferencias finalistas estatales para la atención a la Dependencia sufrieron importantes recortes a partir del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio y desde entonces no se han recuperado. Mientras las Comunidades han tenido que abordar el despliegue de las atenciones a las personas en situación de dependencia además de atender a una buena parte de población muy castigada por la crisis.

Considerando los recortes producidos en esos años en otras políticas de gasto no se puede decir que los servicios sociales fueran los peor parados y a partir de 2014 se inició una recuperación que hizo que en 2016 ya se hubiesen recuperado los recortes incluso con la menor aportación finalista estatal.

.- EL ESTADO... EN RETIRADA
A pesar de que algunos servicios sociales de obligada entrega (Dependencia) dependen por Ley de la garantía estatal de financiación mínima para su desarrollo homogéneo en todo el territorio del Estado, la AGE ha mantenido sin duda la política más dura respecto al gasto público en servicios sociales.

Si a este panorama le unimos otros síntomas como la reciente retirada de la gestión de buena parte del 0'7% del IRPF (dirigido a las entidades del tercer sector) por la Sentencia del Tribunal Constitucional que determina que dichos fondos (230 millones de euros) deberán ser distribuidos por las Comunidades Autónomas, la acción del Estado en materia de Servicios Sociales es cada vez más residual, manteniendo únicamente como obligación –a todas luces incumplida- la financiación del sistema de atención a la dependencia, así como las derivadas de Pacto del Estado con las CC.AA. para cofinanciar estructuras básicas de servicios sociales (Plan Concertado)


Para más información: 
José Manuel Ramírez Navarro. Presidente  ADYGSS. 
Email: directoressociales@hotmail.com 



"Infancia, Oportunidades e Inclusión", Jornada Mancomunidad Servicios Sociales Mejorada-Velilla

22 de noviembre de 2017, 
9,00 horas.
La Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada–Velilla,
en la Casa de la Cultura de Mejorada del Campo.

Este año mayormente han sido los niños y niñas los que han decidido en qué debemos trabajar: la igualdad de oportunidades. 





Abordamos aspecto tan importante como la Igualdad y la Inclusión; tan importante para tejer una sociedad más justa y equitativa y hacer de la infancia un momento vital enriquecedor. Hemos intentado que en la Jornada este presente el marco conceptual y también experiencia que puedan ayudarnos a dimensionar la realidad de la infancia.


22 de noviembre de 2017, 9,00hrs.
 en la Casa de la Cultura de Mejorada del Campo

Si te diera problemas podrás pinchar en: https://goo.gl/forms/qb1CuCVxpJ4Nc3E52


Las ayudas sociales, ¿trampa o trampolín?

¿Son dependientes los beneficiarios de la asistencia social? 
Conceptos, medición y resultados para países seleccionados.


Immervoll, H., et al., 
Are recipients of social assistance ‘benefit dependent’? 
Concepts, measurement and results for selected countriles. 
 Serie: OECD Social, Employment and Migration Working Papers n. 162, París, 
Organisation for Economic Co-Operation and Development, 95 p., 2015.



Para algunas familias, las prestaciones económicas que garantizan unos ingresos mínimos son determinantes a la hora de prevenir situaciones de pobreza. Estas ayudas económicas constituyen, desde hace años, uno de los pilares de los sistemas de bienestar europeos. Siempre ha existido un debate sobre estas prestaciones, pero con la llegada de la crisis económica están más que nunca en el punto de mira. En primer lugar, porque, a consecuencia de la crisis, su uso ha aumentado, y por otra parte, porque se han acentuado las exigencias de control del gasto destinado a ayudas económicas.

En el foco de atención, se encuentran aquellas personas que supuestamente hacen un uso fraudulento de estas prestaciones. Otra de las críticas dirigidas hacia estas ayudas sociales consiste en que, en algunos casos, la dependencia hacia ellas ‘se cronifica’, desincentivando de esta manera la inclusión laboral de los perceptores. Esta última cuestión podría llegar a poner en entredicho las ayudas sociales, y es lo que suscita el interés de los autores de este informe.

Esta publicación, que es el resultado de un trabajo colaborativo entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE), pretende hacer una revisión del sistema actual de ayudas sociales y del uso que se hace de ellas en algunos de los Estados miembros de la OCDE y la Unión Europea. Los datos empleados en el estudio van desde finales de la década de 2000 a principios de la de 2010.

Para describir la dinámica de uso de dichas prestaciones, se analiza, en primer lugar, en qué medida los usuarios reciben y dejan de percibir las prestaciones económicas durante un periodo determinado. En esta primera parte de la investigación, se comparan ocho países: Alemania, Canadá, Letonia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia. El uso más prolongado de estas ayudas se encuentra en Luxemburgo y los Países Bajos, mientras que Letonia, Noruega y Suecia presentan los porcentajes más elevados de personas que a lo largo de un año dejan de percibir las ayudas económicas.

En segundo lugar, se estudia la duración de los periodos durante los que se reciben ayudas sociales en Letonia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos y Suecia. En Letonia, Noruega y Suecia, las ayudas se perciben durante una media de 2-3 meses, mientras que el periodo medio de percepción en los Países Bajos y Luxemburgo es bastante más largo, de 9 y 15 meses, respectivamente. No obstante, los resultados del análisis también ponen de relieve que mientras que las ‘recaídas’ son bastante frecuentes en Letonia, Noruega y Suecia, constituyen un fenómeno poco frecuente en los Países Bajos y Luxemburgo. Los autores observan, sin embargo, una gran heterogeneidad en el uso que se hace de las prestaciones económicas, por lo que la media no siempre es un buen indicador del uso real.


La última parte del estudio se dedica a estudiar en qué medida percibir ayudas sociales durante un periodo constituye un factor de riesgo para llegar a percibir prestaciones económicas en el futuro. Parece claro, indican los autores, que recibir ayudas un año determinado aumenta considerablemente el riesgo de hacerlo también durante el siguiente. Este hecho sugiere que podría haber personas ‘dependientes’ de la asistencia social. 
No obstante, los autores señalan que, en este contexto, es necesario tener en cuenta el perfil de quienes de manera repetida recurren a las prestaciones económicas: si estas personas reúnen características tales como, por ejemplo, tener un nivel educativo bajo, o ser madre o padre monoparental, no se podría hablar de facto de una dependencia. La dependencia a largo plazo de los sistemas de protección social se produce, según los autores, cuando el propio sistema provoca, de alguna manera, esa supeditación. 
La sobrerrepresentación de determinados colectivos entre los usuarios de las ayudas sociales no debe entenderse, por tanto, como un signo de dependencia, sino como un indicador de que existen grupos poblacionales con mayores necesidades de ayuda que otros. 

Por ello, el informe concluye subrayando la importancia de recopilar información sobre el perfil de los usuarios que permanecen largos periodos como perceptores de ayudas sociales. Únicamente actuando de esta manera es posible diseñar un sistema de protección social que, por un lado, proteja a los ciudadanos de situaciones de pobreza y, en segundo lugar, promueva la inclusión laboral de los colectivos más vulnerables ante el desempleo.

Trabajo Social y castigo corporal:


Antonia Picornell-Lucas*, Joaquín Rivera Álvarez
Rev. Búsqueda nº 17 (2016)




Resumen


Este trabajo presenta los resultados de una investigación centrada en analizar las

opiniones de los profesionales de atención a la infancia con respecto al castigo corporal.
Trece trabajadores sociales de la Comunidad de Madrid han sido entrevistados para
determinar sus percepciones sobre el uso del castigo corporal como estrategia educativa
familiar. Para explorar sus actitudes y sentidos se utiliza el grupo de discusión, dentro
del enfoque cualitativo. Los resultados muestran actitudes contradictorias entre los
participantes. Se defiende la importancia de erradicar el castigo corporal, aunque se
manifiesta a la vez que su empleo no tiene consecuencias negativas. Otros temas
debatidos y analizados han sido: factores estresantes, transmisión intergeneracional,
prácticas de crianza, eficacia atribuida y prohibición legal. De todo ello se puede
concluir que el uso del castigo corporal como método de crianza no causa impresión
negativa en los trabajadores sociales, apuntando a la importancia de la cultura en el
mantenimiento de tales actitudes.



*Antonia Picornell-Lucas es miembro de la Asociación GSIA

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DOI: http://dx.doi.org/10.21892/01239813.284

38 niñas quemadas el día de la Mujer Trabajadora

Absurdos de la vida, quizás no tan absurdos: 
el mismo día en que celebramos el Día de la Mujer, 
que recuerda la quema de 129 mujeres en una fábrica textil, 
el día 8 de marzo de 2017 mueren (aún están muriendo) 38 niñas quemadas 
en un internado de niñas, en Guatemala, en un centro estatal de protección, 
en el "Hogar Seguro(?) Virgen de la Asunción".
Parece que el incendio lo provocan las propias niñas internas 
en protesta por malos tratos, abusos, prostitución y narcotráfico...

Mientras a nivel mundial las mujeres paraban exigiendo sus derechos, en Guatemala la realidad nos golpeaba. 

20 niñas(inicialmente e el acto, hoy ya van 38 niñas muertas) murieron calcinadas dentro del “Hogar seguro Virgen de la Asunción”,  un centro estatal de protección para niñas, niños y adolescentes abandonados, maltratados y víctimas de agresiones sexuales.

Sin embargo lo que sucedía adentro era todo lo contrario, el hogar era investigado por prostitución y narcotráfico, constantemente se reportaba como las y los niños huían.

Hilda Morales, procuradora adjunta de la Procuraduría de Derechos Humanos informa que desde hace cuatro meses solicitaron el cierre paulatino del hogar, sin embargo la Secretaria de Bienestar Social, ente encargado no respondió.

El último intento de fuga se registró el martes por la noche, las niñas y adolescentes alzaron la voz ante los maltratos de los que eran víctimas. Las protestas continuaron hasta la mañana del miércoles, cuando inicio el fuego.

Carlos Rodas, titular de la Secretaría de Bienestar Social, dijo no tener órdenes para cerrar el hogar, a pesar de conocer las denuncias. Rodas considera que no hubo negligencia, por ello “se harán cargo de los gastos funerarios”.

La Procuraduría General de la Nación, tampoco adquirió responsabilidad por los hechos, su representante Anabella Morfí,  lamentó “que fuera prevenible”.

Pero ese estado que hoy lamenta la muerte de 20 niñas, es el mismo estado que no les procuro salud, educación ni protección.


El “Hogar seguro Virgen de la Asunción” alberga a 700 niños, niñas y adolescentes desde los 0 hasta los 18 años, su capacidad era para 400. El director del hogar fue destituido, sin que diera a conocer los listados de quienes estaban dentro del hogar.

Los Hechos
Durante la noche del 7 de marzo, cuando el centro albergaba alrededor de setecientos internos se produjo una fuga masiva; en el lugar no solamente había niños y adolescentes víctimas de maltrato intrafamiliar, sino que también jóvenes que estaban recluidos por diversos delitos, especialmente extorsiones.
De acuerdo al informe presentado por el director de la Secretaría de Bienestar Social, el amotinamiento se inició a las 2:00 p.m. cuando un grupo de jóvenes se subió a los techos y utilizando piezas de metal amenazarona los guardianes y encargados; aprovechando la confusión, se escaparon cerca de ochenta y cinco internos, los cuales fueron recapturados en su mayoría por la PNC.
El oficial de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil, Wilson López, informó que llamó personalmente al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para advertirle de los problemas que ocurrían en el lugar; alrededor de las 10:00 p.m. del martes 7 de marzo llamó al presidente, pero Carlos Rodas, director de la Secretaría de Bienestar Social, no giró las instrucciones necesarias para evitar el motín que se produjo.

Supuestamente, en la mañana del 8 de marzo las menores intentaban protestar por los abusos sexuales y físicos que sufrían en el Hogar Seguro, aprovechando que ese día se celebra el Día Internacional de la Mujer; pero la situación se salió de control y cincuenta y una de ella fueron encerradas en un salón de 4 X 4 m².
El caos fue aún mayor cuando un incendio se originó dentro del salón cuando se quemaron unas colchonetas y las jovencitas quedaron atrapadas en el salón sin posibilidades de ser rescatadas a tiempo.

Numerosas víctimas heridas fueron llevadas de emergencia a los hospitales de la Ciudad de Guatemala con quemaduras de segundo y tercer grado, mientras que por lo menos otras diecinueve murieron en el lugar por la gravedad de sus heridas. En reportes médicos consta que la mayoría de adolescentes fueron ingresadas con presión arterial baja, pérdida masiva de líquidos por las quemaduras y en estado inconsciente.
En cuanto a las víctimas en las instalaciones del Hogar Seguro, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó que la causa del deceso era intoxicación por monóxido de carbono (CO).

Al 11 de marzo se habían reportado treinta y ocho jovencitas fallecidas, comprendidas entre los 14 y 17 años, y aún se desconocía el nombre de las sobrevivientes del incendio, mientras los familiares buscaban información sobre su paradero y situación.
Ese mismo día también se reportó que las nueve sobrevivientes menores de edad que fueron trasladadas a una casa hogar en Quetzaltenango estaban en estado de gestación.

Reacciones
Analistas y defensores de derechos humanos condenaron la negligencia del Estado y funcionarios — incluyendo a la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Secretaría de Bienestar Social (SBS)— por no haber atendido las denuncias presentadas en su momento sobre abusos de todo tipo contra los menores de edad recluidos en el centro.12 Por su parte, la PGN, la SBS y el portavoz presidencial declararon que la responsabilidad estaba en los órganos jurisdiccionales de justicia.

Bancadas del Congreso de la República de Guatemala solicitaron la destitución de Carlos Rodas, por responsabilidad directa y negligencia.
Por su parte, el Ministerio Público inició una investigación de los hechos, partiendo del supuesto de que ocurrió un hecho delictivo que resultó en el homicidio de las víctimas calcinadas; el procedimiento incluyó recolección de pruebas en las instalaciones en donde ocurrió la tragedia y la obtención de las imágenes de treinta y cuatro cámras instaladas en el lugar.

El creciente número de víctimas mortales —39 fallecidas al 11 de marzo— indignó a la población de la Ciudad de Guatemala, quien inició concentraciones en la Plaza de la Constitución para manifestar su repudio a lo que consideraban negligencia, corrupción e ineptitud de parte de la autoridades del gobierno guatemalteco.

Ese mismo día se supo que el director de la Secretaría de Bienestar Social había presentado su renuncia, aunque no fue aceptada por el gobernante, y que había sido arraigado por los tribunales de justicia para que enfrente sus responsabilidades.
Alrededor de doscientas personas caminaron por las calles de la ciudad leyendo los nombres y las edades de las niñas fallecidas a la Plaza donde había más manifestantes; los gritos que más se escucharon fueron: 
«fue el Estado», 
«no fue un accidente, fue una ejecución» y 
«el único accidente es este Presidente», en referencia al presidente Jimmy Morales.