DEC 2017, Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales.

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES 

DE SERVICIOS SOCIALES DE ESPAÑA,

Fuente directoressociales.com.

ÍNDICE DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 2017.


Existen diversos estudios que miden y valoran la pobreza y la desigualdad, o determinados aspectos relacionados con las necesidades sociales de la población.


Pero el Índice DEC es el único estudio que trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de un Sistema, los Servicios Sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España. 



El Índice DEC se aplicó por primera vez en 2012; esta es su quinta aplicación.

El Índice DEC aborda tres aspectos esenciales en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales:
. D. de derechos y decisión política (hasta 1,5 puntos sobre la valoración global)
• E. de relevancia económica (hasta 3 puntos sobre la valoración global)
• C. de cobertura de servicios (hasta 5,5 puntos sobre la valoración global).

RESULTADOS DEL INDICE DEC 2017

.- EVOLUCIÓN POSITIVA DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, POR EL IMPULSO DE LOS NUEVOS GOBIERNOS DE LAS CA.AA.
No obstante, se aprecian riesgos de retornar al asistencialismo y la limosna institucional, en detrimento de servicios sociales de calidad

.- País Vasco y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales.
.- Canarias y la C. de Valencia, que tradicionalmente han sido las Comunidades con peores servicios sociales, aunque sigue en esta posición registran mejoras muy significativas.
.- Mientras la mayor parte de las Comunidades evolucionan de manera positiva, algunas, como la C. de Madrid, muestran un deterioro de sus servicios sociales.
.- Cataluña, contrariamente a la tendencia general, registra un retroceso en el gasto de sus Administraciones Públicas en servicios sociales desde el año 2013, año en el que tocan fondo los recortes en esta materia en el conjunto del Estado.

.- DISPARIDAD EN ENTRE UNAS Y OTRAS COMUNIDADES
Aunque en 2017 estas diferencias se amortiguan a nivel general, se siguen constatando grandes diferencias interterritoriales, que resultan extremas en la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicio; estos son solo algunos ejemplos:

. En algunas Comunidades más del 10% de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia (Andalucía, País Vasco, Murcia, Castilla y León o en la Rioja), y en otras este porcentaje es menos de la mitad, es decir, inferior al 5% (Canarias y la C. de Valencia)
. Sólo el 1,4% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia están a la espera de recibirlas en Castilla y León, mientras que en Canarias este porcentaje asciende hasta un 41,8%
. El 77,5% de quienes se encuentran bajo el umbral de la pobreza en el País Vasco se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción en esa Comunidad, mientras que en Murcia este porcentaje es sólo del 2,2%.
. En Extremadura hay 4,5 plazas residenciales de financiación pública por cada 100 personas mayores de 65 años. En Galicia sólo 1,08.
En el País Vasco hay 135,7 plazas de alojamiento para personas sin hogar, por cada 100.000 habitantes. En Extremadura 15,44.
Estas grandes diferencias de cobertura tienen su origen en claves organizativas y en una extrema disparidad en el gasto en servicios sociales que realizan las Administraciones Públicas (Comunidad Autónoma y Entidades Locales) en cada territorio:

. El País Vasco tiene invierte 611,8 € por habitante en 2016 en servicios sociales, y 600,37€ en Navarra. Incluso en Comunidades de régimen común, varias superan los 400€ (Extremadura, La Rioja y Cantabria), mientras que en la C. de Murcia son 262,39 y en la C. de Valencia 251,16
. El gasto que realizan la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales en materia de servicios sociales en Extremadura en relación a su PIB regional (2,737%) es tres veces superior al que supone en la Comunidad de Madrid (0,944%)
. El gasto en servicios sociales de las Administraciones vascas (regional y locales) en 2014 supuso un 10,05% del total del gasto de estas Administraciones. En la Comunidad de Valencia el gasto supone sólo un 5,79%

.- GASTAR MÁS NO ES NECESARIAMENTE HACERLO MEJOR: Vertebración y descentralización local parecen determinantes para la eficiencia del Sistema

La aplicación del Índice DEC 2017 confirma que el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las Administraciones Públicas. No necesariamente los territorios con mayor gasto (tanto autonómico como local), son los que tienen una mayor oferta de prestaciones y servicios.

Una de las claves que pueden explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales. Los territorios con una ratio más baja (excesivo gasto para la cobertura que ofrecen) han coincidido con aquellos en los que la organización presenta baja participación local en la gestión y entrega de servicios sociales: Extremadura, Asturias o Cantabria presentan índices de cobertura bajos (entre 3,4 y 4,0) para un esfuerzo económico muy elevado (entre 7,7 y 9,7). Es notorio que estas comunidades han desarrollado sus servicios sociales dando la espalda al nivel local, produciendo solapamientos, zonas de sombra e ineficiencias. En el otro extremo, territorios con alto protagonismo local en la gestión de los servicios sociales como Andalucía y Castilla y León ofrecen mejor cobertura para el esfuerzo económico que presentan

.- EN 2017 SE HABRÁ RECUPERADO EL GASTO EN SERVICIOS SOCIALES RESPECTO A 2010.
El gasto público en la materia estricta de servicios sociales en 2016, ascendió a 17.051 millones de euros, con una distribución que mantiene las proporciones de años anteriores: el 13,2% la Administración General del Estado, el 25,2% las Entidades Locales y el 61,7·% las CC.AA:

En términos generales podemos afirmar que las restricciones presupuestarias severas se inician en 2011 y continúan hasta 2014, año en el que se inicia la recuperación de los niveles de gasto de forma que probablemente en la liquidación de 2017 se recupere el nivel de gasto del año 2010.

.- EL ESFUERZO LOCAL SE HA FRENADO Y NO SE RECUPERA DEL TODO.
Hasta 2016 sí se produce una reducción del gasto "propio" de forma que en ese último año parece haberse frenado en 4.300 millones de euros, muy por debajo de los 5.160 de 2010. Las transferencias recibidas por las Entidades Locales para desarrollar servicios sociales procedentes de las comunidades autónomas se mantuvieron en torno a los 1.300 millones de euros y no sufrieron reducciones drásticas.

.- LA TENSIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Las transferencias finalistas estatales para la atención a la Dependencia sufrieron importantes recortes a partir del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio y desde entonces no se han recuperado. Mientras las Comunidades han tenido que abordar el despliegue de las atenciones a las personas en situación de dependencia además de atender a una buena parte de población muy castigada por la crisis.

Considerando los recortes producidos en esos años en otras políticas de gasto no se puede decir que los servicios sociales fueran los peor parados y a partir de 2014 se inició una recuperación que hizo que en 2016 ya se hubiesen recuperado los recortes incluso con la menor aportación finalista estatal.

.- EL ESTADO... EN RETIRADA
A pesar de que algunos servicios sociales de obligada entrega (Dependencia) dependen por Ley de la garantía estatal de financiación mínima para su desarrollo homogéneo en todo el territorio del Estado, la AGE ha mantenido sin duda la política más dura respecto al gasto público en servicios sociales.

Si a este panorama le unimos otros síntomas como la reciente retirada de la gestión de buena parte del 0'7% del IRPF (dirigido a las entidades del tercer sector) por la Sentencia del Tribunal Constitucional que determina que dichos fondos (230 millones de euros) deberán ser distribuidos por las Comunidades Autónomas, la acción del Estado en materia de Servicios Sociales es cada vez más residual, manteniendo únicamente como obligación –a todas luces incumplida- la financiación del sistema de atención a la dependencia, así como las derivadas de Pacto del Estado con las CC.AA. para cofinanciar estructuras básicas de servicios sociales (Plan Concertado)


Para más información: 
José Manuel Ramírez Navarro. Presidente  ADYGSS. 
Email: directoressociales@hotmail.com