Más de un año después de implementarse el coordinador de bienestar en los centros educativos, la nueva figura no cumple las funciones para las que fue creada porque "falla en la teoría y en la práctica", ninguna comunidad autónoma le destina presupuesto y el profesorado se siente solo y desbordado.
30/10/2023 08:05
Madrid, 30 oct (EFE).- Más de un año después de implementarse el coordinador de bienestar en los centros educativos, la nueva figura no cumple las funciones para las que fue creada porque "falla en la teoría y en la práctica", ninguna comunidad autónoma le destina presupuesto y el profesorado se siente solo y desbordado.
Son algunas de las conclusiones del informe publicado hoy por la ONG Educo "Coordinador/a de Bienestar y Protección: balance del primer año, donde analiza y repasa este cargo nacido con la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), e instaurado en los colegios con "desiguales e insuficientes resultados".
“Hay un incremento de casi el 40 % de las notificaciones de violencia, los abusos sexuales contra la infancia y la adolescencia han aumentado un 300 % y las cifras de suicidios de niños y niñas entre los 10 y 14 años nunca han sido tan altas. Es inadmisible que no se vuelquen los esfuerzos en intentar resolver este problema y que esta figura (...) se haya convertido en un mero trámite”, afirma la directora general de Educo, Pilar Orenes.
Una norma insuficiente y diferente según la autonomía
Al no haber un decreto estatal que exija unos mínimos obligatorios sobre las funciones del rol, unas horas exclusivas para desarrollarlas, y una formación eficaz y previa al desempeño del puesto, la figura falla, subraya Educo.
Cada comunidad ha desarrollado la norma a su manera y, salvo ejemplos contados, lo ha hecho sin apenas profundizar en ella.
"Urge un decreto estatal que clarifique”, explica Paula San Pedro, coordinadora de Incidencia de Educo y coautora del informe.
En siete comunidades (Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco) el coordinador se regula mediante una circular que no tiene ni carácter obligatorio.
Se une a ello que ninguna autonomía tiene presupuestado el nuevo puesto: “El presupuesto es pieza clave para que puedan desempeñar sus funciones. Los colegios no pueden asumir estos gastos. Sin la inversión de las administraciones competentes, la propuesta fracasará porque los procedimientos e iniciativas que el o la coordinadora de Bienestar identifique para generar entornos seguros y protectores han de estar sostenidos por un presupuesto específico”, dice.
Dentro del presupuesto debería estar contemplada también la remuneración, para poner en valor la figura, como se hizo con el coordinador COVID19. Actualmente, solo Canarias, Cataluña y Galicia proponen algún tipo de complemento, y no necesariamente económico.
A la falla normativa le sigue la falla práctica. Para empezar, dice Educo, se ha observado que hay un gran desconocimiento sobre las funciones del coordinador.
De hecho, en el desarrollo normativo de Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, Murcia y La Rioja no se incluye una mínima definición de las características del puesto.
“Hemos hablado con numerosas personas que ejercen el rol y el sentimiento es común: se encuentran perdidas y sin apoyo de los distintos niveles de la administración”, explica Paula San Pedro.
Además, solo Extremadura y Galicia establecen la necesidad de formación inicial.
“El éxito de esta figura dependerá en gran medida de su formación. No puede ser que nosotros recibamos una capacitación de 30 horas mientras que la de los monitores de tiempo libre sea de 270 horas. Es una vergüenza.”, se queja un coordinador de Bienestar y Protección de un colegio de Madrid consultado para el informe.
Falta de horas liberadas
Normalmente cuentan con entre una y tres horas semanales, sin importar si existen protocolos abiertos o el número de alumnado del centro. En cuatro comunidades la normativa ni siquiera establece la liberación de horario (Cantabria, Navarra, Murcia y País Vasco).
Esto contrasta significativamente con las dificultades burocráticas, algo que Educo también recalca, abogando por facilitar y simplificar los procedimientos en caso de abrir un protocolo.
“Es un marrón”
La suma de carencias asociadas al puesto repercute directamente en la seguridad y confianza de la persona que tiene que asumirlo: “Yo acepté este rol porque creo firmemente que puede ayudar a mejorar la salud emocional del alumnado. Pero la realidad es muy distinta. Es un marrón, dejas todo a medias, no lo pagan y no hay horas. No sé si seguiré el próximo curso”, aseguraba una coordinadora de Bienestar y de un colegio de primaria en Huesca.
Por último, falta apoyo externo de las consejerías de Educación, los servicios sociales, los centros de salud y la Policía. “Derivamos un caso grave de un alumno a los servicios sociales al principio de curso, siete meses más tarde seguimos sin tener respuesta. No hay suficientes recursos”, comentan desde un IES en Santiago de Compostela.
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