"Durante más de un siglo, los objetivos centrales de la política indígena de Canadá eran eliminar los gobiernos aborígenes, ignorar sus derechos, terminar los tratados y, a través de un proceso de asimilación, provocar su extinción como entidad legal, social, cultural, religiosa y racial diferente", señala en su primera frase el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación de Canadá, publicado en 2015.
"El establecimiento y funcionamiento de las escuelas-residencia fueron un elemento central de esta política, que se puede describir mejor como genocidio cultural", sostiene el documento. El sistema comenzó oficialmente en 1883 y el último centro cerró en 1996, aunque la mayoría ya lo había hecho en los años 80. Llegó a haber 130 de estos centros y muchos de ellos estaban dirigidos y gestionados por la Iglesia católica.
"Estos hallazgos son solo la punta del iceberg. Lamentablemente, vamos a ver más y más", dice a elDiario.es Heather Bear, vicepresidenta de la Federación de Naciones Indias Soberanas, representante de los 74 grupos indígenas de Saskatchewan. "Esto es solo el comienzo y creo que estamos destapando un legado para Canadá".
Las condiciones de los centros
La historia comenzaba con una carta de las autoridades o con el cura, policía o agente indio de turno presentándose en casa. Los padres estaban obligados a enviar a sus hijos a estas ‘escuelas’ y les amenazaron con ir a la cárcel si no los mandaban. Muchos de esos menores fueron trasladados a lugares remotos, las visitas estaban limitadas y muy controladas y a los hermanos se les separaba. Todo con el objetivo de romper lo máximo posible con su identidad de indígena y matar así al indio que había dentro del niño.
A su llegada se les cortaba la trenza (que a menudo tenía un significado espiritual), se les cambiaba la ropa por un uniforme y sus nombres indígenas por otros occidentales. Se les prohibía hablar en su lengua materna y en ocasiones tenían que hacer trabajo forzado para "financiar el funcionamiento de las escuelas", según detalla el informe.
"En algunas escuelas también eran esposados, maniatados, golpeados, encerrados en sótanos y otras cárceles improvisadas o exhibidos en cepos", señala el documento. Además, muchos sufrieron abusos sexuales. Las condiciones sanitarias tampoco eran las adecuadas y muchos de los niños fallecidos murieron por enfermedades, especialmente tuberculosis. Según los datos de la comisión, al menos 4.100 niños murieron en los internados, aunque la cifra real probablemente es mayor.
Durante la mayor parte de la historia de estos centros, la política general era no devolver los cuerpos a las familias, que incluso no recibían ninguna notificación. En cerca de la mitad de los casos no se registró la causa de la muerte. Bear denuncia que ni Canadá ni la Iglesia han entregado los registros oficiales de los centros para saber el alcance de las muertes. "No podemos permitirles suavizar esto más de lo que lo han hecho. Hay centenares de niños de los que no sabemos nada", dice.
La comisión también recogió múltiples testimonios de abusos sexuales, como el de Marie Therese Kistabish: "El cura me dijo que me arrodillase. Lo hice y empezó a levantarse la sotana. Era una túnica negra larga. Yo empecé a llorar y gritar para que me dejase ir". Otros relatan en detalle tocamientos, violaciones, amenazas, etc.
"Fue un holocausto de nuestros niños. Eran campos de concentración", dice Heather Bear. "La Iglesia y el Estado tienen que reconocerlo. Recibimos una disculpa de Canadá, pero realmente no hemos abordado el genocidio de nuestro pueblo. El Papa ni siquiera se ha disculpado y admitido que ocurrieron atrocidades a manos de curas y monjas".
"Hay que acabar con el racismo de este país"
En 2006, Canadá llegó a un acuerdo extrajudicial con las comunidades indígenas tras la presentación de la demanda conjunta más grande de la historia de Canadá por parte de supervivientes de estas escuelas. En dicho acuerdo, además de indemnizaciones económicas, se pactó la creación de la Comisión de la Verdad y Justicia, que publicó su informe final casi ocho años después del inicio de las investigaciones.
"Los canadienses han sido educados para creer en la inferioridad de los pueblos indígenas y en la superioridad de las naciones europeas. Esta historia y sus consecuencias, por tanto, no deberían verse como un problema indígena. Es un problema canadiense", escribe en la introducción Murray Sinclair, presidente de la comisión y juez de origen indígena.
"Tenemos a nuestra gente caminando perdida sin idioma, sin cultura, sin tradiciones y sin valores que han perdido con esta política. Y eso es lo que necesitamos para sanar", dice. "Se nos ha enseñado que el perdón consciente es el paso para la curación, pero ¿a quién tengo que perdonar? ¿A Canadá, a la Iglesia, a Dios? Alguien tiene que dar un paso al frente, admitirlo y ayudarnos a reparar nuestras naciones porque el sistema actual, en el que se supone que somos compañeros de igual a igual en esta tierra, está mal. [Nuestra comunidad] sufre pobreza y desigualdad en todos los ámbitos".
"Cuando hablamos de los colonos, ha llegado la hora de acabar con la discriminación y el racismo en este país. Ese mismo grupo está construyendo otras instituciones como la penitenciaria, el control policial… Los que las dirigen y controlan son todo colonos, no hay indígenas. Las cárceles de todo el país están llenas de nuestra gente", denuncia. "La representación e indigenización parecen palabras muy bonitas, ¿pero está ocurriendo?"
Bear, sin embargo, se muestra optimista cuando mira al futuro. "Estamos haciendo todo lo que podemos para revitalizar nuestra cultura, tradiciones, costumbres e idioma. No podemos cambiar lo que ocurrió en el pasado, pero siempre hay un mañana".
