"No podemos reducir el problema del conflicto
en el centro educativo al conflicto entre los adolescentes;
no es que no exista, pero no es la única variable que debe elaborarse”.
Señaló investigadora, Nilia Viscardi*,
rechazó la reducción del conflicto escolar únicamente al bullying.
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| Nilia Viscardi. | Foto:
Pablo Vignali |
Con el objetivo de generar reflexión e intercambio sobre el rol
que juegan los centros educativos en la promoción de derechos de niños y
adolescentes, la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y el Consejo de Educación Inicial y
Primaria (CEIP) organizaron un congreso que se extendió durante dos días
y puso el foco en la convivencia. Como contracara de ese concepto, el
viernes y el sábado también se habló sobre la violencia dirigida hacia
ese tramo etario de la población, que muchas veces está naturalizada en
la sociedad uruguaya.
Ese fue el tema en el que se centró la intervención de Nilia
Viscardi, del departamento de Pedagogía Política y Sociedad de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la
República). La académica entiende al sistema educativo como “un
dispositivo cultural que permite una salida a las dinámicas de control y
moralización”, que, al mismo tiempo, “abre camino para trabajar la
democratización de las instituciones”.
Viscardi consideró importante el
trabajo en cultura para “desandar las prácticas que tienen que ver con
el exceso de poder y las relaciones de violencia, que muchas veces
surgen en los contextos culturales, que debemos transformar porque son
los que tenemos a mano para hacer retroceder las prácticas de
violencia”.
La investigadora señaló que al hablar de violencia en las
instituciones educativas, buena parte de los adultos la vincula al
desconocimiento de la autoridad y del cargo del docente, lo que implica
un reclamo a los adolescentes. Según agregó, ese planteo “fracasa frente
a las actuales dinámicas”, que deben pasar por el reconocimiento del
otro. “Esto es lo que los niños y adolescentes reclaman
sistemáticamente. Hay un vínculo vacío de sentido cuando un docente se
relaciona conmigo en virtud de su lugar de poder en la institución y no
me trata como sujeto. ¿Qué sentido tiene dar voz a los estudiantes si no
se escucha lo que dicen y si finalmente los criterios son tomados en
función del poder y de la autoridad? Al vaciarse de sentido, resultan en
un exceso de poder y una violencia. La construcción de reconocimiento
mutuo es fundamental en los vínculos”, reflexionó.
En suma, señaló que las propuestas elaboradas por los docentes para
abordar situaciones de violencia mayormente sugieren “lógicas que se
centran en debatir sobre la convivencia y definir reglas y normas:
fundamentalmente poner límites”. Al mismo tiempo, planteó que “colocan
la centralidad del conflicto en los estudiantes, en el problema del
orden en el aula y de los vínculos”.
A destiempo
Si bien Viscardi entendió que los derechos de niños y adolescentes en
la sociedad uruguaya se actualizaron en los últimos años,
principalmente a partir de la sanción de nuevas leyes y del
reconocimiento de tratados y convenciones internacionales, consideró que
“las prácticas culturales del sistema educativo se forjaron hace más de
un siglo, cuando era natural el destrato y la violencia física e
institucional”. “Tenemos dificultades para comprender la lentitud de los
cambios culturales. En el ADN del sistema educativo aún están
inscriptos el maltrato y la violencia sobre el niño y el adolescente;
las nuevas leyes y convenciones son elementos recientes y tenemos que
seguir trabajando para que estas dos culturas se armonicen en nuevas
prácticas”, evaluó.
Por su parte, la académica indicó que cuando los estudiantes tienen
una valoración negativa de un docente, principalmente se refieren a su
apatía, y también hablan de lógicas institucionales “insalubres”, que
ponen de manifiesto “el problema del sufrimiento escolar, que es una
categoría muy poco atendida”. “Se habla de violencia en general, como
violencia doméstica, entre pares, pero hay una categoría que se está
generalizando y es el sufrimiento ocasionado dentro de las instituciones
educativas; está vinculado a la relación con el saber, con el docente y
a las prácticas de la institución. El bullying, como se conoce
al destrato entre estudiantes, es un problema, pero también lo es el
destrato de la institución, el docente que no vuelve a explicar, el
exceso de poder, la norma impuesta sin sentido. No podemos reducir el
problema del conflicto en el centro educativo al conflicto entre los
adolescentes; no es que no exista, pero no es la única variable que debe
elaborarse”, señaló.
En esa línea, relacionó la reducción del conflicto escolar al bullying
con el proceso de criminalización de adolescentes y jóvenes en Uruguay,
donde existen la misma cantidad de adolescentes privados de libertad
que en Francia, que tiene 60 millones de habitantes. “Con estas
tendencias culturales a castigar, encarcelar y encerrar a los
adolescentes en instituciones en las que se violan sus derechos humanos,
no podemos pensar que las instituciones van a estar carentes y ausentes
de estas prácticas y visiones”, concluyó. De todas formas, la
investigadora discrepó con quienes sostienen que las instituciones
educativas únicamente reproducen conflictos que se dan en otros espacios
sociales, como la familia o el barrio. Según fundamentó, en la mayoría
de los estudios de convivencia escolar hay acuerdo en que en el sistema
de enseñanza tienen lugar violencias generadas desde las propias
instituciones.
Viscardi dijo que dentro del sistema educativo los adolescentes
buscan relacionarse con adultos que puedan vincularse “desde el lugar
del saber” y “que saben por qué están allí”. Por lo tanto, entendió que
los educadores que dicen frases como “no sé por qué estoy acá” o “no sé
cuál es el sentido de este trabajo” son los primeros en promover el
conflicto en el sistema educativo, ya que le quitan importancia a la
tarea docente.
Además, señaló que los jóvenes muchas veces plantean la posibilidad
de representar sus conflictos por medio del arte, y también se ha
trabajado su expresión mediante el juego y otras nuevas formas de
participación. Para la académica, estas nuevas modalidades pueden
vincularse con mecanismos de participación política más tradicionales,
para generar un contexto más propicio para que los adolescentes puedan
expresar sus “sentimientos, sufrimientos y deseos”.
Hacia adelante, la investigadora consideró importante “rever la
cuestión de la autoridad docente” y reforzar el vínculo con la
comunidad, sumado a que el profesor debe dejar de verse únicamente como
el encargado de una materia y a que es necesario tener en cuenta que el
trabajo en convivencia forma parte de su tarea. “Si no le gusta trabajar
con el otro y con el adolescente, pero eligió ser docente porque creyó
que le gustaba enseñar matemática, hay un problema vocacional. El
trabajo pedagógico es un trabajo de vínculo con el otro, a través del
saber”, dijo al respecto.
Viscardi también planteó que si bien, por un lado, los adultos
pretenden que los alumnos se responsabilicen por sus acciones, por otra
parte, muchos docentes “tienen un enorme temor a perder la centralidad
de su poder y de su cargo”. “He ahí una tensión. A los adultos nos
cuesta entender cuál es el vínculo entre empoderar a los adolescentes y
perder poder, y cómo puede trabajarse la autoridad docente en ese
sentido”, reflexionó.
Otro trato
En el seminario también se expusieron diversas experiencias de
promoción de derechos de niños y adolescentes, dentro y fuera del
sistema educativo.
Por ejemplo, Lucía Vernazza, de UNICEF, habló de la
campaña Trato bien, que buscó
desnaturalizar la violencia hacia los niños en Uruguay. La campaña
surgió a partir de una encuesta de UNICEF que mostró que 54% de los
adultos admitió haber ejercido violencia contra un menor de edad, y 25%
ejerció la violencia física. Según Vernazza, la encuesta también relevó
que la violencia está dirigida en mayor medida hacia niños varones.
A
partir de estudios cualitativos, llegaron a la conclusión de que estas
prácticas estaban muy naturalizadas en la crianza, ya que al aplicarla
no había una intención de maltratar, sino de “darle lo mejor al niño”.
Por eso, la campaña buscó brindar alternativas no violentas para poner
límites en esa etapa de la vida, y además hacerlo desde una perspectiva
“empática” y “no culpabilizante de los padres”.
Además, se presentaron experiencias como la de la campaña Un trato
por el buen trato, impulsada por el programa Claves, el programa
Escuelas Disfrutables del CEIP, y otras implementadas a nivel
territorial por docentes de centros educativos públicos y referentes de
la Unidades Coordinadoras Departamentales de Inclusión Educativa de la
Administración Nacional de Educación Pública.
*Nilia Viscardi, del departamento de Pedagogía Política y Sociedad de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la
República), Uruguay.
