El compromiso de Cuba con su infancia

El deber de Unicef con la Isla será invariable porque, a pesar del complejo escenario que vive el país, el Gobierno y sus instituciones tienen un compromiso explícito con la protección de las infancias y las adolescencias, afirma Alejandra Trossero, quien lleva casi dos años y medio de trabajo en la Mayor de las Antillas



Juventud Rebelde

Raciel Guanche Ledesma

21 julio 2024



Cuba es hoy un modelo a seguir en materia de nuevas legislaciones, sobre todo en lo que respecta al derecho familiar y al desarrollo pleno de los niños, adolescentes y jóvenes. Así lo catalogó, en entrevista con Juventud Rebelde, la argentina Alejandra Trossero, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en la Mayor de las Antillas.


Al decir de la destacada sicóloga de profesión, con más de 20 años de experiencia en promoción de derechos de la niñez y desarrollo en adolescentes, pese a los tantos obstáculos que atraviesa la isla caribeña atesora logros significativos en varios de los Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.


El Estado cubano, como signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1991, siempre ha mostrado una fuerte voluntad política para garantizar el presente, futuro y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, especialmente —precisó Trossero— en el ámbito de la cobertura educativa y la atención a la salud materno-infantil. Además, prioriza el avance integral de la primera infancia con programas de educación y salud como el de Atención Materno-Infantil, Educa a tu Hijo y la atención en los círculos infantiles.


Destacó que otro punto ponderable desde la perspectiva de Unicef es la atención las personas con discapacidad. La política social del país resulta muy avanzada en este aspecto, pues va dirigida a elevarles la calidad de vida y hacia la igualdad de oportunidades. «Aquí un joven con discapacidad tiene garantizado derechos, y su limitante física en realidad no lo es para estudiar y crecer profesionalmente», comenta.


Pese a las complejas transformaciones que lleva a cabo el país, la representante aseveró que en todo momento sigue existiendo un compromiso explícito del Gobierno y sus instituciones de mantener los logros alcanzados en la protección de las infancias y adolescencias. Expresión de ello fue la aprobación en julio de 2023 de una nueva Política integral de niñez, adolescencias y juventudes, junto con su Plan de Acción 2023-2030.


En la línea correcta


La Constitución aprobada en el año 2019 ya introdujo aspectos relevantes en la protección de la niñez que están recogidos, incluso, en la Convención de los Derechos del Niño. Por eso, a juicio de Trossero existen principios muy importantes en la Carta Magna cubana, como considerar al niño un sujeto de derechos, al igual que una persona adulta. Lo único que los distingue —dice— es que el infante necesita de un sistema de protección específico para poder desarrollarse y crecer, y que los gobiernos tienen buena parte de la responsabilidad de garantizar ese desarrollo.


Y es lo que está realizando Cuba actualmente, agrega. Primero llevando a ley las voluntades colectivas con extraordinaria seriedad y sentido del deber como Estado, y luego, de forma progresiva, poniéndolas en práctica.


En ese marco, reconoce la Política integral de niñez, adolescencias y juventudes en la línea correcta, porque no solo hacen falta normas y leyes, sino que las naciones también deben llevarlas a estrategias y políticas específicas para implementarlas de la mejor manera posible.


Asegura Trossero que esta nueva Política se traza entre sus objetivos articular el cuerpo de estrategias que luego permita hacer cumplir, poco a poco, todo lo que está escrito en la nueva Constitución y en el Código de las Familias.


Sobre este último en particular, señala que tuvo la suerte de acompañar desde muy cerca la construcción del proyecto del Código de las Familias casi recién llegada al país y ello le permitió aprender a fondo del contexto nacional. Sin duda, esa norma jurídica constituye un referente no solo a nivel regional, sino también para el mundo, valora.


Cuba ha hecho un proceso muy interesante desde la consulta con las bases populares; pero, además, llamó a los mejores expertos para apoyar la definición de un Código de las Familias que tiene en el centro de sus prioridades el desarrollo pleno de los infantes, adolescentes y jóvenes, dice.


El apoyo será invariable


Para nuestro país el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, del cual forma parte Unicef como una de sus agencias de trabajo, ha sido importante y, en algunos casos, resalta con mucha relevancia. El acompañamiento no solo va dirigido al asesoramiento legislativo en beneficio de la infancia desde cero a 18 años, sino que toca otros puntos de la vida cotidiana.


Durante el pasado año, por ejemplo, se fortalecieron con la ayuda de Unicef los servicios de neonatología en 19 centros especializados de todo el país, y fue posible obtener a través del mecanismo varias incubadoras, mantas térmicas e insumos indispensables.


Según explica Trossero, es conocida la gran capacidad de producción de vacunas del Archipiélago, admirada por todo el mundo, pero hay una en particular que los niños menores de un año requieren y que no se puede producir en el país. Desde Unicef, agrega, existe el compromiso todos los años de traer esa vacuna para proteger a los niños contra la rubéola, la parotiditis y el sarampión.


Nada de ello fuera posible sin un trabajo sólido interagencial del Sistema de Naciones Unidas en Cuba y las instituciones del Estado, las cuales Alejandra cataloga como relaciones de hermandad. «Hasta ahora estamos muy satisfechos con la labor realizada porque no se trata solo de Unicef, es un trabajo conjunto que parte de las instituciones cubanas», significó.


De nuestra parte, obviamente, nos gustaría hacer muchísimo más —comenta—, pues sabemos la situación difícil que atraviesa el país y las dificultades que vive, sobre todo en la adquisición de insumos y de equipamiento debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos. «De ahí que a veces sintamos una gran frustración de no poder abarcar mayores cosas. Pero siempre intentamos hacer todo lo que está al alcance de Unicef, ya sea movilizando recursos para poder apoyar al país en esos esfuerzos».


Una de las preocupaciones que tenemos hoy —asegura— es la falta de medicamentos pediátricos. Y la urgencia va encaminada a buscar más financiamiento para poder traer los insumos que son esenciales en el caso de los niños.


Sin embargo, movilizar recursos para nuestro país resulta extremadamente complicado, incluso a través del Sistema de Naciones Unidas. Y es que, a diferencia de otros países, Cuba tiene un grupo reducido de donantes justamente por los problemas que conocemos con las sanciones y el bloqueo estadounidense, opina Trossero.


La dificultad está dada a la hora de articular esas donaciones hacia Cuba, por lo que, respecto a las demás naciones, está en situación de desventaja en relación con el financiamiento para el desarrollo. «Existe una limitante muy grande para conseguir fondos específicos hacia Cuba», aseveró.


Pese a todas las dificultades objetivas y muy reales que debe enfrentar nuestro país cotidianamente, nada congratula más a esta mujer argentina que el hecho de llegar a una institución de salud cubana y entregar algún tipo de insumos. «Satisface cuando el personal de primera línea, por ejemplo, sabe que puede contar con los medicamentos para la atención a un niño, niña o adolescente», precisa.


Si bien los avances han sido enormes, aún queda camino por recorrer para asegurar el pleno bienestar de cada infante. La pandemia de la Covid-19, que paralizó al mundo y al país durante dos años, dejó una marca de la cual nos cuesta recuperarnos. Para la mayoría de los niños —reconoce Trossero— esa etapa marcó el comienzo de la vida escolar de manera virtual, las relaciones a distancia, la falta de oportunidades de socialización y la pérdida de familiares cercanos.

De ahí que el trabajo dentro de la Isla —dice— también ha estado enfocado en los últimos tiempos, luego de la pandemia y con la crisis multifactorial, a la recuperación de los servicios esenciales y el apoyo sicoemocional a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

Informe Annual de DNI 2023-2024: Promoviendo la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes 

Defensa de Niñas y Niños Internacional ha publicado su Informe Anual para el año 2023-2024. El informe destaca los logros significativos en la promoción y protección de los derechos de los NNA en todo el mundo. 



Defensa de Niños y Niñas Internacional

Secretaría Internacional

23 de julio de 2024



Asimismo, subraya el renovado enfoque de DNI en la "Justicia para las Niñas, Niños y Adolescentes" con cuatro prioridades clave: los NNA privados de libertad, la violencia contra los NNA en contextos de migración y los NNA afectados por conflictos armados.


Entre nuestros logros principales se incluyen: 

  • La expansión de los Centros de Defensa Sociojurídica (CDJS) que proporcionaron apoyo legal a 628 NNA en Cisjordania y Jerusalén Este a través de Palestina.
  • El mayor énfasis en la participación infantil, ilustrado por iniciativas como el pódcast "Radio IntegraVoZ 77.2" de DNI-Costa Rica y el Consejo Nacional de la Juventud de Italia para el Defensor del Pueblo para la Infancia y Adolescencia.
  • Los avances en los esfuerzos de igualdad de género a través de programas como She Leads, que fomentan una mayor participación de las niñas y las mujeres jóvenes en los procesos de toma de decisiones, particularmente en África Occidental, Oriente Medio y en la ONU.
  • Las actualizaciones a la Política de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de DNI, que subrayan un compromiso firme con los más altos estándares de protección infantil. 

El informe también reconoce los desafíos actuales, incluida la reducción del espacio cívico para organizaciones de derechos de los niños y la disminución de la financiación para iniciativas de derechos del niño en todo el mundo.

 

Mientras que DNI celebra su cuadragésimo quinto aniversario en 2024, la organización reafirma su dedicación a un mundo en el que todos los niños puedan disfrutar de sus derechos con dignidad en una sociedad justa y responsable.


Lea el informe Anual aquí (en inglés) 

UNICEF sobre Código Penal (República Dominicana): “Es de vital importancia proteger a la niñez contra cualquier forma de violencia”

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el país tras su participación en las vistas públicas sobre el Proyecto de Ley del Código Penal, reitera sus recomendaciones para la ejecución del relevante documento estatal.



Hoy Digital

21 julio, 2024



Anyoli Sanabria, es la vocera de UNICEF,
en la República Dominicana.

“Entendemos que la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley del Código Penal de República Dominicana tiene un reconocido interés, apertura y compromiso con el manejo de los temas de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, nación que en dos ocasiones ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto quedó demostrado en la invitación a vistas públicas que hiciera dicha Comisión a la sociedad, siendo nuestra organización una de las entidades invitadas a participar de este encuentro”, expresa Anyoli Sanabria, representante adjunta UNICEF.

Este organismo internacional, en su participación pública, se sumó al planteamiento de que es preciso garantizar la compatibilidad entre el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño con el Código Penal, ya que citado artículo invita a los Estados signatarios a emplear todos los esfuerzos para proteger a niñas, niños y adolescentes contra todos los tipos de violencia.


“La petición de UNICEF no es nueva.  En 2023, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado dominicano a que se prohíba de forma expresa, y se eliminen los castigos corporales, tanto de la ley como de la práctica, en todos los ámbitos, incluidos el hogar, los centros con modalidades alternativas de cuidados y las guarderías. Esta recomendación fue aceptada por la delegación del país en Ginebra, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), por reconocer la deuda de la nación dominicana con relación a la armonización de su marco legal a las mejores prácticas internacionales para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia”, agrega Sanabria.


Asimismo, la vocera de UNICEF destaca que “en ese mismo año, una delegación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y UNICEF se sentaron con los integrantes de las Comisiones de Justicia, de Niñez y de Adolescencia, Juventud, Derechos Humanos y Asuntos Municipales centrándose su atención en el artículo 123”.


“En su actual redacción, el artículo sugiere a la sociedad dominicana que la violencia ejercida hacia niños, niñas y adolescentes en el hogar está permitida siempre que no represente un ‘patrón’ y no sea ‘reiterada’. Esta lectura termina por imponer la carga probatoria a la víctima para poder obtener medidas protectoras o penales, ya que además de comprobar la violencia debe adicionalmente comprobar la repetición de la conducta”, afirma la representante adjunta.


A su vez, puntualiza en que: “el mensaje social que este artículo transmite es esencialmente dañino para la infancia, puesto que autoriza el uso de la violencia, apenas limitando la recurrencia. Ahora, como UNICEF, tras analizar las estadísticas dominicanas e internacionales podemos decir que las víctimas más frecuentes serán los niños y niñas más pequeños y aquellos con una discapacidad”.


En todo el mundo persisten normas sociales perniciosas que sustentan los métodos de crianza violentos. En República Dominicana, el 64% de los niños, niñas y adolescentes entre 1 y 14 años ha sufrido violencia física o psicológica de sus cuidadores, y la cifra aumenta a 70% en las edades comprendidas entre los 3 a 4 años, según datos de la ENHOGAR-MICS Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de 2019 efectuada por UNICEF y la Oficina Nacional de Estadística (ONE).


UNICEF, en su comunicado, remarca que “es particularmente importante escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes”.


De igual forma, argumentan: “hemos consultado a cientos de adolescentes y de jóvenes dominicanos, con el fin de saber cuáles temas les preocupan más, siendo los más frecuentes la salud mental y la violencia contra ellos y ellas”.


“Chicos y chicas nos contaron sus historias de cómo se suele pegar por cosas que no están bajo su control, porque no les creen o porque los adultos se encuentran preocupados por temas de adultos. Nos han comentado sobre la sensación de injusticia y de desamparo que suelen sentir en estas ocasiones y cómo esto se refleja en la degradación de su autoestima y de su salud mental”, manifiesta Sanabria.


Al finalizar las declaraciones del documento de prensa emitido por UNICEF, se enfatiza en que “la educación respetuosa no significa promover un estilo de crianza permisivo, significa respetar la dignidad de los niños, niñas y adolescentes en todo momento con límites claros basados en la razón, la sensibilidad, el amor, la igualdad, la tolerancia y el respeto”.

Asimismo, aseveran que “para República Dominicana es fundamental que la prohibición de la violencia física, en todos los entornos, se encuentre incorporada de manera expresa en los principales instrumentos jurídicos de la nación, y uno de ellos es el Código Penal. Es necesario que el Senado y la Cámara de Diputados se comprometan con los niños, niñas y adolescentes revisando el artículo 123 para eliminar las excepciones”. 

Proyecto de Código Penal bajo más severos cuestionamientos

Tras una andanada de vista pública este lunes en la sede del Congreso en la que resonaron objeciones, el Proyecto de Código Penal continuó bajo enérgico reparo de especialistas que aun admitiendo aspectos positivos de actualización, atribuyen al texto contener contradicciones, ambigüedades, omisiones, disposiciones innecesarias que confunden para su aplicación por estar en otras leyes … Sigue leyendo

Niños migrantes fueron alojados en refugios de EEUU donde los maltrataron por años, acusa demanda

MCALLEN, Texas. EE.UU. —  A medida que se acumulaban las acusaciones de abusos sexuales en el mayor proveedor de alojamiento para niños migrantes no acompañados en Estados Unidos, los funcionarios continuaban colocando más niños a su cuidado en un sistema que carece de una supervisión adecuada, afirman defensores de los derechos de los migrantes.



Los Angeles Times

JAIMIE DING y VALERIE GONZALEZ

Associated Press

Jul. 20, 2024



ARCHIVO - Edificios que albergan a menores en los terrenos de Southwest Key Campbell,
 un refugio para niños que han sido separados de sus padres, 28 de junio de 2018, en Phoenix. 
(Carolyn Kaster / Associated Press)


Una demanda presentada el miércoles por el Departamento de Justicia alega que los empleados de Southwest Key Programs Inc. abusaron sexualmente y acosaron a los niños a su cargo durante al menos ocho años. En ese tiempo, la organización sin ánimo de lucro acumuló miles de millones de dólares a través de contratos con el gobierno y siguió albergando a miles de niños migrantes que entraban en Estados Unidos sin compañía de un familiar adulto.


El viernes seguía sin quedar claro cuántos niños se encuentran actualmente en los refugios de Southwest Key, y los funcionarios federales no respondieron a preguntas sobre si se tomaría alguna medida en respuesta a la demanda. Quienes critican la situación, afirman que refleja un sistema que ha carecido de transparencia durante años.


“El punto central de esta demanda es que existe un patrón y una práctica”, dijo Leecia Welch, subdirectora legal de Children’s Rights. “Si están presentando esta querella de que vieron un patrón y práctica de acoso sexual y la vulneración de estos niños mientras seguían colocando niños en Southwest Key durante el mismo periodo, es por eso que tengo semejante desconcierto”.


Southwest Key, que opera con subvenciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus iniciales en inglés) a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), cuenta con 29 albergues para niños migrantes —17 en Texas, 10 en Arizona y dos en California— con capacidad para más de 6.300 niños.


El HHS no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico en las que se preguntaba si los niños seguirán siendo acogidos allí. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios más allá del anuncio de la demanda el jueves. Southwest Key no respondió a una solicitud adicional de comentarios enviada por correo electrónico el viernes.


“La ORR siguió otorgando contratos a Southwest Key a pesar de conocer algunos de estos problemas, por lo que en este momento no hay otro lugar para poner a todos estos niños”, dijo Diane de Gramont, abogada del National Center for Youth Law. “Y estaríamos extremadamente preocupados si los niños luego terminaran en instalaciones de la Patrulla Fronteriza por períodos más largos porque la ORR no tenía suficientes camas para ellos”.


La Patrulla Fronteriza debe transferir al HHS la custodia de los niños no acompañados en las 72 horas siguientes a su detención, y el HHS entrega la mayoría a sus padres o familiares cercanos tras breves estancias en Southwest Key o en refugios gestionados por otros proveedores contratados.


El Young Center for Immigrant Children’s Rights, una organización sin ánimo de lucro que aboga por los niños migrantes, pidió que los niños bajo custodia sean entregados inmediatamente a sus familiares y tengan acceso a abogados, así como a “tribunales independientes que atiendan sus denuncias por daños”.


Abusos previos cometidos en algunos refugios de Southwest Key llevaron a su clausura, como ocurrió con dos grandes instalaciones de Arizona que cerraron en 2018. El estado revocó sus licencias por no realizar adecuadamente la verificación de antecedentes de sus empleados, y una investigación más exhaustiva reveló varios casos de abusos físicos y sexuales, y acusaciones del gobierno de El Salvador.


El abuso refleja el importante papel que juega la supervisión estatal, algo que ahora falta en estados como Texas y Florida, donde los gobernadores republicanos revocaron las licencias estatales de las instalaciones que albergan a niños migrantes.


Los críticos afirman que no existe un sistema equivalente para denunciar e investigar el maltrato y el abandono infantil a través de la ORR, que supervisa el alojamiento de los niños migrantes.


“Si se produce un incidente de maltrato cuando el estado está allí, hay una línea directa clara a la que cualquiera puede llamar”, dijo de Gramont. “Hay una investigación obligatoria... hay una serie estricta de pasos que se supone que deben darse en ese contexto”.


Algunos expertos también se preguntaron por qué la querella se presentó como una demanda civil en la que no se responsabilizaría penalmente a nadie.


Daniel Hatoum, abogado del Civil Rights Project de Texas, cuya experiencia incluye la defensa de niños sometidos al trabajo de empresas contratistas que trabajan en el ámbito de la inmigración, dijo que una demanda penal podría surgir más tarde.


“La responsabilidad corporativa puede ser mucho más difícil para el Departamento de Justicia que la responsabilidad civil y, especialmente, la responsabilidad penal individual”, dijo. En la demanda civil se solicita un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios para las víctimas de los presuntos abusos.


La demanda del Departamento de Justicia se presenta menos de tres semanas después de que una jueza federal accediera a la petición de la dependencia de levantar la supervisión judicial especial del cuidado de los niños migrantes no acompañados en el HHS, conocida como el acuerdo Flores. Dicho acuerdo daba a los abogados que representan a los niños migrantes amplia autoridad para visitar las instalaciones de custodia y realizar entrevistas con el personal y otros migrantes, así como registrar quejas ante el tribunal.


El gobierno del presidente Joe Biden argumentó que las nuevas salvaguardias federales hacían innecesaria la supervisión especial 27 años después de su inicio. En un documento judicial, Toby Biswas, funcionario del HHS, pintó un panorama optimista de las numerosas protecciones de la nueva normativa para los menores no acompañados, así como de la rendición de cuentas independiente sobre las condiciones de su custodia.


En cambio, los defensores vieron un vacío en la supervisión.


Carrie Van der Hoek, subdirectora del Programa de Defensores de la Infancia del Young Center en Texas, dijo en una declaración jurada en la que se opone a la terminación del acuerdo Flores que su personal informó de aproximadamente 10 casos de presunto abuso y abandono al Departamento de Servicios de Familia y Protección (DFPS por sus silgas en inglés) del estado desde que Texas revocó las licencias en 2021.


“Cuando hicimos estos informes, en algunos casos, los funcionarios del DFPS nos dijeron que no investigarían la queja porque el DFPS no tenía jurisdicción sobre las instalaciones de la ORR”, dijo Van der Hoek. “En otros casos, no recibimos ninguna respuesta y no tuvimos conocimiento de ninguna acción tomada por el DFPS o cualquier otra agencia estatal para investigar el informe”.


Van der Hoek también dijo que si un niño llamara a los teléfonos preprogramados en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, instalaciones que les permiten llegar a la línea directa estatal para denuncias de abuso y abandono infantil, obtendrían la misma respuesta.


Biswas dijo que comenzaron a realizar “revisiones en profundidad” de las denuncias de abuso en las instalaciones de Texas desde marzo de 2022, y que comenzará sus propias investigaciones de presuntos abusos y abandono infantil en Texas “o en cualquier otro estado si deja de realizar tales inspecciones” a partir de julio de este año.