Jacint Jordana
TRIBUNA
Las prestaciones para los niños, cruciales Europa,
son irrelevantes en España
Las políticas orientadas a ofrecer prestaciones para niños tienen una larga tradición en la mayoría de países europeos. Constituyen un componente central de su modelo de bienestar, con independencia de que se sirvan en especie o mediante el apoyo monetario a través de la seguridad social o del sistema tributario. Además de su impacto compensatorio, tienen un fuerte papel en otras dimensiones, desde la igualdad de sexos hasta la dinámica del mercado de trabajo. Son políticas sociales muy estables, con un gran apoyo ciudadano, y una escasa conflictividad política. De hecho, como señalan Esping-Andersen y Palier, la inversión en los niños es uno de los principales retos que enfrenta el Estado de bienestar en el siglo XXI. En España, sin embargo, son casi insignificantes, y apenas nadie se pregunta el porqué.
Todo el mundo recordará el famoso cheque-bebé introducido por Zapatero, que fue una de las primeras medidas en ser suprimidas como consecuencia de la crisis. También conocemos el drama de las guarderías públicas impulsadas desde ayuntamientos y comunidades autónomas, que están sufriendo un proceso de progresivo desmantelamiento. Las desgravaciones fiscales por hijos persisten en el impuesto sobre la renta, aunque su relevancia es bastante limitada. Los permisos de maternidad y paternidad se mantienen en los mínimos establecidos por las directivas europeas —y suerte que existen— y apenas hay otras prestaciones relevantes, dejando aparte las que se derivan de otras políticas públicas, como las políticas educativas o las políticas contra la pobreza. El Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 2013-2016 (PENIA II), recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, y que representa un notable esfuerzo de coordinación y definición de las políticas de infancia en el país, reconoce que el gasto social en protección familiar en España es uno de los menores de la UE. No obstante, solo se plantea avanzar en su análisis y promoción, sin incluir ningún impulso significativo en este sentido.
Si frente a los recientes recortes en educación y salud existe una encomiable oposición social y ciudadana, que plantea un escenario de conflicto político y un intenso debate público, respecto al desmantelamiento de las políticas universales de apoyo a la infancia impulsadas en España durante la pasada década, apenas hay resistencia. ¿Por qué será? Es fácil intuir que la ausencia de coaliciones de defensa puede estar detrás del fenómeno de su desaparición. Dejando aparte algunos grupos organizados con perfiles muy determinados, apenas hay movilización social, ni existen redes en Internet que debatan sobre el tema, ni los partidos muestran una motivación particular sobre el problema, ni tampoco hay apenas sindicatos y Administraciones públicas con profesionales comprometidos con tales políticas.
Las incipientes políticas de infancia introducidas en España desde principios de este siglo no eran un lujo. Eran una necesidad, como se puso en evidencia en diversos debates dentro y fuera del Parlamento en aquellos años. Eran una necesidad dada la ausencia de tales políticas en el país. De hecho, la conservadora herencia franquista en política familiar no se reformó durante la transición —como ocurrió en Portugal— sino que se mantuvo agónicamente sin apenas cambios, y acabó siendo completamente desmantelada en los ochenta. Apenas nada la sustituyó, solo algunas medidas fiscales, y una protección limitada a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. No se introdujo una política universal de apoyo a la infancia, como sí ocurrió con otras políticas sociales durante aquellos años.
Posiblemente las políticas de infancia que emergieron en la década de 2000, al calor de la expansión económica, no tuvieron el mejor diseño posible. Medidas contradictorias, competición entre ciudades y territorios, iniciativas oportunistas, etc. Faltaba de todo: mejores reflexiones conceptuales, más coordinación entre niveles de gobierno, instrumentos más adecuados. Se proponían beneficios como gancho electoral y se reproducían esquemas con mucha facilidad, sin apenas margen para el aprendizaje.
También podemos pensar que estaban naciendo estas políticas, ya que no existía una experiencia relevante en las décadas anteriores, y que ello conllevaba la aparición de muchos errores, y bastante confusión sobre el diseño. Tal vez si el proceso de formación de la política hubiera seguido otra década más, esta se hubiera ido centrando y ganando en efectividad. Quién sabe.
¿Se puede hacer algo? Por descontado, pero para plantearnos una nueva política de prestaciones familiares para la infancia en España deberíamos entender mejor las dinámicas que entrelazan educación y empleo femenino, movilidad territorial y carreras profesionales, con la formación de familias y las relaciones intergeneracionales. A diferencia de hace algunas décadas, ahora hay disponible mucha investigación relevante, que podría ser puesta en valor. Luego, habría que identificar aquellos instrumentos cuyas características permitan superar las persistentes tensiones existentes en el ámbito político, que una y otra vez han limitado y entorpecido en el pasado la introducción de fórmulas de apoyo a la familia, debido a visiones sesgadas sobre el modelo de sociedad que se aspiraba a imponer. Hay que abrir un debate más maduro y más pragmático sobre esta política, urgentemente, que tome como punto de partida que tales políticas deben ser neutrales sobre el modelo de sociedad, así como también sobre el modelo de familia.
Las actuales dificultades económicas no deberían ser un freno para esta reflexión, sino un punto de partida para buscar fórmulas plausibles de intervención, con la identificación de mejores ajustes de conciliación familiar, o el desarrollo de nuevos mecanismos apoyo de bajo coste, como la caja finlandesa —un paquete básico de apoyo que se entrega con cada nacimiento—.
También deberíamos poder ser mucho más flexibles en los permisos de maternidad y paternidad, permitiendo otras combinaciones temporales y espaciales, con el propósito de facilitar la continuidad de las carreras profesionales y el trabajo a tiempo parcial. Fomentar una cultura del empleo que ponga más acento en las complementariedades familiares, y no las entienda como un obstáculo, es algo que esta en las manos de todos, especialmente sindicatos y empresarios. Asimismo, en caso de no ser posible destinar algunos recursos adicionales, podrían ajustarse en alguna medida las deducciones fiscales por hijos para aumentar las prestaciones universales en especie, y concentrarlas de forma mucho más efectiva en medidas para apoyar a las familias durante los primeros años de vida de sus hijos.
Mejorando el uso de los recursos actuales, una renovada política de prestaciones a la infancia podría en cierta medida contribuir a la salida de la crisis actual —facilitando la creación de empleo y una mayor flexibilidad del mercado de trabajo— y ayudaría a dibujar nuevas prioridades sociales a medio y largo plazo.
Jacint Jordana es catedrático de Ciencias Políticas
Universitat Pompeu Fabra y
director del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals.
