Impulsados por la Mesa de Articulación de Niñez, representantes de organizaciones de la infancia de distintos puntos del país confluirán el próximo miércoles en el Congreso para entregar un petitorio con el que le exigirán al oficialismo que responde Javier Milei que elimine de su DNU 70/2023 y la ley ómnibus.
16 de enero de 2024
Representantes de organizaciones de infancia de distintos puntos del país confluirán el próximo miércoles en el Congreso para entregar un petitorio con el que le exigirán al oficialismo que responde Javier Milei que elimine de su DNU 70/2023 y la ley ómnibus las medidas que “vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
El escrito que plantea un “enérgico rechazo” a las políticas de ajuste y “regresión en materia de derechos” llegará a través de un petitorio que también será entregado a organismos internacionales.
El objetivo inmediato es “que todos los legisladores se opongan de manera absoluta” a las dos iniciativas que son debatidas en el Congreso, y también al protocolo antiprotestas del Ministerio de Seguridad.
El espacio que impulsó la iniciativa es la Mesa de Articulación de Niñez, que el viernes pasado convocó a representantes de un centenar de organizaciones de infancia, más otros de 300 espacios y redes de distintos puntos del país. Algunas de ellas son Niñez y Territorio, el Foro por la Niñez, el Serpaj, encabezado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y también recibieron el respaldo de Nora Cortiñas y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En el petitorio, “argumentamos artículo por artículo y punto por punto por qué esas medidas resultan regresivas en materias de derechos consagrados por la Constitución y la legislación internacional”, como la Convención de los Derechos del Niño, puntualizó a Página/12 Santiago Morales, sociólogo y educador de Ternura Revelde.
El material que será entregado a los presidentes de cada bloque legislativo ofrece razonamientos y demostraciones por las cuales se considera que hay una afección, regresión y vulneración de los derechos de niños y niñas.
Algunas de las críticas
Los cuestionamientos de las organizaciones son tan abrumadores como la cantidad de modificaciones que el Gobierno plantea. No obstante, se puede poner el foco en algunos de ellos.
Uno de los más cuestionados es el artículo 332 de la ley ómnibus que reubica a los niños como objetos de tutela del Estado, es decir que reimplanta el criterio del Patronato. “Esto es grave porque desde la ley 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) no se hablaba de los chicos como objeto de tutela”, explicó Morales.
Por lo tanto, continuó, su aprobación implicaría “volver a la Ley de Patronato (o Ley Agote) de 1919, y a la doctrina de la situación irregular”, que le imprime a la infancia una mirada jurídica represiva, caritativa y de control que le limitan derechos, libertades y garantías.
En los artículos 504 y 518 del mismo proyecto se reforma también la denominada Ley de los Mil Días y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Reinstala nociones y nomenclaturas como ‘el niño por nacer’ y ‘personas con derechos a partir de momento de concepción’”. Estas modificaciones no son meramente conceptuales sino que “son ser la antesala de la derogación de esas leyes”, advirtió.
Morales consideró que la eliminación de esas leyes y de los conceptos incluidos en ambas implicará para los niños, niñas y adolescentes un retroceso en su “mirada y concepción de que hubo cambios estructurales que pudieron transformar una sociedad desigual en otra más equitativa en materia de género”.
Contra la posibilidad de “reinventar la sociedad”
Las modificaciones a la ley de Educación también fue cuestionara porque incorpora que a partir del cuarto grado exista la posibilidad de estudios de carácter no presenciales. “O sea que habilita al ‘home schooling’ que es posible solo para determinadas clases sociales y que vulnera ampliamente el derecho de participar en escuela como espacio público de las infancias”, criticó Morales.
En términos más generales, el cierre del Instituto del Teatro y del Fondo de las Artes, y el desfinanciamiento de las bibliotecas populares deja también en situación de debilidad a las organizaciones de infancia que se apoyan en el arte.
“La cultura y la infancia son modos de hablar un mismo lenguaje que tiene que ver con el encuentro, con reinventar la sociedad y mirar el mundo desde otras perspectivas”, añadió el sociólogo integrante de la mesa de Articulación.
Otro de los golpes más duros que se le asestaría tanto a las organizaciones como a las niñeces y sus familias está en la mirada punitiva. No solo por la intención de bajar la edad de imputabilidad ya expresada por el gobierno nacional o por la vuelta al Patronato, sino también la prohibición de que los niños y niñas puedan manifestarse contra de la restricción de algunos de sus derechos o los de sus familias.
Este punto también está incluido en el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, que prohíbe a padres o madres participar de una protesta con sus hijos. “Es un ataque a la participación política de los niños y niñas con quiénes compartimos militancia”, advirtió a este diario Estela Rojas, integrante de Niñez y Territorio.
Con esa prohibición, agregó, “se retrocede al concepción de una niñez débil incapaz de pensar y manifestarse por sobre el sujeto político que las organizaciones construimos con ellos y ellas”.
Un golpe a las organizaciones barriales
Pero, además, los alcances de las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei en materia de salud, educación y la profundización de la precarización laboral de adultos también pondrá en tensión la capacidad de las organizaciones barriales: “Van a volcar hacia nosotros a una población que necesitará más asistencia”, sostuvo Rojas, cuya organización social le da abrigo alimentario, educativo y laboral a chicos y chicas de familias vulnerables de Villa Fiorito, Lomas de Zamora.
Y todo esto sin mencionar el efecto que tendrán las tarifas de los servicios públicos y los aumentos en el precio de los alimentos que adquieren los comedores populares. “Nos dejará con un funcionamiento dificultoso”, remarcó la dirigente social.
La ecuación es sencilla: el desempleo, el trabajo precarizado o los sueldos bajos golpean el ingreso de los padres y de las madres, pero recaen con toda su fuerza sobre los niños y niñas de la casa. La falta de buena alimentación producto de la imposibilidad de comprar productos con precios liberados la sufren más los niños y niñas. Y cuando esto ocurre -la historia así lo demuestra-, la población se vuelca a las organizaciones sociales.
El petitorio que entregará a los legisladores nacionales la Mesa de Articulación de Niñez remarca que “las medidas que impulsa el Gobierno son regresivas en todo el arco de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de niñxs, adolescentes y sus familias”.
Además, añade el comunicado, “adopta criterios xenófobos que afectan a la niñez migrante”. Por eso, luego de la visita a los despachos del Congreso, el espacio confirmó que iniciará “acciones territoriales y de comunicación con protagonismo de las niñeces y adolescencias de todo el país”, incluida la adhesión al paro general convocado por la CGT.
