La niñez en el foco de los gobiernos locales y regionales: una tarea pendiente

El rol de los Gobiernos Regionales puede ser fundamental en fortalecer estos ámbitos, con financiamiento y con la capacidad de articular todas sus acciones con los procesos que se desarrollan desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.


El mostrador

Claudia Espinoza Carramiñana

13 de octubre de 2024




En las últimas décadas Chile ha avanzado en la protección de los derechos de la niñez, cumpliendo con los compromisos adquiridos al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. La Ley 21.430 y la creación de las Oficinas Locales de Niñez (OLN) son ejemplos de este progreso, ya que permiten articular esfuerzos para garantizar condiciones básicas de bienestar y el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, todavía enfrentamos desafíos importantes, sobre todo en la manera en que las instituciones miran y tratan a la niñez.


Aún en la actualidad persisten enfoques que ven a niños y niñas como “menores”, un término que refuerza la idea de inferioridad frente a los adultos. Este paradigma paternalista promueve acciones “para” o “por” ellos, pero no “con” ellos. 


La verdadera transformación pasa por reconocer a los niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y no solo como futuros adultos o simples objetos de protección.


En este escenario, los municipios tienen un rol clave. Son la institución más cercana a la vida comunitaria, desde donde se pueden construir políticas locales que pueden marcar una diferencia concreta en la vida cotidiana de las personas menores de 18 años. Para que esto sea efectivo, es necesario que los gobiernos locales cuenten con equipos capacitados, con visión integradora y comprometida con la promoción de los derechos. Se requiere también de recursos suficientes para generar procesos que vayan más allá de iniciativas aisladas y que perduren en el tiempo, beneficiando a las nuevas generaciones.


Un aspecto crucial en esta tarea es la participación de la comunidad. Las organizaciones locales están en una posición privilegiada para trabajar con las municipalidades y asegurar que las políticas públicas no solo respondan a las necesidades actuales, sino que también reflejen las voces de las niñeces. Es fundamental que avancemos hacia una visión sistémica en la que toda la estructura municipal esté alineada con la idea de un “horizonte bientratante”, un concepto que implica entornos seguros, protectores y bientratantes para todos, todas y todes. 


La Ley 21.430 insta a los gobiernos locales a crear mecanismos de participación efectivos para que niños, niñas y adolescentes sean escuchados en la toma de decisiones que impactan sus vidas. 

Un buen ejemplo de ello es el Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que ha jugado un rol fundamental en la definición de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Sin embargo, esto no es suficiente: debemos hacer un esfuerzo por trasladar esa participación a nivel local, en cada comuna, y garantizar que las voces más jóvenes sean parte activa de la ciudadanía.


Las Oficinas Locales de Niñez no solo articularán el trabajo entre las distintas áreas municipales, sino que también serán responsables de garantizar derechos y promover la participación efectiva de la niñez en la toma de decisiones comunales. Además, serán cruciales en la protección administrativa, una herramienta que permitirá a los municipios gestionar casos de vulneración de derechos de forma ágil, sin recurrir inmediatamente a los tribunales.


Además de ello, el rol de las autoridades municipales es fundamental en torno a la generación de políticas públicas locales para la garantía de derechos y la promoción de la participación. Más allá del diálogo que deberán tener los concejos municipales con los niños, niñas y adolescentes según la Ley 21.430, las propuestas de los candidatos deben ir en pro de mejorar los servicios municipales que trabajan con niñeces de modo que estos, además de dialogar entre sí, faciliten el trabajo desarrollo integral de los ejes que sean prioritarios tanto para el mundo adulto como para la visión de la niñez. 


Entre los desafíos que la región de Valparaíso enfrenta en esta materia, según nos plantean niños y niñas en el Diagnóstico Regional de Niñez, se encuentran la creación de espacios recreativos seguros, la promoción de hábitos de vida saludable, el fortalecimiento de la salud mental infantil y la mejora de los entornos medioambientales. La meta no es solo cumplir con hitos legales, sino también generar un cambio cultural que transforme la manera en que la comuna trata a su niñez y adolescencia. 


La implementación de políticas con enfoque de género e intergeneracionalidad también es clave para asegurar que los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sean reconocidos y respetados. En ese sentido, es importante mirar cómo nuestras acciones como adultos en el espacio público impacta la forma en que la niñez se relaciona con el mismo.


El rol de los Gobiernos Regionales puede ser fundamental en fortalecer estos ámbitos, con financiamiento y con la capacidad de articular todas sus acciones con los procesos que se desarrollan desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ejemplo de esto es el trabajo que se generó en torno al Diagnóstico Regional de Derechos de la Niñez que se realizó en nuestra región, financiado por el GORE, implementado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y por nuestra Secretaría Regional Ministerial.


En ese sentido, ese proyecto no solo permitió levantar información fundamental para el desarrollo de políticas públicas locales, sino que es muestra clara de que la preocupación en torno a niñez es transversal a distintos actores. Además, evidencia el interés de distintas instituciones para diseñar políticas públicas que favorezcan el bienestar de niños, niñas y adolescentes. 


Finalmente, un desafío de largo aliento será garantizar que estos esfuerzos no dependan del ciclo electoral. El bienestar de la niñez no puede ser un tema de moda: debe ser una prioridad permanente que cruce gobiernos regionales y políticas locales para asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan crecer en ciudades que les considere protagonistas de su propio destino.

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