viernes, agosto 09, 2019

Niña incubadora.

 No sólo es en Corrientes donde acaba de legitimarse sin legalidad la adopción prenatal. 
Es decir, instituir a las pibas como incubadoras. 
Como depósitos de niños generados desde la violencia 
para ser paridos de prepo por madres pequeñas y frágiles 
y luego entregados a familias afortunadas.




 No sólo es en Corrientes donde acaba de legitimarse sin legalidad la adopción prenatal. Es decir, instituir a las pibas como incubadoras. Como depósitos de niños generados desde la violencia para ser paridos de prepo por madres pequeñas y frágiles y luego entregados a familias afortunadas. Que siempre esperan la desgracia de los desgraciados para quedarse con su fruto. 
No sólo es Corrientes, aunque sea provincia Pro Vida por decreto desde 2011, aunque sea allí donde una piba de 18, atravesada por la violación sistemática de su padrastro, con una nena de tres parida a los quince y otra en la panza, con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) negada a pesar de que es una de las razones para la ILE. Pero Corrientes no tiene ILE porque Corrientes es una embajada. Es territorio de la injusticia. Pero no el único.

Porque fue en Jujuy donde obligaron a parir a una nena de once años ultrajada a la que le negaron la ILE. Y le guardaron la familia –lo dijo el gobernador Morales públicamente- para que le adoptara el fruto de su desgracia. Para eso la nena tenía que atravesar todo el embarazo. Nueve meses como envase de aquello que nunca quiso. Porque fue violada primero por el vecino y después por el estado. Una y mil veces.


Como la piba de 18. La de Corrientes. Violentada durante años en su casa. Sin que nadie la viera. Embarazada de esa violencia. Negado ese aborto. Y una vez más. Otra vez el ultraje y el embarazo y la desgracia de una provincia sin ILE porque es un territorio independiente que decide qué es la vida que hay que defender. Cuál es esa vida.

No habría alternativa para ella. Que no quería ver a ese bebé. Que si tenía que nacer, no quería verlo. Entonces es paquete. Es depósito. Es incubadora. Y es la legitimación de la adopción prenatal. Que es ilegal.

Porque desde 2011 Corrientes es provincia Pro Vida por obra, gracia y orgullo del entonces gobernador radical confuso Ricardo Colombi. Porque un tal Julián Dindart fue ministro de Salud de la provincia y más tarde diputado de Cambiemos y presidente de la comisión de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia de la Cámara baja. Y, con tajante coherencia, dijo en 2012 que las pibas se embarazaban para cobrar la AUH. Justo cuando en 2012 dos chiquitas de 10 años parían en Corrientes después de violaciones intrafamiliares. Bajo su ministerio. Y en 2016 lo reafirmó, desde su comisión.

En una estructura ultramontana, cada tres días una nena de 10 a 14 años se convierte en madre en Corrientes después de una violación. Nadie la ve. Ni las redes sociales cerradas ni el estado, que enceguece ante el destino de la fragilidad. Una de las mayores tasas de maternidad adolescente brota en Corrientes. La mayor parte son embarazos no deseados. Las pibas no quieren tener esos hijos. En 2012 ese ministro de Salud, Julio Dindart, mostró impúdicamente la hilacha de su desprecio: “se embarazan porque tienen un recurso económico como premio por haber tenido un hijo”, dijo. Tres años antes Clarín había titulado (el 5 de abril de 2009) “La fábrica de hijos: conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado”.

Ante las chiquitas violadas y embarazadas, mínimos cuerpos sin desarrollo suficiente como para contener otra vida dentro, psicológicamente arrasadas, el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, batió su lengua en el serpentario. Por las dudas. “Aun en medio de la conmoción e indignación que produjo el hecho, es importante recordar que toda vida humana es un don de Dios y que como tal debe ser respetada y protegida desde el inicio y luego en todas las fases de su desarrollo, hasta su término natural”.

Y luego cargarlas toda la vida con la sombra de su tragedia. O convertirlas en maletas de niños. Cajas transitorias donde se guarden los regalos para las clases predominantes.

En territorios sin derechos ni leyes

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