"A partir de hoy, el paso del tiempo no será
nunca más un cómplice de los abusadores de nuestros niños, ni un aliado de la impunidad (...).
La responsabilidad de los que abusan de nuestros niños será imborrable,
igual como es imborrable el dolor que ellos causaron".
La
nueva ley, promulgada el 11/07/2019 , acaba con el plazo de entre 5 y 10
años
para denunciar desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.
Santiago de Chile,
"A partir de hoy, el paso del tiempo no será nunca más un cómplice de
los abusadores de nuestros niños, ni un aliado de la impunidad (...).
La responsabilidad de los que abusan de nuestros niños será imborrable,
igual como es imborrable el dolor que ellos causaron", dijo el
presidente chileno, Sebastián Piñera, que firmó la ley en un acto en la
sede del Ejecutivo.
"Todos sabemos que denunciar un abuso sexual es algo muy difícil,
especialmente para aquellos que sufrieron los abusos sexuales durante su
niñez o su adolescencia", señaló Piñera, quien añadió que muchas
víctimas consiguen el valor y la fuerza para denunciar muchos años
después de haber sufrido los abusos y con ayuda de profesionales.
El presidente aseguró que, entre 2015 y 2018, las denuncias de abuso sexual aumentaron un 33% y el año pasado superaron las 10.000, aunque esas cifras están lejos de mostrar la magnitud real del problema. Según una estimación de la Fiscalía chilena citada por Piñera, por cada víctima de abuso sexual que presenta una denuncia, hay otros siete menores de edad que también fueron abusados y no lo denunciaron.
"El silencio se debe al miedo, a la culpa, a la vergüenza, a los traumas, al sufrimiento y también al abuso de poder, porque detrás de los abusos sexuales muchas veces hay abusos de poder, manipulación, redes de encubrimiento", dijo el mandatario. Piñera lamentó que a las víctimas que deciden dar el paso de denunciar los abusos, el proceso penal posterior las lleva a "revictimizarse", un factor que incide en que muchas veces prefieran no acudir a la Justicia.
El presidente agradeció al Congreso por la rápida aprobación del proyecto y tuvo un gesto especial con James Hamilton y Vinka Jackson, dos representantes de la sociedad civil que colaboraron activamente en la elaboración de la ley. Hamilton es uno de los denunciantes del sacerdote Fernando Karadima, protagonista de uno de los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero más mediáticos y destacados. Jackson, por su parte, es psicóloga, escritora y activista por los derechos de la infancia que, además, fue víctima de abusos cuando era una niña.
La nueva legislación también impide que prescriban las acciones judiciales civiles para perseguir la responsabilidad de los cómplices y los encubridores de los abusos, no solo a los responsables directos de los delitos.
Solamente en los casos conocidos en el interior de la Iglesia católica chilena, actualmente están abiertas 166 causas, contra 221 personas investigadas y que implican a 248 víctimas, de las que 131 eran menores de edad al sufrir los delitos, según datos de comienzos de mayo ofrecidos por la Fiscalía Nacional.
Hasta que entre en vigor la ley, en los próximos meses, los delitos sexuales contra menores de edad tienen un plazo de prescripción de entre 5 y 10 años desde que la víctima alcanza la mayoría de edad si esta no presenta una denuncia, algo que ocurre muy a menudo.
En España, la legislación fija la prescripción en cinco años para el abuso y 15 para la agresión sexual desde que la víctima cumple los 18 años. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en diciembre pasado un anteproyecto de ley que prevé que el plazo empiece a contar a los 30 años de edad.
El presidente aseguró que, entre 2015 y 2018, las denuncias de abuso sexual aumentaron un 33% y el año pasado superaron las 10.000, aunque esas cifras están lejos de mostrar la magnitud real del problema. Según una estimación de la Fiscalía chilena citada por Piñera, por cada víctima de abuso sexual que presenta una denuncia, hay otros siete menores de edad que también fueron abusados y no lo denunciaron.
"El silencio se debe al miedo, a la culpa, a la vergüenza, a los traumas, al sufrimiento y también al abuso de poder, porque detrás de los abusos sexuales muchas veces hay abusos de poder, manipulación, redes de encubrimiento", dijo el mandatario. Piñera lamentó que a las víctimas que deciden dar el paso de denunciar los abusos, el proceso penal posterior las lleva a "revictimizarse", un factor que incide en que muchas veces prefieran no acudir a la Justicia.
El presidente agradeció al Congreso por la rápida aprobación del proyecto y tuvo un gesto especial con James Hamilton y Vinka Jackson, dos representantes de la sociedad civil que colaboraron activamente en la elaboración de la ley. Hamilton es uno de los denunciantes del sacerdote Fernando Karadima, protagonista de uno de los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero más mediáticos y destacados. Jackson, por su parte, es psicóloga, escritora y activista por los derechos de la infancia que, además, fue víctima de abusos cuando era una niña.
La nueva legislación también impide que prescriban las acciones judiciales civiles para perseguir la responsabilidad de los cómplices y los encubridores de los abusos, no solo a los responsables directos de los delitos.
Solamente en los casos conocidos en el interior de la Iglesia católica chilena, actualmente están abiertas 166 causas, contra 221 personas investigadas y que implican a 248 víctimas, de las que 131 eran menores de edad al sufrir los delitos, según datos de comienzos de mayo ofrecidos por la Fiscalía Nacional.
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