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CRIN, junto con otros socios estratégicos, ha lanzado una campaña para la prohibición y eliminación de las condenas brutales contra los niños, niñas y adolescentes, que incluyen la pena capital, la cadena perpetua y los castigos corporales.
Investigaciones sugieren que, por lo menos en siete Estados*, los infractores menores de edad pueden ser legalmente condenados a muerte por inyección letal, ahorcamiento, fusilamiento o lapidación. En algunos países, niños de hasta 10 años pueden ser condenados a cadena perpetua. Y por lo menos en 40 naciones, los niños continúan siendo sentenciados a recibir palizas, azotes, bastonazos o a ser condenados a sufrir amputaciones.
Estándares de derechos humanos
Las condenas a muerte, la cadena perpetua y los castigos corporales contra los niños han sido enérgicamente denunciadas como violaciones a los derechos humanos por parte de los órganos de vigilancia de tratados de las Naciones Unidas y de mecanismos regionales de defensa de los derechos humanos. El Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, en 2006, hizo énfasis sobre la obligación de los Estados de poner fin a estas formas extremas y violentas de condena.
Puedes leer Acabemos de una vez con las condenas brutales contra los niños y niñas!Acerca de la campaña aquí un documento detallado sobre los estándares en derechos humanos (en inglés).
Informes sobre los países
CRIN ha desarrollado informes nacionales sobre los Estados donde aún se practican condenas brutales contra los niños. Estos informes incluyen recomendaciones dadas por el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, El Comité de los Derechos del Niño y otras instancias internacionales creadas en virtud de tratados de las Naciones Unidas para prohibir y eliminar estos tipos de sentencia.
CRIN invita a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para comentar y/o verificar el contenido de los informes nacionales, los que luego serán colocados en esta página web, y actualizados regularmente con noticias acerca de los avances en el tema.
CRIN considera poco probable que campañas internacionales aisladas sean capaces de forzar a los gobiernos a prohibir las condenas brutales en el más corto plazo. Creemos, sin embargo, que un gran movimiento de coordinación y solidaridad – que llegue a vincular las campañas nacionales y regionales a nivel internacional – puede acelerar los cambios. Acabar con las condenas brutales requiere que las reformas legales sean adoptadas por los parlamentos de muchos Estados.
Ante las denuncias, algunos países arguyen que este tipo de condenas no han sido implementadas, en la práctica, contra infractores menores de edad. Obviamente, esta respuesta es totalmente insatisfactoria. Es evidente que, mientras las leyes autoricen las condenas brutales, existirá la posibilidad de que estas graves violaciones persistan. En ese sentido, las leyes tienen que ser muy claras y deben ser difundidas con transparencia al público y todos los sistemas judiciales involucrados.
¿Cuál es el compromiso de CRIN?
El objetivo de CRIN es lograr un sólido consenso a nivel regional e internacional para poder progresar en este ámbito y apoyar las campañas nacionales por todos los medios a nuestro alcance. Con esa mira, nos comprometemos a proporcionar lo siguiente:
Una sección de la página web de CRIN exclusivamente dedicada al tema, que incluya informes detallados de cada país en que se aplican condenas brutales. La página será continuamente actualizada con informes acerca del progreso de las campañas en todos los países y los avances regionales e internacionales en la materia Información completa sobre los estándares regionales e internacionales en derechos humanos que requieran de la inmediata prohibición y eliminación de todo tipo de condena brutal.
Los compromisos de las organizaciones internacionales y de los activistas que participan en la campaña, así como de aquellos incluidos a través de la difusión de tomas de posición, que pueden ser citadas y utilizadas en las campañas nacionales.
Información y asesoría para realizar acciones legales, incluyendo el uso de mecanismos internacionales para la defensa de los derechos humanos, con el fin de cuestionar las condenas brutales, en el caso de que los gobiernos no reconozcan sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos y no lleven a cabo acciones para defenderlos.
Un conjunto de herramientas de apoyo y el asesoramiento técnico para desarrollar una estrategia nacional de campañas destinadas a lograr la prohibición y la eliminación de las condenas brutales.
El acceso a abogados con experiencia en derechos del niño para un apoyo y asesoramiento especializado.
Descripción detallada de campañas exitosas, sentencias judiciales clave y otras decisiones.
Asesoría y apoyo para utilizar los procedimientos de presentación de informes ante los órganos de vigilancia de los tratados y los procesos del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos con el fin de aumentar la presión sobre los gobiernos para que detengan y prohíban las condenas brutales.
Involucrar a los profesionales médicos
Las investigaciones llevadas a cabo por CRIN sobre las leyes que permiten las condenas brutales en muchas naciones requieren de la participación de los médicos. Por el momento, los estándares internacionales de ética médica desaprueban tal colaboración. Esperamos que las organizaciones que representan a los profesionales médicos participen en nuestra campaña e intensifiquen su apoyo para terminar con este tipo de condenas.
Los principios de ética médica de las Naciones Unidas aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados en la
Lee más acerca de la ética médica
Enfrentando todo tipo de violación de los derechos de los niños
Esta campaña combate violaciones específicas, graves y sistemáticas, de los derechos de los niños. Al respecto, debemos enfatizar que el hecho de hacer frente a un tipo particular de abuso, restringe, de ninguna manera, nuestra condena a toda forma de violación de los derechos de los niños, y hacer hincapié en la implementación completa de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de otras estrategias en derechos humanos. Las obligaciones de los Estados en el campo de la justicia juvenil tienen que ir más allá de la abolición de condenas brutales contra infractores menores de edad. Deben, por ejemplo, promover sistemas de justicia juvenil en conformidad con la totalidad de los derechos, específicamente orientados hacia la rehabilitación y la reintegración y no hacia el castigo. Deben, además, asegurar que dentro de estos sistemas, la detención de menores se aplique solo como medida de último recurso, durante el período más breve que proceda, y únicamente por razones de seguridad pública. Por último, los Estados son requeridos, no solo a llevar a cabo acciones inmediatas con el fin de detener las sentencias judiciales que ordenan palizas y azotes a niños, sino también a prohibir y eliminar todo tipo de castigo corporal en cualquier contexto.
*Nuestra investigación demostró que existen algunos países donde las ejecuciones están aún autorizadas por ley aunque estas ya no son llevadas a cabo.
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