A la fecha, existe un soporte normativo internacional que aboga por el derecho de los niños, niñas y adolescentes de crecer en entornos protectores, de cuidados parentales afectivos y promotores de su desarrollo. Desde los diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos, se fortalece la presencia, importancia y responsabilidad de la familia como el escenario prioritario para propugnar los cuidados, vínculos y protección debida, teniendo como imágenes centrales a los progenitores y los parientes extendidos. Desde esta óptica, la sociedad civil, la comunidad y los Estados se articulan para acompañar y garantizar el goce pleno de derechos de la infancia.
Para los niños, niñas y adolescentes las familias son su historia, su identidad, el origen de sus vinculaciones y el desarrollo de sus afectos y habilidades; siendo muy sensible y particular su presencia para los menores de 6 años o quienes viven en situación de discapacidad. Sin embargo, existen situaciones que afectan al funcionamiento de las familias para ejercer estos roles de protección y cuidado.
La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y los posteriores acuerdos universales y regionales a favor de la infancia, establecen como una prioridad la protección y el desarrollo de las niñas y niños, e insta a los Estados a garantizar el cumplimiento de sus derechos (UNICEF 2006). La pobreza, las movilizaciones forzosas, y todas las formas de violencia que afectan a las familias son directamente proporcionales a los cuidados, desarrollo y protección de los niños, niñas y adolescentes. Es así que en 2010 las Directrices sobre modalidades de cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes (Naciones Unidas), ponen en evidencia y nos alerta en evitar más separaciones familiares, que aumente la institucionalización, y que se incorporen diferentes estrategias que mantengan o reproduzcan los cuidados parentales necesarios.
Desde estas Directrices también es importante reivindicar los criterios o principios que respaldan el tratamiento ante la inminente separación de los niños, niñas y adolescentes de sus familias: el interés superior del niño como elemento central, valorar sus necesidades y la idoneidad para establecer la medida de protección alternativa más adecuada (Naciones Unidas 2019[1]). Sin embargo, muchas veces estas revisiones o criterios para el tratamiento no son representativos o reconocen las visiones de los niños, niñas y adolescentes; quienes mayoritariamente van a preferir mantener sus vínculos y acercamiento con sus familias biológicas. Todo esto representa la importancia de poner la atención a la dinámica familiar, a fortalecer sus capacidades protectoras y acompañar su desenvolvimiento frente a los diferentes problemas que las amenaza.
En diferentes encuentros infantiles y adolescentes (principalmente) se observa que cada vez más ellos y ellas están más empoderados sobre sus derechos, incluso haciendo llamamientos públicos para contrarrestar formas de castigo y violencias que reciben dentro del hogar; pero difícilmente se encontrará demandas por ser separados de sus hogares. Ellos y ellas quieren volver a sus hogares, incluso afectados por situaciones estructurales amenazantes, pero con sus familias ejerciendo ese rol cuidador y promotor de vínculos afectivos prósperos. De ahí el llamado no solo a los Estados, sino a la sociedad en pleno, a procurar evitar la separación y/o adaptar modalidades familiares alternativas transitorias; destacando la promoción y respeto a la participación de niños, niñas y adolescentes en todo el proceso.
A nivel normativo y programático, existen varios países de Latinoamérica que vienen generando las condiciones para la transformación de los enfoques de cuidado familiar ante la inminente separación familiar, promoviendo estas modalidades alternativas, tales como familia extendida, comunitaria, familias de acogimiento, etc., buscando así reducir la denominada “institucionalización” que tiene muchas consecuencias adversas para los niños, niñas y adolescentes. Desde la voces ejercidas por redes de egresados/as de programas de cuidado familiar, se prioriza la importancia de mantener los vínculos familiares originarios o extendidos. Pero, ¿dónde están las voces de los niños, niñas y de las y los adolescentes durante el proceso de análisis de la separación, de la asignación de la medida transitoria o de sus desenvolvimientos en el grupo familiar asignado? No hay registros de estos indicadores, o al menos, desde la lógica o vista empática de ellos y ellas, lo que ameritaría grupos interdisciplinarios que demuestren el debido tratamiento durante todo el proceso.
Algunos indicios de estos métodos de relevamiento de las voces y la construcción de vínculos con los niños, niñas y adolescentes se observan a través de programas públicos y de intervención mixta con sociedad civil, a través de estrategias de acompañamiento personalizado a las familias, principalmente. Sin embargo, las valoraciones que se realizan a los programas no ponen el foco de atención o real impacto en las voces de ellos y ellas, siendo finalmente los principales beneficiarios/as.
La familia representa la base para construcción de vínculos, desde el afecto y promotores de la convivencia sana y respetuosa. Finalmente se trata de la atención, recuperación y restablecimiento de estos vínculos, pero que requieren del tratamiento y reivindicación de la participación de los niños, niñas y adolescentes. Mientras que se siga viendo o construyendo estas intervenciones alejadas de ellos y ellas, asumiendo lo que ‘es mejor’, los vínculos se hacen cada vez más distantes y fríos.
El Instituto Interamericano del Niño, la niña y adolescente viene trabajando en una Guía para promover la participación de ellos y ellas durante la implementación de medidas alternativas de cuidado familiar, a fin de no solo generar la debida información y orientación en un lenguaje accesible, sino también en instar a adultos (familiares, operadores públicos, etc.) a establecer puentes de diálogo y mejorar la empatía para la construcción de lazos. Todos somos, finalmente, parte de esta gran familia promotora y protectora de derechos de los niños, niñas y adolescentes de la región.
[1] Resolución A/RES/74/133 de 2019, “Promoción y protección de los derechos de la infancia”
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