HDIA, Hablando de Infancia y Adolescencia: Blog GSIA con información y reflexión sobre la realidad que viven millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo.
La crisis del coronavirus podría empujar a millones de niños más al trabajo infantil, y paralizar el progreso de 20 años para eliminar este flagelo, advierte un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Desde el año 2000, se ha logrado sacar del trabajo a unos 94 millones
de niños, pero esas ganancias están ahora en riesgo por la pandemia.
Según las agencias, aquellos que ya sufren esta explotación podrían
estar trabajando más horas o en peores condiciones, y otros más podrían ser forzados a soportar trabajos terribles, con un daño significativo a su salud y seguridad. Esto ocurriría principalmente debido al aumento de la pobreza, lo que
empuja a los hogares a recurrir a todos los medios disponibles para
sobrevivir. Según el informe, cuando la pobreza aumenta un 1%, el
trabajo infantil aumenta un 0,7% en algunos países.
Cuando la pobreza aumenta un 1%, el trabajo infantil aumenta un 0,7% en algunos países.
"En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un
mecanismo de supervivencia para muchas familias, a medida que aumenta la
pobreza, las escuelas cierran y la disponibilidad de servicios sociales
disminuye, más niños son empujados a la fuerza laboral”, asegura la
directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. Según el informe, los grupos más vulnerables, como las personas que trabajan en la economía informal y los migrantes, sufrirán la mayor parte de la recesión económica,
el aumento de la informalidad y el desempleo, la caída general en los
niveles de vida, las crisis de salud y los sistemas de protección social
insuficientes, entre otras presiones.
UNICEF/Eyas El Baba: Un niño de 13 años en Palestina recoge escombros cerca de la ciudad de Gaza para transportarlos en burro al mercado y venderlos.
La caída de la calidad de vida
En crisis anteriores que impulsaron la caída de los niveles de vida,
muchos países de bajos y medianos ingresos vieron cambios drásticos en
el progreso en la reducción del trabajo infantil y la inscripción de
niños en la escuela. Un estudio en Côte d'Ivoire sobre la caída de los precios del cacao
en la crisis económica de 1990 encontró que una caída del 10% en los
ingresos condujo a una disminución de más del 3% en las matrículas
escolares, y un aumento de más del 5% en los niños trabajando. Según el informe, la evidencia de las recesiones económicas en América Latina apunta a impactos más débiles o incluso marginalmente positivos, especialmente cuando existen medidas de protección social adecuadas. Durante la crisis cafetera en América Central de 2000 a 2001, por
ejemplo, varios países de la subregión fueron testigos de avances en las
tasas de matriculación en la escuela primaria y un ligero descenso en
el trabajo infantil. Los programas de asistencia social desempeñaron un
papel importante en la protección del bienestar de los hogares. Los
hogares en las zonas cafeteras con programas de asistencia social
podrían proteger mejor los gastos del hogar y la asistencia escolar de
los niños en comparación con aquellos en las zonas cafeteras sin dichos
programas.
Las horas de trabajo globales cayeron en el primer trimestre de 2020
en un 4,5% estimado en comparación con el último trimestre de 2019. Esto
suma aproximadamente 130 millones de empleos a tiempo completo,
suponiendo una semana laboral de 48 horas. Se espera que las horas de
trabajo globales en el segundo trimestre sean 10,5% más bajas,
equivalentes a 305 millones de empleos a tiempo completo. Menos oportunidades de empleo y salarios más bajos pueden llevar a
las personas a un trabajo informal o de explotación, lo que puede
reducir aún más los salarios y, a su vez, contribuir al trabajo
infantil. En comparación con los adultos, es más probable que los niños
acepten trabajo por menos salario y en condiciones vulnerables. Las
empresas pueden reclutar niños deliberadamente para reducir costos y
aumentar las ganancias. Y es que los niños son a menudo la mano de obra más disponible en los hogares.
Por ejemplo, el desempleo de los padres debido a las crisis económicas
en Brasil ha llevado a los niños a intervenir para proporcionar apoyo
temporal. Se han documentado efectos similares en Guatemala, India,
México y Estados Unidos. República de Tanzania. Una forma de ayuda financiera para las familias es reducir los costos
escolares, afirma el informe. Esta fue una parte importante de cómo los
hogares afrontaron la Gran Recesión en El Salvador, con familias que
cambiaron la asistencia de escuelas privadas a públicas dentro de un año
escolar para reducir los gastos en educación. También cuando las familias no pueden encontrar trabajo y se quedan sin opciones de sustento,
incluso en el hogar, los niños pueden ser enviados lejos, lo que los
hace vulnerables a la explotación. Consecuencias similares pueden
resultar si los miembros de la familia se mudan o se separan. Los niños
abandonados o solos están aún menos protegidos y son más vulnerables a
las peores formas de trabajo. Después del terremoto de 2015 en Nepal,
por ejemplo, el colapso de los mecanismos de protección públicos y
privados impulsó el aumento de niños víctimas de la trata de personas.
UNICEF/ Nyani Quarmyne: Niños
trabajando en una instalación informal de procesamiento de oro en
Ghana. El trabajo infantil es algo común, debido a la pobreza.
El crecimiento del trabajo informal
Las crisis económicas pasadas han impulsado el crecimiento del empleo
informal, ya que los despedidos del trabajo formal buscan cualquier
fuente alternativa de ingresos. Como está bien documentado, el trabajo infantil prevalece principalmente en la economía informal, donde
los niños pueden intervenir fácilmente como trabajadores no
calificados. Por lo tanto, las amenazas a los derechos de los niños de
un sector informal ampliado no deben subestimarse. Un mayor empleo
informal junto con dificultades económicas podría empujar a muchos niños
fuera de la escuela y al mercado laboral. Además, según los expertos, algunos hogares comenzarán nuevas
empresas para hacer frente a la pérdida de empleo y el desplazamiento
económico, lo que puede provocar más trabajo infantil. La evidencia
reciente de Malawi, Filipinas y Zambia destaca cómo cuando la producción
crece dentro de los hogares, el trabajo infantil aumenta.
La reducción en las remesas
La desaceleración económica mundial seguramente reducirá las remesas
nacionales e internacionales que proceden principalmente de la Unión
Europea y los Estados Unidos. Según el informe, en el pasado, se ha
demostrado que las remesas internacionales reducen el trabajo infantil
en los países pobres. Cuando los migrantes remiten menos ingresos, las familias sufren. Los
estudios de la Gran Recesión encontraron que redujo considerablemente
las remesas de los Estados Unidos a México. Las familias que
experimentaron una disminución tenían más probabilidades de tener hijos
en el trabajo infantil. Además, Los estudios de la crisis financiera
asiática indicaron que las remesas respaldaban a las empresas familiares
al tiempo que sostenían la escolarización y la protección contra el
trabajo infantil. Además, los retornos forzados de trabajadores migrantes en algunos
países han resultado en niños y familias varados en las fronteras o
confinados en centros de cuarentena. En Nepal, el cierre de algunos
hornos de ladrillos, junto con la falta de transporte, han impedido que
unas 12.000 personas, incluidos 2000 niños, regresen a sus aldeas de
origen.
Banco Mundial/Ghullam Abbas Farzami: Niños agricultores trabajan en la provincia de Balkh, en Afganistán.
Una crisis de crédito
Una crisis crediticia reduce la inversión, incluso en la
escolarización, lo que puede producir más trabajo infantil, una
progresión evidente, por ejemplo, en Sudáfrica. A nivel familiar, una
contracción del crédito puede generar que las tarifas escolares sean
menos accesibles, lo que mantiene a los niños fuera de la escuela, y
puede aumentar el trabajo infantil. Además, cuando el crédito formal e informal no está disponible, los
hogares pueden recurrir a formas más desesperadas para acceder al
crédito, como el trabajo en condiciones de servidumbre. Esta ha sido una
estrategia común en la historia reciente, y la crisis de COVID-19
podría empeorarla aún más. Ya existe evidencia anecdótica de trabajo infantil en condiciones de
servidumbre asociado con la pandemia, asegura el informe. El riesgo de
que los prestamistas abusivos exploten a los niños puede aumentar
especialmente una vez que se levanten las medidas de cierre y se
reanuden las actividades normales.
Menos comercio internacional
A nivel mundial, el comercio internacional se ha derrumbado, con
expectativas de que la depresión persista como lo hizo después de la
crisis financiera de 2008. La pandemia provocó una caída del 3 por
ciento en los valores del comercio mundial en el primer trimestre de
2020. Se prevé que la desaceleración se acelere en el segundo trimestre.
Las previsiones recientes muestran una disminución del 27%. Dada la estrecha tensión de las cadenas de suministro mundiales, las
medidas para detener la propagación del virus, como el cierre de
fronteras, el transporte y las empresas, han suprimido las exportaciones
e importaciones mundiales y han reducido la producción. Tales cambios
pueden influir en el nivel de vida de los pobres al inflar los precios
al tiempo que se reducen los ingresos del trabajo y los activos
familiares. Una disminución en el comercio que disminuye el nivel de
vida empeorará el trabajo infantil, advierte el informe.
Banco Mundial/Arne Hoel: Una joven estudia a distancia en Túnez.
Las escuelas cerradas: otro factor de riesgo
De acuerdo con las agencias, la evidencia indica cada vez más que el
trabajo infantil está aumentando a medida que las escuelas cierran
durante la pandemia. El cierre temporal de los centros educativos está
afectando actualmente a más de mil millones de estudiantes en más de 130
países. Incluso cuando se reinician las clases, algunos padres ya no
pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela. Los expertos advierten que esto causa que más niños se vean obligados a hacer trabajos peligrosos o sean explotados. Además,
las desigualdades de género pueden hacerse más agudas, con las niñas
particularmente vulnerables a la explotación en la agricultura y el
trabajo doméstico. Después del tsunami de Indonesia, solo las familias más ricas y
educadas pudieron hacer frente y mantener a sus hijos saludables y en la
escuela. La evidencia sobre el trabajo infantil aumenta a medida que las
escuelas cierran durante el cierre global que está aumentando
gradualmente. En Malawi, por ejemplo, el Gobierno cerró las escuelas
para evitar la propagación del virus. Incapaces de aprender, los niños pronto terminaron con otras tareas. Las
agencias citan el testimonio de un niño en ese país: "Muchos padres en
mi vecindario se han aprovechado de las" vacaciones "para enviar a los
niños a la ciudad a vender frutas y verduras".
OPS: Una mujer y su hija en un hospital de Colombia durante la pandemia de COVID-19.
La muerte de los padres
El creciente número de muertes por COVID-19 es seguido por el
creciente número de niños que se quedan sin uno o ambos padres, así como
otros cuidadores, como los abuelos. Los niños privados de cuidado
familiar son particularmente vulnerables al trabajo infantil, la trata y
otras formas de explotación. La evidencia de crisis anteriores sugiere que cuando los sistemas de
salud no cuentan con recursos suficientes y faltan mecanismos de
protección social, es muy probable que las familias experimenten crisis de salud severas. Muchos
trabajadores, especialmente aquellos en el sector informal, no tienen
más remedio que continuar trabajando, lo que aumenta su riesgo de
enfermarse. Los hogares pueden enfrentar costos de salud catastróficos
exacerbados por la pérdida de un proveedor de la familia o un receptor
de pensiones. El trabajo infantil se convierte en una estrategia de
supervivencia. Las niñas en particular pueden asumir un papel más
importante en el cuidado de los miembros del hogar que se enferman. Cuando los miembros adultos del hogar se enferman o mueren, no es inusual que los niños asuman su trabajo.
En sociedades con roles de género tradicionales, la muerte paterna
puede llevar a los niños a buscar trabajo, incluidas las peores formas
de trabajo infantil, fuera del hogar. Un estudio reciente en Mali documentó cómo la enfermedad de las
mujeres en la familia hace que los niños asuman ciertas tareas. Aun
cuando el trabajo de los niños y el de sus madres generalmente están
estrechamente entrelazados, las madres a menudo también juegan un papel
de supervisión para asegurarse de que los niños continúen en la escuela. Además, la evidencia anecdótica de diferentes países revela que, dado
que las personas piensan que los niños no se ven afectados por
COVID-19, se les pone a trabajar en lugar de los adultos.
Cuidan a los familiares enfermos y hacen compras y otras actividades
que implican romper la cuarentena. También complementan el ingreso
familiar cuando los adultos no pueden trabajar, especialmente porque
pueden saltarse o evitar el toque de queda, ya que son menos visibles y
es menos probable que la policía los atrape.
PNUD Uruguay/Pablo La Ros: Una
niña estudiando con una computadora portátil proporcionada por la
Fundación OLPC (una computadora portátil por niño). Montevideo, Uruguay
Recomendaciones
“Al imaginar el mundo después del COVID-19, debemos asegurarnos de
que los niños y sus familias tengan las herramientas que necesitan para
enfrentar tormentas similares en el futuro. La educación de calidad, los
servicios de protección social y las mejores oportunidades económicas
pueden cambiar las reglas del juego”, agregó la jefa de UNICEF. El director de la Organización Internacional del Trabajo recalcó también que la protección social es vital para estos tiempos de crisis. “La integración de las preocupaciones sobre el trabajo infantil en
políticas más amplias de educación, protección social, justicia,
mercados laborales y derechos humanos y laborales internacionales hace
una diferencia crítica”, aseguró Guy Rider. El informe propone una serie de medidas para contrarrestar la amenaza del aumento del trabajo infantil, entre ellas:
una protección social más integral
un acceso más fácil al crédito para los hogares pobres
la promoción del trabajo decente para adultos
medidas para que los niños vuelvan a la escuela, incluida la eliminación de cuotas escolares
más recursos para inspecciones laborales y cumplimiento de la ley.
La OIT y el UNICEF están desarrollando un modelo de simulación para analizar el impacto del COVID-19 en el trabajo infantil a nivel mundial. Se publicarán nuevas estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil en 2021. La Organización Internacional del Trabajo lanzó el "Día Mundial
contra el Trabajo Infantil" en 2002 para concienciar acerca de la
magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicarlo. El Día Mundial este 2020 se centra en el impacto de la crisis en la
explotación laboral de la infancia y hace un llamamiento a los países y
organizaciones para proteger a los más vulnerables durante la gestión y
recuperación de esta crisis.
El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que trata de dar respuesta a la obligación de protección de las personas menores de edad establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño, (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990), en el artículo 3 del Tratado de Lisboa y en el artículo 39 de la Constitución Española.
Este Proyecto ha sido desarrollado en un amplio proceso de consultas y aportaciones con el resto de administraciones, las organizaciones especializadas en infancia y el conjunto de la sociedad civil.
El Comité de Derechos del Niño, con ocasión del examen de la situación de los derechos de la infancia en España en 2018, reiteró a nuestro país la necesaria aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los niños y niñas, análoga a la aprobada contra la violencia de género.
Esta Ley responde a esta necesidad, e incluye medidas en muchos ámbitos (prevención, actuación en el nivel educativo, apoyo familiar, servicios sociales, sanidad, regulación de la publicidad, redes sociales, justicia…), teniendo en cuenta varias de las Observaciones Generales (12, 13 y 14) realizadas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y los estándares internacionales desarrollados por el Consejo de Europa en sus distintos convenios.
Además, la Ley está orientada al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, en particular el Objetivo 16 ("Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas") y la meta 16.2 ("Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños").
En concreto, esta nueva norma persigue establecer un nuevo paradigma de prevención y protección común en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de derechos que significa la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Este paradigma se caracteriza por:
Una aproximación integral con la que dar respuesta a un problema que tiene una naturaleza multidimensional.
La priorización de la prevención como vía para evitar la violencia contra las personas menores de edad. Reforzando también las capacidades de los propios niños, niñas y adolescentes para la detección precoz y la adecuada reacción ante situaciones de violencia.
El establecimiento de medidas de protección orientadas a eludir la victimización secundaria.
La superación de la fragmentación del modelo actual, mediante la colaboración con las Comunidades Autónomas.
Las principales novedades que introduce este Proyecto de Ley Orgánica son:
Se garantiza a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia los derechos a la información, el asesoramiento y el apoyo, a una atención integral (incluida la atención terapéutica) y a personarse en los procedimientos judiciales que se sigan.
Se promueve y garantiza la formación especializada, inicial y continua en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia de los y las profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad por las Administraciones Públicas.
Se generaliza el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad competente aun cuando no sea constitutiva de delito. Este deber de comunicación se configura de una forma más exigente para aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad.
Las Administraciones Públicas deberán establecer mecanismos adecuados de comunicación, accesibles y seguros. Se fomenta la comunicación de situaciones de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes por otros menores.
Se establece la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia, como órgano de cooperación entre las Administraciones Públicas para garantizar la necesaria cooperación entre las mismas en la aplicación de esta ley y a fin de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y evaluar su impacto se crea una Comisión de Seguimiento.
La elaboración de una Estrategia para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia a nivel nacional en colaboración con las comunidades autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales.
Se refuerzan las actuaciones de sensibilización, detección precoz y prevención con planes y programas públicos dirigidos a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia dotados presupuestariamente y que prioricen a los colectivos más vulnerables.
Se proporcionará el apoyo público necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo, reforzar factores protectores, así como apoyar la labor educativa de las familias. Así como, se promoverá el buen trato, la parentalidad positiva, la adquisición de competencias emocionales, de negociación y resolución de conflictos en base a la situación y necesidades de los progenitores, o en su caso, de las personas tutoras o guardadoras o acogedoras.
De forma coordinada con la reforma de la Ley de Educación, se crea la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en los centros educativos y se definen sus funciones básicas para asegurar el adecuado funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia.
Los centros de Educación Superior promoverán la formación, docencia e investigación en derechos de la infancia y adolescencia en general.
Se garantiza el acceso universal de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en situaciones de violencia, a los servicios sanitarios de tratamiento y rehabilitación. Se desarrollará un protocolo común de actuación sanitaria para facilitar la promoción del buen trato, la identificación de factores de riesgo y la prevención y detección precoz de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes en este contexto.
Se atribuye la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los servicios sociales. Se optimiza la información estadística sobre los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia en el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia con la procedente de los servicios sociales de atención primaria.
Se regulan las actuaciones públicas dirigidas a garantizar el uso seguro y responsable de Internet por parte de los niños, niñas y adolescentes, familias, personal educador y profesionales que trabajen con personas menores de edad.
Se crea la figura del delegado de protección en las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad para informar y apoyar a los niños, niñas y adolescentes para el cumplimiento de los protocolos de actuación frente a la violencia en este ámbito.
Se establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a nivel estatal, autonómico y local cuenten con unidades especializadas en la sensibilización, prevención de situaciones de violencia sobre personas menores de edad. Se reduce la práctica de diligencias con intervención de personas menores de edad a aquellas que sean estrictamente necesarias.
Se regula el canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar una adecuada protección del derecho fundamental a la protección de datos personales y la rápida retirada de Internet los contenidos que atenten gravemente contra el mismo.
Los centros de protección deberán contar con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a las situaciones de violencia comprendidas en esta ley. Protocolos que contemplen específicamente actuaciones respecto a la trata de seres humanos, el abuso y la explotación sexual de personas menores de edad sujetas a medidas protectoras y que residan en dichos centros.
Se prevé un aumento de la dotación presupuestaria en el ámbito de la Administración de Justicia y la Administración de los Servicios Sociales para luchar contra la victimización secundaria y cumplir las nuevas obligaciones encomendadas por la ley respectivamente.
Se perfecciona la regulación relativa a la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de no haber cometido delitos contra la libertad o indemnidad sexuales o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual para desarrollar actividades que supongan contacto habitual con personas menores de edad.
Se obliga a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad.
Se pauta como obligatoria la práctica de la prueba preconstituida por el órgano instructor, cuando la víctima sea una persona menor de catorce años o con discapacidad necesitada de especial protección a fin de evitar que tenga que declarar reiteradamente, a lo largo del procedimiento penal, sobre los hechos objeto del procedimiento.
Se atribuye la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos menores de edad a ambos progenitores. Por tanto, se requiere el consentimiento de ambos o autorización judicial para el traslado de la persona menor de edad, con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia, salvo suspensión o privación de la potestad o atribución exclusiva de dicha facultad a uno de los progenitores.
Se regula la necesidad de formación especializada en las carreras judicial y fiscal, exigida por toda la normativa internacional, en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia.
Se prohíbe la publicidad que por sus características pueda provocar en personas menores de edad la adopción de conductas violentas sobre sí mismas o sobre terceros, así como los que integren una serie de estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico.
Se da una nueva regulación a los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación, tanto sobre los niños, niñas y adolescentes, como sobre las personas de edad avanzada e incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.
Se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios por parte de las personas penadas por delitos que atenten contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de dieciséis años.
Se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las personas menores de edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el plazo de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los treinta años de edad.
Se configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.
Se introduce como posible sujeto activo en el tipo penal de sustracción de personas menores de edad el progenitor que únicamente tenga en su compañía a la persona menor de edad en un régimen de estancias.
Se crean nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma social, como las que promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad.
Se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las personas menores de edad y de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección víctimas de delitos violentos graves, con independencia de la situación económica de la víctima.
Se recoge un completo listado de indicadores de riesgo para la valoración de esta situación a las Entidades Públicas de protección de menores.
Se regulan las condiciones y el procedimiento aplicable a las solicitudes de acogimiento transfronterizo de menores procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del Convenio de la Haya de 1996.
Se conceden nuevos derechos de las víctimas de delitos de violencia de género cuando el autor de los hechos sea una persona menor de dieciocho años en línea con Estatuto de la víctima del delito.
Se modifica de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria para asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en los expedientes de su interés, salvaguardando su derecho a la defensa, expresarse con libertad y garantizando su intimidad.
Se encomienda al Gobierno la elaboración de dos proyectos de ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal y civil, así como del Ministerio Fiscal.
El aumento de fake news en Internet y redes sociales durante la crisis sanitaria COVID19 nos recuerda la importancia de ayudar a los más jóvenes a detectar este tipo de informaciones falsas presentes en el entorno digital.
Porque la formación en los usos adecuados de Internet comienza desde la infancia, Fad colabora en el proyecto de Google "Sé genial en Internet" para enseñar a niños y niñas buenos hábitos digitales. Nos acompañan en este viaje aliados como Policía Nacional e INCIBE. La pieza central del programa es Interland, un videojuego interactivo para ayudar a los más peques a aprender lecciones fundamentales para desenvolverse con las herramientas digitales de forma segura. Todo ello, acompañando a los simpáticos protagonistas de esta aventura gráfica por el "reino amable", "la torre del tesoro" o el "río de la realidad".
Un tour virtual en formato de vídeo 360º en el que las principales agencias de noticias de la parrilla mediática española nos abren sus puertas para explicar a chicos y chicas el proceso mediante el que una información se convierte en noticia.
Incluye propuesta didáctica para trabajar con el alumnado.
Imagina que perteneces a un grupo capaz de ayudar al mundo a ser más claro, desenmascarando la información falsa o errónea, y aprendiendo a generarla con buen criterio. Esta es la premisa del videojuego online ERASER, dirigido a grupos de 2 a 4 escolares, y a profesores que deseen poner en práctica en el aula esta iniciativa.
¿Radio, televisión o prensa? A través de este concurso, los y las adolescentes podrán convertirse en periodistas veraces cocinando una noticia para cualquiera de estos medios, siguiendo la receta del rigor periodístico. Profesionales como la subdirectora de Informativos de Onda Cero, Esther Turu, les animan a hacerlo en este vídeo.
Las nuevas deducciones fiscales por donaciones que se aprobaron este mes de mayo te permitendesgravar hasta el 80% de los primeros 150€ donados a entidades sociales como Fad.
Haciéndotesocio o socia de la Fundación nos ayudarás a que nuestros recursos preventivos y formativos acompañen a más padres, madres, educadores y mediadores juveniles.
En los últimos meses hemos afrontado una crisis sanitaria sin precedentes que nos han hecho vivir momentos complicados y de gran incertidumbre. Los y las jóvenes han estado a la altura de las expectativas asumiendo el compromiso social de respetar el confinamiento y escuchar activamente las recomendaciones necesarias para paliar la crisis. Hemos creado este vídeo de agradecimiento para darles la enhorabuena por su responsabilidad y enviarles un mensaje de ánimo para los días venideros.
Sin embargo, somos conscientes de que aún quedan muchos pasos por recorrer en el camino de la desescalada, por ello, apelamos de nuevo a su motivación y fuerza de voluntad para ayudarnos a todos y a todas a construir una #DesescaladaResponsable. En el blog Planeta Joven les damos las gracias de antemano por implicarse en esta "nueva normalidad" a la que, poco a poco, tendremos que adaptarnos.
Cómo la COVID-19 ha funcionado como un gran foco que ha iluminado algunas de las zonas más oscuras del sistema educativo: desigualdades sociales, brecha digital, falta de formación en el uso de la tecnología (entre el profesorado y el alumnado), la dejación de responsabilidades que muchas administraciones están haciendo sin ofrecer directrices claras a sus centros…
También, claro, es una oportunidad para pensar en la escuela que queremos y que nos hace falta.
Una escuela que ayude a allanar las diferencias sociales y que dé, como hasta ahora, espacio y tiempo a niñas y niños para crecer en ella.
Carlos Magro es, entre otras muchas cosas, presidente de la asociación Educación Abierta. Desde hace ya años se ha convertido en un buen observador de algunos de los retos y problemas del sistema educativo y desde diferentes plataformas intenta hacer aportaciones a la «conversación» educativa. Hablamos con él, por teléfono, para conocer sus impresiones sobre cómo está aguantando el sistema educativo la situación de confinamiento, y en qué debería, principalmente la administración, pero no solo, hacer mejoras de cara al futuro. Carlos Magro es un hombre tranquilo, que se toma su tiempo (ni mucho ni poco) para contestar a las preguntas de este periodista.
¿Cómo estás llevando estos días de confinamiento?.
Un poco desbordado de ocupaciones y trabajo. Es curioso, con dificultad de concentración muchas veces. Lo normal, dentro de la situación. Cuesta, a veces es agotador. No es sano. Y eso que trabajo así muchas veces, pero sí, lo estoy notando.
¿Crees que el sistema puede aguantar mucho más esta situación de confinamiento?
Según se desprende de un nuevo análisis publicado este jueves por UNICEF y la ONG Save the Children, 86 millones de niños pasarán a engrosar las filas de la pobreza debido al impacto económico del coronavirus. Los países de Europa y Asia central podrían registrar el aumento más significativo, que podría llegar hasta el 44% en toda la región. En América Latina y el Caribe podría registrarse un aumento del 22%. El número total de niños que viven por debajo del umbral nacional de pobreza en los países de ingresos bajos y medianos podría llegar a 672 millones a finales de año. De esa cifra, casi dos terceras partes de esos niños vivirán en el África subsahariana y el Asia meridional. "La pandemia de coronavirus ha desencadenado una crisis socioeconómica sin precedentes que está agotando los recursos de las familias de todo el mundo", dijo Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF. Save the Children y UNICEF advierten que el impacto de la crisis económica mundial causada por la pandemia y las políticas de austeridad relacionadas con ella es doble. La pérdida inmediata de ingresos significa que las familias tienen menos capacidad para costear sus necesidades básicas, incluidos los alimentos y el agua, menos probabilidades de acceder a la atención sanitaria o a la educación, y más riesgo de matrimonio infantil, violencia, explotación y abuso. Cuando se produce una disminución presupuestaria, también pueden disminuir el alcance y la calidad de los servicios de los que dependen estas familias. Además, advierten que, en el caso de las familias más pobres, la falta de acceso a los servicios de atención social o a medidas compensatorias limita aún más su capacidad de respetar las medidas de contención y distanciamiento físico y, por consiguiente, aumenta aún más su exposición a la infección. Hay que ampliar los programas de protección social Fore destacó que "la magnitud y la gravedad de las dificultades financieras de las familias amenazan con retroceder años de progreso en la reducción de la pobreza infantil y privar a los niños de servicios esenciales. Sin una acción concertada, las familias que apenas se las arreglan podrían verse empujadas a la pobreza, y las familias más pobres podrían enfrentarse a niveles de carencias que no se han visto en décadas". En el caso de los niños que viven en países que ya están afectados por conflictos y violencia, los efectos de esta crisis aumentarán aún más el riesgo de inestabilidad y de que los hogares caigan en la pobreza, advirtieron ambos organismos. Con el fin de abordar y mitigar los efectos de la COVID-19 en los niños de hogares pobres, Save the Children y UNICEF piden una ampliación rápida y a gran escala de los sistemas y programas de protección social, incluidas las transferencias de efectivo, la alimentación escolar y las prestaciones para niños, inversiones todas ellas fundamentales que abordan las necesidades financieras inmediatas y sientan las bases para que los países se preparen para futuras crisis. Los Gobiernos también deben invertir en apoyo a las familias mediante otras formas de protección social, políticas fiscales, empleo e intervenciones en el mercado laboral. Esto incluye la ampliación de la cobertura universal a la atención sanitaria de calidad y otros servicios; y la inversión en políticas familiares, como las vacaciones remuneradas y el cuidado de los niños. Algunos de los países en América Latina que aumentaron la protección social desde el inicio de la crisis del coronavirus fueron: Argentina, en donde el programa de asignación universal por hijos proporcionó un aumento de 3100 pesos (47 dólares EE. UU.) a sus actuales beneficiarios
Colombia, donde el Gobierno creó el Programa de Ingresos Solidarios que proporciona transferencias en efectivo a los hogares que actualmente no reciben beneficios de ningún otro programa del Gobierno Nacional. Al 21 de mayo, más de dos millones de familias vulnerables habían recibido una transferencia de 320.000 pesos (equivalentes a 81 dólares de los EE. UU.) mediante dos pagos efectuados durante marzo y mayo
Perú, donde el Gobierno entregó un bono solidario a los hogares rurales, los trabajadores independientes y las familias vulnerables, así como un nuevo bono universal, para 6,8 millones de hogares. Es necesario prestar especial atención a las personas que viven en zonas remotas, las poblaciones indígenas y los migrantes
