“Una
vez más asistimos atónitos a la desidia del legislador, a la
infravaloración de las necesidades de la familia en crisis y al
mantenimiento de una situación insostenible para el adecuado ejercicio
del servicio público de administrar Justicia”,
critica la presidenta de
AEAFA al Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia .
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Mientras las crisis empresariales serán atendidas por tribunales
específicos al crearse una sección Mercantil con jurisdicción en toda la
provincia, los divorcios, las custodias, alimentos de los hijos o las
herencias serán atendidas en tribunales de instancia generalistas
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El Anteproyecto de Eficiencia Organizativa vulnera e incumple el
mandato de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia
donde contemplaba “la especialización en Infancia, Familia y Capacidad”
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La AEAFA solicita a todos los grupos parlamentarios que formulen
enmiendas con la finalidad de que la Sección de Familia se cree en los
mismos términos que la Sección de lo Mercantil, evitando la
discriminación
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) considera que el
Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia
Organizativa del Servicio Público de Justicia que ha aprobado hoy el
Consejo de Ministros deja a las familias españolas sin una Justicia
especializada, mientras que las empresas sí dispondrán de tribunales
específicos integrados por personal específico.
La nueva norma prevé para las empresas en crisis la creación
automática de una sección de lo Mercantil con jurisdicción en toda la
provincia y con sede en la capital. Por el contrario, las crisis
familiares -divorcios, custodias de hijos, discapacidad, herencias,
etc..- no recibirán ese mismo trato pese a las reclamaciones históricas
de la mayoría de abogados, magistrados y fiscales.
El anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa de la
Justicia deja al albur de las circunstancias la creación de juzgados de
Familia, puesto que dependerá de “cuando se estime conveniente” y en
función de la “carga de trabajo existente en ese tribunal”. No se crean
con carácter general, ni tampoco en los mismos términos que las
secciones mercantiles y tampoco se exige a sus integrantes una
especialización integral y vertical.
Para la AEAFA, este anteproyecto supone una vulneración e
incumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, donde
contemplaba en su disposición final vigésima, que el Gobierno “dispondrá
las modificaciones necesarias para garantizar la especialización dentro
del orden jurisdiccional civil en Infancia, Familia y Capacidad”.
En opinión de la AEAFA, esta decisión supone un perjuicio claro para
los ciudadanos. “Por ejemplo, en el caso de la custodia compartida de
los hijos, hay juzgados de Primera Instancia y juzgados Mixtos (atienden
asuntos penales y civiles) que desoyen la jurisprudencia consolidada
del Tribunal Supremo y se muestran más reacios a su concesión”, explica
la presidenta de AEAFA.
En cuanto a los retrasos en el sistema judicial, la situación también
empeora cuando las crisis familiares recaen en estos tribunales
generalistas. “Los asuntos civiles en los juzgados mixtos están
supeditados a la agenda penal. Si hay un vista de custodia pero de
repente entra una causa con preso, pasa a segundo plano, se suspende y
se pospone la fecha del juicio de familia”, especifica Lozano.
En conclusión, “la falta de secciones de familia especializadas
provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares,
inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en
muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y
filioparental”, afirma la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.
La AEAFA solicita a todos los grupos parlamentarios que formulen
enmiendas con la finalidad de que la Sección de Familia se cree en los
mismos términos que la Sección de lo Mercantil, evitando la
discriminación
SE INFRAVALORA A LAS FAMILIAS
“Una vez más asistimos atónitos a la desidia del legislador, a
la infravaloración de las necesidades de la familia en crisis y al
mantenimiento de una situación insostenible para el adecuado ejercicio
del servicio público de administrar Justicia”, critica la presidenta de
AEAFA.
“El anteproyecto no soluciona la actual situación que se produce en
los procesos de familia: el agravio territorial comparativo, respuestas
jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y dilación en la
tramitación de los procesos. Estas demoras son en muchas ocasiones
potenciadoras de situaciones de violencia de género, doméstica y filio
parental. Además, el apoyo a las personas mayores en el ejercicio de su
capacidad jurídica y de obrar es claramente deficiente en los juzgados
no especializados”, afirma María Dolores Lozano.
“La complejidad de los efectos personales y patrimoniales derivados
de las crisis familiares no es discutible, y tampoco lo es, que su
abordaje debe realizarse desde la especialización de todos los
operadores jurídicos, y en especial, mediante la creación de la
especialización dentro del orden jurisdiccional Civil de juzgados de
infancia-familia y capacidad, como en la especialidad en mercantil”,
añade.
ESTADÍSTICAS
Según los datos del CGPJ, España solo dispone de 128 juzgados de
Primera Instancia especializados en asuntos de Familia repartidos entre
los grandes núcleos de población, lo que deja a más de la mitad de las
personas, cerca del 53%, sin acceso a este tipo de servicio público
cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la
custodia de los hijos, la herencia o la protección de personas con
discapacidad. Fuera de este servicio público se quedan los ciudadanos
de ciudades como Cádiz, Ibiza, Menorca, Ávila, Toledo, Manresa, Segovia,
Cáceres, Lugo y miles de localidades más.
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