Lo que no pueden hacer con los adultos, se les impone a los niños y niñas, únicamente por prepotencia, porque sí, porque pueden.
No tienen ningún argumento, ni el constitucional que en esta aspecto fue corregido y superado en 1991 por la ratificación del Estado Español de la Convención sobre los derechos de niño.
Todo persona tiene derecho a la educación desde que nace hasta que muere.
Si una etapa de la educación se hace obligatoria no es más que para garantizar ese derecho a los infantes, no es para dar ese derecho a los padres, que solo son parientes respecto a la persona titular del derecho. Parir no da derechos sobre los paridos, en todo caso obligaciones como siempre ha sido, es y será en el reino animal y en el humanoide.
De qué van estos, que cultivan su falso poder en el territorio de los débiles, de los niños y niñas, un terreno que es de los niños, no de los padres!.
Un pin que no es un pin para una objeción de los programas escolares, es para destruir el derecho a la educación de los chavales, para someterlo al vaivén de las percepciones, no pocas veces erróneas cuando no enfermizas o maltratantes de bastante padres...
El PP y Vox apoyan el derecho de los padres para aplicar un veto a contenidos educativos que ya fracasó en el Tribunal Supremo con Educación para la Ciudadanía. El PP y Voz lo único que están haciendo es utilizar a los niños de correas de transmisión para el desgaste político, y eso demuestra su miseria moral.
La secuela de estas fechas tiene que ver con el (mal) llamado pin parental.
La obra original estuvo dedicada a la asignatura Educación para la
Ciudadanía. Una novedad importante: ahora aparece como actor principal
la extrema derecha, ausente en la época de la asignatura que surgió
durante el Gobierno de Zapatero.
Vox ha conseguido colar otro de los temas fundamentales
de su permanente guerra identitaria, el que tiene en el punto de mira a
las reivindicaciones feministas y los derechos de la comunidad LGTBI,
eso que denomina "ideología de género" para darle un barniz siniestro.
"Es
un instrumento para dar a los padres libertad para elegir qué quieren
hacer con sus hijos", dijo Iván Espinosa de los Monteros, sobre todo si
quieren "adoctrinarlos".
Lo llaman pin parental,
pero es en realidad un veto educativo o escolar con el que los padres
podrían impedir que sus hijos reciban formación, cursos o actividades
sobre asuntos como la educación sexual o la lucha contra la homofobia.
La
elección del término no es inocente. En realidad, no es más que una
forma de objeción de conciencia por razones ideológicas. Lo malo para la
ultraderecha es que debería saber que eso no pasaría el corte en los
tribunales. En una sentencia
de 11 de febrero de 2009 el Tribunal Supremo afirmó que no existe un
derecho constitucional general a la objeción de conciencia, y tampoco en
el ámbito educativo. Eso "equivaldría en la práctica a que la eficacia
de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia
individual, lo que supondría socavar los fundamentos mismos del Estado
democrático de Derecho", dijo el Supremo en un caso relacionado con la
Educación para la Ciudadanía.
La forma de ocultar ese
veto ideológico es aplicarle el término 'pin'. Los padres bloquean
con ese instrumento ciertos canales de televisión para que no los vean
sus hijos y mantenerlos alejados de la violencia, las tetas, los culos y
todas esas ideas que los rojos meten en la cabeza de los niños para
convertirlos en marxistas leninistas antes de llegar a la pubertad.
Pero
un sistema educativo no es como un servicio de televisión de pago. Lo
que Vox está haciendo es exigir una educación a la carta en función de
las ideas políticas de sus padres.
Hay un truco en
la polémica por la descripción del objeto del veto. El número dos del
PP, García Egea, se refirió a "charlas extracurriculares" para defender
el permiso preceptivo de los padres. El Gobierno está hablando de otra
cosa. Celaá contó que se trata de actividades complementarias que son
obligatorias al formar parte del currículum educativo. Los padres las
deberían conocer: "Son actividades que aprueban el centro y los docentes
en el consejo escolar (de los colegios), del que forman parte las
familias".
Es el Estado –ese ente demoníaco en las
pesadillas de los diputados de PP y Vox– el que fija los programas y
currículos escolares a través de leyes aprobadas por el Parlamento (del
Estado), y normas aprobadas por el Gobierno (del Estado) y gestionadas
por los gobiernos autonómicos (del Estado). Los padres intervienen a
través de los consejos escolares.
Marcando el paso al PP y Cs
Es
el tipo perfecto de debate para un partido como Vox que no aspira ahora
mismo a gobernar, sino a marcar el territorio en aquellas comunidades
autónomas en que el PP y Ciudadanos necesitan su apoyo en el
legislativo. Plantean a sus votantes que esa es la mejor forma de
rentabilizar el voto, obligando a la derecha a asumir su discurso y
presentarse como principal dique de contención frente a la izquierda.
Al
mismo tiempo, es un debate que la izquierda no puede ignorar y en el
que no debería ser un problema para el PSOE y Podemos encontrar una
posición común. Cómo se plantee esa batalla es otro asunto. Las
ministras que defendieron el recurso del Gobierno contra las medidas
pactadas en Murcia apelaron a los derechos del niño.
"Son derechos fundamentales y constitucionales del menor que asisten a
todas las personas desde su nacimiento. Lo contrario sería pensar que
los menores, por serlo, no tienen derechos
fundamentales", explicó Isabel Celaá, titular de Educación. Hasta ahí
todo bien. Pero luego siguió y ofreció una baza que la derecha no tardó
en aprovechar: "No podemos pensar de ninguna de las maneras que los
hijos pertenecen a los padres", dijo la ministra.
Los
hijos –como los seres humanos en general– no pueden ser propiedad de
nadie. Pero al emplear Celaá el concepto de 'pertenecer' en el PP y
Vox empezaron a relamerse. Si no pertenecen a los padres, ¿pertenecen al
Estado? En otras palabras: "La tierra pertenece al viento y nuestros
hijos a Sánchez", dijo Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz
parlamentaria del PP. "¿A quién pertenecen, Celaá? ¿Al Estado? ¿A Irene
Montero? Sacad vuestras manos de nuestros hijos", fue la respuesta de
Vox en su cuenta de Twitter.
Unas horas después, Pablo Casado calcó esa última frase del tuit de Vox: "Saquen sus manos de nuestras familias".
El
PP de Murcia sostiene que esta censura previa por los padres ya existe
allí desde hace tiempo y que ahora se formalizará con los decretos
necesarios para cumplir las exigencias de Vox en la negociación. Los
dirigentes de Ciudadanos han dado opiniones diferentes
sobre el tema, pero ahora parece que están en contra: "Lo más sensato
sería paralizar esta orden hasta que se sepa si es legal, y parece ser
que no lo es". Hay una cierta indefinición legal si creemos al propio
presidente de Murcia, Fernando López Miras. Comentó que se trata de una
polémica "interesada y partidista", pero admitió que no tiene claro
"cuáles van a ser los trámites legislativos y administrativos".
Será mejor que sus asesores jurídicos estén mejor informados porque van a tener que defender la medida en los tribunales.
El debate que no acaba nunca
Todas
estas polémicas son tan viejas como la Constitución. El debate sobre
educación fue de los más enconados en el proceso de negociación de la
Carta Magna. El artículo sobre la educación que aparecía en el
anteproyecto aprobado por la ponencia fue el que más enmiendas recibió. Y
las que llegaron de UCD y el PP reforzaban los derechos de los padres,
no sólo sobre la enseñanza de religión. "Los poderes públicos garantizan
el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban el tipo
de educación y la formación religiosa y moral que habrá de darse a sus
hijos", decía por ejemplo la enmienda del diputado de UCD Miguel Ortí
Bordas.
El resultado que apareció finalmente en el punto tercero del artículo 27
no llegó tan lejos como quería la derecha: "Los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones".
La Constitución no avala el derecho de
veto de los padres sobre los contenidos del currículum educativo. La
parte de "formación moral" podría ser interpretada de muy distintas
maneras por un tribunal, pero no olvidemos que el Supremo no acepta la
objeción de conciencia en este ámbito.
"Lucharé para
que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo
tenemos que educar a nuestros niños", dijo el líder del PP. En realidad,
los gobiernos llevan haciendo eso desde hace mucho tiempo,
incluidos con los de su partido.
Pablo Casado puede
estar tranquilo. Sus hijos siguen siendo suyos y no van a ser
lobotomizados por Sánchez. Es sólo que lo tiene difícil para impedir que
en el futuro les den una charla sobre derechos humanos.
