La
infancia sigue sin ser una prioridad en los presupuestos generales del
Estado que no contemplan una evaluación de la situación macroeconómica y
fiscal de los derechos de la infancia y adolescencia, no especifican
claramente las asignaciones destinadas a la infancia y la adolescencia,
ni incluyen indicadores específicos de su impacto sobre la infancia y
adolescencia como recomienda Naciones Unidas. Estas son las principales
conclusiones del análisis que hace público hoy, último día para
presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, la
Plataforma de Infancia y en el que han colaborado Deloitte Legal y la
abogada e investigadora sobre derechos humanos y vulnerabilidad, Violeta
Assiego.
El estudio analiza las partidas presupuestarias
destinadas a infancia en función de cuatro categorías: protección social
y prestaciones, educación, bienestar social y salud. A primera vista
todas las categorías analizadas aumentan en relación con lo
presupuestado en 2017. Sin embargo, tras un análisis más profundo,
comprobamos que este ascenso no responde a una apuesta suficiente y
adecuada del Gobierno por la infancia más vulnerable, y que las partidas presupuestarias que fueron recortadas en los años de crisis no están viendo los efectos de la recuperación.
“Los
Presupuestos Generales del Estado son la mejor herramienta con la que
contamos para analizar las prioridades políticas de un Gobierno y, como
muestra el estudio que hoy hacemos público, los derechos de los
niños y las niñas, especialmente los de aquellos en situación de
vulnerabilidad, están lejos de ser una prioridad en España” explicó Adolfo Lacuesta, Presidente de la Plataforma de Infancia.
Se reducen en un 18,99% las Ayudas para el impulso de la Formación Profesional (partida nº 18.05.453), que pasa de 54.642.000,96 euros en 2017 a 45.924.000,13 euros en 2018, y la partida destinada al Programa de Educación Compensatoria que pasa de 4.652.000,88 euros en 2017 a 4.536.000,5 euros en 2018, una reducción del 2,7%.
El Fondo Extraordinario para Combatir la Pobreza Infantil se incrementa en tan sólo 2.000.000 de euros. Mientras que el Programa de Atención a la Infancia y a las Familias,
ejecutado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad
se reduce en un -15,99% pasando de 10.238.000,78 euros en 2017 a
12.129.00,14 euros en 2018. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos
se ha reducido en 500.000 euros y otras partidas se han modificado
dificultando saber qué cuantía específica se destina a la infancia como
el Programa 322K de Deporte en Edad Escolar que no aparece en los
presupuestos, mientras que sí aparece el 336A de Fomento y Apoyo de las Actividades Deportivas, sin especificar qué cuantía se especifica a infancia.
El pasado mes de febrero el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas manifestó su preocupación por el hecho de que las
inversiones en infancia realizadas por el Estado Español no hayan
alcanzado un nivel suficiente para compensar el impacto negativo de la
crisis económica y social que comenzó en 2008 y que ha producido un aumento de la pobreza y la desigualdad social, dejando a 1 de cada de 3 niños en riesgo de pobreza o exclusión social.
El Comité señalaba también la necesidad de que tanto a nivel nacional
como en las distintas regiones o comunidades autónomas se realice un
análisis presupuestario sistemático con vistas a la correcta
determinación, el seguimiento y la protección de los recursos necesarios
para hacer efectivos los derechos del niño.
“Es obligación de los
Estados garantizar el gasto público suficiente, eficaz, eficiente y
equitativo para cumplir los derechos de la infancia establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas” añade
Lacuesta. “Desde la Plataforma de Infancia pedimos un aumento de los recursos destinados a infancia hasta alcanzar la media de la Unión Europea del 2,4% del PIB, actualmente
nos situamos en el 1,3%, y reclamamos además que este aumento de
recursos se garantice a través de un acuerdo político en el marco de un
Pacto de Estado por la Infancia”.
España es el tercer país de la
Unión Europea con más pobreza infantil y el segundo con la prestación
por hijo a cargo más baja y no universal. Por lo que las organizaciones
que integran la Plataforma de infancia piden también aumentar la prestación por hijo a cargo de 24,25 a 100 euros al mes como principal herramienta para reducir la pobreza infantil.
Este incremento, así como la ampliación de los umbrales de familias que
perciben esta prestación, supondría reducir sustancialmente los
porcentajes de pobreza infantil.
Como notas positivas y avances en materia de derechos de infancia dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 destacan la ampliación del permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas y a la asignación presupuestaria clara y localizada de las pensiones de orfandad par a hijas e hijos de las víctimas de violencia de género.
Además, se han anunciado dos medidas que afectan directamente a las
familias con hijos menores: el incremento de deducción para familias
numerosas mediante el cheque natalidad, y el establecimiento de la deducción de 1.000 euros anuales por gastos de custodia de hijos menores de tres años en guarderías.
El análisis completo se puede consultar aquí
España a la cola en materia de pobreza infantil.
Somos el segundo país de la Unión Europea con los peores datos de pobreza infantil, solo por detrás de Rumanía. 2,4 millones de niños en nuestro país no pueden alimentarse de forma adecuada, comprar unas gafas graduadas o simplemente tener los libros y el material escolar para el colegio.
Y en un contexto, además, en el que la ayuda estatal a los hogares no acaba de llegar. España sigue mostrando una capacidad muy limitada para reducir la pobreza infantil a través de ayudas públicas.
Desde UNICEF insistimos en la necesidad de un compromiso político al más alto nivel que se traduzca en mejores políticas de infancia y una inversión suficiente. Firma y súmate a nuestra petición para que ningún niño se quede atrás.
