El desarrollo sostenible, como indicativo de justicia global o planetaria, nos marca lo que hay que hacer para garantizar la solidaridad intergeneracional, donde el abuso de recursos para satisfacer las excesivas demandas actuales dificulta que la infancia y la juventud actuales y las generaciones futuras satisfagan sus necesidades, y por tanto sus derechos a futuro.
En última instancia, para resolver ese dilema de la acción colectiva de preservar un planeta habitable para las generaciones futuras requerirá una "Constitución de la Tierra" de la ONU.
* Unos 400 jóvenes (líderes en esto del clima) de los 197 países miembros de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
para participar en grupos de trabajo y desarrollar propuestas concretas
que serán presentadas a los Ministros asistentes a la Pre-COP y COP26.
* El próximo 24 de septiembre habrá una nueva Global Strike convocada por Fridays For Future. Una convocatoria que viene precedida de un reciente informe del IPCC que establece la necesidad de una reducción drástica de las emisiones para frenar las mayores y peores consecuencias de la degradación planetaria que estamos originando. Un informe que refuerza la lucha y justifica la necesidad de esta movilización por el futuro. .
Estamos más cerca de lograr una victoria en favor de la justicia climática.
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Del 28 al 30 de septiembre Milán acogerá Youth4Climate: Driving Ambition, y del 30 de septiembre al 2 de octubre será el turno en la ciudad de Pre-COP26, una iniciativa diseñada para que los jóvenes puedan expresar sus ideas en la carrera. hasta la cumbre climática COP26 en Glasgow (1 al 12 de noviembre). Es una oportunidad importante para discutir estrategias a largo plazo para enfrentar los desafíos ambientales de lo que los científicos han llamado el Antropoceno: la humanidad es responsable de la crisis ecológica que podría conducir al colapso de la biosfera.
Durante décadas, los gobiernos nacionales, en particular las grandes potencias, han ignorado las advertencias de los científicos, a pesar de la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la conferencia de Río de Janeiro en 1992. Una consecuencia de su inactividad ha sido un cambio gradual en el significado de la "seguridad" del bien público. Ahora la gente puede morir no sólo por bombas atómicas o convencionales, como hasta ahora, sino también por un incendio forestal, una inundación o una ola de calor prolongada, y de hecho, cada vez más mueren como resultado directo de la crisis ambiental.
Los estados-nación nacieron originalmente con el objetivo de salvaguardar las vidas y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, ahora están gastando más en armas y la batalla por la supremacía política planetaria de lo que se necesitaría para financiar un plan eficaz de la ONU para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Acuerdo ecológico global.
La conferencia de Glasgow podría representar un punto de inflexión. Hay motivos para creer que Estados Unidos, China y la Unión Europea llegarán a un acuerdo sobre un "acuerdo verde" global. Juntas, estas tres potencias son responsables del 48% de los gases de efecto invernadero (GEI) que se bombean a la atmósfera. Un acuerdo entre ellos crearía un impulso capaz de acompañar a otros países.
Sin embargo, todavía no podemos saber si tal acuerdo sería adecuado y qué mecanismos institucionales se activarían para evitar que cada país, una vez finalizada la conferencia, vuelva a la normalidad. Esto es lo que sucedió después del Acuerdo de París de 2015, que no hizo nada para detener el aumento de GEI atmosféricos.
Por tanto, es útil mirar más allá de los plazos inminentes para explorar un enfoque político que pueda consolidar, y si es posible ampliar, cualquier unidad de intenciones forjada en Glasgow.
Esto se basa en la idea de justicia planetaria, una noción que abarca todos los principales problemas sociopolíticos del Antropoceno.
La idea debe traducirse en proyectos concretos para garantizar que la justicia se equipare a la equidad entre las personas y las comunidades.
La justicia como equidad nunca surge espontáneamente en la sociedad civil entre los ciudadanos de un estado. Para lograrlo tiene que haber instituciones de solidaridad, como lo demuestra la historia del estado de bienestar.
Implementando proyectos.
Por tanto, a nivel planetario es necesario crear instituciones globales, una gobernanza global, para implementar proyectos que transformen la idea de justicia en solidaridad. Los objetivos se pueden agrupar en desarrollo sostenible y justicia internacional.
El desarrollo sostenible significa que todas las actividades humanas relacionadas con la producción de bienes públicos y privados, incluida la explotación de recursos naturales, deben ser compatibles con los límites planetarios, un conjunto de parámetros, basados en la ciencia del sistema terrestre, que definen una zona segura para la acción humana. Sobre el clima, por ejemplo, el límite exterior se ha fijado en 350 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera y existen otros parámetros relacionados con el uso de agua dulce, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, etc.
Estos límites no representan políticas, sino los límites dentro de los cuales la humanidad debe operar para salvaguardar la vida en el planeta. El desarrollo sostenible indica así lo que hay que hacer para garantizar la solidaridad intergeneracional, poniendo fin a lo que el filósofo Stephen Gardiner llama la "tiranía de lo contemporáneo", donde el arado de recursos para satisfacer las excesivas demandas actuales dificulta que las generaciones futuras satisfagan sus necesidades.
Por ejemplo, los límites planetarios incluyen un umbral, uno que ya hemos superado con creces, para evitar una mayor pérdida de biodiversidad.
La justicia internacional es el segundo aspecto clave. Los costos de la transición ecológica de nuestra economía industrial no deben ser sufragados por igual por los habitantes de los países ricos y ya industrializados y los del mundo en desarrollo. Los primeros han contaminado el medio ambiente durante siglos, mientras que los segundos pueden evitarlo solo si se les ayuda. Los costos de renovación en los países industrializados tampoco deben ser sufragados por los trabajadores o los sectores industriales obligados a reducir o abandonar productos nocivos para el medio ambiente, como el carbón o ciertos productos químicos.
Graves crisis.
En resumen, las tensiones sociales dentro y entre los estados podrían intensificarse en los próximos años, provocando graves crisis políticas, si los gobiernos no alcanzan un acuerdo ecológico global que incluya suficiente apoyo financiero nacional e internacional para aliviar los costos de la transición.
Las reformas marginales de la Organización Mundial del Comercio o del Fondo Monetario Internacional no serán suficientes.
La aceleración de la crisis ambiental global requiere un salto adelante en las relaciones internacionales.
La UE ha demostrado que diferentes públicos nacionales pueden coexistir pacíficamente si aceptan compartir ciertos poderes: la independencia nacional es compatible con la cooperación internacional. El principio de unidad en la diversidad debe convertirse en la base moral de un mundo pacífico y próspero que respete el medio ambiente natural.
Un informe del secretario general de la ONU, António Guterres, en 2018 revisó las brechas en el derecho e instrumentos ambientales internacionales. "No existe un marco normativo general único en el área del derecho ambiental internacional que establezca lo que podría caracterizarse como reglas y principios de aplicación general", concluyó.
Guterres advirtió: 'La proliferación de acuerdos ambientales multilaterales y los mandatos distintos y separados resultantes ignoran la unidad, interconexión e interdependencia del ecosistema de la Tierra... La fragmentación institucional y la falta de coordinación son desafíos clave con respecto a la actual gobernanza ambiental internacional'. Dijo: "En varios aspectos de la solución de controversias interestatales han aparecido brechas relacionadas con la implementación y la eficacia del derecho ambiental internacional, en ausencia de un tribunal ambiental internacional".
"Constitución de la Tierra".
Por lo tanto, la Asamblea General de la ONU debería nombrar una comisión para formular una propuesta para la gobernanza ambiental global. Esta "constitución de la Tierra" establecería los principios, los objetivos políticos y las instituciones involucradas.
La constitución de la Tierra se convertiría en la Estrella Polar de la justicia planetaria. No solo especificaría los deberes de los gobiernos y los ciudadanos, sino que también permitiría a los ciudadanos del mundo reclamar sus derechos de protección ambiental en un tribunal ambiental internacional.
Sin la cooperación activa de los ciudadanos del mundo y sus representantes, no se alcanzarán los objetivos de la ONU.
Por supuesto, en otras áreas políticas, la ONU continuaría operando con las reglas existentes. Pero quizás el espíritu de cooperación internacional hecho posible por esta iniciativa podría extenderse con el tiempo a otros dominios.
gobernanza global, justicia planetaria, Naciones Unidas, ONU, COP26
*Guido Montani es profesor de economía política internacional en la Universidad de Pavía. Es ex presidente del Movimiento Federalista Europeo en Italia. En 1987 fundó en Ventotene el Instituto Altiero Spinelli de Estudios Federalistas.
