Una experiencia piloto en Las Palmas de Gran Canaria utiliza todos los recursos
para que el proceso no cause aún más daño a los niños y adolescentes.
... aquí son “niñocéntricos”...
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El equipo del juzgado, con el juez Tomás Luis Martín sentado en el centro,
el jueves en Las Palmas de Gran Canaria. |
El televisor muestra un primer plano de Sol, llamémosla con este nombre. Acaba de contar que un hombre le hizo “eso” hace unos años. Con “eso” quiere decir que la violó. Ahora tiene 13 y sus mejillas rojas revelan que la tensión bulle por dentro al recordarlo. Habla calmada. Está en una habitación junto al juez Tomás Luis Martín y sabe que la están grabando. Hace un momento le ha explicado que las reglas las pone ella. “Si estás cansada, dímelo. Si tienes hambre, te traemos algo. Si te quieres quitar los zapatos, te los quitas. Nosotros nos acomodamos a ti”. En otra sala miran la pantalla los abogados, el fiscal, el investigado. Esta es una prueba preconstituida, realizada durante la fase de instrucción, y tiene como fin que Sol no tenga que volver a contar en un juicio lo que le sucedió. Hace apenas media hora estaba jugando con su madre y con el propio Martín. Cuando termina la prueba, practica un rato con unas gafas de realidad virtual. “Yo no me voy sin probarlo, que lo vi en TikTok”, dice muy risueña. Este es el juzgado de los niños.
Aquí todo comparte el mismo objetivo, desde los muebles hasta el protocolo con el que se atiende a los niños: darles un buen trato, acompañarlos y reducir la ansiedad. Que la experiencia no suponga un nuevo trauma, y para ello todos tienen algo grabado a fuego: estos asuntos tienen prioridad alfa, los plazos no pueden eternizarse. Tres niñas pasan la mañana de un miércoles por aquí. Sol es la primera.
Unos días antes recibe la citación, que no es una carta al uso, sino un cuento, Hoy vamos al juzgado. “Contar una cosa que te hace sentir mal es un superpoder”, se lee. Está dirigido a niños de 7 a 12 años, el equipo ya está trabajando en uno para adolescentes. A las 9.14, en el control de seguridad avisan de que la niña ha llegado, acompañada de su madre. Dos agentes del grupo adscrito de la Policía Judicial de Las Palmas de Gran Canaria bajan a recogerla. Las instalaciones están en la Ciudad de la Justicia, inaugurada en 2014.
Hay dos circuitos, por la puerta principal de la torre cuatro ha llegado el investigado. Por otra, en el lado opuesto y media hora más tarde, entra la menor. Imposible que se crucen. Los agentes, siempre de paisano, llevan las placas bien visibles, hablan con los niños, procuran distraerlos. “El trayecto hasta el ascensor dura unos 50 segundos, no pasan los arcos de seguridad, no se cruzan con detenidos”, explica el oficial jefe Alberto Pulido.
Una vez en la quinta planta, llega el mundo de los pequeños. A Sol la recibe la letrada de la administración de justicia, Ana Sola, quien le regala una mochila con una libreta y lápices de colores con la mascota del juzgado, Togui, una figura que diseñó uno de los funcionarios mucho antes de que este piloto fuera una realidad. Porque este proyecto que se materializa ahora empezó a forjarse hace mucho.
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La mascota 'Togui', en una imagen cedida por el juzgado. NACHO DE LA PEÑA |
Por ello, cuando en junio de 2020 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la ley de infancia, que da el mandato de crear juzgados especializados, Martín reunió a su equipo. Son 10 funcionarios, además de Sola y él. “Les conté el proyecto. Dijeron que sí”. Aquí siguen tratando otros asuntos, pero los de violencia contra la infancia se priorizan. Ana Sola cuenta que se ponen “en una carpeta distinta, se señalan las declaraciones con un lápiz verde”. El juzgado tiene su propio lenguaje.
Antes de la exploración de Sol, el juez ha entrado en la sala de estancia a presentarse. En aquel momento la niña no lo dice, pero piensa en lo alto que es, lo confesará luego entre risas, cuando todo haya acabado. “Esto es un jarro de agua fría, helada, pero hay que seguir adelante”, responde su madre cuando Martín le pregunta cómo se encuentran. Minutos después, están los tres haciendo un concurso de dibujo en la pizarra. La victoria de la madre de Sol es aplastante.
A las 10.14, la niña entra en la sala de exploración, donde hay luz natural y una pared forrada con un vinilo que parece un bosque, con colores claros. El juez guarda los juegos en un armario, por si algún niño se bloquease y tuviera que recurrir a ellos durante la propia prueba. No es una sala Gesell con un espejo detrás del cual se sientan investigado, fiscal y abogados. Son dos salas totalmente separadas.
“De la verdad también forma parte: no lo sé, no me acuerdo”
“Nosotros jugamos solo en una parte del terreno, la de la verdad”, le explica Martín a Sol al empezar. “La cuestión es qué es la verdad. No es lo que tú crees que yo quiero escuchar. De la verdad también forma parte: no lo sé, no me acuerdo, recuerdo esta parte, pero esta otra la tengo confusa”. Así empieza una charla que durará 45 minutos, en los que la niña recuerda lo que ocurrió el día en que todo cambió para ella.
Primero hablan de las vacaciones, de las Navidades. Y después entran en detalle. La letrada de la administración de justicia comprueba que todo funciona correctamente en la otra sala, la de observación, estructurada como una sala de vistas tradicional. Un técnico está atento: si la niña o el juez mueven la silla, abre el plano, si está contando lo que le ocurrió, activa el zoom.
“Es difícil contarlo”, le dice el juez a Sol. Cuando ya llevan un buen rato hablando, le comenta que va a comprobar que la grabación es correcta y enseguida vuelve. En realidad pregunta a los abogados y al fiscal si tienen preguntas y regresa a la sala. “Esto es como nadar en una piscina”, le cuenta a la niña, “nos sumergimos para bucear y salimos a coger aire, para luego poder volver a hundirnos”. Así vuelve a indagar en lo que pasó aquel día que ella solo querría olvidar.
El lenguaje se adapta a cada menor. “Hemos hecho pruebas preconstituidas a niños menores de tres años”, recuerda Martín. A una pequeña de nueve, vestida de rosa y que habla bajito y mirando hacia el suelo, el juez le propone hacer un juego. Que imagine dos fuentes, una de su color favorito, el azul, y otra del que menos le gusta, el amarillo. Al finalizar la charla, la azul tiene que estar llena de piedritas azules, las de la verdad, y la amarilla no puede tener ninguna piedrita amarilla, las de la mentira. A eso se compromete ella, y así asegura que ha sido al final de la exploración, en la que ha relatado las “cosas malas” que le hizo un hombre.
En la otra sala, el investigado por exhibicionismo la escucha. El trabajo del juez también es tomarle declaración a él, y a posibles testigos. Pero todos los niños que intervengan en el proceso pasarán por la zona pensada para ellos, para alejarlos todo lo posible del ambiente del juzgado.
Desde que se puso en marcha, han ingresado más de 150 asuntos que tienen que ver con violencia contra la infancia, todos los que se han producido en Las Palmas de Gran Canaria y las localidades de Santa Brígida y San Mateo. La mayoría, por maltrato y delitos sexuales. Lo peor de la sociedad se encierra en las carpetas que se guardan en el archivo. “Son casos muy penosos, en muchas ocasiones la población es ajena o no es consciente del dolor de los niños en el ámbito familiar, donde muchas veces se produce maltrato o abusos, donde deberían estar más protegidos, y, en los casos que vemos aquí, donde están más en peligro”, afirma el fiscal adscrito al juzgado, Luis Leopoldo Estévez Sánchez.
Especialización, agilidad y otra mirada centrada siempre en el niño.
Tres conceptos se repiten entre los profesionales que engrasan el engranaje del juzgado:
Especialización. Agilidad. Otra mirada, centrada siempre en el niño.
En octubre se creó una unidad de valoración integral, formada de momento por una psicóloga y dos médicas forenses, trabajadoras del Instituto de Medicina Legal. Eva Bajo y Cintia Vasconcellos son las médicas. “Han aceptado estar de guardia gratis los 365 días del año. Si un niño va al hospital y hay que valorarlo de urgencia, acude una de ellas. Si se les cita para un reconocimiento, también se encargan ellas”, cuenta el juez.
Bajo explica que el reconocimiento “comienza con un kit, unos puzles, unas figuras”. “Requiere una buena preparación. Antes estábamos pensando más en la prueba forense. Pretendemos no solo no victimizar al menor, sino que sea el inicio de su proceso de recuperación”, apunta. Vasconcellos puntualiza, además, que no solo se centran en una lesión concreta que deban evaluar, sino que valoran toda su historia clínica. “Podemos solicitar lo que queramos, vía juzgado, incluso estudiar su expediente académico, por si vemos algo que coincida con alguna lesión”. Están pendientes de recibir material con el que poder grabar, en alta definición, sus reconocimientos. “Cuatro ojos ven más que dos, así podrán revisionarse y adjuntarse al informe”, señalan las dos.
Ambas trabajan con Mónica Rincón, la psicóloga forense. Mantienen reuniones e incluso exploraciones conjuntas. Vasconcellos asegura que una gran diferencia con otros juzgados es “el tiempo en la asistencia, porque un menor tiene una espera de tres o cuatro meses” hasta el reconocimiento por parte del médico forense. “Aquí, una semana o dos”. La psicóloga insiste en esta idea y dice que en su campo la situación es aún peor. “La dilación en la atención es un factor de victimización superimportante del paso de los niños por los juzgados. Pueden haber pasado años hasta la primera valoración del psicólogo, la del daño psíquico, por ejemplo. El informe de credibilidad, que puede tardar dos años, aquí se intenta que esté en un mes”, apunta.
La visión “adultocéntrica” del sistema judicial.
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| La psicopedagoga Zaira Santana,con gafas de realidad virtual frente a la pizarra |
Normalmente, son los psicólogos forenses quienes realizan las pruebas preconstituidas, pero Martín se ha formado para ello, así que en este juzgado la mayoría las hace él. Rincón las examina todas, y se encarga de hacer peritajes. “Si la recogida de información se hace bien, si se presenta una prueba sólida, puede generar que el caso derive en una condena”, expone la psicóloga.
La psicopedagoga Zaira Santana, con las gafas de realidad virtual frente a la pizarra, en el juzgado especializado en violencia contra la infancia, en Las Palmas de Gran Canaria.
La psicopedagoga Zaira Santana, con las gafas de realidad virtual frente a la pizarra, en el juzgado especializado en violencia contra la infancia, en Las Palmas de Gran Canaria.
La viceconsejera de Justicia del Gobierno canario, Carla Vallejo, apunta que el objetivo es lograr algo “que se consigue poco: que la justicia sea eficaz y sea ágil”. Cree que debería haber una jurisdicción especializada y que el éxito del proyecto sería que la experiencia se replicara en otros juzgados. Su puesta en marcha ha costado unos 287.000 euros, entre el acondicionamiento de espacios, estudios y trabajos técnicos. Parte de los fondos provienen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuenta Vallejo.
El proyecto sigue creciendo y ya han comenzado las obras de la casa de la infancia en el Instituto de Medicina Legal, que tendrá una entrada independiente y será una zona exclusiva para los niños, para evitar que pisen los juzgados. Cuando esté en marcha, todo se trasladará allí.
Mientras ese momento llega, su experiencia en el juzgado es ya muy distinta, en gran parte, reconoce el juez, gracias al trabajo de la ingeniera del edificio, Eva Ortiz, “la conseguidora”, quien ha hecho realidad la estructura que Martín tenía en mente. “Trabajamos con una ecuación metida en la cabeza: cuanto mejor trato das a la víctima, cuanto más reduces su estrés, mejor es el testimonio y menor es la impunidad. Esto no está demostrado científicamente y estamos empeñados en lograrlo”, sostiene el juez.
Cuanto mejor trato das a la víctima, cuanto más reduces su estrés, mejor es el testimonio y menor es la impunidad, Tomás Luis Martín, juez.
Para ello, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está realizando un estudio. Ya tienen algún dato sobre la mesa. “El peor de nuestros tiempos es cinco o seis meses inferior a la media de los mejores tiempos en el resto de juzgados de la provincia”, apunta Martín, quien dice que tardan hasta hacer una prueba preconstituida, de media, entre 12 y 14 días desde que les llega el caso. Los resultados definitivos llegarán a final de año.
La psicopedagoga Zaira Santana, incorporada al proyecto con fondos de la Fundación Mapfre, participa en este análisis y está presente cada día en que hay pruebas preconstituidas. Ella es la responsable de que los espacios “se adecúen a la arquitectura de la víctima”, para reducir la ansiedad de los niños y de sus acompañantes. “Nunca se nos ha bloqueado un niño”, dice Martín. Los ritmos los marcan ellos, no hay prisa.
Pasadas las once de la mañana, Sol ya ha terminado. Santana la acompaña a la sala de descompresión, como la llaman aquí. Los armarios blancos se camuflan con las puertas, también blancas, y hay una mesa en el centro. La niña se pelea con las gafas de realidad virtual, las que la psicopedagoga ha prestado hasta que tengan las suyas propias en el juzgado. Al fin consigue ponerlas en marcha y empieza a mover los brazos y a jugar.
Quizás Sol quiera declarar en el juicio, si los profesionales que la están evaluando consideran que es bueno para ella. Pero ya no está obligada a hacerlo, puede continuar con su vida. A las doce, salen por la puerta del juzgado, con un libro que ha escogido de la biblioteca, Las aventuras del joven Lupin, bajo el brazo. En menos de tres horas ha acabado todo.
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